¿El final de una era?

Hace años que la vida pública española viene atravesando una fase caracterizada por la quiebra progresiva de la tradicional alternancia en el poder entre izquierdas y derechas. Como en otros países, han alumbrado otras fuerzas políticas, impulsadas por la demografía, la geopolítica y las nuevas tendencias socioeconómicas, que han ido reconfigurando el tablero ideológico. La historia evidencia que hay épocas que terminan sin que nadie proclame oficialmente su final. Finiquitan sin fecha determinada, sin que se promuevan u oficien ceremonias reverenciales y sin que ni siquiera alguien se atreva a pronunciar una solemne alocución de despedida. Sucede, simplemente, que las instituciones, los consensos y las formaciones que vertebraron la vida colectiva durante décadas, tras un imparable proceso de agotamiento, terminan por colapsar. Tengo la impresión de que la España actual se adentra en uno de esos ciclos.

Desde la Transición, el sistema político español ha descansado sobre algunos pilares relativamente estables, como lo son la integración europea, la expansión progresiva del Estado del bienestar, un gasto militar contenido en comparación con otras potencias occidentales y la existencia de dos grandes partidos capaces de articular mayorías amplias. En ese periodo, es innegable que el PSOE desempeñó un papel singular, pues fue una de las piezas fundamentales de la consolidación democrática, de la modernización económica y de la incorporación de España al proyecto europeo. Sin embargo, inmersos en la vorágine que viene sacudiendo el mapa político, la cuestión que cabe plantearse no es si el PSOE ganará o perderá las próximas elecciones. La pregunta es más profunda y tiene mayor recorrido porque apunta a esclarecer si siguen existiendo las condiciones históricas que hicieron posible su centralidad.

Durante décadas, la política española se desarrolló en un contexto internacional excepcionalmente favorable. La Guerra Fría había terminado, Europa reducía progresivamente la importancia de la defensa militar y el envejecimiento demográfico avanzaba lentamente. Adicionalmente, el crecimiento económico permitía ampliar prestaciones sociales sin cuestionar seriamente su sostenibilidad. Pues bien, ese bonancible escenario se está derruyendo con creciente velocidad. Específicamente, la invasión rusa de Ucrania en 2022 marcó un punto de inflexión estratégico para todo el continente. Alemania, país que durante generaciones ha construido su identidad internacional alrededor de la prudencia militar, ha iniciado un giro histórico. Berlín ha comenzado a asumir que la seguridad europea exigirá mayores inversiones en defensa, una industria militar más potente y un esfuerzo presupuestario sostenido durante años.

La importancia de este cambio es incontestable. Desde la creación de la Unión Europea, Alemania ha sido el país que ha marcado los límites de lo políticamente posible en materia económica. Cuando modifica sus prioridades, el resto de Europa suele acabar adaptándose a ellas. Y no cabe duda de que en Alemania algunas cosas están cambiando muy deprisa.

Por otro lado, Europa afronta una transformación demográfica sin precedentes. La combinación de baja natalidad, aumento de la esperanza de vida y desaceleración de la población activa genera una presión creciente sobre los sistemas de pensiones. España se encuentra entre los países más afectados por esta tendencia. Las proyecciones demográficas muestran que el número de jubilados crecerá significativamente durante las próximas décadas, mientras la proporción de trabajadores en activo aumentará a un ritmo mucho menor. Ningún gobierno europeo ignora ya esta realidad. La discusión no gira en torno a si habrá reformas, sino sobre su alcance y velocidad. Eso no significa necesariamente recortes automáticos de las prestaciones. Existen múltiples alternativas, tales como retrasar la edad efectiva de jubilación, aumentar cotizaciones, recurrir a la inmigración laboral, modificar los mecanismos de cálculo o combinar varias de estas medidas. Pero la tendencia general parece incuestionable y exige que el sistema se adapte a una estructura poblacional radicalmente distinta de aquella para la que fue diseñado.

La misma lógica afecta al conjunto del gasto público. Durante años, los gobiernos europeos pudieron ampliar simultáneamente inversión social, infraestructuras y servicios públicos sin desatar conflictos presupuestarios inasumibles. Ahora los recursos empiezan a estar sometidos a nuevas tensiones. La defensa reclama más fondos, la transición energética exige inversiones masivas, la digitalización requiere capital público y privado, y las pensiones absorben una parte creciente de los presupuestos. En ese contexto, algunas voces sostienen que determinadas partidas del Estado del bienestar podrían perder peso relativo, entre ellas el gasto sanitario, aunque cualquier intento de reducción suele encontrar una fuerte resistencia social y política. Lo relevante quizá no sea tanto qué partida concreta acabará ajustándose como el hecho de que la época de expansión simultánea de todos los capítulos presupuestarios parece estar llegando a su fin.

Y justamente aquí es donde emerge la dimensión política del problema. Los grandes partidos de la Transición fueron diseñados para gestionar una sociedad en crecimiento, relativamente homogénea y orientada hacia una mejora gradual de las condiciones materiales. La nueva realidad es diferente, pues se parece más a una política de distribución de costes que de reparto de beneficios. Y cuando los gobiernos deben decidir entre más defensa o más gasto social, entre sostenibilidad financiera o ampliación de prestaciones, los consensos tradicionales empiezan a erosionarse.

El PSOE puede ser uno de los actores más afectados por este cambio. Su identidad histórica ha estado estrechamente vinculada a la expansión de derechos sociales, la protección del Estado del bienestar y la integración europea. Pero si Europa comienza a exigir prioridades distintas y las restricciones demográficas se intensifican, el espacio político que ocupó durante décadas podría transformarse profundamente. Obviamente, eso no implica su desaparición, pues los grandes partidos rara vez desaparecen de un día para otro. Sin embargo, sí podría dejar de desempeñar el papel central que tuvo durante casi medio siglo.

La sensación que empieza a calar en amplios sectores sociales nace precisamente de esta acumulación de cambios. No se trata únicamente de la inflación, de la vivienda o de la polarización política. Existe una percepción más profunda, difícil de formular con precisión, que apunta a considerar obsoletas las reglas del periodo anterior. Es una evidencia que las sociedades suelen intuir los cambios históricos antes de comprenderlos plenamente, pues los perciben en forma de incertidumbre, ansiedad o desconfianza hacia las instituciones existentes. Algo parecido ocurrió en Europa durante los años setenta, cuando el ciclo de prosperidad de la posguerra comenzó a agotarse, y quizá España se encuentre ahora ante uno de esos umbrales.

Todavía desconocemos los contornos de la nueva época. Lo que parece cada vez más evidente es que la discusión ya no gira únicamente alrededor de quién gobernará después de las próximas elecciones. La cuestión de fondo es otra y apunta a qué modelo de país será capaz de sostenerse en un continente que envejece, se rearma y afronta restricciones económicas que durante décadas parecían haber desaparecido.

Y esa pregunta, a diferencia de lo que se promete en los programas electorales, no admite respuestas simplistas.

 

Pedro Sánchez: la política de la mirada larga y los pasos cortos

Hay dirigentes que gobiernan desde la convicción y otros desde la doctrina. Pedro Sánchez pertenece a una tercera categoría, menos frecuente y más difícil de interpretar: la del político adaptativo. Su rasgo esencial no es tanto la fidelidad a una ideología inmutable como la capacidad para modificar posiciones, alianzas y discursos sin perder de vista un objetivo estratégico. En él hay algo de pragmatismo, algo de oportunismo —la frontera entre ambos depende en buena medida del juicio del observador— y, sobre todo, una extraordinaria capacidad de supervivencia.

Su trayectoria política contiene una paradoja que explica buena parte de su personalidad. El hombre al que en 2016 su propio partido expulsó de la Secretaría General regresó menos de un año después mediante unas primarias que derrotaron al aparato socialista. El episodio construyó el núcleo mítico de su liderazgo: resistencia frente a las élites, voluntad de poder y capacidad para convertir una derrota aparentemente definitiva en una plataforma de reconstrucción. El análisis de CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs) subraya precisamente aquella combinación de resistencia, enfrentamiento con el establishment socialista y posterior transformación de sus posiciones territoriales y estratégicas.

Desde entonces, Sánchez ha gobernado como quien atraviesa un río sobre piedras movedizas. La moción de censura de 2018, la coalición con Unidas Podemos, la gestión de la pandemia, la negociación europea de los fondos de recuperación, los acuerdos con fuerzas nacionalistas, la amnistía, la guerra de Ucrania, Gaza, las tensiones con Estados Unidos y, ahora, las sucesivas crisis migratorias y geopolíticas han exigido una política de adaptación permanente.

Su método podría resumirse en una sencilla frase: mirada larga, pasos cortos. Es decir, no necesita ganar cada batalla si conserva la posibilidad de disputar la siguiente. O dicho de otro modo, un superviviente que ha convertido la adaptación en método.

La oposición interpreta esta plasticidad como oportunismo. Una parte de su propio partido la percibe, en cambio, como una concentración excesiva del poder y una subordinación de la organización socialista a las necesidades del presidente. Ambas críticas contienen elementos de verdad, pero ninguna explica por completo el fenómeno Sánchez.

Su fortaleza reside precisamente en haber comprendido antes que sus adversarios que la política contemporánea se desarrolla en condiciones de incertidumbre permanente. Las mayorías estables han sido sustituidas por geometrías variables: los electorados son menos fieles; las crisis se suceden a velocidad creciente y la frontera entre política nacional e internacional se ha hecho enormemente porosa.

De ahí que su aparente mutabilidad pueda interpretarse también como una forma de racionalidad adaptativa. El dirigente que en Cataluña pasó de posiciones más rígidas a apostar por la negociación y la desjudicialización no necesariamente abandonó una estrategia, más  bien modificó los instrumentos para preservar un objetivo mayor: la estabilidad territorial y política. Del mismo modo, su europeísmo ha evolucionado desde una adhesión fundamentalmente normativa hacia una defensa de la autonomía estratégica europea.

La propia estrategia exterior española 2025-2028 identifica y perfila un mundo caracterizado por el desplazamiento desde un orden basado en reglas hacia otro más determinado por las relaciones de poder, por la búsqueda de resiliencia económica y por una creciente incertidumbre.  Sánchez parece haber entendido que, en ese escenario, España solo puede incrementar su influencia mediante alianzas, capacidad de negociación y presencia internacional. Es la que se ha denominado «paradoja española»: débil dentro, fuerte fuera.

Aquí aparece una de las singularidades más interesantes de su liderazgo. La imagen internacional de Sánchez es considerablemente mejor que la percepción que buena parte de la sociedad española tiene de él. Le Monde señalaba recientemente que, en una España profundamente polarizada, su política internacional obtiene niveles de reconocimiento superiores a su posición doméstica.

En Bruselas, Madrid y las capitales latinoamericanas, Sánchez ha conseguido proyectarse como uno de los principales dirigentes de la izquierda europea. Su defensa del multilateralismo, su posición respecto de Gaza y Palestina, su insistencia en una mayor autonomía europea y su voluntad de construir vínculos con América Latina le han otorgado una visibilidad que excede el peso demográfico y económico de España.

No es casual que Sánchez haya defendido una Europa más integrada y soberana y que haya reivindicado la incorporación progresiva de los Balcanes occidentales al proyecto comunitario.  Su política exterior responde a una idea relativamente coherente: en un mundo de grandes potencias, España puede ganar influencia no compitiendo individualmente con ellas, sino convirtiéndose en uno de los países capaces de orientar e influenciar a Europa.

Pero esa proyección internacional tiene un coste doméstico. Para una parte de los españoles, la política exterior parece pertenecer a otro país mientras los problemas cotidianos —vivienda, empleo juvenil, inmigración, servicios públicos o corrupción— siguen sin resolverse satisfactoriamente. EUobserver resumía recientemente esa contradicción: admiración internacional por su trayectoria y agotamiento dentro de España.

Como todas las cosas, también la resiliencia tiene un límite. El mayor riesgo para Sánchez no procede necesariamente de la oposición parlamentaria. Su verdadero problema es la acumulación. Las investigaciones judiciales que afectan a personas de su entorno político y familiar han erosionado el capital moral con el que llegó al poder en 2018. Reuters señalaba en mayo de 2026 que las investigaciones sobre su esposa, su hermano, antiguos colaboradores y dirigentes socialistas estaban aumentando la presión sobre el Gobierno.  Al mismo tiempo, la dificultad para aprobar presupuestos y mantener cohesionada una mayoría parlamentaria extremadamente heterogénea limita su capacidad de transformación interna.

La resiliencia, además, puede convertirse en una trampa. Un dirigente que sobrevive a todo corre el riesgo de interpretar cada supervivencia como confirmación de que puede sobrevivir indefinidamente. Pero la política no es un ejercicio de resistencia física. Llega un momento en que la sociedad deja de premiar la capacidad para resistir y empieza a exigir la competencia para resolver y concluir los proyectos.

El episodio de Almaraz es ilustrativo al respecto. La decisión del Gobierno de prolongar la actividad de la central hasta 2030 ha abierto una fractura con Sumar y demuestra que el pragmatismo energético puede entrar en conflicto con los compromisos ideológicos con sus socios.  Sánchez parece dispuesto a pagar ese precio si considera que la seguridad energética y la estabilidad económica lo justifican.

¿Qué puede aventurarse, pues, sobre el futuro que le espera?

La primera hipótesis es la continuidad. Sánchez tiene incentivos muy poderosos para intentar llegar a las elecciones generales previstas para 2027. No existe en España un límite constitucional de mandatos presidenciales y, mientras conserve posibilidades de articular una mayoría, su renuncia voluntaria parece poco probable.

La segunda posibilidad es una derrota electoral que, paradójicamente, no significaría necesariamente su desaparición internacional. Después de casi una década al frente del PSOE y del Gobierno, Sánchez ha acumulado una red de influencia europea e internacional considerable. En un escenario posterior a la Moncloa podría desempeñar responsabilidades relevantes en instituciones europeas, organizaciones multilaterales o espacios internacionales de la socialdemocracia. Su perfil —europeísta, internacionalista, negociador y experimentado en situaciones de crisis— tiene demanda fuera de España.

La tercera hipótesis es que Sánchez termine convirtiéndose en un político más europeo que estrictamente nacional. La España polarizada puede acabar agotando su figura, mientras que la Europa de la fragmentación, la guerra, la transición energética y la autonomía estratégica puede encontrar utilidad precisamente en un dirigente acostumbrado a negociar con actores incompatibles.

Su futuro mundial, sin embargo, dependerá de que consiga transformar visibilidad en influencia. España puede ser puente entre Europa y América Latina, interlocutor mediterráneo, actor atlántico y defensor de una autonomía europea sin romper con Estados Unidos. Esa posición intermedia es potencialmente poderosa. Un análisis reciente de la Fundación Konrad Adenauer identifica precisamente a España y Portugal como posibles puentes estratégicos entre Europa y América Latina.

Pedro Sánchez, por tanto, no debería ser juzgado únicamente por sus fotografías electorales. Su verdadero legado se decidirá en otro terreno, en si su extraordinaria capacidad de adaptación consigue producir una estrategia de Estado o termina reducida a una técnica sofisticada de supervivencia personal.

Ahí reside la contradicción esencial del personaje. Sus adversarios creen que cambia para permanecer. Sus partidarios creen que cambia para transformar. Probablemente ambas cosas sean ciertas. Sánchez ha demostrado que sabe sobrevivir al presente. La incógnita es si será capaz de convertir esa supervivencia en futuro.

Porque su mayor virtud —la adaptación— puede ser también su mayor debilidad. En tiempos líquidos (o gaseosos, como entienden algunos) cambiar cuando cambian las circunstancias es inteligencia. Pero, en definitiva, gobernar consiste en conseguir que después de tantos cambios quede algo que pueda llamarse proyecto. Y esa será, probablemente, la verdadera prueba histórica de Pedro Sánchez: no cuánto tiempo consiguió permanecer en el poder, sino qué España y qué Europa dejó detrás cuando ya no necesitó seguir sobreviviendo.

Contra el control ideológico de la escuela pública

La Generalitat Valenciana oficializó el pasado lunes, a través del DOGV,  una profunda modificación de las competencias de la Inspección Educativa de la Comunidad Valenciana. La ley de acompañamiento en los presupuestos autonómicos introduce cambios en el Decreto 80/2017 con el objetivo de velar por la «neutralidad ideológica» en el conjunto del sistema educativo y habilitar cauces de comunicación externa para denunciar posibles contravenciones. Con estas medidas se busca convertir la Inspección en una peculiar «policía educativa».

La educación pública democrática descansa sobre una premisa que rara vez aparece formulada con suficiente claridad: la confianza institucional en el profesorado. No se trata de una confianza ingenua ni incompatible con la inspección, la evaluación o la exigencia de responsabilidades. Significa reconocer que enseñar constituye una actividad profesional sometida a conocimientos especializados, normas curriculares y criterios pedagógicos, y no una simple función ejecutiva subordinada a la voluntad de las familias o del poder político.

Sin embargo, en los últimos años, ha adquirido relevancia en España una concepción diferente que visibiliza la escuela pública como espacio potencial de adoctrinamiento y el docente como agente cuya actuación debe ser sometida a mecanismos extraordinarios de vigilancia. El denominado pin parental constituye la expresión más conocida de esta tendencia, aunque en mi opinión resulta más relevante analizarlo como parte de un fenómeno más amplio, cual es la transformación de la sospecha ideológica en criterio de actuación  administrativa.

La confianza es inequívocamente un presupuesto de la profesionalidad docente. La Constitución establece simultáneamente el derecho a la educación, la libertad de enseñanza, la participación de profesores y familias en los centros sostenidos con fondos públicos y la función de los poderes públicos de inspeccionar el sistema educativo. No existe, por tanto, ausencia de control, al contrario, existe un modelo de control jurídico e institucional, no de vigilancia ideológica individualizada.

La legislación educativa desarrolla esta arquitectura. La LOE define como principios del sistema la equidad, la inclusión, la ciudadanía democrática, la libertad personal, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia. Tras la reforma de 2020, incorpora además, explícitamente, el interés superior del menor y la no discriminación por razón de sexo, religión, orientación sexual o identidad sexual, entre otras circunstancias. 

El sistema presupone, por consiguiente, que el profesorado desarrolla su actividad dentro de un marco normativo previamente establecido. La inspección debe comprobar el cumplimiento de ese marco; la Administración puede corregir incumplimientos; los tribunales pueden revisar las decisiones administrativas. Pero convertir la sospecha de adoctrinamiento en principio general de actuación altera la lógica institucional porque el profesor deja de ser considerado un profesional que debe responder de sus actos para convertirse, preventivamente, en un sujeto potencialmente sospechoso.

Esta diferencia es sustancial. En una Administración basada en la confianza, el control se dirige fundamentalmente a los resultados, los procedimientos y las responsabilidades. En una Administración basada en la desconfianza, el control tiende a anticiparse al comportamiento mediante autorizaciones, supervisiones extraordinarias y mecanismos de veto.

Por otro lado, el llamado pin parental constituye un caso paradigmático. Su formulación más conocida pretendía que las familias fueran informadas previamente de determinadas actividades complementarias y pudieran autorizar o rechazar la participación de sus hijos cuando considerasen que aquellas afectaban a cuestiones morales, ideológicas o relacionadas con la sexualidad. El problema jurídico no reside en reconocer a las familias capacidad de participación. Ese derecho está expresamente contemplado por la Constitución. La cuestión decisiva es dónde termina la participación familiar y en qué punto comienza la capacidad de interferencia en la programación educativa. La diferencia no es meramente semántica. 

Participar significa intervenir en los órganos, formular objeciones, conocer el proyecto educativo o reclamar frente a actuaciones concretas. Vetar significa convertir la decisión individual de una familia en condición para la ejecución de una actividad que forma parte de la programación escolar. Precisamente por ello, el Tribunal Superior de Justicia de Murcia suspendió cautelarmente en 2020 las instrucciones que establecían el denominado veto parental. La Sala señaló que las actividades cuestionadas formaban parte de la programación curricular y podían ser obligatorias y evaluables, de modo que la exclusión podía perjudicar el proceso educativo del alumno. También distinguió entre el derecho de los padres a expresar su disconformidad y una autorización previa para cada actividad. La distinción es fundamental: el derecho de los padres a participar en la educación de sus hijos no equivale a un derecho de veto sobre el currículo común.

Una de las paradojas de este debate consiste en que quienes justifican los mecanismos de control ideológico suelen invocar la neutralidad de la escuela. Sin embargo, la neutralidad democrática no equivale a una escuela sin valores. El artículo 27.2 de la Constitución establece que la educación debe orientarse al pleno desarrollo de la personalidad y al respeto de los principios democráticos y de los derechos fundamentales. La LOE desarrolla precisamente esos objetivos mediante la educación para la ciudadanía democrática, la igualdad, la tolerancia, la justicia y la no discriminación.

El Tribunal Constitucional ha establecido, además, que la enseñanza pública debe excluir el adoctrinamiento ideológico. Pero esa doctrina no convierte toda transmisión de valores constitucionales en adoctrinamiento. La propia jurisprudencia diferencia entre adoctrinar y enseñar dentro de los límites y finalidades constitucionalmente establecidos.

De aquí se deriva una cuestión esencial: una educación democrática no puede ser ideológicamente partidista, pero tampoco puede ser axiológicamente neutral ante la democracia, la dignidad humana, la igualdad jurídica o los derechos fundamentales.

El riesgo más profundo del pin parental y sus variantes no consiste únicamente en el veto de determinadas actividades. Su importancia reside en el modelo administrativo que puede contribuir a consolidar: un modelo en el que la intervención se activa no ante una infracción acreditada, sino ante la posibilidad de que determinada actividad sea ideológicamente sospechosa.

La extensión de esta lógica puede adoptar diversas formas: exigencia de autorizaciones familiares para actividades ordinarias, fiscalización extraordinaria de contenidos, protocolos destinados a identificar supuestos adoctrinamientos, presión política sobre equipos directivos, denuncias administrativas basadas en discrepancias ideológicas o utilización partidista de la inspección educativa.

No todas estas prácticas tienen necesariamente la misma entidad jurídica ni pueden equipararse entre sí. Pero comparten el mismo riesgo: desplazar el centro de gravedad desde la evaluación profesional de la actividad docente hacia la identificación preventiva de sus supuestas orientaciones ideológicas.

Cuando esto sucede, el profesor puede optar por practicar una autocensura preventiva. Ante la incertidumbre sobre qué contenidos suscitarán una denuncia, una queja o una inspección, la estrategia racional puede ser evitar determinados debates. El resultado no necesita ser una censura formal, basta con generar un clima de inseguridad profesional.

Se produce entonces una paradoja especialmente significativa. Una política que afirma querer impedir el adoctrinamiento puede terminar debilitando las condiciones que permiten una educación crítica. La libertad intelectual necesita profesores capaces de plantear preguntas controvertidas, confrontar argumentos y presentar diferentes perspectivas sin temor a que cualquier discrepancia sea interpretada como propaganda.

La escuela pública debe estar sometida a la ley, al currículo, a la inspección y a la rendición de cuentas. Pero también necesita autonomía profesional. La alternativa al adoctrinamiento no es el control ideológico de los docentes, sino una combinación de formación rigurosa, pluralismo metodológico, transparencia curricular, evaluación independiente y procedimientos efectivos de reclamación. El verdadero criterio democrático debería ser, por tanto, la confianza vigilada por el Derecho, no la sospecha administrada mediante controles ideológicos.

El debate sobre el pin parental trasciende una controversia concreta sobre talleres o actividades complementarias. En realidad plantea una cuestión estructural: ¿quién debe determinar qué se enseña en la escuela pública y con arreglo a qué criterios?

En un Estado democrático, la respuesta no puede ser ni el profesor individual ni cada familia por separado, pero tampoco una Administración que utilice la escuela como instrumento de homogeneización ideológica. El currículo debe establecerse mediante procedimientos democráticos y jurídicos; el profesorado debe aplicarlo con autonomía profesional; las familias deben participar y disponer de mecanismos de reclamación; y la inspección debe controlar el cumplimiento de la ley, no las convicciones políticas de quienes enseñan.

La desconfianza sistemática hacia los docentes contiene, en último término, una concepción empobrecida de la educación. Allí donde todo profesor es considerado potencial adoctrinador, la libertad de enseñanza se convierte en excepción y el control en norma. Y cuando la sospecha ideológica se institucionaliza, la escuela deja de ser solamente un lugar de transmisión de conocimientos para convertirse en un territorio de vigilancia sobre las ideas.

La defensa de una escuela pública democrática exige exactamente lo contrario: profesores responsables, familias participantes, Administraciones sometidas al Derecho y alumnos educados para pensar por sí mismos.

De eclipses

Nihil novum sub sole, reza el tópico  literario. Hoy, día del gran eclipse, cabe recordar que hace ciento veintiséis años, los territorios del Baix Vinalopó fueron un espacio geográfico privilegiado, un mirador excepcional para contemplar un prodigioso y casi olvidado fenómeno astronómico, que se produjo el 28 de mayo y que se repetirá hoy, como si los astros hubiesen determinado preludiar el esplendor de El Misteri con un concluyente apagón general.

Dicen las crónicas que, en las semanas precedentes, una expedición de cuarenta científicos españoles, ingleses, escoceses y franceses, procedentes de universidades de media Europa, además de un ejército de más de veinte mil forasteros, se había desplazado hasta las tierras del Baix Vinalopó para contemplar un eclipse total de sol, que solo duró un minuto y diecinueve segundos.

Aseguran que, a lo largo del mes y medio que duraron los preparativos, el impacto sobre la comarca fue notabilísimo, como consecuencia del revuelo promovido por el astrólogo valenciano Josep Landerer que publicó un estudio asegurando que los mejores observatorios del fenómeno se localizaban en el Baix Vinalopó. Dicen que la población de Elche, que apenas rebasaba las 25.000 almas, se duplicó durante los meses de abril y mayo. Y además, ingleses y escoceses se establecieron en la costa de Santa Pola, donde llegaron a atracar un buque. 

En la edición del 29 de mayo del diario alicantino El Liberal se leía: «Comoquiera que uno de los puntos mejores para observar el eclipse era Santa Pola, allí nos dirigimos (...) a visitar los observatorios, comenzando por el de la comisión de Londres establecido en la playa, a cuyo frente se encontraba anclado el magnífico transporte inglés Theseus. Los marinos del buque se hallaban jugando al football, violento ejercicio que se realiza con una gran pelota de goma». Tan fue así que algunos estudiosos sostienen que se trata de la primera referencia que se tiene documentada sobre la introducción del fútbol en las comarcas del sur del País Valencià. Es más, años después, se constituyó en Elche un club con el nombre de «Eclipse».

Con un 80% de analfabetismo en la ciudad, la burguesía ilicitana (médicos, abogados y políticos) hizo de anfitriona de los visitantes. Uno de ellos, el prestigioso científico Camille Flamarion, un fenómeno de popularidad en los círculos científicos de la época, encabezó la expedición francesa y actuó de reclamo para el resto de observatorios europeos. 

Algunos conocidos lugares que acogieron a la numerosa comunidad científica fueron la terraza del campanario de la Basílica de Santa María, el Faro de Santa Pola y el castillo de Santa Bárbara de Alicante, la hacienda de Gervasio Torregrosa en la carretera de Crevillente, la tejera de Jaime Beltrán, en el camino viejo de Alicante, la finca del Toscar L’Hort de Villa Carmen, la Hacienda de Canales o la Fonda la Confianza. Casi ninguna de estas edificaciones sigue en pie, excepto la finca del banquero Jaime Brotons, denominada «El Pino», en la carretera de Santa Pola, también conocida como la «casa azul», que puede verse cuando se va de Elche a Santa Pola o viceversa. 

Como anécdota que acompañó a tan singular evento, el diario local El Pueblo de Elche destacó que «Varios rateros se dedicaron al lucrativo negocio de eclipsar algunas carteras. Una de las eclipsadas contenía, según rumores, 4.000 pesetas», que no eran moco de pavo para aquellos tiempos. Pese a todo, es indiscutible que en las fechas señaladas Elche se permitió el lujo de acoger y lucir un arsenal de instrumentos astronómicos, que incluía el telescopio más grande de España.

De modo que insisto en el encabezado: todo está inventado, la historia se repite, eso sí, con pequeñas o grandes variaciones. 

La Cloaca Máxima reeditada: anatomía de la corrupción y del desgaste institucional

Durante la última década, Madrid se ha consolidado como el principal centro político, económico y mediático de España. Sin embargo, esa radical e irreductible centralidad ha conllevado algunas indeseables consecuencias, como el acogimiento y la acumulación de algunos de los episodios más relevantes de corrupción, clientelismo y deterioro de la confianza institucional registrados en el país.

La metáfora de Madrid como una nueva «Cloaca Máxima» del Estado no pretende describir una ciudad ni a sus ciudadanos, sino interrogarse sobre un fenómeno más concreto, como es la concentración de redes de poder que, en demasiadas ocasiones, han terminado generando entornos propicios para la opacidad, la impunidad y la degradación de la vida pública. La expresión remite indefectiblemente a la antigua Roma, cuya Cloaca Máxima fue una de sus grandes obras de ingeniería, concebida para evacuar residuos y garantizar el funcionamiento de una metrópolis compleja. De alguna manera simbolizaba la capacidad del Estado para gestionar aquello que, de no ser canalizado, amenazaba con contaminar al conjunto de la ciudad y del imperio.

La comparación resulta sugerente porque, en el Madrid contemporáneo, las «cloacas» no son infraestructuras físicas, sino sistemas de relaciones entre política, administración, empresas, universidades y aparatos de influencia que, en determinados momentos, han funcionado con una preocupante autonomía respecto a los mecanismos de control democrático. Los ejemplos abundan.

Así, el caso Púnica, destapado en 2014, reveló una de las mayores redes de corrupción institucional de la democracia española. Articulada en torno al exconsejero madrileño Francisco Granados, la trama investigó adjudicaciones irregulares de contratos públicos, desvío de fondos y una presunta financiación ilegal del Partido Popular madrileño. La Comunidad de Madrid aparecía como el epicentro de un sistema donde determinados intermediarios convertían la gestión pública en una fuente privada de beneficios.

Pocos años después, el caso Lezo profundizó esa sensación de degradación sistémica. La investigación situó a la empresa pública Canal de Isabel II en el centro de una presunta trama de desvío de fondos, sobreprecios en adquisiciones internacionales y cobro de comisiones ilegales. El expresidente madrileño Ignacio González terminó convertido en el símbolo de una época en la que algunas instituciones públicas parecían haber perdido la frontera entre el interés general y los intereses particulares.

A estos grandes sumarios se añadió un episodio distinto, aunque igualmente revelador: el caso Cifuentes. Las irregularidades detectadas en la obtención de un máster universitario en la Universidad Rey Juan Carlos desembocaron en la dimisión de la presidenta autonómica en 2018. No se trataba ya de dinero ni de contratos públicos, sino de algo igualmente corrosivo: la utilización privilegiada de instituciones académicas para beneficiar a determinados dirigentes políticos. Madrid aparecía, así, como un espacio donde los mecanismos de ascenso social, prestigio y poder se entrelazaban peligrosamente.

A escala nacional, la capital también ha sido escenario permanente de los grandes procesos judiciales españoles. El caso Gürtel, cuya larga secuencia de juicios y sentencias se prolongó durante la última década, confirmó la existencia de una extensa red de adjudicaciones irregulares, financiación paralela y cobro de comisiones vinculadas al Partido Popular. La Audiencia Nacional condenó al partido como partícipe a título lucrativo, en una decisión sin precedentes que alteró el panorama político español.

Más recientemente, el denominado caso Koldo o caso de las mascarillas ha desplazado el foco hacia el entorno del Ministerio de Transportes y las investigaciones relacionadas con contratos públicos durante la pandemia. También el caso Zapatero afecta directamente al PSOE y posee una dimensión estatal. Ambos vuelven a reproducir el conocido patrón de que las grandes decisiones, los centros ministeriales y las estructuras de influencia convergen nuevamente en Madrid.

La cuestión de fondo, por tanto, no reside en la alternancia entre partidos. Las siglas cambian, pero la geografía del poder permanece intacta. Es precisamente ahí donde la comparación con la antigua Roma adquiere una dimensión más profunda.

Las letrinas romanas eran espacios colectivos donde se mezclaban ciudadanos, conversaciones, rumores y negocios. Se debatía de política, se intercambiaban informaciones y se tejían relaciones personales. Sin privacidad ni compartimentos estancos, todo sucedía a la vista de todos y, al mismo tiempo, dentro de una normalidad social plenamente asumida.

Madrid ofrece hoy una imagen inquietantemente parecida en términos metafóricos. La proximidad física entre ministerios, sedes de partidos, grandes empresas, medios de comunicación, despachos de consultoría, organismos reguladores y centros universitarios ha creado un ecosistema extremadamente denso. Un lugar donde las élites políticas, económicas y mediáticas conviven, se conocen y, en ocasiones, terminan confundiendo los límites entre el interés público y las relaciones personales.

La propia Roma asignaba a esclavos y trabajadores especializados, los «purgatores», la tarea de limpiar las cloacas bajo la supervisión de magistrados responsables ante la ciudadanía. La lección resulta extraordinariamente moderna: toda concentración de poder necesita mecanismos permanentes de vigilancia y depuración. Cuando estos fallan, el sistema no colapsa de forma espectacular; simplemente se acostumbra a la suciedad.

La antigua Roma también conocía los peligros derivados de sus infraestructuras. Los gases acumulados provocaban llamaradas inesperadas; los parásitos se propagaban pese a los avances técnicos; y los ciudadanos desarrollaban supersticiones para protegerse de amenazas invisibles. Del mismo modo, las democracias contemporáneas generan sus propios gases tóxicos: desinformación, desconfianza institucional, polarización y cinismo ciudadano.

Pese a todo, la mayor amenaza no es la corrupción en sí misma, sino su normalización. Madrid no es una ciudad corrupta. Es una ciudad extraordinariamente poderosa. Y precisamente por eso resulta más vulnerable. Allí donde se concentra el poder, se concentran también los incentivos para capturarlo.

La verdadera Cloaca Máxima del siglo XXI no es un lugar físico ni una administración concreta. Es una arquitectura de relaciones que permite que los mismos actores transiten continuamente entre despachos políticos, empresas, universidades y espacios de influencia sin encontrar suficientes contrapesos. Quizá la pregunta que cabe hacerse ya no sea por qué tantos escándalos terminan desembocando en Madrid. Probablemente la pregunta pertinente es si una democracia sana puede permitirse que casi todo el poder del Estado pase, inevitablemente, por un mismo lugar. Porque, como nos enseñó la vieja Roma, ninguna ciudad está a salvo cuando las cloacas dejan de ser un servicio público y se convierten en una forma de gobierno.

Cuando el frío venía del cielo

En un verano en el que Europa vuelve a encadenar récords de temperatura y las ciudades se refugian cada vez más bajo el zumbido permanente de millones de aparatos de aire acondicionado, resulta tentador pensar que la refrigeración es una conquista genuinamente moderna. Sin embargo, mucho antes de que existieran compresores, refrigerantes o redes eléctricas, diversas civilizaciones desarrollaron sistemas extraordinariamente eficaces para combatir el calor. Algunas de ellas llegaron incluso a producir hielo en pleno desierto.

Entre los ejemplos más fascinantes figuran los yakhchāl de la antigua Persia, construcciones que comenzaron a utilizarse hace unos 2.400 años y que permitían fabricar y conservar hielo durante meses en regiones donde las temperaturas estivales superaban ampliamente los cuarenta grados. Estas enormes estructuras cónicas de adobe constituían una auténtica proeza de ingeniería climática.

Su funcionamiento se basaba en una observación minuciosa del entorno. Durante las noches despejadas y secas del desierto, el suelo pierde calor por radiación hacia la atmósfera y el espacio. Los persas aprovecharon este fenómeno depositando agua en estanques poco profundos protegidos por largos muros orientados para generar sombra durante el día. El agua se enfriaba progresivamente hasta congelarse. Las láminas de hielo se almacenaban después en cámaras subterráneas aisladas por gruesos muros de adobe y sarooj, un mortero impermeable elaborado con arcilla, cal, ceniza, arena y materiales orgánicos.

Pero los yakhchāl no eran una tecnología aislada. Formaban parte de un sofisticado sistema ambiental integrado. Los qanats, galerías subterráneas quilometricas, transportaban agua desde acuíferos y zonas montañosas hasta las ciudades. Los badgir, o torres de viento, captaban las corrientes de aire y las dirigían hacia el interior de las viviendas, que se enfriaban al entrar en contacto con el agua. El resultado era una climatización pasiva sorprendentemente eficaz.

Lo evidente es que Persia no fue una excepción. La historia de la refrigeración es, en realidad, la historia de una larga conversación entre las sociedades humanas y el clima.

En el mundo romano, por ejemplo, el hielo y la nieve constituían bienes valiosos. Durante el invierno se recogían en las montañas y se almacenaban en depósitos aislados conocidos como nivaria. Desde allí se distribuían a las ciudades para conservar alimentos, elaborar bebidas frías o incluso con fines médicos. Las élites romanas consumían nieve traída desde los Apeninos o los Alpes, una práctica que continuaría durante siglos en buena parte de Europa.

La Península Ibérica ofrece también ejemplos extraordinarios. Desde la Edad Media y hasta bien entrado el siglo XX, existieron miles de neveros y pozos de nieve repartidos por las montañas españolas. En la Sierra de Mariola; en la Sierra Espuña murciana; en la Serranía de Cuenca o en las montañas catalanas, cuadrillas de trabajadores compactaban la nieve invernal en grandes depósitos de piedra. Cubierta con capas de paja para mejorar el aislamiento, la nieve se conservaba durante meses y se transportaba en verano hacia las ciudades. Antes de la llegada de la refrigeración industrial, este comercio constituía una actividad económica de considerable importancia.

En Al-Ándalus, además, se desarrolló una arquitectura especialmente sensible al control térmico. Patios interiores, albercas, jardines, celosías y muros de gran inercia térmica no solo respondían a criterios estéticos, sino también climáticos. El agua y la sombra actuaban conjuntamente para reducir la temperatura ambiente. Muchos de esos principios continúan siendo admirados hoy en monumentos como la Alhambra de Granada.

Más al este, en la India, las poblaciones del norte emplearon durante siglos sistemas de enfriamiento evaporativo. Vasijas de barro poroso permitían que pequeñas cantidades de agua atravesaran lentamente sus paredes y se evaporasen en el exterior. Esa evaporación extraía calor del contenido, reduciendo su temperatura. El principio físico es el mismo que utilizan muchos refrigeradores evaporativos modernos.

China desarrolló soluciones similares. Las fuentes históricas mencionan almacenes de hielo imperiales ya durante la dinastía Zhou, varios siglos antes de nuestra era. Durante el invierno se recolectaban grandes bloques de hielo que se conservaban para el verano en cámaras especialmente acondicionadas. La corte imperial utilizaba este recurso tanto para conservar alimentos como para aliviar el calor estival.

Incluso en regiones extremadamente áridas de Oriente Próximo y el norte de África surgieron formas de arquitectura bioclimática cuya sofisticación apenas empieza a ser plenamente valorada por los especialistas contemporáneos. Muros gruesos, calles estrechas, fachadas orientadas para minimizar la exposición solar y sistemas de ventilación natural constituían respuestas técnicas a problemas ambientales que hoy vuelven a adquirir relevancia.

La gran diferencia entre aquellas soluciones y las actuales no reside únicamente en la tecnología empleada, sino en la filosofía que las inspiraba. Las civilizaciones antiguas carecían de energía abundante y barata. En consecuencia, estaban obligadas a trabajar con las condiciones naturales existentes. En lugar de imponerse al clima, intentaban comprenderlo y aprovechar sus dinámicas.

La revolución industrial alteró radicalmente esta relación. La disponibilidad masiva de combustibles fósiles permitió climatizar edificios independientemente de su diseño. El aire acondicionado se convirtió en una herramienta extraordinariamente eficaz para mejorar el confort y la salud en numerosas regiones del planeta. Sin embargo, su expansión también ha generado nuevos desafíos. Según diversos estudios internacionales, la demanda energética asociada a la refrigeración crece aceleradamente y representa una parte cada vez más significativa del consumo eléctrico mundial.

Ello no significa que debamos renunciar a la tecnología moderna ni idealizar el pasado. Ninguna torre de viento persa puede sustituir por sí sola a los sistemas necesarios para proteger a millones de personas durante olas de calor extremas. Pero sí invita a recuperar una lección que durante demasiado tiempo ha quedado relegada: la mejor energía es aquella que no necesitamos consumir.

Por eso arquitectos e ingenieros vuelven hoy la mirada hacia soluciones inspiradas en conocimientos tradicionales. Sistemas de ventilación natural, cubiertas reflectantes, patios interiores, enfriamiento radiativo, materiales de alta inercia térmica y diseños adaptados a cada clima forman parte de una nueva generación de estrategias que combinan innovación y sabiduría histórica.

Quizá el verdadero legado de los yakhchāl persas no sea la capacidad de fabricar hielo en medio del desierto. Lo más valioso es la demostración de que la inteligencia técnica no siempre consiste en construir máquinas más potentes. A veces consiste, simplemente, en comprender mejor el lugar que habitamos. Durante siglos, pueblos enteros lograron refrescar sus ciudades observando el viento, la sombra, el agua y las estrellas. En una época marcada por el calentamiento global, aquella antigua conversación con la naturaleza quizá vuelve a tener algo importante que aportar. 

Ruido y fracaso de la gobernanza urbana

La expresión «megaconcurso de pedos» puede parecer una astracanada, una exageración deliberada o una ocurrencia impropia de un análisis serio. Sin embargo, constituye una metáfora particularmente eficaz para describir un fenómeno urbano cada vez más extendido, como lo es la proliferación de motocicletas ruidosas que invaden el espacio público mediante aceleraciones innecesarias, modificaciones ilegales de los sistemas de escape, infracciones reiteradas y una manifiesta desconsideración hacia el resto de los ciudadanos. El fenómeno trasciende la mera anécdota y se ha convertido en un problema relevante de salud pública, convivencia ciudadana y gobernanza urbana. Lejos de tratarse de una simple cuestión de gustos o de tolerancia interpersonal, estamos ante una forma específica de apropiación unilateral del espacio común mediante la imposición acústica.

Las ciudades modernas constituyen un pacto implícito de renuncias recíprocas. Cada ciudadano limita voluntariamente parte de su libertad individual para garantizar la coexistencia con los demás. El ruido deliberado rompe ese pacto fundamental. Quien acelera innecesariamente una motocicleta en una calle residencial no está ejerciendo una libertad inocente; está imponiendo a miles de personas una externalidad negativa que afecta a su descanso, a su concentración y, en última instancia, a su salud.

La Organización Mundial de la Salud viene advirtiendo desde hace años que la contaminación acústica constituye uno de los principales riesgos ambientales para la salud en Europa. La exposición prolongada al ruido del tráfico se asocia a trastornos del sueño, estrés crónico, deterioro cognitivo, ansiedad, hipertensión arterial y un incremento del riesgo cardiovascular (Environmental Noise Guidelines for the European Region. Copenhague, OMS, 2018). El problema, por tanto, no pertenece exclusivamente al ámbito de la educación cívica, sino también al de la protección sanitaria.

Resulta particularmente llamativo que una parte de estas conductas posea un evidente componente exhibicionista. La motocicleta deja de ser un mero vehículo de transporte para convertirse en un instrumento de autoafirmación identitaria. El ruido adquiere un valor simbólico. Cuanto mayor es la perturbación generada, mayor parece ser la sensación subjetiva de protagonismo alcanzado.

Diversos estudios sociológicos han señalado que ciertos comportamientos de riesgo asociados a la conducción responden a dinámicas de construcción de la masculinidad, especialmente en varones jóvenes. La búsqueda de reconocimiento social, la exhibición de valentía y la percepción exagerada de las propias capacidades constituyen patrones ampliamente documentados (Constructions of masculinity and their influence on men's well-being. Social Science & Medicine, 50(10), 1385-1401. Courtenay, 2000). No se trata de atribuir el fenómeno exclusivamente a la edad o al sexo, pues existen conductores irresponsables de toda condición, sino de reconocer que determinadas formas culturales de entender la virilidad favorecen estas conductas.

La metáfora de los «jabatos mesetarios» cabalgando modernos corceles mecánicos ilustra precisamente esta dimensión simbólica. El puño del acelerador se convierte en un sucedáneo contemporáneo de antiguas demostraciones de poder físico. Sin embargo, bajo esta aparente afirmación de libertad individual se esconde una profunda contradicción: la necesidad de imponer la propia presencia mediante la perturbación de la tranquilidad ajena revela, en realidad, una notable pobreza cívica.

Más difícil aún de comprender resulta la aparente resignación institucional. La legislación existe. Tanto las normativas europeas como las nacionales y municipales regulan los límites de emisiones sonoras, las modificaciones técnicas permitidas y las conductas sancionables. Sin embargo, la percepción ciudadana es la de una aplicación insuficiente, irregular y, en ocasiones, meramente testimonial.

La explicación es compleja. Intervienen limitaciones de recursos policiales, dificultades técnicas de control, prioridades políticas fluctuantes y una cierta banalización social del problema. El ruido suele considerarse una molestia menor, una incomodidad inevitable asociada a la vida urbana. Pero esta interpretación minimiza un fenómeno acumulativo cuyos efectos afectan a millones de personas.

Existe además una incongruencia difícilmente justificable. Mientras las administraciones impulsan zonas de bajas emisiones, estrategias de sostenibilidad urbana y campañas de bienestar ciudadano, continúan tolerando manifestaciones cotidianas de contaminación acústica extraordinariamente agresivas.

La cuestión adquiere una dimensión todavía más preocupante cuando se incorpora la perspectiva de la seguridad vial. La conducción temeraria, las aceleraciones bruscas y las conductas competitivas incrementan significativamente la probabilidad de accidentes graves. Los motoristas constituyen uno de los colectivos más vulnerables de la movilidad urbana y periurbana. La elevada exposición física del conductor hace que cualquier error tenga consecuencias potencialmente devastadoras.

La pregunta resulta, por tanto, inevitable: ¿de verdad este disparate no puede solucionarse? La respuesta es inequívocamente afirmativa. Puede mitigarse considerablemente, aunque ello exige determinación política y un cambio cultural sostenido. Las soluciones son conocidas. En primer lugar, resulta imprescindible intensificar los controles técnicos sobre los sistemas de escape manipulados y las modificaciones ilegales. En segundo lugar, debe incrementarse la vigilancia automatizada mediante sonómetros inteligentes capaces de identificar vehículos excesivamente ruidosos, una tecnología ya implantada experimentalmente en diversas ciudades europeas. En tercer lugar, conviene reforzar la educación vial incorporando contenidos relacionados con la contaminación acústica y la responsabilidad cívica. La conducción no puede entenderse únicamente como una destreza técnica, sino como una práctica ética de convivencia. Finalmente, las administraciones deben abandonar la indulgencia cultural hacia determinados comportamientos incívicos. La libertad individual encuentra un límite inequívoco en el perjuicio injustificado causado a terceros.

En definitiva, la verdadera modernidad urbana no consiste solamente en construir infraestructuras inteligentes o digitalizar servicios públicos. Radica, sobre todo, en desarrollar una cultura de la consideración mutua. Ninguna sociedad madura debería aceptar que unos pocos individuos secuestren cotidianamente la tranquilidad colectiva mediante la imposición sonora. El «megaconcurso de pedos», pese a la crudeza de la expresión, constituye una imagen afortunada y precisa de una patología contemporánea, que concreta la conversión del espacio compartido en un escenario de exhibicionismo individual desprovisto de responsabilidad social. Ninguna democracia avanzada puede permitirse normalizar semejante degradación de la convivencia.