La democracia no está a salvo

La deriva institucional de Estados Unidos y el avance de fuerzas iliberales en Europa revelan una crisis que va más allá de la alternancia entre izquierda y derecha. Está en juego el respeto a las reglas que hacen posible la democracia.

Durante décadas, Estados Unidos fue considerado uno de los principales referentes de la democracia liberal. Su Constitución, la separación de poderes, la independencia judicial y la libertad de prensa constituían un modelo de estabilidad institucional. Europa, por su parte, construyó después de la Segunda Guerra Mundial un proyecto político bas8ado en el pluralismo, los derechos fundamentales y el Estado de derecho.

Hoy ambos espacios comparten una inquietante realidad. En ellos la democracia no está desapareciendo abruptamente, mediante golpes de Estado o revoluciones, sino que se deteriora desde dentro, utilizándose los mecanismos de poder que ella misma proporciona.

La segunda presidencia de Donald Trump ha convertido esta posibilidad en una preocupación central. Pero sería un error interpretar lo que sucede en Estados Unidos como una anomalía privativa de este país. El debilitamiento de los contrapesos institucionales, la polarización social, el nacionalismo excluyente y la desconfianza hacia los medios de comunicación y la justicia forman parte de una tendencia internacional que también afecta a Europa.

Estados Unidos: el poder presidencial frente a las instituciones

La preocupación fundamental no reside en que Donald Trump represente una opción conservadora, nacionalista o populista. Todas tienen legítima cabida en una democracia. El problema se suscita cuando el ejercicio del poder pretende situarse por encima de las instituciones que deben limitarlo.

Los politólogos Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, en Cómo mueren las democracias (2008), explicaron que las actuales pueden erosionarse mediante procedimientos legales en apariencia. El mecanismo consiste en debilitar progresivamente los controles, cuestionar la legitimidad de los adversarios y convertir las instituciones independientes en instrumentos al servicio de la mayoría gobernante.

La experiencia estadounidense ofrece elementos preocupantes, como la presión sobre los organismos federales, los conflictos con el poder judicial, la utilización expansiva de las competencias presidenciales y la deslegitimación de quienes ejercen funciones de control.

El informe de 2026 del instituto sueco V-Dem (Varieties of Democracy) señala que Estados Unidos ha experimentado un retroceso democrático extraordinariamente rápido. Su índice de democracia liberal cayó un 24% en un solo año, y el país pasó del puesto 20 al 51 en la clasificación de 179 Estados. El informe identifica como principales problemáticas la concentración presidencial del poder, la politización de la Administración y las presiones sobre la justicia, la prensa y la sociedad civil. 

Todo ello no significa que Estados Unidos haya dejado de ser una democracia electoral, significa que sus mecanismos tradicionales de protección están sometidos a una presión excepcional.

La nueva normalidad electoral

En esa coyuntura, uno de los aspectos más delicados es la transformación de las elecciones en un campo de confrontación sobre las propias reglas del sistema.

La investigación de Dari Sylvester Tran, que recoge su libro Unrigging American Elections (2019), ayuda a comprender que la calidad democrática no depende únicamente del correcto escrutinio de los sufragios. También exige garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto en condiciones razonablemente equitativas. El problema estadounidense es que asuntos como el voto por correo, la inscripción electoral, la distribución de los colegios y la delimitación de los distritos han adquirido una dimensión partidista creciente.

La negativa de Trump a reconocer su derrota en 2020 y el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 mostraron las consecuencias extremas que conlleva cuestionar la legitimidad electoral. La democracia exige incertidumbre sobre quién gana los comicios, pero no sobre la aceptación de las reglas ni sobre la validez de los resultados electorales. 

Los comicios legislativos que se celebran la próxima semana serán por ello una prueba fundamental. Como advierte un análisis publicado en Political Science Quarterly el pasado septiembre, la preocupación no se limita a quién obtendrá la mayoría parlamentaria, sino también a si los comicios se desarrollarán en condiciones plenamente justas y si sus resultados serán respetados. 

Europa: el espejo que preferimos no mirar

Europa no puede contemplar estos  acontecimientos con la tranquilidad de quien observa un problema ajeno. El informe sobre la democracia de V-Dem de 2026 identifica siete Estados miembros de la Unión Europea afectados por procesos de autocratización, además de el Reino Unido y Estados Unidos. Entre los países incorporados a esa tendencia figuran Italia, Croacia, Eslovaquia y Eslovenia. 

El caso de Hungría, durante el prolongado liderazgo de Viktor Orbán, constituye una referencia especialmente ilustrativa. La progresiva concentración del poder, las interferencias en la independencia judicial, las limitaciones al pluralismo informativo y las modificaciones de las reglas electorales muestran cómo puede mantenerse la apariencia de normalidad democrática mientras se alteran sus condiciones esenciales. La experiencia húngara ha demostrado, además, las dificultades de la Unión Europea para responder eficazmente cuando uno de sus gobiernos cuestiona los principios que fundamentan la propia organización.

Pero no se trata solamente de Hungría. Italia, Eslovaquia y otros países europeos muestran tensiones relacionadas con la independencia judicial, la libertad de prensa, la protección de las organizaciones civiles y el respeto a los mecanismos de control. El informe de 2026 de la Comisión Europea sobre el Estado de derecho examina precisamente estas cuestiones en los 27 Estados miembros. La justicia, la lucha contra la corrupción, el pluralismo informativo y los contrapesos institucionales son los cuatro pilares fundamentales de su evaluación. La conclusión es preocupante porque ninguna democracia europea dispone de inmunidad estructural frente a la erosión institucional.

El populismo y la crisis de representación

Sería una respuesta muy superficial atribuir todos estos problemas a la expansión de la extrema derecha. La crisis de representación tiene raíces más profundas y responsabilidades distribuidas, que han alimentado el descontento, la desigualdad económica, la precariedad laboral, la pérdida de expectativas de las clases medias, las dificultades de acceso a la vivienda, el deterioro de los servicios públicos y la percepción de que las élites políticas viven alejadas de los problemas cotidianos. Y cuando los partidos tradicionales no ofrecen respuestas convincentes, prosperan los movimientos que prometen soluciones inmediatas, identifican enemigos y presentan las instituciones como obstáculos para la materializacion de la voluntad popular.

El populismo explota la flagrante contradicción existente en el seno de las democracias que, aunque reconocen formalmente la igualdad política, no logran evitar que muchos ciudadanos experimenten desigualdades económicas y sociales que limitan su capacidad efectiva de participar en la vida pública.

Frente a esa paradoja, la respuesta no puede consistir en sustituir el pluralismo por el liderazgo personalista. La voluntad de la mayoría es imprescindible, pero no ilimitada. Una democracia auténtica también protege a las minorías, garantiza derechos que no dependen de los resultados electorales y establece límites al poder de los gobernantes.

En este punto, resulta especialmente útil recordar el pensamiento de Jürgen Habermas (Facticidad y validez, 1992). Su concepción de la democracia deliberativa recuerda que la legitimidad política no procede exclusivamente del recuento de votos, sino también de la existencia de un espacio público libre donde las decisiones puedan discutirse, cuestionarse y justificarse.

Europa necesita una estrategia democrática propia

La evolución estadounidense plantea a Europa un desafío que es simultáneamente político, institucional y geoestratégico.

En primer lugar, debe reforzar sus mecanismos de protección del Estado de derecho. No basta con elaborar informes anuales y formular recomendaciones. La Comisión y el Consejo necesitan instrumentos efectivos para reaccionar ante vulneraciones persistentes, sin aplicar criterios partidistas ni excepciones interesadas.

En segundo lugar, es imprescindible proteger la independencia judicial, el pluralismo de los medios de comunicación y la autonomía de las instituciones de supervisión. La libertad de prensa y la independencia de los tribunales no son privilegios corporativos, son garantías de los ciudadanos frente a los abusos del poder.

En tercer lugar, la democracia debe recuperar capacidad de respuesta social. No puede limitarse a defender sus procedimientos mientras se desentiende de las condiciones materiales de la vida de los ciudadanos. La vivienda, la educación, la sanidad, el empleo digno y la reducción de las desigualdades son también componentes de su legitimidad.

Finalmente, Europa necesita mayor autonomía estratégica. Thomas Carothers, investigador de Carnegie Endowment, ha advertido de que el retroceso democrático estadounidense puede debilitar su influencia internacional, la confianza de sus aliados y la continuidad de sus compromisos exteriores. Una democracia institucionalmente debilitada también puede convertirse en un socio internacional menos previsible. 

Defender la democracia antes de que sea demasiado tarde

La historia europea del siglo XX demuestra que las instituciones democráticas pueden desaparecer con una rapidez inusitada mientras funcionan con aparente normalidad. Consecuentemente,  la lección a aprender no consiste en establecer equivalencias entre situaciones históricas diferentes, sino en comprender que ninguna conquista política es irreversible.

Estados Unidos y Europa afrontan circunstancias distintas, pero comparten una misma responsabilidad: impedir que la competencia electoral se transforme en una lucha por apropiarse permanentemente del Estado.

La democracia exige alternancia, controles, derechos, pluralismo y aceptación de la derrota. También necesita dirigentes dispuestos a reconocer que el adversario político no es un enemigo de la nación y que ganar unas elecciones no significa recibir un cheque en blanco.

El mayor peligro no es que las democracias elijan gobiernos conservadores, progresistas o populistas. Es que esos gobiernos, cualquiera que sea su orientación, pretendan modificar las reglas para perpetuarse en el poder.

La democracia no muere necesariamente cuando dejan de celebrarse elecciones. Puede empezar a extinguirse cuando las elecciones siguen celebrándose, pero dejan de garantizar que todos tengan las mismas posibilidades de competir y que el poder pueda perderse. Esa es la advertencia que llega hoy desde Estados Unidos y que Europa debería escuchar antes de que resulte demasiado tarde.

El valor educativo del «no»

Entre el autoritarismo de otras generaciones y la permisividad de algunos modelos actuales, la educación tal vez necesita redefinir sus límites sin renunciar al respeto, al diálogo y a la autonomía infantil.

Hay palabras que una determinada sociedad destierra por los daños que ocasionaron en el pasado y que, años después, precisa recuperar para intentar reutilizarlas. El «no» es una de ellas. En el mundo occidental (no solo en él), durante décadas, muchos niños crecieron sometidos a una autoridad incuestionable, a prohibiciones arbitrarias y a castigos que confundían obediencia con educación. Hoy, en buena parte de las familias, existe una voluntad legítima de romper con aquel modelo. Sin embargo, en numerosas ocasiones, la reacción contra el autoritarismo ha conducido al extremo contrario, creciendo la dificultad para establecer límites sin sentirse culpable.

En un reciente artículo publicado en La Vanguardia, la periodista Eva Millet planteaba una cuestión que merece una reflexión pausada: ¿podemos educar respetando plenamente a los niños si evitamos sistemáticamente contrariarlos? La respuesta exige distinguir entre conceptos inequivalentes, como lo son autoridad y autoritarismo, o respeto y permisividad. Confundirlos puede perjudicar tanto a los niños como a sus progenitores.

Las heridas de una educación autoritaria

Los datos ayudan a comprender el origen de esta transformación. Un estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) advierte que el 49,1 % de los españoles recuerda haber sufrido insultos, humillaciones o menosprecios durante la infancia o la adolescencia, un 32,6 % afirma haberse sentido ignorado y cerca del 30 % recuerda haber recibido una insuficiente atención emocional o haberse sentido poco querido. Estas experiencias explican, al menos parcialmente, el rechazo actual a las formas tradicionales de autoridad. Muchos padres desean que sus hijos crezcan sin miedo, puedan expresar sus emociones y participen en las decisiones que les afectan. Esta actitud supone un avance educativo incuestionable.

El problema se suscita cuando la voluntad de evitar el sufrimiento impone la obligación de impedir cualquier frustración. Con ello se pasa de cuestionar la autoridad abusiva a sospechar de cualquier autoridad; de rechazar el castigo humillante a renunciar a las consecuencias educativas de las sanciones; de escuchar al niño a convertir sus deseos en órdenes. Frente a ello, la alternativa no consiste en volver al pasado, sino en aprender de los errores sin renunciar a la responsabilidad adulta.

Lo que dice la investigación

La evidencia científica ofrece argumentos para sostener esta posición. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en una revisión de estudios sobre estilos parentales, distingue entre modelos autoritarios, permisivos, negligentes y democráticos. Estos últimos combinan afecto, comunicación y sensibilidad hacia las necesidades infantiles con expectativas claras y límites consistentes.

El trabajo de Hannah Ulferts, analista de políticas públicas, editado por la OCDE en 2020, incorpora los resultados de la revisión de 29 metaanálisis y 81 estudios cuantitativos. Su conclusión general destaca la importancia de combinar calidez, autonomía apropiada para la edad y estructura para favorecer el desarrollo saludable de niños y adolescentes. No obstante, los resultados varían según las circunstancias individuales, familiares y culturales.

La investigación, por tanto, no respalda la idea de que querer bien signifique concederlo todo. Tampoco justifica la disciplina basada en el miedo. Lo autenticamente relevante es cómo se ejerce la autoridad, con qué propósito y dentro de qué relación afectiva.

Por su parte, el Consejo de Europa define la parentalidad positiva mediante principios complementarios, entre ellos el cuidado, el reconocimiento, la orientación, el fortalecimiento de las capacidades infantiles y el establecimiento de límites que permitan el desarrollo pleno del niño. Según él, la ausencia de violencia no equivale a la proscripción de las normas.

La frustración también educa

La psicóloga infantil Ana Aznar, citada por Millet, sostiene que educar exige amor y límites. La docente Elisa Molina, coautora de Dopaminados (2026), un texto con orientaciones para gestionar la frustración infantil, advierte de que respetar a un niño no significa ahorrarle cualquier malestar, sino acompañarlo mientras aprende a convivir con la realidad. Esta distinción resulta fundamental. La frustración no es necesariamente una experiencia perjudicial que deba evitarse a toda costa. Cuando es proporcionada, comprensible y está acompañada de afecto, puede ayudar al niño a desarrollar paciencia, tolerancia a la espera, capacidad de adaptación y regulación emocional.

Esperar para recibir un juguete, aceptar que una actividad ha terminado, compartir con otros o asumir una consecuencia razonable son experiencias cotidianas en las que se aprende que los deseos individuales conviven con las necesidades ajenas. No se trata de provocar frustraciones deliberadamente ni de endurecer a los niños, sino de no interpretar cada contrariedad como un daño psicológico. La función educativa de los adultos incluye ayudar a gestionar emociones desagradables, no garantizar que nunca aparezcan. Un niño que se enfada porque no obtiene lo que quiere necesita que sus sentimientos sean reconocidos, pero no que su enfado determine necesariamente la decisión familiar. Podemos comprender su disgusto sin modificar una norma razonable para hacerlo desaparecer.ĺ

Padres agotados, hijos sin referencias

Millet señala otra cuestión relevante. Algunas interpretaciones de la llamada «crianza respetuosa» imponen a los progenitores una exigencia difícil de sostener. Deben validar todas las emociones, evitar cualquier reacción de enfado y gestionar cada conflicto mediante una negociación permanente. El temor a equivocarse puede convertir la crianza en una prueba continua de competencia moral. La preocupación no es menor. Las recomendaciones educativas deberían ayudar a las familias, no someterlas a ideales de perfección inalcanzables. Los padres también se cansan, cometen errores y necesitan apoyo. Un grito ocasional no define por sí solo una relación familiar, aunque convenga reparar el daño causado y aprender a gestionar mejor los conflictos.

La Organización Mundial de la Salud, en sus directrices de 2023 sobre intervenciones de apoyo a la crianza, destaca la utilidad de los programas basados en la evidencia para reducir el maltrato y las prácticas educativas severas, mejorar la relación entre padres e hijos y prevenir dificultades emocionales y conductuales. Educar mejor no depende únicamente de la voluntad individual, también requiere orientación profesional y recursos accesibles.

Un «no» razonado, no una prohibición permanente

Recuperar el valor educativo del «no» en absoluto significa convertirlo en una respuesta automática. Nora Kurtin, autora de No, porque te quiero (2026), un libro con orientaciones para preparar la adolescencia, propone precisamente seleccionar las cuestiones verdaderamente importantes para cada familia. Ahí reside una de las claves. Los límites deben ser comprensibles, proporcionados y coherentes con la edad del niño. Han de proteger su seguridad, facilitar la convivencia y enseñar responsabilidad. Siempre que sea posible, conviene explicar las razones, escuchar las objeciones y permitir que los hijos participen en las decisiones adecuadas a su madurez.

La firmeza no excluye la ternura. Una norma puede mantenerse sin humillar, amenazar ni ridiculizar. Y cuando una decisión admite alternativas, ofrecerlas permite desarrollar autonomía sin abdicar de la responsabilidad adulta. La educación democrática comienza en casa cuando los niños descubren que su opinión importa, pero también que los demás tienen derechos y que convivir obliga a aceptar reglas compartidas.

En definitiva, educar no consiste en fabricar niños permanentemente felices, sino en ayudarlos a adquirir capacidades para afrontar una realidad que no siempre satisfará sus expectativas. El amor no elimina los límites, les da sentido. Y el respeto no consiste en evitar todos los conflictos, sino en resolverlos sin negar la dignidad de nadie. Un «no» que protege, orienta y se explica puede ser una forma de amor. Un «sí» concedido por miedo a la frustración puede convertirse, paradójicamente, en una renuncia a educar.

De adversarios y enemigos

En las elecciones del 29-N se decide algo más que un Gobierno: ponen a prueba la convivencia democrática, la responsabilidad de las élites políticas y nuestra capacidad para frenar la normalización del odio.

Hay elecciones en las que se confrontan programas, se discuten políticas públicas y se decide quién debe gobernar. Otras plantean cuestiones de mayor calado: qué democracia queremos preservar y cuáles son los límites que ninguna mayoría debería traspasar. Las elecciones generales del 29 de noviembre pertenecen, en buena medida, a esta segunda categoría.

En su artículo «Lo que se juega el país», publicado en El País (20 de octubre), el catedrático Ignacio Sánchez-Cuenca advierte de una transformación preocupante de la vida pública española, causada por el regreso de la intolerancia, la banalización del insulto, la hostilidad hacia los más vulnerables y la creciente deslegitimación del adversario político. Su diagnóstico merece atención porque invita a distinguir responsabilidades, evitar simplificaciones y reconocer que la defensa de la democracia comienza también por someter a examen nuestras propias convicciones.

Del adversario al enemigo

La democracia no exige concordia permanente, ni impone una cortesía artificial. Requiere algo más sustancial, como es reconocer la legitimidad de quien piensa de manera diferente, aceptar las reglas comunes y admitir que el poder puede cambiar de manos sin que el país se convierta por ello en territorio enemigo.

En España, el insulto personal ha ido desplazando con demasiada frecuencia a la argumentación. Consignas como «que te vote Txapote», descalificaciones contra el presidente del Gobierno y acusaciones de tiranía han contribuido a normalizar un lenguaje que reduce la política a una confrontación moral entre supuestos patriotas y presuntos traidores.

No es una cuestión de sensibilidad verbal. El problema estalla cuando la descalificación sustituye a la crítica, la sospecha ocupa el lugar de la prueba y la derrota del adversario parece justificar cualquier procedimiento.

Sánchez-Cuenca, certeramente, atribuye a las derechas una responsabilidad principal en esta degradación. Hay razones para examinar críticamente el papel de dirigentes que han legitimado insultos, alimentado sospechas sobre las instituciones o evitado condenar determinadas prácticas de sus seguidores. Pero el rigor obliga a no convertir esa denuncia en una absolución general de la izquierda. También esta debe responder por sus errores, sus excesos retóricos y cualquier otra conducta debilitadora del pluralismo.

La equidistancia no siempre es justa, pues las responsabilidades pueden ser desiguales. Pero tampoco lo es sustituir el análisis de las conductas por una condena indiscriminada de todo un espacio político. Lo importante es aplicar criterios democráticos exigentes a todos, con independencia de su orientación ideológica.

La intolerancia se revela ante los vulnerables

Uno de los argumentos más incisivos del artículo mencionado es la comparación entre la reacción social a los atentados del 11-M de 2004 y las actitudes observadas durante la crisis migratoria de Ceuta en 2026. Sánchez-Cuenca contrapone la ausencia de una reacción generalizada de violencia antimusulmana tras los atentados con la aparición de comportamientos racistas y excluyentes ante la llegada de inmigrantes.

La comparación invita a preguntarnos qué ha cambiado en nuestra relación con quienes consideramos diferentes.

Es legítimo defender el control de las fronteras, exigir una política migratoria eficaz y reclamar a las instituciones que garanticen la seguridad. Ningún Estado está obligado a renunciar a esas responsabilidades. Pero la gestión de la inmigración no puede convertirse en una autorización para deshumanizar a las personas ni para considerar irrelevantes sus derechos fundamentales.

La muerte de migrantes que intentan alcanzar nuestras costas debería interpelarnos como sociedad. No se trata de eliminar las discrepancias sobre las políticas migratorias, sino de impedir que el origen, la religión o la situación administrativa de una determinada persona sirvan para privarla de toda consideración moral.

Una democracia se mide tanto por la protección que ofrece a sus ciudadanos como por los principios que sostiene cuando se enfrenta a quienes carecen de poder, recursos o reconocimiento social.

El caso de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años fallecida después de un desahucio que había despertado una amplia solidaridad, plantea una cuestión semejante. Es legítimo discutir las circunstancias jurídicas del procedimiento y exigir responsabilidades a las administraciones. Lo inadmisible es ridiculizar a una persona vulnerable, atribuirle intenciones fraudulentas sin pruebas o alimentar teorías conspirativas sobre su muerte.

Cuando incluso el sufrimiento de una anciana se interpreta exclusivamente en función de su utilidad electoral, algo esencial se ha deteriorado. La compasión no exige compartir una ideología, pero sí reconocer la dignidad de quien sufre.

Criticar al Gobierno sin destruir la legitimidad institucional

Defender la democracia tampoco significa proteger al Gobierno de las críticas. El Ejecutivo de coalición ha cometido errores importantes, ha gestionado deficientemente problemas como el de la vivienda, ha afrontado casos de corrupción que requieren explicaciones y ha promovido decisiones controvertidas, entre ellas la amnistía, sobre cuya conveniencia y efectos existe una legítima discrepancia política.

Sus resultados económicos, laborales y sociales deben evaluarse con datos y no mediante adhesiones partidistas. Allí donde haya mejoras, corresponde reconocerlas; donde existan fracasos, abusos o responsabilidades, cabe exigir cuentas.

La oposición cumple una función imprescindible. Puede combatir las leyes del Gobierno, reclamar elecciones, proponer alternativas y denunciar cualquier actuación contraria a la Constitución. La crítica severa no debilita necesariamente la democracia, bien al contrario, contribuye a fortalecerla.

La frontera de la intolerancia se cruza cuando se presenta al Ejecutivo como ilegítimo por definición, cuando se cuestiona la limpieza electoral sin pruebas suficientes o se atribuyen delitos y conspiraciones sin fundamento. Si cada derrota se explica como resultado de un fraude y cada decisión adversa como una traición, desaparece la posibilidad de aceptar una alternancia pacífica.

La democracia no exige confiar ciegamente en las instituciones. Exige fiscalizarlas, preservar su independencia y fundamentar las acusaciones. La desconfianza puede ser saludable cuando conduce a investigar, pero resulta destructiva cuando se convierte en una certeza que ninguna evidencia logra remover.

La responsabilidad de quienes alimentan la confrontación

La degradación del debate público no es obra exclusiva de los partidos. Dirigentes, medios de comunicación, comentaristas y ciudadanos participan de un ecosistema en el que la provocación genera audiencia, la indignación proporciona identidad colectiva y la difusión de falsedades puede reportar beneficios políticos.

Se genera así una espiral que se retroalimenta. Los dirigentes estimulan la hostilidad de sus seguidores y estos premian a quienes la intensifican. Las redes sociales aceleran el proceso, pero no lo explican por completo. Detrás de cada mensaje hay decisiones, intereses y responsabilidades.

Romper esta dinámica exige que los partidos condenen las amenazas y los insultos, rectifiquen las falsedades propias y acepten los resultados electorales. Los medios deben distinguir entre información y propaganda, verificar las acusaciones y evitar que el espectáculo de la confrontación sustituya al análisis sosegado. Los ciudadanos, por su parte, debemos desconfiar de los mensajes que confirman fácilmente nuestros prejuicios. No se trata de aspirar a una política sin pasión, sino de impedir que la pasión destruya las condiciones que permiten convivir en libertad.

El 29-N y lo que viene después

Las elecciones decidirán la composición del Gobierno y el rumbo de las políticas públicas. Pero también ofrecerán una medida de nuestra disposición para tolerar determinadas prácticas y de la importancia que concedemos a las reglas compartidas.

Ningún partido posee el monopolio de la democracia. Ninguna ideología está por encima de la ley. Ninguna mayoría tiene derecho a silenciar a las minorías y ninguna oposición puede arrogarse la facultad de invalidar una victoria electoral porque no se ajuste a sus expectativas.

La democracia rara vez desaparece de un día para otro. Bien al contrario, se erosiona gradualmente cuando la mentira se normaliza, la humillación se convierte en entretenimiento, las instituciones se transforman en armas partidistas y la desgracia ajena deja de suscitar compasión.

España necesita una confrontación política intensa, alternativas reconocibles y ciudadanos capaces de exigir responsabilidades. Lo que no precisa es convertir cada discrepancia en una guerra moral sin límites.

El 29-N elegiremos unos representantes que  a su vez, elegirán un Gobierno. Pero la responsabilidad de preservar la democracia no terminará cuando se cierren las urnas. Se ejercerá después, con la aceptación de los resultados, con el respeto al adversario y con nuestra capacidad para recordar que, por encima de las diferencias políticas, compartimos derechos, instituciones y un mismo espacio de convivencia.

Porque una democracia no demuestra su fortaleza cuando todos están de acuerdo, sino cuando quienes discrepan pueden hacerlo sin dejar de reconocerse como iguales.

El último territorio reconocible

El día empieza para él antes de que sepa que ha amanecido.

Una cuidadora abre la puerta, enciende la luz y pronuncia su nombre. Él abre los ojos despacio. Durante unos segundos permanece inmóvil, mirando el techo. No sabe dónde está. Después reconoce la habitación, aunque no siempre recuerda por qué duerme allí. Hay una cama, una mesilla, un armario, unas fotografías. Estas deberían decirle algo, pero cada vez significan menos. Una de ellas muestra a una mujer joven. La mira largamente. Siente que la conoce, incluso experimenta algo parecido al afecto. Pero no consigue recordar su nombre. Ese es uno de los menoscabos más extraños de su enfermedad: reconocer una emoción y haber olvidado la historia que la motiva.

—Buenos días.

La cuidadora le ayuda a levantarse.

Antes podía hacerlo solo. Durante décadas se vistió, se afeitó, se duchó, fue al baño, salió a la calle. Ahora necesita que alguien le indique o le tutele cada movimiento. Primero el baño, lavarse, secarse; después, ponerse el pantalón, luego la camisa, los zapatos...

A veces coopera dócilmente y hay otras en las que se resiste. No siempre sabe por qué.

Puede enfadarse al percibir que un desconocido pretende ayudarle a bajarse los pantalones. Puede apartarle la mano  enérgicamente. O puede gritar. Desde fuera la escena tiene apariencia de una conducta difícil. Desde su realidad, tal vez se trata de una simple pregunta que no consigue expresar: ¿por qué me están haciendo esto?

En el comedor hay muchas personas.

Unas hablan y otras permanecen inmóviles. Algunas miran la televisión sin entender los contenidos que emite. Hay conversaciones que empiezan y finalizan bruscamente. Hay nombres que se repiten y preguntas que vuelven una y otra vez.

Él ocupa su sitio. Le ponen delante el desayuno.

—¿Quieres café?

Asiente.

—¿Con azúcar?

Vuelve a asentir. No sabe si lo quiere con azúcar, pero decir que sí le resulta más fácil que explicar que ya no recuerda cómo lo toma.

La enfermedad no solamente ha borrado los recuerdos, también ha ido haciendo más difícil la vida cotidiana. Cada acción necesita una indicación, cada decisión puede convertirse en un problema, cada objeto cotidiano, de pronto, puede perder su significado.

Después del desayuno vienen las medicinas. Una cuidadora le entrega los comprimidos y un vaso de agua. Él pregunta para qué sirven.

Se lo explican.

Cinco minutos después vuelve a preguntar. No lo hace para provocar. Simplemente, la respuesta anterior se ha esfumado.

Y vuelve a preguntar.

—¿Para qué es esto?

La cuidadora vuelve a explicárselo.

Así transcurre buena parte de su existencia: pregunta, recibe una respuesta, la olvida y vuelve a preguntar.

El tiempo también se ha convertido en un territorio extraño.

No sabe si es martes o sábado. Desconoce cuánto falta para comer. Puede creer que acaba de levantarse cuando está tres horas despierto. Puede preguntar por alguien que murió hace veinte años y esperar que aparezca por la puerta.

Algunas veces quiere marcharse.

—Tengo que irme a casa.

Le preguntan dónde está su casa.

Entonces calla.

La palabra «casa» permanece, su ubicación ha desaparecido.

Esa contradicción lo desconcierta. Sabe que debe regresar a alguna parte, pero ya no sabe dónde está ese lugar. 

A veces, por la tarde, recibe alguna visita. Cuando aparece un familiar, algo se ilumina en su rostro. Quizá no recuerda su nombre, pero siente la proximidad emocional. Hay determinadas personas cuya presencia todavía logra traspasar la niebla.

Otras veces no reconoce a nadie.

Entonces, observa el rostro que tiene delante y sonríe por educación, por intuición o por costumbre. Quien ha venido le habla de los hijos, de los nietos, de una casa, de unas vacaciones...

Él escucha.

No comprende gran parte de lo que le dicen.

Pero percibe el cariño.

Y cuando la visita termina y la puerta se cierra, parece embargarlo una tristeza difícil de explicar.

A veces pregunta:

—¿Quién era?

Nadie sabe qué responder.

Algunas tardes está inquieto. Deambula por el pasillo sin saber a dónde va. Pregunta por su madre. Quiere salir. Busca una puerta. Se enfada cuando se lo impiden.

Otras permanece sentado durante largas horas. El cuerpo está allí, la mirada, no siempre. En la residencia se aprende pronto que una persona puede estar presente y, al mismo tiempo, ausente.

Por la noche vuelven las rutinas. Cena, medicación, pijama, cama.

Una cuidadora le pregunta si necesita algo.

Dice que no.

Pero cuando la puerta se cierra, permanece despierto.

En la oscuridad aparecen fragmentos: una calle, una voz, una mesa familiar, un niño corriendo, una mujer junto a una ventana... No sabe si son recuerdos o sueños. No consigue ubicarlos en el tiempo.

Su vida se ha ido desordenando.

Primero desaparecieron las fechas.

Después los nombres.

Luego las historias.

Ahora empiezan a desaparecer las certezas.

Pero hay algo que todavía permanece.

Percibe la ternura.

Percibe la impaciencia.

Percibe las respuestas desabridas.

Percibe las actitudes acogedoras.

Puede no recordar quién le ha tratado bien, pero su cuerpo parece distinguirlo. Puede olvidar una conversación, pero conserva el miedo que le produjo cierta voz destemplada. Puede no acordarse del nombre de alguien y, sin embargo, sentirse seguro cuando esa persona está cerca.

Quizá esa sea la última frontera de la enfermedad: cuando la memoria deja de sostener la identidad, los afectos se convierten en el último territorio identificable.

Por la mañana volverán a abrir la puerta.

Tornarán a decir su nombre.

Él abrirá los ojos.

Durante unos segundos quizá sabrá quién es.

Después, comenzará otra vez el arduo trabajo de desentrañarlo.

Francia y Europa frente al desorden

Recuperar la política para salvar la democracia

La violencia que sacudió Francia el pasado sábado plantea un interrogante que trasciende sus fronteras: ¿cómo puede una democracia responder al malestar social sin tolerar la destrucción de sus instituciones ni alimentar a quienes pretenden aprovecharse de su debilidad? El incendio del Ayuntamiento de Limoges, los saqueos y los ataques a edificios públicos, entre otros estragos, convirtieron una movilización nacida de reivindicaciones estudiantiles y económicas en una crisis de orden público. El editorial de El País, «Francia ante el caos», publicado ayer, destaca una distinción necesaria: la legitimidad de las protestas no justifica la violencia, pero condenar esta última tampoco exime a los gobiernos de afrontar las causas del descontento.

De esa doble exigencia depende la respuesta francesa y, en buena medida, la capacidad europea para defender sus democracias frente a la polarización, la desigualdad y el avance de los extremismos.

El orden público no basta

La primera obligación del Estado es garantizar la seguridad de los ciudadanos, proteger los servicios públicos y asegurar que las diferencias políticas puedan expresarse sin coacción. Incendiar un ayuntamiento no constituye precisamente una forma superior de protesta, pues destruye un patrimonio colectivo y ataca una institución que pertenece también a quienes discrepan del Gobierno. La violencia indiscriminada perjudica, además, a los movimientos sociales cuyas demandas quedan opacadas por las imágenes de destrucción.

Sin embargo, el restablecimiento del orden no puede convertirse en una política de silenciamiento. Francia arrastra controversias sobre el uso de la fuerza policial y la gestión de las manifestaciones. Las actuaciones desproporcionadas, cuando se producen, erosionan la confianza ciudadana y pueden intensificar el conflicto. La respuesta requiere proporcionalidad, identificación individual de los responsables, investigación de posibles abusos y garantías judiciales.

La vieja reflexión de Max Weber (La política como vocación, 1919) sobre el monopolio estatal de la violencia legítima ayuda a precisar el problema: la autoridad pública no se justifica únicamente por disponer de fuerza, sino por ejercerla dentro de un orden jurídico reconocido. Una democracia debe ser firme frente a la violencia y, al mismo tiempo, someter a sus propios agentes a la ley.

Las causas sociales de la cólera

El editorial de El País recuerda también que la crisis francesa no puede separarse de la parálisis política, las dificultades económicas y las desigualdades persistentes. Las deficiencias educativas, el deterioro de determinados servicios públicos, la inseguridad material y la percepción de que las instituciones no escuchan a una parte de la población alimentan una frustración que puede ser instrumentalizada por grupos radicales.

Los datos de la Comisión Europea refuerzan la necesidad de actuar sobre estos problemas. Su informe sobre Francia del pasado mes de junio identifica dificultades en la integración laboral de los jóvenes, desigualdades educativas vinculadas al origen socioeconómico y un aumento de la pobreza. También señala obstáculos en el acceso a la vivienda y a servicios esenciales. No se trata, por tanto, de reducir una crisis compleja a una cuestión policial, sino de reconocer que la cohesión democrática necesita oportunidades reales.

La economista Mariana Mazzucato (El Estado emprendedor: mitos del sector público, 2013) ha defendido que el Estado debe desempeñar un papel estratégico en la orientación de la innovación y la creación de valor, en lugar de limitarse a corregir a posteriori los fallos del mercado. Aplicada al caso francés, esta perspectiva invita a considerar la educación, la formación profesional, la vivienda asequible y la modernización de los servicios públicos como inversiones productivas y democráticas, no simplemente como partidas susceptibles de recorte.

Ello no significa ignorar las restricciones presupuestarias, sino establecer prioridades, evaluar los resultados del gasto y distribuir sus costes con criterios de equidad. La consolidación fiscal que no distingue entre despilfarro e inversión social puede terminar debilitando las bases económicas y políticas que pretende preservar.

La crisis de representación

Los conflictos franceses tienen también una componente institucional. Un Gobierno con escaso margen parlamentario y una presidencia debilitada encuentra muchos obstáculos para impulsar reformas, negociar acuerdos y recuperar la confianza. Pero la fragmentación política no debería servir como justificación permanente de la inacción.

En La democracia en América (2007), Alexis de Tocqueville advirtió sobre la importancia de las costumbres, las asociaciones y la participación ciudadana para sostener las instituciones democráticas. La lección decimonónica conserva plena vigencia, pues las democracias no sobreviven únicamente mediante elecciones y procedimientos constitucionales, necesitan espacios de cooperación y una ciudadanía que perciba que su intervención puede generar cambios.

Francia necesita reconstruir esos vínculos mediante el diálogo con sindicatos, asociaciones educativas, organizaciones juveniles, autoridades locales y representantes empresariales. Las reformas laborales, educativas y fiscales requieren negociación, información pública y mecanismos de evaluación. Escuchar no equivale a ceder frente a cualquier demanda, del mismo modo que gobernar no consiste en imponer decisiones sin explicar sus consecuencias.

El sociólogo Pierre Rosanvallon, en sus estudios sobre la legitimidad democrática (La legitimidad democrática. Imparcialidad, reflexividad y proximidad, 2010) ha subrayado que la representación electoral no agota las exigencias de una sociedad que reclama vigilancia del poder, proximidad y reconocimiento. Cuando los ciudadanos consideran que solo cuentan el día de las elecciones, la desconfianza encuentra terreno fértil.

El peligro de los extremismos

El caos beneficia a quienes presentan la democracia como un sistema incapaz de resolver problemas. La extrema derecha puede capitalizar el miedo prometiendo seguridad y autoridad sin explicar necesariamente cómo corregirá las desigualdades que alimentan el malestar. Desde posiciones revolucionarias, otros sectores pueden interpretar la destrucción como una ruptura emancipadora, confundiendo la deslegitimación de las instituciones con la construcción de una alternativa viable.

El editorial de El País advierte también del uso internacional de las imágenes de violencia para desacreditar las democracias europeas. Cuando dirigentes extranjeros presentan una crisis nacional como prueba del fracaso de todo un sistema político, convierten un problema real en un instrumento de confrontación ideológica.

Hannah Arendt (Sobre la violencia, 2018), distinguió entre el poder que nace de la acción colectiva y la violencia como instrumento de imposición. Su reflexión permite comprender una paradoja: la destrucción puede exhibir fuerza inmediata, pero no crea por sí misma autoridad legítima, acuerdos duraderos ni instituciones capaces de responder a las necesidades sociales.

La defensa democrática exige, por tanto, combatir tanto la violencia callejera como las estrategias que explotan deliberadamente el miedo y la polarización. No basta con denunciar a los extremistas, es preciso impedir que sus diagnósticos encuentren credibilidad en la experiencia cotidiana de la desigualdad y el abandono.

Una agenda francesa y europea

Entiendo que la respuesta debería articularse al menos en torno a estas cinco prioridades:

Primero, garantizar el orden público con proporcionalidad y rendición de cuentas, distinguiendo entre manifestantes pacíficos y responsables de delitos.

Segundo, reforzar la igualdad de oportunidades, especialmente mediante una educación pública de calidad, mejores condiciones para el profesorado, formación profesional y políticas de empleo juvenil.

Tercero, recuperar la seguridad económica de los hogares, con medidas sobre vivienda asequible, salarios, protección social y acceso a los servicios esenciales.

Cuarto, reconstruir la capacidad de acuerdo político, haciendo de la negociación parlamentaria y el diálogo social instrumentos ordinarios de gobierno, no recursos excepcionales en situaciones límite.

Quinto, coordinar las respuestas nacionales a escala europea. La Comisión Europea ya ha identificado para Francia problemas relacionados con la pobreza, el empleo juvenil, la educación y la vivienda. La Unión debería acompañar sus recomendaciones económicas con inversiones, cooperación entre Estados y mecanismos transparentes para evaluar resultados. La disciplina presupuestaria y la cohesión social no tienen por qué ser objetivos incompatibles.

Europa debe, además, defender la independencia judicial, la libertad de prensa, el derecho de manifestación y los controles sobre el poder ejecutivo. La democracia no se protege restringiendo indiscriminadamente las libertades, sino haciendo que sus instituciones sean eficaces, responsables y dignas de confianza.

Raymond Aron (El opio de los intelectuales, 1967) observó en una reflexión sobre la tradición política francesa evocada por el editorial de El País, la tendencia del país a las revoluciones frente a las reformas. La frase resume una disyuntiva que hoy afecta a todo el continente: transformar las causas del descontento mediante la política o dejar que la frustración se convierta en combustible para quienes prometen soluciones radicales.

Francia necesita recuperar el orden, pero también la capacidad de reformarse. Europa debe extraer la misma conclusión. La democracia no puede prometer que desaparecerán los conflictos; debe demostrar que es capaz de resolverlos sin destruir la convivencia, sacrificar los derechos ni abandonar a quienes se sienten excluidos.

La IA, una creciente amenaza

La inteligencia artificial (IA) ha dejado de ser exclusivamente una revolución tecnológica para convertirse en una cuestión de poder. El problema no radica en controlar lo que pueden hacer las máquinas sino en determinar quién decide hasta dónde pueden llegar, quién evalua sus efectos y qué ocurre si su propia evolución supera nuestra capacidad para gobernarla.

Un revelador reportaje de Patricia Fernández de Lis, publicado semanas atrás en EL PAÍS, reúne los testimonios de una decena de antiguos investigadores, directivos y especialistas de OpenAI, Anthropic y Google, que han abandonado esas compañías después de trabajar en la primera línea del desarrollo de la inteligencia artificial. El elemento común de sus testimonios no es el rechazo a la tecnología, sino una preocupación más alambicada que resume su percepción de que la velocidad del progreso puede estar dejando atrás los mecanismos destinados a garantizar su seguridad. 

El caso más reciente es el de Jacob Coxon, antiguo investigador de Anthropic, previamente vinculado a OpenAI. Su advertencia resulta extrema, pues teme que sistemas de inteligencia artificial —con potencial para mejorar sus propias capacidades— puedan llegar a ser incontrolables antes del final de la década actual. Su diagnóstico coincide con el de otros investigadores que consideran insuficientes las actuales técnicas de alineamiento —es decir, el esfuerzo por conseguir que los sistemas actúen de acuerdo con objetivos y valores humanos— frente a  modelos que son cada vez más autónomos.

Pero esta no es la primera señal de alarma. En 2021, Paul Christiano, investigador relacionado con el desarrollo de ChatGPT, advertía de la posible aceleración extraordinaria de las capacidades de la IA. Y en 2023, Geoffrey Hinton, uno de los científicos fundamentales del aprendizaje profundo y premio Nobel, abandonó Google y comenzó a expresar públicamente su preocupación por el ritmo evolutivo de estas tecnologías. La pregunta que formuló era también nuclear: si las máquinas continúan mejorando a una velocidad muy superior a la capacidad humana para comprenderlas, ¿qué mecanismos permitirán conservar su control? 

La crisis cobró especial relevancia en 2024 cuando figuras importantísimas del área de seguridad de OpenAI abandonaron la empresa. Una de ellas, Jan Leike, afirmó que la cultura y los procedimientos de seguridad se habían relegado mientras se intensificaba la presión empresarial para desarrollar nuevos productos. Su salida evidenció una contradicción que afecta al conjunto de la industria: las compañías necesitan avanzar rápidamente para no perder competitividad, pero esa misma porfía puede reducir el tiempo disponible para ponderar los riesgos. 

Justamente en este punto emerge el problema político. No estamos ante una tecnología desarrollada en laboratorios aislados, sino ante una carrera empresarial multimillonaria. OpenAI, Google, Anthropic y otras compañías compiten por construir sistemas cada vez más capaces, mientras los Gobiernos intentan establecer normas que inevitablemente van por detrás de la innovación empresarial. 

Los riesgos de esta alocada carrera tampoco se circunscriben al territorio de la ciencia ficción. Los expertos han señalado posibles aplicaciones relacionadas con ciberataques, fabricación de agentes biológicos, manipulación de información, vigilancia y usos militares... William Saunders, antiguo investigador de OpenAI, declaró ante el Senado estadounidense sus preocupaciones sobre las capacidades de determinados modelos para proporcionar asistencia relacionada con amenazas biológicas. Otros investigadores han observado comportamientos engañosos o estrategias destinadas a preservar los objetivos de un sistema durante determinadas pruebas. 

Existe además una dimensión menos espectacular, pero más inmediata: la concentración del poder tecnológico. Un reducido número de empresas posee hoy una capacidad de computación, capital y talento científico que supera la de muchos Estados, universidades y organizaciones sociales. Si esas corporaciones determinan por sí mismas los límites de la tecnología que están desarrollando, la pregunta resulta inevitable: ¿puede dejarse la regulación de una revolución de esta magnitud en manos de quienes tienen los mayores incentivos económicos para acelerarla?

Más de 1.300 trabajadores del sector han reclamado públicamente mayor prudencia. Y algunos especialistas defienden implantar mecanismos que vayan más allá de las declaraciones voluntarias de las empresas, tales como auditorías independientes, obligaciones jurídicas, supervisión pública, protocolos internacionales y capacidad real para detener determinados desarrollos. Investigaciones recientes sobre seguridad de la IA insisten precisamente en que la protección no puede descansar exclusivamente en el comportamiento del modelo, sino que debe incorporar controles del sistema, monitorización independiente y estructuras de gobernanza.

Pese a todo ello, conviene, sin embargo, evitar el alarmismo. La posibilidad de una inteligencia artificial que provoque la extinción humana pertenece todavía al territorio de los futuribles y los escenarios distópicos. También existe una discusión en la comunidad científica sobre si algunas advertencias magnifican riesgos hipotéticos,  mientras reciben menos atención problemas actuales como la desinformación, la discriminación algorítmica, la pérdida de privacidad o la transformación del empleo. Incluso el Financial Times ha señalado que las predicciones apocalípticas pueden ser utilizadas por las propias grandes empresas para justificar regulaciones que dificulten la entrada de nuevos competidores. 

No obstante, esa cautela no debería convertirse en complacencia. La ausencia de certeza sobre un peligro extraordinario no constituye una razón suficiente para ignorarlo cuando el coste potencial es tan enorme.

La verdadera cuestión, por tanto, no es si debemos detener la inteligencia artificial. Sería imposible y probablemente indeseable. La cuestión es si podemos conseguir que la gobernanza avance al menos al mismo ritmo que la tecnología.

La historia ofrece precedentes. La energía nuclear demostró que una tecnología puede modificar radicalmente el equilibrio mundial antes de que existan instituciones adecuadas para gobernarla. La inteligencia artificial plantea ahora un desafío diferente: no entrega solamente más poder a los seres humanos, sino que puede crear sistemas capaces de tomar decisiones, perseguir objetivos y actuar con una autonomía creciente.

Por eso la advertencia de quienes estuvieron dentro merece ser escuchada sin convertirla ni en profecía apocalíptica, ni en propaganda empresarial. Su mensaje esencial es mucho más sobrio: estamos construyendo una tecnología cuyo potencial todavía no comprendemos plenamente y, sin embargo, la carrera por desarrollarla ya está en marcha.

El desafío de esta década será conseguir que la humanidad no tenga que aprender a gobernar la IA después de haber perdido la capacidad de hacerlo.

Izquierda dividida/derecha en el poder

El 29-N no solo decidirá quién gobierna España, también pondrá a prueba la capacidad del progresismo para anteponer un proyecto común a sus disputas internas.

Hay derrotas electorales que se explican por el desgaste de un Gobierno, por sus errores o por la pérdida de confianza de una parte de sus votantes. Otras se cuecen antes de que se abran las urnas, es lo que sucede cuando las fuerzas políticas que comparten muchos de sus objetivos convierten sus diferencias en una competición destructiva y terminan debilitándose mutuamente. Las elecciones generales del 29 de noviembre amenazan con reunir ambas circunstancias. La división de la izquierda situada a la izquierda del PSOE puede transformar un retroceso electoral en una derrota de mayor alcance, cual es la pérdida de la capacidad de influir en la orientación política de España durante los próximos años.

Las primeras encuestas posteriores a la convocatoria dibujan un panorama inquietante para el bloque progresista. Algunas proyecciones sitúan al PP y Vox por encima de los 195 escaños, muchos más de los necesarios para alcanzar la mayoría absoluta. Al mismo tiempo, el espacio que ocupaban las formaciones agrupadas en torno a Sumar, ahora rebautizado como Frente Amplio, experimentaría una contracción severa, mientras Podemos afrontaría el riesgo de quedar reducido a una representación testimonial.

Son estimaciones, no resultados definitivos. La campaña puede modificar las expectativas, movilizar a los abstencionistas y alterar las preferencias de los electores. Pero sería irresponsable ignorar la señal que transmiten los sondeos, a saber, mientras la derecha dispone de posibilidades reales de sumar una mayoría parlamentaria, la izquierda corre el riesgo de malgastar una parte de su representación potencial en enfrentamientos entre organizaciones que aspiran, al menos formalmente, a objetivos sociales semejantes.

La paradoja es evidente. Fuerzas que necesitan cooperar para gobernar compiten entre sí como si su principal adversario fuera el vecino ideológico.

El sistema electoral español no castiga de manera uniforme a todas las candidaturas pequeñas, pero sí puede penalizar severamente la dispersión del voto, especialmente en las circunscripciones que reparten pocos escaños. La combinación de la distribución provincial de diputados, el método D'Hondt y los umbrales electorales convierte en decisiva la concentración territorial de los apoyos.

Dos candidaturas que por separado no alcanzan representación pueden sumar suficientes votos para obtener diputados si concurren juntas. También puede suceder que una formación obtenga escaños mientras otra, con miles de votos, se quede fuera. Esos sufragios no se transfieren automáticamente a la candidatura vencedora, simplemente dejan de traducirse en representación parlamentaria para quienes los emitieron.

No toda disociación produce necesariamente ese resultado. Las identidades políticas, la implantación territorial y las diferencias programáticas importan. Sin embargo, cuando la competencia entre partidos próximos impide alcanzar una representación que una candidatura común habría podido obtener, la fragmentación deja de ser una expresión de pluralismo y se convierte en una desventaja estratégica.

La irrupción de formaciones territoriales, como Adelante Andalucía, añade complejidad al escenario. Su existencia responde a tradiciones, demandas e identidades políticas que no pueden resolverse mediante una orden de integración desde Madrid. Pero precisamente por eso la unidad debe construirse con inteligencia, no con uniformidad organizativa sino con acuerdos electorales allí donde la cooperación resulte beneficiosa y respeto a las singularidades donde la realidad territorial lo aconseje.

La prensa española ha situado la unidad de las izquierdas entre los principales desafíos de la convocatoria. El País ha destacado que constituye el mayor reto para el 29-N. Los análisis de elDiario.es, por su parte, han advertido contra el derrotismo y han defendido la necesidad de acumular fuerzas para evitar que la fragmentación debilite la representación progresista, particularmente en el Senado.

Desde perspectivas editoriales distintas, otros medios han puesto el foco en el retroceso de las formaciones situadas a la izquierda del PSOE y en la ventaja demoscópica del bloque conservador. Las proyecciones difundidas por El Confidencial, El Mundo y otros diarios muestran hasta qué punto el resultado depende de la distribución territorial del voto y de la capacidad de cada bloque para convertir sus apoyos en escaños.

La prensa internacional también observa la convocatoria como algo más que una disputa doméstica. Los análisis recogidos por La Vanguardia sobre las repercusiones europeas del 29-N, junto con las informaciones publicadas en medios como The Guardian o Le Monde, sitúan el adelanto electoral en un contexto de avance de las derechas y de creciente dificultad para sostener coaliciones progresistas.

Conviene distinguir, no obstante, entre las informaciones efectivamente publicadas por cada medio y las interpretaciones generales que se extraen de ellas. No cabe atribuir a todos esos periódicos una misma posición editorial ni presentar sus análisis como un respaldo explícito a una coalición de izquierdas. Lo que sí puede afirmarse es que el posible cambio de Gobierno español tiene una dimensión europea porque modificaría los equilibrios políticos en el Consejo Europeo y podría reducir el peso de las fuerzas socialdemócratas en un momento de profunda incertidumbre internacional.

En mi opinión, existen al menos cinco razones para construir la unidad.

La primera es electoral. La cooperación permite reducir la pérdida de votos derivada de la fragmentación y mejorar las posibilidades de representación en las circunscripciones pequeñas. No garantiza una victoria, pero evita que las diferencias entre organizaciones produzcan, por sí solas, una desventaja adicional.

La segunda es social. La izquierda representa —o aspira a representar— a trabajadores con salarios insuficientes, jóvenes excluidos del mercado de la vivienda, familias que afrontan dificultades para conciliar, pensionistas vulnerables y ciudadanos preocupados por el deterioro de los servicios públicos. Sus problemas no desaparecen porque sus representantes discrepen sobre el liderazgo de una candidatura o la distribución de puestos en una lista.

La crisis de la vivienda ofrece un ejemplo especialmente claro. El precio de los alquileres, la dificultad de acceder a una primera residencia y la desigualdad entre propietarios e inquilinos requieren políticas sostenidas, regulación eficaz, inversión pública y acuerdos institucionales. Una izquierda fragmentada puede compartir el diagnóstico y, sin embargo, resultar incapaz de reunir la fuerza parlamentaria necesaria para aplicar sus soluciones.

La tercera razón es programática. La unidad no debe consistir en sumar siglas alrededor de un reparto de cargos, sino en acordar prioridades verificables: vivienda asequible, fortalecimiento de la sanidad y la educación públicas, mejores salarios, reducción de la precariedad, fiscalidad progresiva, transición ecológica justa y protección de las personas dependientes. Un programa concreto permite explicar qué se quiere hacer, con qué recursos y en beneficio de quién.

La cuarta razón es democrática. Una mayoría parlamentaria de PP y Vox no implicaría automáticamente la desaparición de los derechos ni convertiría a ambas formaciones en una fuerza homogénea. Pero sí abriría la posibilidad de un cambio sustancial en las políticas sociales, laborales, territoriales y culturales. Si ese escenario preocupa a una parte del electorado, la respuesta no puede limitarse a advertir sobre sus consecuencias, debe ofrecer una alternativa creíble, capaz de gobernar y de responder a los problemas cotidianos.

La quinta razón es estratégica. El aislamiento de la izquierda alternativa no perjudicaría únicamente a sus organizaciones. También podría debilitar al PSOE, al reducir sus posibilidades de encontrar socios parlamentarios suficientes para formar Gobierno. La estrategia del voto útil puede beneficiar a los socialistas en determinadas circunscripciones, pero no sustituye a una representación plural capaz de negociar mayorías. Un PSOE fortalecido en votos, pero sin aliados suficientes en el Congreso, podría encontrarse igualmente sin una mayoría viable.

Existe, sin embargo, una condición previa imprescindible: la unidad no puede construirse mediante la subordinación de unos partidos a otros ni a costa de silenciar las discrepancias. Las experiencias de coalición muestran que los acuerdos impuestos, las ambigüedades programáticas y los conflictos por el liderazgo terminan erosionando la confianza.

La cooperación necesita reglas transparentes, procedimientos democráticos para elegir candidaturas, garantías de pluralidad, compromisos programáticos evaluables y mecanismos para resolver conflictos. También exige que las organizaciones acepten límites a sus ambiciones particulares. Ninguna dirección puede reclamar que sus socios renuncien a su identidad mientras ella conserva intacto su derecho a imponer condiciones.

El PSOE tiene, así mismo, una responsabilidad específica. Si aspira a recibir el voto útil, debe demostrar que ese voto servirá para impulsar políticas progresistas concretas y no únicamente para conservar el poder. La izquierda alternativa, por su parte, debe decidir si su prioridad es maximizar su autonomía orgánica o aumentar su capacidad efectiva para transformar la sociedad. Ambas aspiraciones pueden convivir, pero no siempre pueden anteponerse simultáneamente.

Tampoco cabe responsabilizar exclusivamente a la división de los malos resultados que anticipan las encuestas. El desgaste gubernamental, los errores de gestión, las expectativas incumplidas, los problemas de vivienda y la desconfianza ciudadana tienen su propio peso. La unidad no corrige por sí sola esos déficits, debe acompañarse de autocrítica, renovación y credibilidad.

El 29-N no está decidido. Las encuestas describen tendencias, no dictan sentencias. Pero el tiempo disponible para corregir errores se acorta, y cada semana consumida en disputas internas reduce el margen para presentar una alternativa reconocible.

La izquierda necesita comprender que la pluralidad es una riqueza únicamente cuando existe la capacidad de convertirla en acción colectiva. Si cada organización considera más importante preservar su espacio que alcanzar objetivos compartidos, acabará conservando quizá su identidad, pero perdiendo buena parte de su influencia.

La disyuntiva no es entre mantener las diferencias o renunciar a ellas. Es entre administrarlas democráticamente o permitir que se conviertan en un mecanismo de autodestrucción. No se trata de pedir a todos los partidos que piensen igual, sino de exigirles que distingan entre las discrepancias que enriquecen un proyecto y las rivalidades que lo hacen inviable.

Si la derecha alcanza una mayoría holgada, sus adversarios no podrán atribuir el resultado exclusivamente a las reglas electorales, a los medios de comunicación o a la desmovilización ciudadana. Tendrán que preguntarse también cuánto ha contribuido su propia conducta a facilitarlo.

La unidad no garantiza la victoria. La división, en cambio, puede hacer mucho más probable la derrota.

La responsabilidad de la izquierda consiste ahora en elegir entre la satisfacción inmediata de sus organizaciones y la utilidad pública de su proyecto. Porque cuando las diferencias se convierten en el objetivo y los ciudadanos pasan a ser una consideración secundaria, la política deja de ser una herramienta de transformación. Y la derrota deja de ser una fatalidad para convertirse en una consecuencia.