Europa se enfrenta a la enésima encrucijada. Lo que está en juego no es una nueva ley o una meta climática adicional, sino la propia capacidad del continente para sostener un modelo de progreso civilizado en un mundo que se calienta y se radicaliza. La advertencia de Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, no puede resonar más oportunamente: «Sin una economía verde no hay futuro». No lo hay para el planeta, pero tampoco para la democracia, la prosperidad ni la estabilidad que Europa dice representar.
Ribera lanzó este mensaje en el foro World In Progress, celebrado el pasado mes de octubre en Barcelona, en un momento en que, como sabemos, el negacionismo y la desregulación vuelven a ganar terreno. Su voz se alza en defensa de una Unión Europea que debería ser —como ella misma afirmó— el «faro de luz, esperanza y coherencia» del mundo. Pero la pregunta consiguiente resulta un tanto embarazosa: ¿lo está siendo realmente?
Bien mirado, el discurso contra la agenda verde ya no proviene solamente de los márgenes políticos. Se ha instalado en el corazón de las instituciones europeas. La extrema derecha lo promueve con descaro, negando incluso las evidencias científicas del cambio climático. Pero lo auténticamente preocupante es contrastar cómo parte del conservadurismo tradicional se deja arrastrar por su narrativa. La reciente oposición del Partido Popular Europeo a la Ley de Restauración de la Naturaleza, el aplazamiento de la normativa contra la deforestación o la rebaja de las metas de biodiversidad son síntomas de un mal más profundo, el miedo político a los titulares fáciles, a la presión de los lobbies y a un electorado que se siente castigado por las transformaciones ecológicas.
Se apela a la «competitividad» y al «realismo» para justificar el frenazo verde. Pero en realidad lo que se defiende es un modelo agotado, representado por un sistema económico que ha vivido de espaldas a los límites del planeta y que, al agotarse, amenaza con llevarse por delante el empleo y el bienestar. Se pretende reducir drásticamente los estándares ambientales, fragilizando el espacio de convivencia. Y si Europa cede ante el chantaje del cortoplacismo, no solo perderá liderazgo climático, también dilapidará su alma política.
Uno de los mantras favoritos de los negacionistas verdes es el de la «desregulación». Un término que se presenta como sinónimo de libertad, de alivio burocrático o de impulso económico. Pero detrás de esa palabra amable se esconde la vieja receta del beneficio rápido a costa del interés colectivo. Desregular no significa modernizar, sino dejar el terreno libre a los más poderosos.
Precisamente, no conviene olvidar que Europa ha prosperado gracias a las reglas: las que protegen la competencia frente a los monopolios, las que impiden el trabajo precario o las que fijan límites a la contaminación. Romper ese pacto normativo sería traicionar el proyecto europeo. Por eso, cuando la Comisión Europea impone una multa de casi 3.000 millones a Google por abuso de mercado, no está siendo «hostil a la innovación», sino que está defendiendo la posibilidad de que las startups europeas crezcan en un ecosistema justo. Y lo mismo debería aplicarse al terreno ambiental: regular no es obstaculizar el crecimiento, sino garantizar que el progreso no sea sinónimo de destrucción.
La transición ecológica no es un lujo ideológico. Es una necesidad económica y social. Y Europa lo sabe, aunque no siempre actúe en consecuencia. La dependencia de los combustibles fósiles, la vulnerabilidad de las cadenas de suministro y el impacto del cambio climático en sectores como la agricultura o el turismo amenazan el corazón mismo del modelo europeo.
Ahora bien, la transición debe ser justa. No basta con instalar aerogeneradores y paneles solares si las comunidades locales perciben que se les castiga con pagar el precio del cambio. En tal caso, el malestar social se convertirá en el mejor aliado del populismo antiverde. Precisamente, es ahí donde reside uno de los mayores desafíos para Bruselas, acompañar la agenda climática con políticas de redistribución, inversión y formación. El reto no es solo técnico, sino también político. Si la transición se percibe como un castigo, el negacionismo seguirá creciendo. Si se percibe como una oportunidad, los europeos recuperaremos la esperanza.
La oleada anticiencia que recorre el mundo no es una moda pasajera. Se alimenta del miedo, de la desinformación y de la crisis de confianza en las instituciones. En ese contexto, defender la evidencia científica se ha convertido en un acto de resistencia democrática. El cambio climático no es una opinión, es una realidad medible. Pero una parte de la política europea ha preferido mirar hacia otro lado, adaptando su discurso a la supuesta «fatiga climática» de los votantes. Y ello me parece un enorme error estratégico y moral.
La agenda verde es la única vía para reducir desigualdades y garantizar un futuro habitable. Los costes del cambio climático —sequías, incendios, migraciones, inseguridad alimentaria— los pagarán primero los más vulnerables. El negacionismo, lejos de protegerlos, los condena.
Con la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca y el auge de regímenes autoritarios, Europa se enfrenta a un entorno geopolítico hostil. En este contexto, defender la agenda verde no es solo una cuestión ambiental, sino estratégica. La independencia energética, la seguridad alimentaria y la innovación tecnológica son los nuevos campos del poder global. Quien lidere la transición ecológica dominará la economía del siglo XXI. Y si Europa renuncia a esa carrera, se convertirá en una potencia de segunda categoría.
Por eso, cuando Teresa Ribera habla de «unidad, coherencia y firmeza», no apela al idealismo, sino a la pura supervivencia. Europa no puede competir rebajando sus estándares. Debe hacerlo elevando su ambición. El Pacto Verde no es perfecto, tiene lagunas, contradicciones y, en ocasiones, va acompañado de una burocracia paralizante. Pero sigue siendo el proyecto más audaz que Europa ha impulsado desde su fundación. Renunciar a él sería ceder a la resignación.
El negacionismo enuncia certezas simples para afrontar un problema extraordinariamente complejo. La desregulación promete libertad, pero entrega poder a los de siempre. La agenda verde, en cambio, demanda coraje político, paciencia y visión de futuro. La sentencia de Ribera, «Sin economía verde no hay futuro», no es una frase retórica, es una realidad palmaria. Sin una transición ecológica justa y firme, Europa no solo perderá su liderazgo climático, sino también su razón de ser. Si deja de ser ese «faro de luz, esperanza y coherencia» del que habla Ribera, ¿qué quedará del proyecto europeo?





