Cuando el poder deja de ser armadura

Hay una paradoja en el ejercicio contemporáneo del poder: cuanto mayor es la autoridad institucional de un dirigente, mayor puede ser su vulnerabilidad. La política ofrece poder, pero no seguridad; proporciona capacidad de decisión, pero multiplica los riesgos. Cada decisión deja un rastro, cada gesto es susceptible de ser interpretado, cada relación personal puede adquirir dimensión pública y cualquier error, incluso si es de carácter menor, puede convertirse en una crisis de confianza.

El caso de Isabel Díaz Ayuso, siete años después de su llegada a la presidencia de la Comunidad de Madrid, permite visualizar con particular claridad esta paradoja. La dirigente conserva una mayoría absoluta y no existe, por ahora, una amenaza seria para su continuidad al frente del Gobierno autonómico. Sin embargo, algo parece haberse modificado en torno a ella. Me refiero a la percepción de invulnerabilidad que durante años le acompañó. En un reciente artículo, A. Martiarena (La Vanguardia) aludía a ese cambio como la pérdida de una «armadura».

Realmente, lo que planteo no afecta exclusivamente a Díaz Ayuso. Su experiencia permite visualizar una condición general de la política democrática: el poder no elimina la inseguridad sino que, por el contrario, la hace más visible.

Durante años, Ayuso explotó una fórmula extraordinariamente eficaz para protegerse de las dificultades de la gestión. La confrontación con Pedro Sánchez convertía buena parte de las controversias madrileñas en episodios de una batalla nacional. Las residencias, las polémicas familiares, los problemas administrativos o las decisiones discutibles quedaban subsumidos en un conflicto mayor: Madrid frente a La Moncloa, libertad frente a intervencionismo, impuestos bajos frente a presión fiscal, derecha frente a izquierda...

Era una estrategia de enorme rendimiento político. Permitía desplazar el centro de gravedad de la discusión. No importaba acreditar el acierto de una determinada decisión en la Comunidad, sino quién lograba aparecer mejor situado en la confrontación ideológica. La política dejaba de ser exclusivamente administración para convertirse en identidad.

Pero ninguna armadura protege indefinidamente. El episodio del ático de Chamberí resulta significativo, precisamente porque introduce una dificultad diferente. La Comunidad de Madrid adquirió por 6,3 millones de euros un inmueble de lujo mediante Planifica Madrid, una sociedad pública. Las explicaciones sobre su finalidad —despacho temporal, espacio institucional, alternativa mientras se reformaba la sede de la Puerta del Sol— han generado sucesivas preguntas. La operación ha llegado, además, a los tribunales después de que la Fiscalía remitiera denuncias relacionadas con la compra para su investigación.

La cuestión políticamente relevante no consiste en anticipar responsabilidades que corresponde atribuir a los tribunales. Consiste en acordar algo más elemental, como lo es que la confianza pública necesita explicaciones comprensibles. Cuando una decisión aparentemente sencilla genera demasiadas versiones, el problema deja de ser exclusivamente jurídico y pasa a ser político.

Por otro lado, la política moderna obedece a una paradoja adicional. El dirigente necesita comunicar constantemente para conservar la autoridad, pero cada palabra puede abrir un nuevo frente. El silencio protege durante un instante y perjudica después; hablar demasiado puede generar contradicciones; responder a una acusación puede amplificarla e ignorarla puede convertirla en sospecha.

Por eso los políticos viven sometidos a una especie de inseguridad permanente. No basta con gobernar, hay que explicar cómo se gobierna. No basta con tener competencias, hay que demostrar que se utilizan correctamente. No basta con obtener una mayoría, hay que conservar una legitimidad que no se renueva únicamente en las urnas.

El caso Ayuso ejemplifica, además otro fenómeno: el poder absoluto dentro de una institución puede aumentar la exposición individual. Con 70 diputados y mayoría absoluta, la presidenta madrileña no necesita negociar cada decisión parlamentaria. Pero esa misma concentración de autoridad hace que los aciertos y los errores se personalicen, pues cuando todo depende políticamente de un líder, también todo termina atribuyéndosele.

La polémica del ático ha tenido, además, un efecto particularmente incómodo, pues ha introducido dudas dentro de su propio espacio político. El cuestionamiento ya no procede únicamente de la oposición, han aparecido voces críticas en sectores del PP y se ha descrito un clima interno menos confortable para la presidenta. Esta es una significativa novedad respecto a etapas anteriores.

Y justamente ahí es quizá donde radica el verdadero riesgo para cualquier político que alcanza una posición dominante. La oposición puede ser combatida, pero la erosión interna resulta mucho más difícil de gestionar. Un adversario exterior refuerza la cohesión, una duda dentro del propio partido introduce incertidumbre sobre el futuro.

La gestión de los incendios madrileños añade otra dimensión. Una crisis extraordinaria obliga al gobernante a abandonar el terreno confortable del discurso político y enfrentarse a la realidad material, gestionando recursos, prevención, coordinación, evacuaciones, ayudas, reconstrucción... Ya no basta con construir un relato, hay que responder ofreciendo resultados.

Es aquí donde aparece una de las grandes vulnerabilidades de la política contemporánea: la distancia entre la imagen y la gestión. Un dirigente puede ser extraordinariamente eficaz en la comunicación y, sin embargo, fracasar gestionando determinadas crisis, que no admiten simplificaciones. El fuego, una epidemia, una catástrofe natural o un colapso administrativo no entienden de estrategias de comunicación.

En última instancia, la política es una profesión de exposición. El político vive bajo la mirada permanente de los ciudadanos, periodistas, adversarios, jueces, funcionarios, compañeros de partido y redes sociales. Su vida pública se encuentra sometida a una vigilancia que, en ocasiones, se extiende inevitablemente hacia su esfera privada.

Por eso, el verdadero peligro para un gobernante no siempre es perder una elección, sino eludir el control de la interpretación de sus propios actos. Cuando deja de explicar lo que sucede y se limitar a combatir a quien pregunta, la política entra en una zona extremadamente delicada.

Ayuso probablemente seguirá gobernando Madrid. Su mayoría absoluta no está en cuestión. Pero su problema puede ser otro, cual es demostrar que la fórmula que la convirtió en fenómeno nacional conserva capacidad para afrontar situaciones que no pueden resolverse mediante la confrontación con Sánchez.

La política exige una mezcla difícil de autoridad y vulnerabilidad. Quien gobierna necesita fortaleza, pero también conciencia de sus límites. Necesita defenderse, pero no vivir a la defensiva. Necesita controlar el relato, pero también aceptar que nunca podrá abarcarlo completamente.

La verdadera armadura del poder, por tanto, no son ni la mayoría parlamentaria, ni la capacidad de comunicación, ni la confrontación permanente. Es algo mucho más frágil: la credibilidad. Y esa armadura ni se hereda, ni se compra, ni se obtiene de una vez para siempre. Se reconstruye cada día, decisión tras decisión, explicación tras explicación.

Quizá ese sea el aprendizaje más significativo que ofrece el momento político de Ayuso: el poder puede hacer invulnerable a un gobernante frente a sus adversarios institucionales y, al mismo tiempo, extraordinariamente vulnerable frente a sus propias decisiones. Llega un momento en que ninguna mayoría absoluta puede sustituir aquello que sostiene realmente a cualquier liderazgo democrático: la confianza de quienes lo sostienen.

¿Pueden las emociones sustituir a los argumentos?

Hay épocas que no se definen únicamente por sus avances tecnológicos o sus transformaciones económicas, sino por la manera en que interpretan la realidad. La nuestra parece haber elevado la experiencia subjetiva a criterio último de verdad. Lo que uno siente ya no constituye únicamente una dimensión legítima de la existencia humana; con demasiada frecuencia se convierte en el fundamento mismo del juicio moral, político e incluso epistemológico. La emoción deja de ser un dato relevante para convertirse en un argumento suficiente.

Este desplazamiento cultural merece cierta atención. No porque las emociones carezcan de valor —sería absurdo defenderlo—, sino porque ninguna sociedad compleja puede organizar su vida colectiva únicamente sobre estados afectivos individuales. Las democracias liberales nacieron precisamente para resolver un problema contrario: cómo convivir entre ciudadanos con intereses, creencias y sensibilidades distintas mediante reglas comunes, instituciones imparciales y argumentos susceptibles de ser compartidos.

La modernidad ilustrada no negó nunca la existencia de las pasiones. Al contrario, autores como David Hume o Adam Smith comprendieron bien su importancia en la conducta humana. Pero también entendieron que la esfera pública exige algo más que emociones, pues requiere razones, evidencia, procedimientos y la disposición a aceptar que nuestras intuiciones pueden estar equivocadas.

Sin embargo, buena parte del debate contemporáneo parece recorrer el camino inverso. La discusión pública se desplaza desde la búsqueda de la verdad hacia la validación emocional. Ya no importa únicamente si una afirmación es correcta o falsa, sino si resulta ofensiva, incómoda o reafirma determinadas identidades. El desacuerdo deja de percibirse como un componente normal del pluralismo democrático para convertirse, con frecuencia, en una agresión personal.

Las redes sociales han acelerado esta dinámica. Diseñadas para captar rápidamente la atención, privilegian los mensajes que provocan indignación, miedo o entusiasmo antes que aquellos que exigen reflexión. La recompensa inmediata de la viralidad favorece respuestas intuitivas frente a razonamientos complejos. El resultado no es simplemente una conversación más crispada, sino una cultura donde la intensidad emocional sustituye progresivamente a la calidad de la argumentación.

Este fenómeno alcanza también a la educación. La preocupación por el bienestar psicológico de niños y adolescentes constituye un avance indiscutible respecto a épocas anteriores, cuando las emociones eran ignoradas o reprimidas. Sin embargo, existe el riesgo de confundir la alfabetización emocional con la centralidad absoluta de las emociones. Educar no consiste únicamente en reconocer lo que uno siente, sino también en aprender a interpretar esos sentimientos, ponerlos en contexto y, cuando sea necesario, contrariarlos.

La tradición ilustrada entendía precisamente la educación como un proceso de emancipación respecto a las pulsiones inmediatas. Aprender significaba adquirir herramientas intelectuales para distinguir entre apariencia y realidad, entre preferencia y justicia, entre convicción personal y conocimiento fundamentado. La autonomía no consiste en hacer siempre lo que uno desea, sino en desarrollar la capacidad de gobernarse mediante la razón.

Algo semejante ocurre en la política. Los discursos públicos apelan cada vez menos a proyectos racionalmente defendibles y cada vez más a emociones colectivas: miedo, resentimiento, orgullo o indignación. Y no es un fenómeno exclusivo de una ideología, pues populismos de distinto signo han descubierto que movilizar sentimientos resulta más eficaz electoralmente que sostener programas coherentes. Cuando la política se convierte en una competición por administrar emociones, las soluciones complejas pierden atractivo frente a los relatos simplificadores.

También el lenguaje refleja esta transformación. Conceptos procedentes del ámbito terapéutico, útiles en su contexto clínico, se incorporan al vocabulario cotidiano para describir cualquier conflicto interpersonal o desacuerdo político. El riesgo no reside en hablar de salud mental —algo imprescindible—, sino en psicologizar cuestiones que pertenecen al terreno ético, jurídico o político. No todo malestar constituye un daño objetivo; no toda incomodidad implica una injusticia.

La consecuencia más preocupante es el debilitamiento de la idea de verdad compartida. Las sociedades abiertas necesitan aceptar que existen criterios, independientes de nuestras preferencias, para evaluar afirmaciones sobre los hechos. La ciencia funciona porque los experimentos pueden refutar hipótesis. Los tribunales existen porque las pruebas pesan más que las impresiones. El periodismo mantiene su función democrática cuando distingue información de opinión. Si todo queda reducido a experiencias subjetivas igualmente válidas, desaparece el terreno común donde es posible deliberar.

Esto no significa defender un racionalismo frío o deshumanizado. La Ilustración nunca aspiró a eliminar las emociones, sino a integrarlas dentro de un horizonte más amplio de responsabilidad, conocimiento y convivencia. La empatía constituye una virtud cívica imprescindible, pero necesita complementarse con el pensamiento crítico. La compasión inspira muchas decisiones justas; la razón permite evaluar sus consecuencias.

Quizá el verdadero desafío de nuestro tiempo no sea elegir entre emoción y razón, sino recuperar el equilibrio entre ambas. Una democracia madura necesita ciudadanos capaces de sentir intensamente sin renunciar a argumentar rigurosamente; personas dispuestas a revisar sus propias convicciones cuando los hechos las contradicen y conscientes de que la libertad implica también aceptar el desacuerdo. Las emociones nos dicen algo importante sobre nosotros mismos. Pero no pueden decirnos, por sí solas, cómo es el mundo ni cómo debemos organizar una sociedad plural. Esa tarea continúa exigiendo deliberación, evidencia, instituciones sólidas y una confianza renovada en los principios que hicieron posible la modernidad democrática: la razón crítica, el universalismo de los derechos y la convicción de que los mejores argumentos deben pesar más que los sentimientos más intensos.

Menoscabar el servicio público

La función de una sanción no debería ser silenciar el conflicto, sino proteger los derechos, las responsabilidades y la convivencia. Cuando se utiliza contra trabajadores que reclaman mejoras laborales mediante procedimientos legales y pacíficos, la Administración corre el riesgo de convertir una herramienta disciplinaria en un instrumento de intimidación. El reciente conflicto educativo valenciano vuelve a plantear una pregunta de fondo: ¿qué sentido tiene castigar a quienes defienden unas condiciones de trabajo que también repercuten sobre la calidad del servicio que reciben los ciudadanos?

La cuestión no es meramente laboral. Afecta a la calidad democrática de las instituciones. Estos días se han conocido trece sanciones administrativas, impuestas a once docentes y dos a sindicatos, por un importe global de unos 8.000 euros, según la Coordinadora d'Assemblees Docents del País Valencià. Las organizaciones denunciantes sostienen que se relacionan con concentraciones y piquetes informativos desarrollados durante las recientes movilizaciones por la educación pública.

Como punto de partida conviene establecer una distinción esencial: el derecho de huelga no es un derecho ilimitado y una sanción puede ser legítima cuando existe una infracción acreditada. Una democracia no puede convertir la condición de trabajador público en una licencia para incumplir la ley. Pero precisamente porque están en juego derechos fundamentales, el poder sancionador debe actuar con especial prudencia, proporcionalidad y garantías.

La Constitución reconoce expresamente el derecho de huelga y establece que las limitaciones destinadas a asegurar los servicios esenciales deben garantizar su mantenimiento.  El Tribunal Constitucional ha sido particularmente claro: considerar esencial un servicio no permite vaciar de contenido el derecho de huelga. Los servicios mínimos deben limitarse a lo estrictamente necesario y no pueden equivaler al funcionamiento ordinario del servicio. Además, las restricciones han de estar motivadas y acreditar un juicio de proporcionalidad.

Esta doctrina contiene una idea de enorme importancia política: cuando el Estado limita un derecho fundamental, no basta con que pueda hacerlo, debe demostrar por qué necesita hacerlo de esa manera y en esa proporción.

La educación pública presenta, además, una peculiaridad. El profesor no defiende solamente su salario, su horario o las condiciones materiales de su aula. Cuando reclama plantillas suficientes, reducción de ratios, recursos para atender la diversidad, estabilidad profesional o condiciones que permitan enseñar adecuadamente, existe una conexión evidente entre la reivindicación laboral y el interés general. Ello no significa que toda reivindicación profesional sea automáticamente justa ni que cualquier protesta quede legitimada por invocar a los alumnos. Significa algo más sencillo, como es que las condiciones en las que trabajan los docentes forman parte de las condiciones en las que funciona la escuela pública.

Por eso resulta discutible una concepción puramente disciplinaria del conflicto. Si el profesor reclama que una clase masificada dificulta la atención individual, que faltan especialistas para atender determinadas necesidades educativas o que la burocracia resta tiempo a la educación, la respuesta institucional más inteligente no debería comenzar preguntando qué castigo corresponde al trabajador que protesta, sino qué problema está señalando.

La sanción tiene una finalidad legítima cuando corrige una conducta ilícita, protege a terceros o garantiza el funcionamiento de una institución. Pero pierde buena parte de su legitimidad democrática cuando se transforma en un mecanismo para elevar el coste de la protesta hasta hacerla insoportable. La Organización Internacional del Trabajo considera la huelga un medio fundamental para promover y defender legítimamente los intereses económicos y sociales de los trabajadores, aunque reconoce que puede estar sometida a determinadas condiciones y restricciones.

En este punto, se suscita una cuestión de efectividad. ¿Qué consigue una multa contra un profesor que participa pacíficamente en una movilización? Puede conseguir que tenga miedo, puede disuadir a otros compañeros, puede reducir temporalmente la conflictividad visible... Pero nada de ello resuelve necesariamente el problema que originó la protesta., porque una Administración puede conseguir silencio sin haber conseguido acuerdo, como puede conseguir obediencia sin haber alcanzado legitimidad.

Existe un riesgo añadido: que la sanción individualice un conflicto que es esencialmente colectivo. El trabajador deja de percibir que está negociando con una Administración y empieza a sentirse enfrentado a ella. La respuesta puede ser más movilización, recursos judiciales, cajas de resistencia y una creciente desconfianza institucional. La experiencia demuestra que el conflicto laboral no desaparece necesariamente cuando se sanciona a sus protagonistas, en ocasiones simplemente cambia de escenario.

La alternativa no es la impunidad, sino una Administración capaz de distinguir entre infracción y discrepancia, entre violencia y protesta pacífica, entre incumplimiento deliberado de una obligación y ejercicio legítimo de un derecho fundamental.

También existe una alternativa institucional: negociar antes de sancionar, mediar antes de judicializar y evaluar antes de castigar. Mesas de negociación con capacidad real, mediadores independientes, evaluación pública de las condiciones de los centros, compromisos verificables y calendarios de cumplimiento serían instrumentos probablemente más eficaces que la acumulación de expedientes.

El propio marco europeo insiste en que las restricciones de los derechos sociales deben perseguir un objetivo legítimo, ser necesarias y proporcionales, y valorar alternativas menos restrictivas.  La Unión Europea reconoce asimismo el derecho de trabajadores y empresarios a la negociación colectiva y a la acción colectiva, incluida la huelga, dentro de los marcos nacionales correspondientes.

La pregunta, por tanto, no debería reducirse a sí son legales las sanciones. Hay que formular alternativamente otra, más amplia y exigente: ¿son necesarias, proporcionadas y útiles? Porque una buena Administración no es la que consigue que sus trabajadores protesten menos. Es la que consigue que tengan menos motivos para hacerlo.

En la escuela pública, además, hay algo paradójico en castigar sistemáticamente al profesor que denuncia deficiencias estructurales. El docente no es un usuario externo del sistema educativo, sino uno de sus principales responsables. Escuchar sus reclamaciones puede constituir una forma de auditoría interna de enorme valor. La protesta responsable, cuando se ejerce dentro de los cauces democráticos, puede incluso funcionar como una señal de alarma institucional. Por eso la sanción debería ser siempre el último recurso, no el primero. Y cuando afecte al ejercicio de derechos fundamentales, la Administración debería aplicar una regla elemental: cuanto mayor sea el derecho comprometido, mayor debe ser la justificación de la sanción.

La autoridad democrática no se mide por su capacidad para castigar a quien discrepa. Se mide por su capacidad para resolver el conflicto sin convertir al discrepante en enemigo. En educación esta diferencia es especialmente importante. Los profesores enseñan ciudadanía mientras trabajan dentro de una institución que también debe practicarla. Una escuela pública que aspira a formar personas libres, críticas y responsables difícilmente puede transmitir esos valores si ante el conflicto laboral responde prioritariamente mediante la intimidación.

Defender derechos laborales no convierte automáticamente al trabajador en un héroe. Sancionarlo tampoco convierte automáticamente a la Administración en represora. Pero cuando la protesta es pacífica, colectiva, legal y vinculada a problemas reales del servicio público, la respuesta más eficaz y más democrática rara vez será la multa. Será escuchar, negociar, corregir. Y, cuando sea necesario, demostrar públicamente por qué no puede hacerse lo que se reclama.

La verdadera fortaleza de una Administración no consiste en conseguir que sus trabajadores callen, radica en lograr que, cuando hablan, tengan motivos para confiar en que alguien les escucha.

¿El final de una era?

Hace años que la vida pública española viene atravesando una fase caracterizada por la quiebra progresiva de la tradicional alternancia en el poder entre izquierdas y derechas. Como en otros países, han alumbrado otras fuerzas políticas, impulsadas por la demografía, la geopolítica y las nuevas tendencias socioeconómicas, que han ido reconfigurando el tablero ideológico. La historia evidencia que hay épocas que terminan sin que nadie proclame oficialmente su final. Finiquitan sin fecha determinada, sin que se promuevan u oficien ceremonias reverenciales y sin que ni siquiera alguien se atreva a pronunciar una solemne alocución de despedida. Sucede, simplemente, que las instituciones, los consensos y las formaciones que vertebraron la vida colectiva durante décadas, tras un imparable proceso de agotamiento, terminan por colapsar. Tengo la impresión de que la España actual se adentra en uno de esos ciclos.

Desde la Transición, el sistema político español ha descansado sobre algunos pilares relativamente estables, como lo son la integración europea, la expansión progresiva del Estado del bienestar, un gasto militar contenido en comparación con otras potencias occidentales y la existencia de dos grandes partidos capaces de articular mayorías amplias. En ese periodo, es innegable que el PSOE desempeñó un papel singular, pues fue una de las piezas fundamentales de la consolidación democrática, de la modernización económica y de la incorporación de España al proyecto europeo. Sin embargo, inmersos en la vorágine que viene sacudiendo el mapa político, la cuestión que cabe plantearse no es si el PSOE ganará o perderá las próximas elecciones. La pregunta es más profunda y tiene mayor recorrido porque apunta a esclarecer si siguen existiendo las condiciones históricas que hicieron posible su centralidad.

Durante décadas, la política española se desarrolló en un contexto internacional excepcionalmente favorable. La Guerra Fría había terminado, Europa reducía progresivamente la importancia de la defensa militar y el envejecimiento demográfico avanzaba lentamente. Adicionalmente, el crecimiento económico permitía ampliar prestaciones sociales sin cuestionar seriamente su sostenibilidad. Pues bien, ese bonancible escenario se está derruyendo con creciente velocidad. Específicamente, la invasión rusa de Ucrania en 2022 marcó un punto de inflexión estratégico para todo el continente. Alemania, país que durante generaciones ha construido su identidad internacional alrededor de la prudencia militar, ha iniciado un giro histórico. Berlín ha comenzado a asumir que la seguridad europea exigirá mayores inversiones en defensa, una industria militar más potente y un esfuerzo presupuestario sostenido durante años.

La importancia de este cambio es incontestable. Desde la creación de la Unión Europea, Alemania ha sido el país que ha marcado los límites de lo políticamente posible en materia económica. Cuando modifica sus prioridades, el resto de Europa suele acabar adaptándose a ellas. Y no cabe duda de que en Alemania algunas cosas están cambiando muy deprisa.

Por otro lado, Europa afronta una transformación demográfica sin precedentes. La combinación de baja natalidad, aumento de la esperanza de vida y desaceleración de la población activa genera una presión creciente sobre los sistemas de pensiones. España se encuentra entre los países más afectados por esta tendencia. Las proyecciones demográficas muestran que el número de jubilados crecerá significativamente durante las próximas décadas, mientras la proporción de trabajadores en activo aumentará a un ritmo mucho menor. Ningún gobierno europeo ignora ya esta realidad. La discusión no gira en torno a si habrá reformas, sino sobre su alcance y velocidad. Eso no significa necesariamente recortes automáticos de las prestaciones. Existen múltiples alternativas, tales como retrasar la edad efectiva de jubilación, aumentar cotizaciones, recurrir a la inmigración laboral, modificar los mecanismos de cálculo o combinar varias de estas medidas. Pero la tendencia general parece incuestionable y exige que el sistema se adapte a una estructura poblacional radicalmente distinta de aquella para la que fue diseñado.

La misma lógica afecta al conjunto del gasto público. Durante años, los gobiernos europeos pudieron ampliar simultáneamente inversión social, infraestructuras y servicios públicos sin desatar conflictos presupuestarios inasumibles. Ahora los recursos empiezan a estar sometidos a nuevas tensiones. La defensa reclama más fondos, la transición energética exige inversiones masivas, la digitalización requiere capital público y privado, y las pensiones absorben una parte creciente de los presupuestos. En ese contexto, algunas voces sostienen que determinadas partidas del Estado del bienestar podrían perder peso relativo, entre ellas el gasto sanitario, aunque cualquier intento de reducción suele encontrar una fuerte resistencia social y política. Lo relevante quizá no sea tanto qué partida concreta acabará ajustándose como el hecho de que la época de expansión simultánea de todos los capítulos presupuestarios parece estar llegando a su fin.

Y justamente aquí es donde emerge la dimensión política del problema. Los grandes partidos de la Transición fueron diseñados para gestionar una sociedad en crecimiento, relativamente homogénea y orientada hacia una mejora gradual de las condiciones materiales. La nueva realidad es diferente, pues se parece más a una política de distribución de costes que de reparto de beneficios. Y cuando los gobiernos deben decidir entre más defensa o más gasto social, entre sostenibilidad financiera o ampliación de prestaciones, los consensos tradicionales empiezan a erosionarse.

El PSOE puede ser uno de los actores más afectados por este cambio. Su identidad histórica ha estado estrechamente vinculada a la expansión de derechos sociales, la protección del Estado del bienestar y la integración europea. Pero si Europa comienza a exigir prioridades distintas y las restricciones demográficas se intensifican, el espacio político que ocupó durante décadas podría transformarse profundamente. Obviamente, eso no implica su desaparición, pues los grandes partidos rara vez desaparecen de un día para otro. Sin embargo, sí podría dejar de desempeñar el papel central que tuvo durante casi medio siglo.

La sensación que empieza a calar en amplios sectores sociales nace precisamente de esta acumulación de cambios. No se trata únicamente de la inflación, de la vivienda o de la polarización política. Existe una percepción más profunda, difícil de formular con precisión, que apunta a considerar obsoletas las reglas del periodo anterior. Es una evidencia que las sociedades suelen intuir los cambios históricos antes de comprenderlos plenamente, pues los perciben en forma de incertidumbre, ansiedad o desconfianza hacia las instituciones existentes. Algo parecido ocurrió en Europa durante los años setenta, cuando el ciclo de prosperidad de la posguerra comenzó a agotarse, y quizá España se encuentre ahora ante uno de esos umbrales.

Todavía desconocemos los contornos de la nueva época. Lo que parece cada vez más evidente es que la discusión ya no gira únicamente alrededor de quién gobernará después de las próximas elecciones. La cuestión de fondo es otra y apunta a qué modelo de país será capaz de sostenerse en un continente que envejece, se rearma y afronta restricciones económicas que durante décadas parecían haber desaparecido.

Y esa pregunta, a diferencia de lo que se promete en las proclamas electorales, no admite respuestas simplistas.

 

Pedro Sánchez: la política de la mirada larga y los pasos cortos

Hay dirigentes que gobiernan desde la convicción y otros desde la doctrina. Pedro Sánchez pertenece a una tercera categoría, menos frecuente y más difícil de interpretar: la del político adaptativo. Su rasgo esencial no es tanto la fidelidad a una ideología inmutable como la capacidad para modificar posiciones, alianzas y discursos sin perder de vista un objetivo estratégico. En él hay algo de pragmatismo, algo de oportunismo —la frontera entre ambos depende en buena medida del juicio del observador— y, sobre todo, una extraordinaria capacidad de supervivencia.

Su trayectoria política contiene una paradoja que explica buena parte de su personalidad. El hombre al que en 2016 su propio partido expulsó de la Secretaría General regresó menos de un año después mediante unas primarias que derrotaron al aparato socialista. El episodio construyó el núcleo mítico de su liderazgo: resistencia frente a las élites, voluntad de poder y capacidad para convertir una derrota aparentemente definitiva en una plataforma de reconstrucción. El análisis de CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs) subraya precisamente aquella combinación de resistencia, enfrentamiento con el establishment socialista y posterior transformación de sus posiciones territoriales y estratégicas.

Desde entonces, Sánchez ha gobernado como quien atraviesa un río sobre piedras movedizas. La moción de censura de 2018, la coalición con Unidas Podemos, la gestión de la pandemia, la negociación europea de los fondos de recuperación, los acuerdos con fuerzas nacionalistas, la amnistía, la guerra de Ucrania, Gaza, las tensiones con Estados Unidos y, ahora, las sucesivas crisis migratorias y geopolíticas han exigido una política de adaptación permanente.

Su método podría resumirse en una sencilla frase: mirada larga, pasos cortos. Es decir, no necesita ganar cada batalla si conserva la posibilidad de disputar la siguiente. O dicho de otro modo, un superviviente que ha convertido la adaptación en método.

La oposición interpreta esta plasticidad como oportunismo. Una parte de su propio partido la percibe, en cambio, como una concentración excesiva del poder y una subordinación de la organización socialista a las necesidades del presidente. Ambas críticas contienen elementos de verdad, pero ninguna explica por completo el fenómeno Sánchez.

Su fortaleza reside precisamente en haber comprendido antes que sus adversarios que la política contemporánea se desarrolla en condiciones de incertidumbre permanente. Las mayorías estables han sido sustituidas por geometrías variables: los electorados son menos fieles; las crisis se suceden a velocidad creciente y la frontera entre política nacional e internacional se ha hecho enormemente porosa.

De ahí que su aparente mutabilidad pueda interpretarse también como una forma de racionalidad adaptativa. El dirigente que en Cataluña pasó de posiciones más rígidas a apostar por la negociación y la desjudicialización no necesariamente abandonó una estrategia, más  bien modificó los instrumentos para preservar un objetivo mayor: la estabilidad territorial y política. Del mismo modo, su europeísmo ha evolucionado desde una adhesión fundamentalmente normativa hacia una defensa de la autonomía estratégica europea.

La propia estrategia exterior española 2025-2028 identifica y perfila un mundo caracterizado por el desplazamiento desde un orden basado en reglas hacia otro más determinado por las relaciones de poder, por la búsqueda de resiliencia económica y por una creciente incertidumbre.  Sánchez parece haber entendido que, en ese escenario, España solo puede incrementar su influencia mediante alianzas, capacidad de negociación y presencia internacional. Es la que se ha denominado «paradoja española»: débil dentro, fuerte fuera.

Aquí aparece una de las singularidades más interesantes de su liderazgo. La imagen internacional de Sánchez es considerablemente mejor que la percepción que buena parte de la sociedad española tiene de él. Le Monde señalaba recientemente que, en una España profundamente polarizada, su política internacional obtiene niveles de reconocimiento superiores a su posición doméstica.

En Bruselas, Madrid y las capitales latinoamericanas, Sánchez ha conseguido proyectarse como uno de los principales dirigentes de la izquierda europea. Su defensa del multilateralismo, su posición respecto de Gaza y Palestina, su insistencia en una mayor autonomía europea y su voluntad de construir vínculos con América Latina le han otorgado una visibilidad que excede el peso demográfico y económico de España.

No es casual que Sánchez haya defendido una Europa más integrada y soberana y que haya reivindicado la incorporación progresiva de los Balcanes occidentales al proyecto comunitario.  Su política exterior responde a una idea relativamente coherente: en un mundo de grandes potencias, España puede ganar influencia no compitiendo individualmente con ellas, sino convirtiéndose en uno de los países capaces de orientar e influenciar a Europa.

Pero esa proyección internacional tiene un coste doméstico. Para una parte de los españoles, la política exterior parece pertenecer a otro país mientras los problemas cotidianos —vivienda, empleo juvenil, inmigración, servicios públicos o corrupción— siguen sin resolverse satisfactoriamente. EUobserver resumía recientemente esa contradicción: admiración internacional por su trayectoria y agotamiento dentro de España.

Como todas las cosas, también la resiliencia tiene un límite. El mayor riesgo para Sánchez no procede necesariamente de la oposición parlamentaria. Su verdadero problema es la acumulación. Las investigaciones judiciales que afectan a personas de su entorno político y familiar han erosionado el capital moral con el que llegó al poder en 2018. Reuters señalaba en mayo de 2026 que las investigaciones sobre su esposa, su hermano, antiguos colaboradores y dirigentes socialistas estaban aumentando la presión sobre el Gobierno.  Al mismo tiempo, la dificultad para aprobar presupuestos y mantener cohesionada una mayoría parlamentaria extremadamente heterogénea limita su capacidad de transformación interna.

La resiliencia, además, puede convertirse en una trampa. Un dirigente que sobrevive a todo corre el riesgo de interpretar cada supervivencia como confirmación de que puede sobrevivir indefinidamente. Pero la política no es un ejercicio de resistencia física. Llega un momento en que la sociedad deja de premiar la capacidad para resistir y empieza a exigir la competencia para resolver y concluir los proyectos.

El episodio de Almaraz es ilustrativo al respecto. La decisión del Gobierno de prolongar la actividad de la central hasta 2030 ha abierto una fractura con Sumar y demuestra que el pragmatismo energético puede entrar en conflicto con los compromisos ideológicos con sus socios.  Sánchez parece dispuesto a pagar ese precio si considera que la seguridad energética y la estabilidad económica lo justifican.

¿Qué puede aventurarse, pues, sobre el futuro que le espera?

La primera hipótesis es la continuidad. Sánchez tiene incentivos muy poderosos para intentar llegar a las elecciones generales previstas para 2027. No existe en España un límite constitucional de mandatos presidenciales y, mientras conserve posibilidades de articular una mayoría, su renuncia voluntaria parece poco probable.

La segunda posibilidad es una derrota electoral que, paradójicamente, no significaría necesariamente su desaparición internacional. Después de casi una década al frente del PSOE y del Gobierno, Sánchez ha acumulado una red de influencia europea e internacional considerable. En un escenario posterior a la Moncloa podría desempeñar responsabilidades relevantes en instituciones europeas, organizaciones multilaterales o espacios internacionales de la socialdemocracia. Su perfil —europeísta, internacionalista, negociador y experimentado en situaciones de crisis— tiene demanda fuera de España.

La tercera hipótesis es que Sánchez termine convirtiéndose en un político más europeo que estrictamente nacional. La España polarizada puede acabar agotando su figura, mientras que la Europa de la fragmentación, la guerra, la transición energética y la autonomía estratégica puede encontrar utilidad precisamente en un dirigente acostumbrado a negociar con actores incompatibles.

Su futuro mundial, sin embargo, dependerá de que consiga transformar visibilidad en influencia. España puede ser puente entre Europa y América Latina, interlocutor mediterráneo, actor atlántico y defensor de una autonomía europea sin romper con Estados Unidos. Esa posición intermedia es potencialmente poderosa. Un análisis reciente de la Fundación Konrad Adenauer identifica precisamente a España y Portugal como posibles puentes estratégicos entre Europa y América Latina.

Pedro Sánchez, por tanto, no debería ser juzgado únicamente por sus fotografías electorales. Su verdadero legado se decidirá en otro terreno, en si su extraordinaria capacidad de adaptación consigue producir una estrategia de Estado o termina reducida a una técnica sofisticada de supervivencia personal.

Ahí reside la contradicción esencial del personaje. Sus adversarios creen que cambia para permanecer. Sus partidarios creen que cambia para transformar. Probablemente ambas cosas sean ciertas. Sánchez ha demostrado que sabe sobrevivir al presente. La incógnita es si será capaz de convertir esa supervivencia en futuro.

Porque su mayor virtud —la adaptación— puede ser también su mayor debilidad. En tiempos líquidos (o gaseosos, como entienden algunos) cambiar cuando cambian las circunstancias es inteligencia. Pero, en definitiva, gobernar consiste en conseguir que después de tantos cambios quede algo que pueda llamarse proyecto. Y esa será, probablemente, la verdadera prueba histórica de Pedro Sánchez: no cuánto tiempo consiguió permanecer en el poder, sino qué España y qué Europa dejó detrás cuando ya no necesitó seguir sobreviviendo.

Contra el control ideológico de la escuela pública

La Generalitat Valenciana oficializó el pasado lunes, a través del DOGV,  una profunda modificación de las competencias de la Inspección Educativa de la Comunidad Valenciana. La ley de acompañamiento en los presupuestos autonómicos introduce cambios en el Decreto 80/2017 con el objetivo de velar por la «neutralidad ideológica» en el conjunto del sistema educativo y habilitar cauces de comunicación externa para denunciar posibles contravenciones. Con estas medidas se busca convertir la Inspección en una peculiar «policía educativa».

La educación pública democrática descansa sobre una premisa que rara vez aparece formulada con suficiente claridad: la confianza institucional en el profesorado. No se trata de una confianza ingenua ni incompatible con la inspección, la evaluación o la exigencia de responsabilidades. Significa reconocer que enseñar constituye una actividad profesional sometida a conocimientos especializados, normas curriculares y criterios pedagógicos, y no una simple función ejecutiva subordinada a la voluntad de las familias o del poder político.

Sin embargo, en los últimos años, ha adquirido relevancia en España una concepción diferente que visibiliza la escuela pública como espacio potencial de adoctrinamiento y el docente como agente cuya actuación debe ser sometida a mecanismos extraordinarios de vigilancia. El denominado pin parental constituye la expresión más conocida de esta tendencia, aunque en mi opinión resulta más relevante analizarlo como parte de un fenómeno más amplio, cual es la transformación de la sospecha ideológica en criterio de actuación  administrativa.

La confianza es inequívocamente un presupuesto de la profesionalidad docente. La Constitución establece simultáneamente el derecho a la educación, la libertad de enseñanza, la participación de profesores y familias en los centros sostenidos con fondos públicos y la función de los poderes públicos de inspeccionar el sistema educativo. No existe, por tanto, ausencia de control, al contrario, existe un modelo de control jurídico e institucional, no de vigilancia ideológica individualizada.

La legislación educativa desarrolla esta arquitectura. La LOE define como principios del sistema la equidad, la inclusión, la ciudadanía democrática, la libertad personal, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia. Tras la reforma de 2020, incorpora además, explícitamente, el interés superior del menor y la no discriminación por razón de sexo, religión, orientación sexual o identidad sexual, entre otras circunstancias. 

El sistema presupone, por consiguiente, que el profesorado desarrolla su actividad dentro de un marco normativo previamente establecido. La inspección debe comprobar el cumplimiento de ese marco; la Administración puede corregir incumplimientos; los tribunales pueden revisar las decisiones administrativas. Pero convertir la sospecha de adoctrinamiento en principio general de actuación altera la lógica institucional porque el profesor deja de ser considerado un profesional que debe responder de sus actos para convertirse, preventivamente, en un sujeto potencialmente sospechoso.

Esta diferencia es sustancial. En una Administración basada en la confianza, el control se dirige fundamentalmente a los resultados, los procedimientos y las responsabilidades. En una Administración basada en la desconfianza, el control tiende a anticiparse al comportamiento mediante autorizaciones, supervisiones extraordinarias y mecanismos de veto.

Por otro lado, el llamado pin parental constituye un caso paradigmático. Su formulación más conocida pretendía que las familias fueran informadas previamente de determinadas actividades complementarias y pudieran autorizar o rechazar la participación de sus hijos cuando considerasen que aquellas afectaban a cuestiones morales, ideológicas o relacionadas con la sexualidad. El problema jurídico no reside en reconocer a las familias capacidad de participación. Ese derecho está expresamente contemplado por la Constitución. La cuestión decisiva es dónde termina la participación familiar y en qué punto comienza la capacidad de interferencia en la programación educativa. La diferencia no es meramente semántica. 

Participar significa intervenir en los órganos, formular objeciones, conocer el proyecto educativo o reclamar frente a actuaciones concretas. Vetar significa convertir la decisión individual de una familia en condición para la ejecución de una actividad que forma parte de la programación escolar. Precisamente por ello, el Tribunal Superior de Justicia de Murcia suspendió cautelarmente en 2020 las instrucciones que establecían el denominado veto parental. La Sala señaló que las actividades cuestionadas formaban parte de la programación curricular y podían ser obligatorias y evaluables, de modo que la exclusión podía perjudicar el proceso educativo del alumno. También distinguió entre el derecho de los padres a expresar su disconformidad y una autorización previa para cada actividad. La distinción es fundamental: el derecho de los padres a participar en la educación de sus hijos no equivale a un derecho de veto sobre el currículo común.

Una de las paradojas de este debate consiste en que quienes justifican los mecanismos de control ideológico suelen invocar la neutralidad de la escuela. Sin embargo, la neutralidad democrática no equivale a una escuela sin valores. El artículo 27.2 de la Constitución establece que la educación debe orientarse al pleno desarrollo de la personalidad y al respeto de los principios democráticos y de los derechos fundamentales. La LOE desarrolla precisamente esos objetivos mediante la educación para la ciudadanía democrática, la igualdad, la tolerancia, la justicia y la no discriminación.

El Tribunal Constitucional ha establecido, además, que la enseñanza pública debe excluir el adoctrinamiento ideológico. Pero esa doctrina no convierte toda transmisión de valores constitucionales en adoctrinamiento. La propia jurisprudencia diferencia entre adoctrinar y enseñar dentro de los límites y finalidades constitucionalmente establecidos.

De aquí se deriva una cuestión esencial: una educación democrática no puede ser ideológicamente partidista, pero tampoco puede ser axiológicamente neutral ante la democracia, la dignidad humana, la igualdad jurídica o los derechos fundamentales.

El riesgo más profundo del pin parental y sus variantes no consiste únicamente en el veto de determinadas actividades. Su importancia reside en el modelo administrativo que puede contribuir a consolidar: un modelo en el que la intervención se activa no ante una infracción acreditada, sino ante la posibilidad de que determinada actividad sea ideológicamente sospechosa.

La extensión de esta lógica puede adoptar diversas formas: exigencia de autorizaciones familiares para actividades ordinarias, fiscalización extraordinaria de contenidos, protocolos destinados a identificar supuestos adoctrinamientos, presión política sobre equipos directivos, denuncias administrativas basadas en discrepancias ideológicas o utilización partidista de la inspección educativa.

No todas estas prácticas tienen necesariamente la misma entidad jurídica ni pueden equipararse entre sí. Pero comparten el mismo riesgo: desplazar el centro de gravedad desde la evaluación profesional de la actividad docente hacia la identificación preventiva de sus supuestas orientaciones ideológicas.

Cuando esto sucede, el profesor puede optar por practicar una autocensura preventiva. Ante la incertidumbre sobre qué contenidos suscitarán una denuncia, una queja o una inspección, la estrategia racional puede ser evitar determinados debates. El resultado no necesita ser una censura formal, basta con generar un clima de inseguridad profesional.

Se produce entonces una paradoja especialmente significativa. Una política que afirma querer impedir el adoctrinamiento puede terminar debilitando las condiciones que permiten una educación crítica. La libertad intelectual necesita profesores capaces de plantear preguntas controvertidas, confrontar argumentos y presentar diferentes perspectivas sin temor a que cualquier discrepancia sea interpretada como propaganda.

La escuela pública debe estar sometida a la ley, al currículo, a la inspección y a la rendición de cuentas. Pero también necesita autonomía profesional. La alternativa al adoctrinamiento no es el control ideológico de los docentes, sino una combinación de formación rigurosa, pluralismo metodológico, transparencia curricular, evaluación independiente y procedimientos efectivos de reclamación. El verdadero criterio democrático debería ser, por tanto, la confianza vigilada por el Derecho, no la sospecha administrada mediante controles ideológicos.

El debate sobre el pin parental trasciende una controversia concreta sobre talleres o actividades complementarias. En realidad plantea una cuestión estructural: ¿quién debe determinar qué se enseña en la escuela pública y con arreglo a qué criterios?

En un Estado democrático, la respuesta no puede ser ni el profesor individual ni cada familia por separado, pero tampoco una Administración que utilice la escuela como instrumento de homogeneización ideológica. El currículo debe establecerse mediante procedimientos democráticos y jurídicos; el profesorado debe aplicarlo con autonomía profesional; las familias deben participar y disponer de mecanismos de reclamación; y la inspección debe controlar el cumplimiento de la ley, no las convicciones políticas de quienes enseñan.

La desconfianza sistemática hacia los docentes contiene, en último término, una concepción empobrecida de la educación. Allí donde todo profesor es considerado potencial adoctrinador, la libertad de enseñanza se convierte en excepción y el control en norma. Y cuando la sospecha ideológica se institucionaliza, la escuela deja de ser solamente un lugar de transmisión de conocimientos para convertirse en un territorio de vigilancia sobre las ideas.

La defensa de una escuela pública democrática exige exactamente lo contrario: profesores responsables, familias participantes, Administraciones sometidas al Derecho y alumnos educados para pensar por sí mismos.

De eclipses

Nihil novum sub sole, reza el tópico  literario. Hoy, día del gran eclipse, cabe recordar que hace ciento veintiséis años, los territorios del Baix Vinalopó fueron un espacio geográfico privilegiado, un mirador excepcional para contemplar un prodigioso y casi olvidado fenómeno astronómico, que se produjo el 28 de mayo y que se repetirá hoy, como si los astros hubiesen determinado preludiar el esplendor de El Misteri con un concluyente apagón general.

Dicen las crónicas que, en las semanas precedentes, una expedición de cuarenta científicos españoles, ingleses, escoceses y franceses, procedentes de universidades de media Europa, además de un ejército de más de veinte mil forasteros, se había desplazado hasta las tierras del Baix Vinalopó para contemplar un eclipse total de sol, que solo duró un minuto y diecinueve segundos.

Aseguran que, a lo largo del mes y medio que duraron los preparativos, el impacto sobre la comarca fue notabilísimo, como consecuencia del revuelo promovido por el astrólogo valenciano Josep Landerer que publicó un estudio asegurando que los mejores observatorios del fenómeno se localizaban en el Baix Vinalopó. Dicen que la población de Elche, que apenas rebasaba las 25.000 almas, se duplicó durante los meses de abril y mayo. Y además, ingleses y escoceses se establecieron en la costa de Santa Pola, donde llegaron a atracar un buque. 

En la edición del 29 de mayo del diario alicantino El Liberal se leía: «Comoquiera que uno de los puntos mejores para observar el eclipse era Santa Pola, allí nos dirigimos (...) a visitar los observatorios, comenzando por el de la comisión de Londres establecido en la playa, a cuyo frente se encontraba anclado el magnífico transporte inglés Theseus. Los marinos del buque se hallaban jugando al football, violento ejercicio que se realiza con una gran pelota de goma». Tan fue así que algunos estudiosos sostienen que se trata de la primera referencia que se tiene documentada sobre la introducción del fútbol en las comarcas del sur del País Valencià. Es más, años después, se constituyó en Elche un club con el nombre de «Eclipse».

Con un 80% de analfabetismo en la ciudad, la burguesía ilicitana (médicos, abogados y políticos) hizo de anfitriona de los visitantes. Uno de ellos, el prestigioso científico Camille Flamarion, un fenómeno de popularidad en los círculos científicos de la época, encabezó la expedición francesa y actuó de reclamo para el resto de observatorios europeos. 

Algunos conocidos lugares que acogieron a la numerosa comunidad científica fueron la terraza del campanario de la Basílica de Santa María, el Faro de Santa Pola y el castillo de Santa Bárbara de Alicante, la hacienda de Gervasio Torregrosa en la carretera de Crevillente, la tejera de Jaime Beltrán, en el camino viejo de Alicante, la finca del Toscar L’Hort de Villa Carmen, la Hacienda de Canales o la Fonda la Confianza. Casi ninguna de estas edificaciones sigue en pie, excepto la finca del banquero Jaime Brotons, denominada «El Pino», en la carretera de Santa Pola, también conocida como la «casa azul», que puede verse cuando se va de Elche a Santa Pola o viceversa. 

Como anécdota que acompañó a tan singular evento, el diario local El Pueblo de Elche destacó que «Varios rateros se dedicaron al lucrativo negocio de eclipsar algunas carteras. Una de las eclipsadas contenía, según rumores, 4.000 pesetas», que no eran moco de pavo para aquellos tiempos. Pese a todo, es indiscutible que en las fechas señaladas Elche se permitió el lujo de acoger y lucir un arsenal de instrumentos astronómicos, que incluía el telescopio más grande de España.

De modo que insisto en el encabezado: todo está inventado, la historia se repite, eso sí, con pequeñas o grandes variaciones.