Restaurar la naturaleza desde la voluntad política

Pocas imágenes resumen mejor el desafío ambiental del siglo XXI que la del avance silencioso del desierto. La pérdida de vegetación, la erosión del suelo y el agotamiento de los recursos hídricos, además de transformar el paisaje, comprometen la agricultura, empobrecen a las comunidades rurales y aceleran la pérdida de biodiversidad. Durante décadas se aceptó que muchos de estos procesos eran prácticamente irreversibles. Sin embargo, algunas experiencias desarrolladas en las últimas décadas en distintos lugares del mundo demuestran que, con planificación, conocimiento científico y perseverancia, la naturaleza posee una extraordinaria capacidad de regeneración. 

China ofrece probablemente el ejemplo más ambicioso. Desde 1978 impulsa la denominada Gran Muralla Verde, un gigantesco programa de restauración forestal concebido para contener el avance de la desertificación en el norte del país. Durante casi cincuenta años, millones de personas han participado en la plantación de árboles, la recuperación de suelos degradados y la gestión sostenible del territorio. Los resultados son notables: centenares de miles de kilómetros cuadrados reforestados, una reducción significativa de las áreas desertificadas y una mejora progresiva de la cobertura vegetal.

El caso chino pone de manifiesto que los grandes problemas ambientales no admiten soluciones improvisadas. La recuperación de un ecosistema requiere décadas de trabajo continuado, inversiones sostenidas y políticas capaces de sobrevivir a los cambios de gobierno. La naturaleza no responde a la premura de los ciclos electorales, sino a los ritmos más pausados de los procesos ecológicos.

Es evidente que el éxito de estas iniciativas no se explica únicamente por la magnitud de la inversión pública. Científicos y organismos internacionales coinciden en señalar que la restauración solo resulta duradera cuando involucra a las comunidades locales. Más de 300 millones de trabajadores rurales han participado en el programa chino, obteniendo ingresos económicos al tiempo que recuperaban unos territorios de los que depende su propio futuro. De ese modo  la protección ambiental deja de percibirse como una limitación para convertirse en una oportunidad económica.

Esta idea subyace en numerosos proyectos internacionales de restauración ecológica. La experiencia demuestra que la conservación difícilmente prospera cuando se opone a las necesidades básicas de las comunidades. En cambio, cuando la mejora del medio natural genera empleo, aumenta la productividad agrícola o favorece nuevas actividades económicas, la población se convierte en la primera interesada en preservar los recursos recuperados.

Por otro lado, la restauración ambiental exige también prudencia. Numerosos especialistas recuerdan que plantar árboles no siempre equivale a restaurar un ecosistema. Las repoblaciones con especies limitadas, la utilización de variedades poco adaptadas o el consumo excesivo de agua pueden producir efectos indeseados. La restauración ecológica moderna persigue reconstruir ecosistemas funcionales, recuperar la biodiversidad y favorecer procesos naturales capaces de mantenerse con una intervención humana cada vez menor.

La experiencia china no constituye un caso aislado. En las últimas décadas han surgido iniciativas de restauración ambiental que demuestran que la degradación de los ecosistemas no es necesariamente un destino irreversible. Uno de los ejemplos más estudiados es la recuperación de la Meseta de Loess, también en China. Considerada durante décadas una de las regiones más erosionadas del planeta, fue objeto de un ambicioso programa de restauración impulsado con apoyo internacional. La limitación del pastoreo, la reforestación, la construcción de terrazas agrícolas y la recuperación de la cubierta vegetal transformaron un paisaje profundamente degradado en un territorio nuevamente productivo, mejorando simultáneamente la calidad del suelo, la disponibilidad de agua y las condiciones de vida de millones de habitantes.

Otro referente es Costa Rica. A mediados del siglo XX el país había perdido más de la mitad de sus bosques debido a la expansión agrícola y ganadera. La creación de parques nacionales, los incentivos económicos a los propietarios mediante pagos por servicios ambientales y una firme apuesta por el ecoturismo permitieron invertir aquella tendencia. Hoy Costa Rica figura entre los países que han logrado recuperar una parte sustancial de su cobertura forestal, demostrando que la conservación puede convertirse también en un motor de desarrollo económico.

La Gran Muralla Verde africana representa otro intento de enorme alcance. Concebida para restaurar una extensa franja del Sahel mediante la recuperación de tierras degradadas, la plantación de especies autóctonas y el apoyo a la agricultura sostenible, el proyecto ha avanzado con resultados desiguales según los países. Allí donde las comunidades locales participan activamente y obtienen beneficios directos, los progresos son más sólidos; donde faltan recursos o carecen de estabilidad institucional, los resultados son mucho más modestos. La lección vuelve a repetirse: la restauración ecológica depende tanto de factores sociales y políticos como de criterios estrictamente ambientales.

Existen igualmente ejemplos de regeneración en espacios urbanos. La recuperación del río Cheonggyecheon, en Seúl, constituye uno de los proyectos de renaturalización más conocidos del mundo. Una autopista elevada fue sustituida por un corredor fluvial y un amplio espacio verde que redujo la temperatura urbana, mejoró la biodiversidad y transformó la calidad ambiental de la ciudad. Del mismo modo, la restauración de los humedales de los Everglades, en Florida, o la recuperación de antiguas cuencas mineras en Europa muestran que incluso los ecosistemas sometidos durante décadas a una intensa presión humana pueden recuperar buena parte de sus funciones ecológicas.

Todos estos casos comparten un denominador común: la restauración exige tiempo, conocimiento científico y una continuidad política poco frecuente. Los ecosistemas no responden a soluciones rápidas ni a actuaciones aisladas. Requieren planificación, seguimiento y capacidad para corregir errores a medida que evolucionan. 

También obligan a revisar la relación entre economía y naturaleza. Durante mucho tiempo predominó la idea de que la protección ambiental suponía un freno al desarrollo. Hoy resulta cada vez más evidente que la degradación del suelo, la pérdida de bosques, la escasez de agua o la desaparición de la biodiversidad generan costes económicos muy superiores a los de su conservación. La restauración deja así de entenderse como un gasto para convertirse en una inversión en capital natural.

No obstante, conviene evitar cualquier triunfalismo. La plantación masiva de árboles no constituye por sí misma una solución universal frente al cambio climático. Numerosos especialistas advierten de los riesgos de crear monocultivos forestales, introducir especies inadecuadas o promover actuaciones desconectadas de las características ecológicas de cada territorio. Restaurar un ecosistema significa recuperar procesos biológicos complejos, reconstruir suelos fértiles, proteger los recursos hídricos y favorecer el regreso de la biodiversidad. Los árboles son una parte importante de ese proceso, pero no su único objetivo.

El éxito de estas iniciativas demuestra, además, que la dimensión temporal constituye uno de los factores decisivos. Las políticas ambientales requieren horizontes de varias décadas, precisamente lo contrario de lo que suele favorecer la dinámica política contemporánea. Los gobiernos cambian, las prioridades presupuestarias se modifican y los resultados rara vez son visibles de manera inmediata. Sin embargo, cuando existe continuidad institucional, respaldo científico y participación ciudadana, los efectos acumulativos pueden resultar extraordinarios.

Quizá esa sea la principal aportación que ofrecen la experiencia china y otras muchas desarrolladas en distintos continentes. Frente a la percepción de que el deterioro ambiental constituye un proceso inevitable, la evidencia científica demuestra que numerosos ecosistemas conservan una notable capacidad de regeneración. La naturaleza posee mecanismos de recuperación sorprendentemente eficaces siempre que la presión humana disminuya y existan condiciones favorables para ello.

En una época definida por el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y el agotamiento de recursos naturales, restaurar ecosistemas deja de ser una aspiración idealista para convertirse en una auténtica estrategia de seguridad económica, alimentaria y territorial. No se trata únicamente de plantar árboles, sino de reconstruir la relación entre las sociedades y el territorio que las sostiene. La verdadera riqueza de estas iniciativas no reside solo en el número de hectáreas recuperadas, sino en mostrar que la degradación no siempre es irreversible. Cuando la ciencia, la voluntad política y el compromiso ciudadano convergen durante el tiempo suficiente, incluso los paisajes más dañados pueden volver a ser fértiles. Esa es, probablemente, una de las noticias más esperanzadoras de nuestro tiempo.

El 15-M que nunca terminó

Quince años después de las acampadas de la Puerta del Sol, la cuestión que vuelve a plantearse no es tanto si estamos ante un nuevo 15-M como por qué algunas de las condiciones que lo hicieron posible continúan intactas. La respuesta exige mirar más allá de la protesta concreta por la vivienda, pues lo que permanece es una fractura entre las expectativas de una parte importante de la población y su capacidad real para construir una vida autónoma y estable.

En 2011, el lema «juventud sin futuro» condensaba una experiencia generacional. La crisis financiera desencadenada en 2008 había interrumpido abruptamente una trayectoria que parecía casi garantizada: empleo, emancipación, vivienda, formación de una familia y mejora progresiva del nivel de vida. Aquella promesa no desapareció precipitadamente, simplemente dejó de cumplirse para una parte significativa de quienes habían llegado a la edad adulta durante la crisis.

La vivienda se ha convertido en la expresión más visible de esa ruptura. Los datos actuales permiten hacerse una idea de hasta qué punto. Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2025 el 44,3% de las personas de entre 26 y 34 años seguía viviendo con sus padres. Entre quienes permanecían en el hogar familiar, el 47,3% señalaba como razón principal no poder permitirse comprar o alquilar una vivienda. 

No se trata, por tanto, de una generación que tarda más en emanciparse. La prolongación de la convivencia familiar podría ser una elección individual, pero los datos muestran que para una proporción considerable de los jóvenes ciudadanos está relacionada con restricciones económicas. De modo que la autonomía personal queda condicionada por el precio de un bien básico.

Aquí emerge una diferencia importante respecto al 15-M original. Entonces la protesta se produjo en el contexto inmediato de una crisis económica devastadora y de un desempleo extraordinariamente elevado. Hoy el problema es más complejo, pues la economía ha recuperado buena parte del terreno perdido, pero el acceso a determinadas condiciones materiales de estabilidad continúa siendo muy difícil. El crecimiento económico no se traduce automáticamente en capacidad de emancipación.

La vivienda constituye el ejemplo más evidente. El Banco de España señala que el aumento de los alquileres desde 2015 ha sido especialmente intenso en las grandes áreas urbanas y que la demanda ha crecido más deprisa que la oferta. El problema afecta particularmente a jóvenes y hogares con menores ingresos. 

También la propiedad se ha alejado de las posibilidades de una parte importante de la población joven. El Informe Anual 2025 del Banco de España calculaba que la adquisición de una vivienda en España equivalía en 2024 a 6,8 años de renta neta media; y entre los jóvenes de hasta 35 años, a 7,1 años. En determinadas ciudades el esfuerzo era todavía mayor. 

Estos datos acreditan que la precariedad contemporánea no consiste únicamente en tener un salario bajo. Radica en la dificultad para transformar los ingresos obtenidos mediante el trabajo en un proyecto vital relativamente previsible. Un empleo puede permitir subsistir y, al mismo tiempo, resultar insuficiente para alquilar una vivienda, ahorrar, comprarla o afrontar la formación de un hogar.

Ahí reside una de las claves políticas y sociales del problema. El contrato implícito de las sociedades europeas de la segunda mitad del siglo XX vinculaba educación, trabajo y movilidad social. No garantizaba el éxito individual, pero ofrecía una expectativa razonable de progreso. La crisis de 2008 debilitó profundamente ese vínculo y la recuperación posterior no ha reconstruido enteramente la confianza en él.

Por eso resulta insuficiente interpretar las actuales protestas como una simple repetición estética del 15-M. Sin duda, han cambiado las generaciones, las circunstancias económicas y las formas de movilización; sin embargo, persiste una pregunta fundamental: ¿qué posibilidades ofrece ia sociedad a quienes cumplen las reglas básicas que se les han prescrito —estudiar, trabajar, formarse, contribuir— cuando tales obligaciones ya no les aseguran una autonomía material comparable a la de generaciones anteriores?

Adicionalmente, la cuestión afecta a grupos que desbordan la categoría demográfica «juventud». La dificultad para acceder a una vivienda puede afectar a trabajadores con empleos estables, a familias monoparentales, a personas migrantes o a hogares vulnerables. La precariedad ha dejado de ser la puerta de entrada a la vida adulta pudiendo convertirse en una condición que se adentra profundamente en esa etapa vital. 

De ahí que resulte erróneo considerar resuelto el problema, simplemente porque aquella generación ha envejecido. Quienes tenían veinte años en 2011 tienen hoy alrededor de treinta y cinco. Algunos han consolidado sus vidas, mientras otros muchos han encadenado empleos, alquileres, mudanzas y retrasos en proyectos familiares. Lo cierto es que la edad cronológica avanza sin que progresen paralelamente determinadas transiciones sociales, que permanecen bloqueadas.

El fracaso, por tanto, no puede medirse únicamente por la supervivencia o la extinción de una protesta. Debe medirse por la capacidad de la sociedad para transformar el crecimiento económico en seguridad material, autonomía y expectativas razonables de futuro.

En este sentido, el 15-M fue menos un episodio que un síntoma. Las tiendas de campaña desaparecieron, las organizaciones políticas cambiaron y muchos de sus protagonistas ocuparon puestos en las instituciones. Pero las preguntas que estaban detrás de aquellas plazas no desaparecieron con ellas. Algunas incluso se han hecho más concretas: ¿cuánto cuesta independizarse?, ¿cuánto tiempo se necesita para comprar una vivienda? o ¿qué parte del salario debe sacrificarse para conservar un techo?

Quince años después, quizá esa sea la verdadera continuidad del 15-M. No que vuelvan las mismas consignas, sino que persista la distancia entre la promesa de una vida autónoma y las condiciones materiales necesarias para hacerla posible. Mientras esa distancia se mantenga  o se ensanche, aquella protesta seguirá perteneciendo menos al pasado que al presente.

Defender la democracia

El ascenso de Alternativa para Alemania (AfD) ha colocado a la democracia alemana ante una paradoja que afecta también al conjunto de Europa: ¿cómo puede un sistema democrático defenderse de una fuerza política que utiliza las reglas de la democracia para cuestionar algunos de sus fundamentos sin terminar restringiendo el pluralismo que pretende proteger?

La encrucijada adquiere una dimensión particular en Alemania. La memoria del nazismo, la experiencia de la República de Weimar, la división del país durante la Guerra Fría y las dos guerras mundiales forman parte del ADN político de la República Federal. El diseño constitucional posterior a 1949 nació precisamente de la voluntad de impedir que una mayoría electoral pudiera utilizar las instituciones democráticas para destruirlas desde dentro.

Esa concepción recibe en Alemania el nombre de wehrhafte Demokratie, la democracia militante o capaz de defenderse. No significa que el Estado pueda decidir arbitrariamente qué partidos son aceptables. Significa, por el contrario, que existen límites constitucionales que ni siquiera una mayoría electoral puede franquear.

El artículo 21 de la Ley Fundamental establece que los partidos que pretendan menoscabar o eliminar el orden democrático liberal pueden ser declarados inconstitucionales. Pero la decisión corresponde exclusivamente al Tribunal Constitucional Federal. Además, desde 2017 existe una vía intermedia: la exclusión de un partido de la financiación pública.

La cautela no es accidental. El Tribunal Constitucional considera la prohibición de un partido como el arma más extrema —y también potencialmente problemática— de una democracia. En su sentencia sobre el NPD, de 2017, estableció que no basta con demostrar posiciones contrarias al orden constitucional, debe existir una actuación planificada y suficientemente relevante dirigida a erosionarlo y una posibilidad razonable de que esos objetivos puedan alcanzarse. 

En este contexto, el crecimiento electoral de la AfD modifica sustancialmente el problema. En las elecciones federales de febrero de 2025 obtuvo el 20,8% de los segundos votos y 152 escaños, frente al 10,4% de 2021. Es decir, se ha convertido en una fuerza parlamentaria de primer orden. 

Las encuestas de septiembre de 2026 muestran, además, que su crecimiento no ha sido un episodio efímero. Distintos sondeos sitúan a la AfD en alrededor del 27%-30% de expectativa electoral, aunque estas mediciones expresan el estado de la opinión pública en un momento determinado y no constituyen resultados electorales ni permiten anticipar por sí mismas un desenlace futuro. 

El fenómeno tiene también una dimensión institucional. El informe de 2024 de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución mantiene a la AfD dentro de la categoría de amenaza sospechosa de extremismo de derecha y señala que resoluciones judiciales anteriores habían considerado legal su vigilancia como tal. El proceso jurídico, sin embargo, no equivale a una declaración de inconstitucionalidad del partido, que solo puede efectuar el Tribunal Constitucional. 

Aquí aparece la primera gran dificultad: proteger la democracia no puede confundirse con eliminar electoralmente al adversario. Una prohibición sin una base constitucional sólida podría convertir a la propia democracia en víctima de las medidas adoptadas para defenderla. Pero la conclusión contraria —aceptar cualquier comportamiento en nombre de los votos obtenidos— sería igualmente problemática. El sufragio otorga legitimidad para gobernar dentro de la Constitución, no para situarse por encima de ella.

La segunda cuestión es de carácter político. Durante años, los partidos tradicionales alemanes han mantenido un cordón sanitario frente a la AfD. Existe ahora un debate sobre si aislarla puede terminar favoreciendo su crecimiento o si, por el contrario, incorporarla a responsabilidades de gobierno permitiría comprobar sus contradicciones y límites.

La experiencia comparada no ofrece una respuesta evidente. La participación institucional puede obligar a cualquier partido a transformar consignas en políticas concretas, pero también puede proporcionarle una plataforma de promoción, recursos y legitimidad adicionales. Por eso, más que recurrir a una fórmula universal, la cuestión exige analizar, caso por caso, qué consecuencias producen la cooperación y el aislamiento.

En realidad, el desafío principal para los partidos democráticos radica en recuperar su capacidad para ofrecer respuestas convincentes a los ciudadanos que sienten que las instituciones tradicionales ya no escuchan sus preocupaciones.

La AfD ha sabido explotar cuestiones como inmigración, seguridad, identidad nacional, coste de la energía, deterioro económico y desconfianza hacia las élites. Su fuerza no procede únicamente de un programa político; también reside en una determinada manera de comunicarse. Mensajes breves, indignación, identificación emocional con el ciudadano y una presencia constante en las redes sociales forman parte de su estrategia.

La democracia liberal, acostumbrada a expresarse mediante procedimientos, argumentos y compromisos institucionales, se encuentra así ante un adversario que disputa también el territorio de las emociones.

De ahí que la defensa de la democracia alemana tenga que desarrollarse en dos planos simultáneos. El primero es jurídico: independencia judicial, neutralidad administrativa, respeto de los derechos fundamentales, protección de las minorías y aplicación rigurosa de la Constitución. El segundo es político: capacidad para gobernar, explicar, escuchar y ofrecer soluciones.

Europa debería observar atentamente este proceso. Alemania no es solamente una democracia nacional sometida a una tensión interna. Es la principal economía de la Unión Europea y uno de sus centros políticos. Lo que ocurra allí afectará inevitablemente al equilibrio europeo.

La cuestión de fondo es incómoda pero a la vez esencial: una democracia no se salva únicamente prohibiendo aquello que la amenaza o tolerando lo que puede erosionarla. Se preserva haciendo funcionar sus instituciones y, al mismo tiempo, demostrando que el pluralismo, el Estado de derecho y la libertad siguen siendo capaces de responder a los problemas reales de los ciudadanos.

En definitiva, la batalla no se libra solo en los parlamentos, debe activarse adicionalmente en la sociedad: en las calles, en las escuelas, en los medios y en las redes. Una democracia que quiere defenderse necesita leyes firmes, pero requiere ante todo ciudadanos que sigan encontrando razones para defenderla.

Los confines del estado del bienestar

Existen lugares que la sociedad prefiere no mirar. Las residencias de mayores son uno de ellos. No porque en ellas ocurra necesariamente algo excepcional, sino porque condensan una verdad incómoda sobre las sociedades envejecidas: cuando la autonomía desaparece, el cuerpo se hace dependiente y la familia deja de poder cuidar, con lo que la calidad de vida pasa a depender casi por completo de una institución. Y esta, demasiado a menudo, funciona al límite de sus posibilidades.

España dispone de unas 401.644 plazas en centros residenciales, según los datos del Imserso correspondientes a 2024-2025. De ellas, el 71,6% son de financiación pública y el 28,4% privada, aunque cabe precisar que financiación pública no equivale necesariamente a gestión pública. La cobertura residencial nacional se sitúa en alrededor de 3,95 plazas por cada cien personas mayores de 65 años. Sin embargo, la cifra oculta enormes diferencias territoriales y, sobre todo, una dimensión política fundamental: la residencia no es un lujo de carácter privado, sino una pieza cada vez más necesaria del Estado social.

Es una buena noticia que la necesaria reforma de las leyes de dependencia y de discapacidad haya sido aprobada recientemente por el Congreso. Para materializarla, la Cámara baja ha dado luz verde a un tercio de los más de sesenta cambios propuestos por la oposición. Ambas leyes buscan dar autonomía a los usuarios y que puedan elegir dónde y cómo ser cuidados, incluyendo su propia casa, su barrio o su pueblo. Para ello, se refuerzan las atenciones en el hogar, se crean nuevos servicios y se modifican otros existentes. También se eliminan trabas burocráticas y se reducen los plazos legales para ser atendidos. Veremos en qué queda la implementación de estas importantes medidas.

Porque el principal problema se plantea —y así seguirá sucediendo— cuando la demanda supera a la oferta, que es lo que ocurre habitualmente. Las listas de espera convierten la necesidad en una forma de poder. Allí donde conseguir una plaza pública o concertada resulta difícil, las familias no tienen otra opción que someterse a la lógica del mercado, que les impone aceptar el precio, las condiciones y el centro que se les ofrece. De ese modo, la insuficiencia de la oferta pública produce una paradoja inquietante. Una institución que debería proteger a las personas dependientes puede acabar otorgando una posición de privilegio a quienes disponen de una plaza —o del dinero para pagarla— frente a quienes no les queda otra alternativa que esperar. 

La residencia contemporánea se parece cada vez menos al antiguo asilo de jubilados autónomos. Quien entra hoy en una de ellas suele hacerlo con sus capacidades muy mermadas, si es que no han desaparecido casi por completo. Conviven personas con deterioro cognitivo, demencias, enfermedad de Alzheimer, Parkinson, pluripatologías, movilidad muy limitada o inexistente, problemas neurológicos, dificultades de comunicación, incontinencia, fragilidad extrema o necesidad permanente de ayuda para comer, asearse, levantarse o acostarse. Muchas necesitan supervisión prácticamente continua. El resultado es una concentración extraordinaria de dependencia. El 75,5% de las personas usuarias de los servicios residenciales tiene más de 80 años y cerca del 69% son mujeres.

Todo ello afecta radicalmente a las necesidades materiales de una residencia. No basta con disponer de habitaciones, comedor y televisión. Se necesita tiempo humano para levantar a alguien de la cama, para convencerle de que coma, para cambiar un pañal, para escuchar a quien ya no encuentra las palabras, para detectar una infección antes de que se convierta en urgencia, para acompañar a quien se ha caído o tranquilizar al que está desorientado. El recurso más valioso no son, por tanto, las camas disponibles sino el tiempo profesional efectivo.

Entre otras, los déficits de plantilla tienen una consecuencia que rara vez aparece en las estadísticas: la aceleración de la vida. Es decir, equivalen a comer deprisa, ducharse deprisa, levantarse deprisa, vestirse deprisa, administrar medicación deprisa, cambiar los absorbentes deprisa... Y pasar al siguiente residente o a la sucesiva actividad.

El pasado mes de agosto, trabajadores y organizaciones profesionales denunciaron situaciones extremas en algunas residencias madrileñas, con turnos nocturnos en los que un único enfermero es responsable de cientos de residentes. Más allá de la excepcionalidad de este y otros casos, el episodio ilustra un problema estructural: las ratios formales de plantilla pueden ocultar la realidad cotidiana de bajas, vacaciones, permisos y puestos sin cubrir.

El Defensor del Pueblo lleva años señalando precisamente esta dimensión estructural, que alude a la insuficiencia de medios y de personal, problemas en la atención sanitaria, así como a la alimentación, higiene, limpieza, formación y condiciones laborales. No se trata, por tanto, de una nueva denuncia ni de una sucesión de incidentes aislados. La realidad nos situa frente a la doble contingencia de que los residentes pueden recibir menos cuidados de los que necesitan, mientras quienes los cuidan quizá  trabajan así mismo en condiciones que tampoco respetan su dignidad laboral.

Hay un caudal enorme de trabajo invisible en los cuidados. Auxiliares de geriatría, enfermeras, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, médicos, psicólogos, trabajadores sociales, personal de limpieza, cocina y mantenimiento. sostienen diariamente a un sistema extraordinariamente exigente. Es incontestable que una parte importante de ese trabajo requiere vocación. Pero la vocación no puede convertirse en una coartada para retribuir menos, exigir más y normalizar el agotamiento.

El cuidado de una persona inmóvil no es un trabajo menor. Girar un cuerpo varias veces al día, levantarlo, lavarlo, alimentarlo, cambiarlo, trasladarlo y observar sus signos clínicos exige preparación, fuerza física y responsabilidad. Cuidar a una persona con demencia requiere, además, competencias emocionales y cognitivas difíciles de medir,  cuantificar y poseer.

Cuando faltan trabajadores, el sistema sobrecarga precisamente a quienes permanecen. Aparecen así el cansancio, la rotación, las bajas y las dificultades para contratar. Y el círculo vuelve a cerrarse: peores condiciones laborales generan más dificultad para atraer profesionales; por otro lado, la precariedad de las plantillas genera condiciones de trabajo más gravosas.

La alimentación revela especialmente la tensión entre economía y cuidados. No se trata simplemente de que se ofrezca un menú bueno o malo. Para muchas personas dependientes comer puede llegar a ser una intervención sanitaria, pues exige textura adecuada, suficiente proteína, hidratación, variedad, adaptación a patologías, supervisión y tiempo.

Los informes de algunas defensorías autonómicas han reportado quejas sobre la insuficiencia o baja calidad nutricional de los menús, además de problemas relacionados con la higiene, hidratación, cambios de absorbentes, atención nocturna o pérdida de peso.

Racaneando en los recursos alimenticios, las dotaciones de personal o los equipamientos seguro que se logra un ahorro contable. Pero el coste reaparece en diferido en forma de desnutrición, infecciones, caídas, hospitalizaciones o deterioro funcional. La economía de los cuidados tiene esa particularidad: a corto y medio plazo lo barato puede resultar extraordinariamente caro.

Adicionalmente, existe una cuestión de carácter político que admite poca discusión: la escasez genera privilegio. Cuando miles de personas esperan una plaza pública, quienes finalmente la consiguen acceden a un recurso escaso cuyo valor económico y social es enorme. En Madrid, por ejemplo, en agosto de 2026 se contabilizaban más de 3.000 personas esperando una plaza residencial pública. Y debe añadirse que esta es una parcela más de las muchas integradas en el conjunto mayor de los ciudadanos pendientes del acceso a distintos servicios de atención a la dependencia. 

La residencia se convierte así en una frontera. A un lado están quienes han conseguido protección institucional; al otro, quienes continúan al cargo de familiares exhaustos, cuidadores privados o de un mercado cuyos precios resultan prohibitivos. La paradoja es evidente: cuanto más envejece la sociedad, más necesaria es la atención residencial; y cuanto más necesaria se vuelve, mayor debería ser la intervención pública para impedir que se transforme en una herramienta para discriminar.

Evidentemente, no todo puede reducirse al número de plazas o a las instalaciones disponibles. Una residencia nueva, luminosa y perfectamente equipada puede ser un lugar inhóspito si carece de suficientes trabajadores. La arquitectura importa, la accesibilidad importa, las habitaciones importan, los jardines importan... Pero lo que importa por encima de todo es la relación humana.

Una residencia digna debería parecerse menos a una institución y más a un pequeño territorio habitado por unidades reducidas, con espacios domésticos, autonomía real, contacto con el exterior, actividades significativas, privacidad y participación de las familias... Y también debería garantizar una idea elemental: la dependencia no elimina la ciudadanía. 

La persona que ya no puede caminar sigue teniendo derecho a decidir qué quiere comer. La que no puede hablar sigue teniendo derecho a ser escuchada. La que ha perdido la memoria sigue teniendo derecho a conservar su identidad. La que necesita ayuda para ducharse sigue teniendo derecho a la intimidad.

El envejecimiento de los europeos plantea una cuestión que ningún sistema sanitario puede resolver por sí solo. No estamos ante un problema médico, sino frente a una transformación social. La residencia es el lugar en que una sociedad revela cuánto está dispuesta a invertir en quienes ya no producen, consumen poco y necesitan que otros hagan casi todo por ellos. 

Por eso, el verdadero indicador cualitativo del funcionamiento de una residencia no se limita a la tasa de ocupación, a la superficie construida o al número de actividades programadas. Deberíamos preguntar cuánto tiempo dispone cada trabajador para cada residente; cuánto cobra quien realiza los cuidados directos; cuántas bajas quedan sin cubrir; cuánto se dedica realmente a alimentación y rehabilitación; cuántas horas permanece una persona sola; cuántas decisiones puede seguir tomando...

El Defensor del Pueblo ha advertido reiteradamente de que la atención residencial necesita una revisión profunda y de que los servicios deben garantizar derechos fundamentales, atención sanitaria, alimentación, higiene, seguridad y condiciones laborales dignas.

En último término, la cuestión no es cuánto cuesta una plaza residencial. La pregunta políticamente relevante es cuánto estamos dispuestos a pagar para que la última etapa de la vida de los ciudadanos no quede sometida a la lógica del mínimo coste. Porque una sociedad envejecida tiene una obligación que no puede delegar completamente en las familias ni en las empresas: garantizar que alcanzar la dependencia no equivale a perder la dignidad. 

Y quizá esa sea la prueba más exigente para cualquier Estado del bienestar: no tanto acreditar la adecuada atención a quienes pueden valerse por sí mismos, como asegurar lo que exige cuidar a quienes ya no pueden hacerlo.

¿Era de la irreversibilidad?

La tesis de Daniel Innerarity según la cual la humanidad ha entrado en la «era de la irreversibilidad» constituye una de las reflexiones más sugerentes del pensamiento político contemporáneo. Su argumento parte de una constatación poco discutible: la actividad humana ha alcanzado una escala planetaria capaz de alterar los equilibrios fundamentales de la Tierra. El cambio climático, la sexta gran extinción de especies, la degradación de los océanos o la creciente inestabilidad de los sistemas sociales y financieros indican que determinados procesos pueden haber sobrepasado umbrales críticos a partir de los cuales el retorno al estado anterior resulta imposible.

La fuerza de esta tesis reside en que rompe con uno de los supuestos fundamentales de la modernidad: la confianza en que toda intervención humana puede corregirse posteriormente. Desde la revolución científica del siglo XVII hasta la expansión industrial del siglo XX, el progreso descansó sobre la convicción de que la naturaleza constituía un sistema estable, gobernado por leyes previsibles y dotado de una extraordinaria capacidad de absorción y recuperación. Esa confianza legitimó un modelo económico basado en la explotación ilimitada de los recursos y en la expansión continua de la producción.

Sin embargo, durante las últimas décadas la ciencia ha desmontado esa visión. El concepto de «Antropoceno», desarrollado por Paul Crutzen y otros investigadores, expresa precisamente que la humanidad se ha convertido en una fuerza geológica capaz de modificar los grandes ciclos biofísicos del planeta. A ello se añade la teoría de los límites planetarios, formulada por Johan Rockström y su equipo del Stockholm Resilience Centre, según la cual varios de los procesos que garantizan la estabilidad del sistema terrestre ya han sido sobrepasados o se encuentran próximos a ello. La pérdida de biodiversidad, la alteración del ciclo del nitrógeno, el cambio climático o la transformación de los usos del suelo no son problemas independientes,  forman un peligroso entramado de interacciones cuya evolución resulta crecientemente incierta.

En este contexto, Innerarity propone abandonar la lógica del ensayo y error y sustituirla por una ética de la anticipación. La idea conecta directamente con el principio de responsabilidad formulado por Hans Jonas hace casi medio siglo. Este sostenía que el poder tecnológico alcanzado por la humanidad obliga a desarrollar una nueva moral orientada hacia las generaciones futuras. Allí donde una decisión puede producir consecuencias irreversibles, la prudencia deja de ser una virtud privada para convertirse en una exigencia política.

La propuesta posee una enorme solidez filosófica. Sin embargo, también plantea un problema que merece ser discutido. El énfasis en la irreversibilidad puede derivar, involuntariamente, hacia una visión fatalista de la historia. Si el planeta ha entrado en una fase fuera de control, ¿qué margen real queda para la acción política? ¿El discurso de la irreversibilidad no corre así el riesgo de alimentar una cultura de la impotencia colectiva?

Esta cuestión resulta especialmente relevante porque la crisis ecológica no constituye únicamente un fenómeno natural. Como ha expuesto el sociólogo Ulrich Beck en su teoría de la sociedad del riesgo, los grandes peligros contemporáneos son inseparables de las formas de organización económica, tecnológica y política. No son simples accidentes, sino productos del propio modelo de desarrollo. En consecuencia, su solución tampoco puede limitarse a la mera adaptación técnica, exige transformar las instituciones que generan esos riesgos.

Llegados a este punto, probablemente conviene formular la siguiente observación. Si bien el lenguaje de los «puntos de no retorno» posee una enorme capacidad movilizadora, no es menos cierto que simplifica procesos mucho más complejos. Los sistemas ecológicos presentan umbrales críticos, pero también muestran capacidades de resiliencia cuya magnitud continúa siendo objeto de investigación. Numerosos ecosistemas degradados han logrado recuperarse mediante políticas de restauración sostenidas. De hecho la eliminación de los clorofluorocarbonos permitió detener el deterioro de la capa de ozono; la descontaminación de grandes ríos europeos demuestra que ciertos daños ambientales pueden revertirse; la reforestación de amplias zonas de Europa evidencia que las decisiones políticas modifican significativamente las trayectorias ecológicas. Ello no significa minimizar la gravedad del cambio climático, sino rechazar la falsa alternativa entre optimismo ingenuo y pesimismo absoluto, pues la incertidumbre no justifica ni la complacencia ni la resignación.

Otro de los aspectos más originales del planteamiento de Innerarity es la noción de un «mundo gaseoso», destinado a sustituir al célebre «mundo líquido» de Zygmunt Bauman. La metáfora pretende describir un universo donde predominan los contagios, las cascadas de riesgos, las dinámicas atmosféricas y las interdependencias globales. De tal modo que los incendios forestales, las migraciones, las crisis financieras o la circulación de desinformación ya no responden a relaciones lineales de causa y efecto, sino a sistemas altamente conectados.

Esta intuición resulta extraordinariamente fecunda y encuentra numerosos paralelismos en el pensamiento de Edgar Morin, cuya teoría de la complejidad insiste en que los fenómenos contemporáneos no pueden comprenderse mediante enfoques fragmentarios. Sin embargo, la complejidad no implica ausencia de conocimiento. Muy al contrario, exige reforzar la investigación interdisciplinar, mejorar la cooperación internacional y construir instituciones capaces de afrontar problemas que ningún Estado puede resolver por sí solo.

El caso de los incendios forestales ilustra perfectamente esta necesidad. El calentamiento global crea condiciones cada vez más favorables para desatar incendios extremos, pero la magnitud del problema también depende del abandono rural, de determinadas políticas forestales, de la expansión urbanística, de la gestión del combustible vegetal y de la planificación territorial. Reducir el fenómeno exclusivamente al cambio climático sería tan simplificador como atribuirlo únicamente a las negligencias individuales.

La dimensión política del problema resulta aún más evidente cuando se analizan las desigualdades. Como recuerda el economista Thomas Piketty, las sociedades contemporáneas experimentan una concentración creciente de la riqueza y el poder. Esa desigualdad condiciona tanto la capacidad de adaptación al cambio climático como la responsabilidad en su origen. Los países y grupos sociales que menos contribuyen a las emisiones suelen ser quienes soportan sus consecuencias más severas. La irreversibilidad, por tanto, no afecta a todos por igual; está atravesada por profundas asimetrías económicas y geopolíticas.

En este sentido, la filósofa Elinor Ostrom ha demostrado que la gestión sostenible de los bienes comunes no depende exclusivamente de grandes acuerdos internacionales ni del mercado, sino también de instituciones locales capaces de generar cooperación, confianza y responsabilidad compartida. En su opinión, frente al fatalismo existe un amplio espacio para la acción colectiva.

La gran aportación de Innerarity consiste, en definitiva, en recordarnos que la política del siglo XXI ya no puede fundamentarse en la improvisación. Gobernar significa anticipar. Pero la anticipación no debe confundirse con la aceptación pasiva de un destino inevitable. La historia continúa siendo un campo abierto de posibilidades.

Tal vez la auténtica lección que ofrece nuestro tiempo no es que hayamos entrado definitivamente en la era de la irreversibilidad, sino que hemos descubierto la extraordinaria fragilidad de las condiciones que hicieron posible la civilización industrial. Reconocer esa fragilidad exige abandonar el mito del crecimiento ilimitado y sustituirlo por una concepción del progreso compatible con los límites ecológicos del planeta, con la justicia social y con una gobernanza democrática capaz de actuar antes de que los daños sean irreparables.

La cuestión decisiva no es si todavía estamos a tiempo de restaurar el mundo que conocieron las generaciones anteriores. Probablemente ese mundo ya no volverá. La verdadera pregunta es si seremos capaces de construir otro que siga siendo habitable. De la respuesta dependerá no solo el futuro del medio ambiente, sino también el de la democracia, la cohesión social y la propia idea de progreso que ha guiado a Occidente durante los últimos tres siglos.

Crónicas asíncronas de la amistad (63)

La vejez se nos ha venido encima con la sigilosa premura de aquello que, mientras acontece, apenas se deja percibir. No hubo un día señalado en el calendario íntimo de nuestra existencia en que pudiéramos decirnos: hoy comienza la vejez. No sonó alarma alguna ni se alteró, de pronto, la fisonomía del paisaje. Simplemente, unas cosas fueron retirándose de nuestra vida con la discreción de lo inevitable, mientras otras adquirían un peso, una gravedad, una resonancia que antes desconocíamos.

Primero fueron los padres. Después, los hermanos, los conocidos, los compañeros de otros tiempos, esas presencias que parecían formar parte del mobiliario perdurable de los días. Y, poco a poco, el círculo de nuestra generación fue estrechándose, como si el tiempo, con su paciente labor de desgaste, hubiese ido borrando los márgenes. Ahora somos nosotros quienes permanecemos en él, con los cuerpos más lentos y la memoria poblada de habitaciones en las que todavía resuenan las voces.

Cuando nos reunimos, las ausencias comparecen sin que nadie tenga que convocarlas. Hay sillas que ya no ocupa nadie, teléfonos que han dejado de sonar, nombres que, al irrumpir en mitad de una conversación, abren durante unos segundos un silencio de hondura imprevista. Pero ese silencio no tiene por qué ser triste. Puede ser también una forma de reconocimiento, una inclinación interior ante quienes nos precedieron y nos acompañaron: sabemos de dónde venimos  como  sabemos quiénes contribuyeron a hacernos quienes somos.

Somos septuagenarios. La palabra contiene una cifra, pero también una sedimentación de tiempo, de experiencias, de aciertos y equivocaciones, de pérdidas que nos transformaron y de alegrías que aún conservan su fulgor. Significa, asimismo, que el cuerpo ha comenzado a hablarnos con una claridad que antes era impensable. Una prótesis, unas pastillas para la circulación, una operación, la dificultad creciente para caminar, algún olvido que antes no existía. El cuerpo, que durante tantos años fue un instrumento silencioso, se ha convertido en interlocutor. Hablamos de médicos con una familiaridad que en otros tiempos reservábamos para el fútbol, las aficiones o el trabajo.

La conversación ha cambiado porque nosotros hemos cambiado. Pero hay algo esencial que permanece: seguimos llamándonos. Quizá esa sea una de las formas más sencillas y profundas de resistencia que todavía nos están permitidas. No una resistencia contra los años —los años no necesitan enemigos—, sino contra el aislamiento, contra la indiferencia, contra esa lenta reducción del mundo que puede acompañar a la vejez y hacer que la vida se vuelva, sin estrépito, más pequeña.

La ciencia ha mostrado repetidamente la importancia de las relaciones sociales significativas para el bienestar y la calidad de vida durante el envejecimiento. La Organización Mundial de la Salud ha advertido también sobre las consecuencias de la soledad y del aislamiento social. Pero nosotros no necesitamos demasiadas estadísticas para comprenderlo. Lo sabemos por experiencia, por esa forma de conocimiento que no se adquiere en los libros, sino en la intemperie de los días.

Necesitamos que alguien pregunte cómo estamos después de una operación, que alguien recuerde nuestro cumpleaños, que llame cuando llevamos demasiado tiempo sin aparecer, que sepa que detrás de un «estoy bien» puede ocultarse un día difícil, una fatiga que no se confiesa, una tristeza que no encuentra todavía palabras para expresarse.

Necesitamos testigos. Porque la amistad posee a nuestra edad una cualidad que quizá no supimos apreciar cuando éramos jóvenes: ya no se sostiene en la cantidad de tiempo que queda por delante, sino en la calidad de la presencia. Cuando éramos jóvenes, vivíamos persuadidos de que habría infinitas ocasiones para volver a encontrarnos. Ahora sabemos que cada encuentro posee un valor irrepetible. Y eso no lo hace necesariamente más triste. Lo vuelve más verdadero, más desnudo de ilusiones superfluas.

Por eso hemos aprendido a perdonarnos casi todo. No porque seamos mejores que antes, sino porque hemos descubierto que hay discusiones indignas del espacio que pretenden ocupar en una vida. Seguimos teniendo opiniones diferentes, manías, orgullos y pequeñas irritaciones. Naturalmente. Pero sabemos regresar, atravesar el breve territorio del desencuentro y volver a sentarnos juntos.

Nuestra generación tampoco fue educada para pronunciar con facilidad determinadas palabras. Aprendimos a demostrar el afecto mediante los actos. Estar era suficiente. Llevar al amigo al hospital. Llamar a su mujer. Preguntar por una prueba. Acercarse a su casa. Sentarse a su lado cuando no había nada que decir y dejar que el silencio hiciera por nosotros lo que las palabras no sabían hacer. La amistad verdadera tiene poco que ver con las grandes declaraciones. Tiene que ver con la permanencia.

A veces alguno llega al encuentro con una tristeza que no explica. No preguntamos demasiado. Sabemos que hay dolores que necesitan compañía y no interrogatorios, una presencia que no invada, una cercanía que no exija confesiones. Hablamos de cualquier cosa: una noticia, un recuerdo, una comida, una tontería. Al cabo de una hora quizá se haya reído.

No hemos arreglado su vida, pero hemos compartido una hora. Y a estas alturas sabemos que una hora compartida puede ser una cosa extraordinariamente valiosa, casi una forma menor de salvación. No podemos detener el paso del tiempo. Tampoco podemos impedir que nuestros cuerpos cambien ni que aparezcan dificultades que antes no estaban. Pero podemos decidir qué hacemos con el tiempo que todavía nos pertenece.

Podemos sentarnos juntos, comer, tomar una copa, discutir, reírnos de nuestras propias limitaciones, hablar de los que ya no están y regresar después a cualquier asunto cotidiano. Podemos continuar. Quizá continuar sea una de las palabras más hermosas de esta etapa de la vida. Porque existe una tentación, cuando los años se acumulan, de comenzar a vivir hacia atrás; de convertir el pasado en el único territorio habitable, de hablar demasiado de lo que fuimos, de lo que tuvimos, de los lugares donde estuvimos, de las personas que compartieron aquella época. Los recuerdos son necesarios, pero no deberían convertirse en una habitación cerrada, sin ventanas hacia el porvenir.

Nosotros queremos recordar sin instalarnos en el recuerdo. Queremos que el pasado sea una raíz, no una cadena. Por eso seguimos haciendo planes. Pequeños planes: una comida, una excursión, una visita, un viaje que quizá podamos realizar, un libro que queremos leer, un vino guardado para una ocasión, una conversación pendiente. Nada de eso parece extraordinario visto desde fuera.

Pero quizá la vida siempre haya estado hecha de esas pequeñas cosas, de esa materia humilde con la que los días, sin anunciarlo, construyen su sentido.

Hemos aprendido que el futuro no necesita ser grandioso para merecer la pena. Basta con que conserve alguna posibilidad: un calendario con una fecha señalada, una mesa preparada para varios, un teléfono que todavía puede sonar, un amigo que dice: «El mes que viene nos vemos».

Y entonces aparece una forma distinta de esperanza. No la esperanza ingenua de volver a ser quienes fuimos, porque ya no somos aquellos hombres. Es otra cosa, más sobria y acaso más profunda: aceptar lo vivido y, al mismo tiempo, mantener entreabierta la puerta de lo que todavía puede suceder.

Somos los que seguimos encontrándonos. Y quizá nuestra manera más obstinada y hermosa de enfrentarnos al tiempo sea precisamente esa: continuar reuniéndonos. No para detener los años, sino para llenarlos. No para recuperar nuestra juventud, sino para descubrir qué puede ofrecernos esta edad. No para vivir de espaldas al pasado, sino para llevarlo con nosotros mientras seguimos avanzando.

Cada uno conserva dentro de sí una parte de la historia común. Y cada encuentro vuelve a ponerla en circulación, como si la memoria, al ser compartida, recuperara por un instante su antigua respiración.

Mientras podamos decir «nos vemos el próximo mes», el futuro seguirá teniendo una pequeña cita esperándonos. Y quizá eso sea suficiente. Una mesa. Unos amigos. Una conversación que se prolonga más de lo previsto. Una risa inesperada. Y la certeza, sencilla y poderosa, de que todavía estamos aquí.

Todavía aquí. Todavía juntos. Todavía capaces de elegirnos frente al silencio.

Que pasen los años. Que se estreche el círculo. Que falten nombres y sobren recuerdos. Mientras una voz diga «nos vemos», mientras una silla aguarde a alguien, mientras podamos reunirnos y reconocernos, la vida no habrá terminado de retirarse.

Seguimos aquí.

Y mientras sigamos llamándonos, el tiempo —por mucho que avance— no tendrá la última palabra.

Goya: La familia de D. Luis de Borbón

La ilusión de las fronteras digitales

La decisión de algunos países occidentales de restringir el acceso de los menores a las redes sociales se ha presentado como una respuesta necesaria a los crecientes problemas de salud mental, adicción digital y exposición a contenidos nocivos. Francia ha dado recientemente un paso significativo en esta dirección al exigir mecanismos efectivos de verificación de edad para impedir el acceso de los menores de 15 años a determinadas plataformas. Y España estudia medidas similares. Sin embargo, este debate, aparentemente centrado en la protección de la infancia, encubre una problemática mucho más profunda: la crisis de gobernanza de un espacio digital, que ha adquirido una dimensión global mientras sigue regulado desde marcos nacionales.

La imagen de internet como un territorio sin ley, evocada por numerosos dirigentes políticos, resulta engañosa. No estamos ante un vacío de poder sino ante la necesidad de una redistribución del mismo. Las plataformas digitales se han convertido en actores con una capacidad de influencia comparable, y  en ocasiones superior, a la de muchos Estados. Controlan flujos, determinan qué contenidos alcanzarán visibilidad y poseen una capacidad sin precedentes para modelar comportamientos individuales y colectivos.

Durante décadas se pensó que internet favorecería la aparición de una esfera pública global más abierta, participativa y democrática. En parte, esa promesa se ha cumplido. Millones de jóvenes, y no tan jóvenes, mantienen relaciones, intercambian conocimientos y participan en debates que trascienden las fronteras nacionales. Plataformas inicialmente concebidas para el ocio o la comunicación privada han servido también para organizar movilizaciones políticas, campañas sociales y movimientos ciudadanos.

Sin embargo, esta dimensión emancipadora convive con una realidad menos ilusionante. La arquitectura de las principales plataformas no se ha diseñado para fortalecer la deliberación democrática, sino para maximizar el tiempo de permanencia de los usuarios en ellas. La economía digital contemporánea descansa sobre la captura de la atención humana. Cuanto más tiempo permanece una persona conectada, más datos genera y más rentable resulta para las empresas tecnológicas.

Esta lógica económica tiene consecuencias políticas. Los algoritmos tienden a premiar los contenidos capaces de provocar reacciones emocionales intensas, favoreciendo la polarización, la simplificación de los debates públicos y la difusión acelerada de los rumores o la desinformación. Por tanto, la cuestión esencial no reside únicamente en quiénes acceden a las plataformas, sino muy especialmente en su propio diseño .

Las iniciativas para limitar el acceso de los menores responden a riesgos reales, pero corren el peligro de actuar exclusivamente sobre los síntomas sin abordar las causas estructurales del problema. Además, se enfrentan a una dificultad evidente: internet es global mientras que las leyes siguen siendo nacionales. La expansión de las redes privadas virtuales (VPN) ilustra esta contradicción. Cualquier usuario puede eludir con relativa facilidad restricciones impuestas por un país conectándose a través de servidores ubicados en otro. Lo ocurrido en Australia, donde las descargas de estos servicios se dispararon tras anunciarse nuevas prohibiciones para menores, demuestra la endeblez de los límites prácticos de las regulaciones aisladas.

El problema no es únicamente jurídico. Cuando los usuarios abandonan espacios sometidos a regulaciones relativamente exigentes y se trasladan a entornos menos controlados quedan expuestos a riesgos mayores. Las campañas de desinformación, las operaciones de influencia extranjera y las estrategias de guerra cognitiva encuentran terreno fértil precisamente en los ecosistemas digitales donde la supervisión pública es más débil.

Todo ello refleja una transformación más amplia del orden internacional. Las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China, la creciente instrumentalización de la tecnología con fines estratégicos y la erosión de los mecanismos tradicionales de cooperación internacional tienen su reflejo directo en el mundo digital. Internet ya no puede entenderse como un espacio separado de la política mundial. Es uno de sus principales escenarios.

En este contexto, las plataformas digitales se han convertido en infraestructuras esenciales de la vida social, económica y política. Regularlas exige algo más que establecer límites de edad o reforzar los controles de acceso. Requiere replantear los incentivos económicos que gobiernan el ecosistema digital y construir mecanismos de cooperación internacional capaces de actuar sobre actores cuyo poder trasciende las fronteras estatales.

La cuestión nuclear no es si los Estados deben intervenir, sino cómo deben hacerlo sin caer en la ilusión de que los problemas globales pueden resolverse mediante respuestas exclusivamente nacionales. La experiencia demuestra que las fronteras físicas son cada vez menos eficaces para contener dinámicas que se desarrollan en espacios digitales transnacionales.

La regulación seguirá siendo necesaria. Pero solo será verdaderamente eficaz si parte de una premisa fundamental: las plataformas no son simples empresas tecnológicas ni las redes sociales son meros instrumentos de comunicación. Ambas constituyen estructuras de poder que participan activamente en la configuración de nuestras sociedades. Y, como toda estructura de poder, exigen mecanismos de control acordes con la escala de su influencia.