El actual crecimiento de las fuerzas radicales, y muy particularmente de la extrema derecha, no puede explicarse únicamente por la eclosión de dirigentes extremistas ni por las destrezas publicitarias de determinados partidos. El fenómeno es bastante más profundo, pues el radicalismo no es solo un asunto político, es también un problema social. Antes de que una determinada sociedad opte por apoyar posiciones extremistas, suele producirse en ella una erosión de los vínculos que permiten a sus miembros reconocerse como parte de un mismo espacio común.
Los indicadores que reporta el análisis de la sociedad occidental reflejan que no estamos ante una situación pasajera. La OCDE señala que en treinta y una democracias europeas el voto conjunto de los partidos de extrema derecha y extrema izquierda pasó de representar alrededor del 11 % a comienzos de los años noventa a casi el 25 % en 2022. Aunque el crecimiento no corresponde exclusivamente a una determinada ideología, ni puede atribuirse a una única causa, revela por sí mismo una transformación significativa del paisaje político.
Para intentar arrojar algo de luz sobre esta problemática, recurriré al célebre experimento de Stanley Milgram que, en 1961, estudió hasta qué punto personas normales y corrientes estaban dispuestas a obedecer a una autoridad, singularmente cuando las instrucciones recibidas entraban en conflicto con sus propias reservas morales. Los participantes creían administrar descargas eléctricas crecientes a otras personas. En la condición experimental clásica, el 65 % llegó hasta el máximo posible de 450 voltios.
Evidentemente, este resultado no demuestra que las personas sean naturalmente crueles ni que obedezcan cualquier orden. Acredita algo más inquietante: las circunstancias pueden modificar profundamente el comportamiento moral de los individuos. La autoridad legítima, la progresión gradual de las exigencias, la transferencia de responsabilidad y la estructura de la situación pueden hacer que una persona desarrolle una conducta que inicialmente le resultaba inaceptable.
Algunas décadas después, Jerry Burger realizó una réplica parcial del experimento de Milgram, que se publicó en 2009. Por razones éticas, el experimento se detuvo al alcanzarse los 150 voltios, aunque el 70 % de los participantes continuó más allá de ese registro. La comparación con Milgram debe tomarse con cautela porque los procedimientos no fueron idénticos, aunque el estudio corroboró que determinados mecanismos situacionales de obediencia seguían igualmente presentes.
Las enseñanzas que ofrecen ambas experiencias puede trasladarse con todas las reservas que se desee al fenómeno de la radicalización política. Las sociedades no se polarizan de la noche a la mañana. Lo hacen mediante pequeñas y progresivas modificaciones de lo que consideran aceptable. Así, por ejemplo, una determinada exclusión deja de parecer intolerable; una descalificación se convierte en lenguaje político legítimo; una minoría pasa a ser presentada como amenaza; una institución democrática comienza a ser considerada enemiga; la violencia verbal precede a la normalización de la violencia física... De ahí que el proceso fundamental no es exclusivamente de naturaleza ideológica, es también emocional y social.
Cuando una persona percibe que trabaja más que progresa, que sus hijos tendrán menos oportunidades, que su barrio cambia a peor sin que pueda evitarlo, que los servicios públicos se deterioran o que las instituciones escuchan a otros antes que a ella, aparece algo más poderoso que la simple insatisfacción, surge la sensación de haber perdido el control de la propia vida.
La investigación contemporánea confirma que la inseguridad económica puede favorecer el apoyo a la extrema derecha, aunque sus efectos dependen de las instituciones y de las circunstancias. Un estudio comparativo europeo encuentra, por ejemplo, que el desempleo incrementa el apoyo a la extrema derecha, especialmente cuando las prestaciones ofrecen insuficiente protección.
Pero reducir el fenómeno a la pobreza sería igualmente erróneo. También intervienen en él el estatus, la identidad y la percepción de la pérdida. La literatura sobre populismo ha encontrado que los shocks económicos vinculados a la globalización pueden actuar a través de factores culturales e identitarios. El ciudadano radicalizado no tiene por qué ser el más pobre, puede ser aquel que siente que ha dejado de ocupar el lugar que consideraba privativo. Y en este punto aparece una de las fracturas decisivas: la brecha entre quienes perciben que el sistema funciona para ellos y quienes sienten que funciona en su contra.
Por tanto, la desigualdad económica importa. No solamente por la diferencia objetiva de ingresos, sino especialmente porque puede destruir la percepción de reciprocidad. Una democracia necesita ciudadanos dispuestos a aceptar resultados que no siempre les favorecen, porque confían en que las reglas son comunes y que mañana podrán participar en su modificación. Cuando esa confianza desaparece, el adversario político deja de ser alguien con quien se discrepa y comienza a convertirse en un enemigo que debe ser derrotado.
Datos recientes, aportados por la OCDE, resultan significativos. En 2023, solo el 39 % de los encuestados en los países estudiados declaraba confiar moderada o altamente en su Gobierno nacional, mientras que el 44 % manifestaba poca o ninguna confianza. Más revelador todavía: aunque el 68 % consideraba que votar influye en lo que hace el Gobierno, solo el 31 % creía que personas como ellos pueden influir realmente en las decisiones gubernamentales.
Ese vacío entre participar y sentirse escuchado constituye uno de los terrenos donde prospera el radicalismo. El discurso extremista ofrece entonces una receta psicológica extraordinariamente sencilla y a la vez efectiva: da a una multitud de problemas complejos una explicación única. La culpa deja de estar distribuida entre procesos económicos, tecnológicos, demográficos, institucionales y culturales, concentrándose en un enemigo reconocible: el inmigrante, las élites, Bruselas, los políticos, las minorías, los medios, los jueces o cualquier otro grupo que se presenta como responsable de la pérdida colectiva. La radicalización funciona porque simplifica la incertidumbre.
Y las redes sociales pueden acelerar el proceso. La polarización produce comunidades cerradas en las que las propias convicciones se refuerzan mediante repetición, indignación y pertenencia. La OCDE advierte de que la desinformación y los contenidos polarizadores están vinculados al deterioro de la confianza y dificultan la construcción de consensos democráticos.
Frecuentemente, se constata el error de pensar que el radicalismo crece únicamente porque las sociedades están empobrecidas o porque determinados ciudadanos son manipulados. Sin embargo, una democracia puede acoger desigualdades sin producir fascismo, como puede experimentar prosperidad coincidente con importantes movimientos radicales. Las variables económicas son condiciones de posibilidad, pero no explicaciones suficientes. El elemento decisivo emerge cuando se superponen fracturas como inseguridad económica, pérdida de estatus, desconfianza institucional, conflictos identitarios, debilitamiento de las organizaciones intermediarias y desaparición de un lenguaje común.
Cuando ello sucede puede romperse lo que podríamos llamar el contrato psicológico de la convivencia, es decir, la convicción de que, pese a nuestras diferencias, pertenecemos a una misma sociedad y aceptamos unas reglas que nadie puede utilizar contra los demás a su antojo.
Milgram ayuda a comprender una última faceta. La radicalización no necesita convertir inicialmente a millones de personas en fanáticos. Basta con conseguir que cada paso parezca más aceptable que el anterior. Cuando ello sucede, lo extraordinario deja de parecerlo, lo intolerable se convierte en discutible, lo discutible en normal; y lo normal, en política.
Por eso la defensa de la democracia no consiste únicamente en combatir electoralmente a los partidos radicales. Exige reconstruir las condiciones sociales que hacen posible el pluralismo, tales como la seguridad material, la igualdad de oportunidades, instituciones responsables, participación efectiva, servicios públicos competentes, educación cívica y espacios donde personas diferentes puedan seguir dialogando.
El problema de fondo no es que existan ciudadanos radicales. El pluralismo democrático exige aceptar incluso las posiciones radicalmente discrepantes. El verdadero peligro aparece cuando la sociedad deja de compartir los límites dentro de los cuales se puede discrepar sin destruirse.
El fascismo histórico nació en sociedades inmersas en crisis económicas, humillaciones nacionales, conflictos sociales y quiebras institucionales. El presente no réplica todas aquellas circunstancias, pero en él pervive la vigencia de una vieja lección: cuando desaparece la confianza en las reglas comunes, la política puede convertirse en una lucha por la supervivencia simbólica de unos contra otros.
Y cuando una sociedad llega a ese punto el problema ya no es solamente quién gobierna, sino si queda algún espacio que gobernar.





