A principios del siglo, algunos dirigentes de la izquierda española viajaban a Porto Alegre (Brasil) para participar en el Foro Social Mundial (FSM) atraídos por la promesa de un mundo distinto, que entonces encarnaba la figura de Luiz Inácio Lula da Silva. Se trataba de una mezcla de épica social, ascenso popular y pragmatismo político que ofrecía algo más que un programa, pues proporcionaba un horizonte de futuro, alternativo al que patrocinaba el Foro de Davos. Hoy, ese impulso se ha desvanecido casi por completo en un contexto general mucho más áspero, donde la izquierda no solo compite por gobernar, sino que, además, debe defenderse de sí misma y definir con claridad qué propone y cómo lo cuenta.
La reciente cumbre progresista, impulsada por Pedro Sánchez y celebrada en Barcelona a mediados de abril, ilustra bien esa transición. El encuentro no se presentó como un laboratorio de ideas transformadoras, sino como un espacio de resistencia frente al avance de la extrema derecha. Un significativo cambio de registro que expresa muy bien la considerable distancia existente entre la ambición de cambiar el mundo y la necesidad de defender lo construido. Pero también esa estrategia, inequívocamente defensiva, empieza a mostrar sus limitaciones.
Pese a todo, entiendo que el problema no es tanto la carencia de diagnóstico como la dificultad para traducirlo en políticas concretas que se perciban en la vida cotidiana. Es evidente que la desigualdad, la precariedad laboral o la emergencia climática forman parte de un consenso progresista amplio. Sin embargo, el nuevo manual que la izquierda necesita no puede limitarse al terreno de los principios; requiere medidas específicas, comprensibles y evaluables.
Así, por ejemplo, en el plano económico, la reconstrucción del contrato social es, hoy por hoy, una prioridad inaplazable. Abordarla pasa por avanzar hacia una fiscalidad más efectiva en el ámbito europeo, que incluya medidas como establecer un tipo mínimo real para las grandes corporaciones, consolidar impuestos sobre beneficios extraordinarios en sectores estratégicos y reforzar los mecanismos contra la evasión fiscal. A ello debería sumarse una agenda laboral que responda a la transformación del mercado de trabajo, es decir, que contemple la reducción progresiva de la jornada sin merma salarial, el fortalecimiento de la negociación colectiva y la regulación estricta de la «economía de plataformas».
Por otra parte, en buena parte de Europa, la vivienda representa hoy el principal factor de tensión social. Aquí, la ambigüedad en las propuestas penaliza extraordinariamente a quienes la defienden. Contrariamente, las iniciativas que ganan cada vez más terreno son las que combinan intervención pública decidida con objetivos cuantificables, tales como la ampliación del parque de vivienda pública mediante la construcción masiva, la limitación de precios en zonas tensionadas o la penalización de la vivienda desocupada. Incluso ideas que hace unos años parecían marginales, como la creación de nuevas ciudades o la expansión planificada de determinadas áreas metropolitanas, han regresado al debate de la mano de políticos como el centrista neerlandés Henri Bontenbal.
La transición ecológica añade un plus adicional de complejidad. Ya no basta con declarar la urgencia climática; se exigen calendarios, inversiones y obligaciones concretas. La electrificación del transporte, la rehabilitación energética del parque inmobiliario o la transformación del modelo productivo deben traducirse en empleo visible y en mejoras tangibles. De lo contrario, el coste percibido por la ciudadanía puede alimentar su rechazo.
A todo ello se suma la ampliación del concepto de igualdad. Las agendas feministas, antirracistas y de atención a la diversidad han logrado ocupar un lugar central; sin embargo, su consolidación depende de su traducción en políticas públicas verificables en materia de sistemas de cuidados universales, permisos parentales igualitarios, regularización de trabajadores migrantes en sectores esenciales o medidas contra la segregación urbana. En este contexto, la igualdad deja de ser una declaración de intenciones para convertirse en un conjunto de iniciativas y resultados mensurables.
Sin embargo, el desafío más complejo no reside en definir el contenido de las políticas, sino en la manera de comunicarlas. Figuras internacionales, como la presidenta de México Claudia Sheinbaum, han demostrado que es posible articular discursos que combinan redistribución económica con apelaciones identitarias y nacionales. Ese lenguaje, emocional y directo, conecta con amplios sectores sociales y rompe con la tradición más tecnocrática característica de la izquierda europea. Sin embargo, otra cuestión que ahora se suscita apunta a elucidar hasta qué punto esa adaptación es compatible con los valores democráticos que la propia izquierda reivindica. Por otro lado, en España, el recurso al miedo a la ultraderecha o el uso de etiquetas polarizadoras ha tenido eficacia limitada. Incluso el propio Sánchez reconoce que hoy no basta la apelación a la resistencia para construir mayorías duraderas.
Mientras tanto, la derecha y la extrema derecha avanzan con mensajes simples y propuestas contundentes, especialmente en ámbitos como la inmigración. Ahí está la «prioridad nacional» para acreditarlo. Los acuerdos entre el Partido Popular y Vox en algunas comunidades autónomas muestran hasta qué punto puede desplazarse el marco del debate. Frente a ello, la izquierda necesita articular contrapropuestas igualmente claras, tales como sistemas de acogida coordinados, vías legales de migración o políticas de integración que combinen derechos con obligaciones. Por otra parte, el escenario europeo añade incertidumbre. Aunque el cordón sanitario frente a la extrema derecha sigue vigente en algunos países, figuras como Manfred Weber han abierto la puerta a alianzas puntuales. Y una hipotética victoria de Marine Le Pen podría alterar profundamente los equilibrios políticos de la Unión Europea.
En este contexto, la izquierda se enfrenta a un dilema estratégico: resistir o proponer. La experiencia reciente sugiere que la resistencia, por sí sola, no es suficiente. El nuevo vademécum debe incorporar una agenda que combine ambición transformadora con viabilidad política, capaz de ofrecer certezas en un entorno marcado por la incertidumbre. Porque, en última instancia, la política no se decide solo en el terreno de las ideas, sino en su capacidad para traducirse en mejoras concretas y en relatos compartidos. Si Porto Alegre representó la promesa de un futuro posible, el desafío actual consiste en demostrar que ese futuro puede tomar forma en el presente.







