Valencia y Texas, o cuando la meteorología aprieta y la política no responde

La devastadora tormenta que azotó Texas las pasadas semanas ha vuelto a poner de relieve una dolorosa paradoja: el cambio climático multiplica los fenómenos extremos justo cuando muchos gobiernos reducen los recursos destinados a prevenirlos y gestionarlos. La catástrofe, que ha dejado decenas de muertos y millonarias pérdidas económicas, resuena al otro lado del Atlántico, igual que lo hizo hace pocos meses en nuestra tierra, cuando sufrió el durísimo embate de la dana que acabó con la vida de 227 personas, dejó un gigantesco rastro de destrucción y puso a prueba la capacidad de respuesta de las administraciones y de la sociedad en general.

A primera vista, Texas y Valencia parecen mundos distintos. Uno, un vasto territorio del sur de Estados Unidos con extensas llanuras y una economía centrada en la energía y la industria. El otro, una región mediterránea con un extraordinario peso del turismo y también de la agricultura. Sin embargo, las tragedias sucedidas en ambos lugares comparten un hilo conductor: el delicado equilibrio entre naturaleza, previsión científica y decisiones políticas que pueden salvar —o costar— vidas.

El reciente temporal en Texas ha sacudido con especial violencia ciudades como Houston y San Antonio. Vientos huracanados y lluvias torrenciales convirtieron calles en ríos, derribaron postes eléctricos y arrasaron barrios enteros. Y lo que es peor, causaron 70 muertos, entre ellos 21 niños, y decenas de desaparecidos. La respuesta de las autoridades locales y federales ha sido rápida en términos de enviar ayudas, pero tardía en la activación de ciertas alertas. Ahí se abre un polémico debate: ¿cuánto influyeron los recortes presupuestarios impulsados por Donald Trump en agencias clave como el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y la FEMA?

Durante su primer mandato, Trump defendió el «adelgazamiento» del Estado que redujo la financiación de numerosos programas, incluidos los destinados a mejorar radares meteorológicos, modelos predictivos y planes de contingencia. Según denuncian expertos estadounidenses, estas medidas debilitaron las infraestructuras que anticipan y coordinan las respuestas ante los eventos extremos, justo en el momento en que el calentamiento global los hace más frecuentes e intensos.

Tras la tragedia, muchos gobernadores y alcaldes republicanos —algunos de ellos antiguos defensores de esos recortes— piden más fondos federales para reconstrucción y futuras previsiones. La contradicción no pasa desapercibida: durante años se minimizó la importancia del cambio climático y se recortó en prevención, pero ahora la factura humana y económica resulta mucho mayor.

Como sabemos, el pasado octubre, la Comunidad Valenciana vivió su propia pesadilla climática. Una dana dejó registros históricos de precipitación, con más de 400 litros por metro cuadrado en apenas unas horas. El desbordamiento de ríos y barrancos anegó decenas de carreteras y polígonos industriales, centenares de viviendas, destruyó cosechas y obligó a evacuar a miles de personas. Es más y peor, acabó con la vida de 227 ciudadanos.

Aunque en España no se habían recortado los servicios meteorológicos de forma tan drástica como en Estados Unidos, en la práctica, algunas administraciones se habían relajado en la implementación de planes de limpieza de cauces y en el mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas, pese a las reiteradas advertencias de la AEMET (Agencia Estatal de Meteorología) sobre la más que probable intensificación de estos fenómenos debido al calentamiento del Mediterráneo.

Tras la dana, el Estado y la Generalitat Valenciana han hecho balance, han habilitado partidas presupuestarias para ayudar a los afectados, para rehabilitar las infraestructuras dañadas y realizar obras de contención y mejoras en los sistemas de alerta, pero los daños son irreversibles. El episodio dejó patente cómo la política estatal, autonómica y municipal —a menudo pendiente de ciclos electorales cortos— tiende a relegar inversiones que solo lucen cuando hay tormenta, pero que son vitales para amortiguar catástrofes.

El paralelismo entre Texas y Valencia no solo reside en la fuerza destructiva de los fenómenos atmosféricos. También se encuentra en la relación esquiva que la política mantiene con la ciencia climática. En ambos casos, los respectivos organismos meteorológicos habían anticipado un aumento de episodios extremos. En Texas, informes federales venían alertando desde hace años de un patrón de tormentas más severas, pero el negacionismo climático dominó parte del debate público y justificó los recortes. En España, aunque hay un mayor consenso político sobre el cambio climático, la falta de mantenimiento en infraestructuras y la urbanización de zonas inundables han multiplicado el riesgo.

Otro punto común son los costes ocultos. La reconstrucción de casas, industrias, comercios, carreteras y redes eléctricas tras una gran tormenta siempre termina siendo mucho más cara que la inversión preventiva. La Agencia Europea del Medio Ambiente ha calculado que cada euro invertido en prevención ahorra entre cuatro y siete euros en la recuperación posterior. Sin embargo, este dato choca con la lógica política a corto plazo, que rara vez premia presupuestar «lo que no se ve».

Mientras tanto, los servicios meteorológicos trabajan con presión creciente. En el caso de Texas, meteorólogos del NWS denunciaron tras la tragedia que la falta de personal y de tecnología de última generación impidió emitir alertas más localizadas y con mayor antelación. En España, la AEMET ha advertido que el incremento de fenómenos violentos exige actualizar tanto los sistemas de predicción como los planes de educación ciudadana. De nada sirve un aviso de nivel rojo si la población desconoce cómo actuar o si los cauces están obstruidos.

Texas y Valencia son solo dos ejemplos recientes de una tendencia global. Desde las inundaciones históricas en Alemania en 2021 (184 víctimas mortales) hasta los incendios descontrolados en Australia y Canadá, el clima extremo se ha erigido en la nueva normalidad. El consenso científico es claro: las temperaturas seguirán subiendo y con ellas la energía disponible para tormentas, lluvias torrenciales o sequías prolongadas.

En consecuencia, la pregunta que surge no es si habrá más catástrofes, sino cómo están de preparados los gobiernos para mitigarlas. ¿Habrá voluntad política para invertir en meteorología, protección civil y adaptación climática, o se volverá a priorizar el ahorro inmediato que termina pagándose mucho más caro en diferido?

Las imágenes de los tejados volando en Texas y las calles de los pueblos valencianos convertidas en ríos de barro deberían servir como recordatorio permanente de que el clima extremo ya está aquí. Por tanto, la prevención no es un lujo, sino una obligación ética y económica. Y requiere algo que escasea a menudo en la política: la visión a largo plazo y el respeto por la evidencia científica.

Quizá dentro de unos años, cuando una nueva gran tempestad azote el Golfo de México o el Levante español, se repita la misma secuencia: condolencias oficiales, titulares indignados, promesas de reforzar infraestructuras… y después, la amnesia colectiva. O quizá —y ojalá— estas tragedias gemelas sirvan de acicate para afianzar una convicción que ya no admite demora: ignorar el clima no nos sale gratis, nos cuesta carísimo.