Europa & Reino Unido

Hay momentos en la política en los que una palabra aparentemente secundaria adquiere la dimensión de una pregunta histórica. En Liverpool, Andy Burnham, primer ministro británico, pronunció recientemente una de ellas: Europa. No prometió el regreso inmediato del Reino Unido a la Unión Europea, ni presentó un calendario para deshacer el Brexit. Hizo algo más prudente y, quizá por ello, más significativo, puso de nuevo sobre la mesa lo que durante años parecía políticamente intocable.

El Reino Unido lleva demasiado tiempo cambiando de primer ministro y no puede permitirse limitarse a seguir remozando su gobierno. La sucesión de dirigentes y crisis ha dejado al descubierto problemas que no desaparecen con una  remodelacion gubernamental o con una cita electoral, entre ellos la vivienda inaccesible, los servicios públicos sometidos a presión, la desigualdad territorial, las dificultades para financiar las pensiones y una creciente distancia entre ciudadanos e instituciones. Burnham pretende responder a ese malestar social con una agenda reformista que sitúa la vivienda, la reforma electoral y las pensiones entre sus prioridades. Pero ninguna de esas cuestiones puede contemplarse completamente al margen de la relación del Reino Unido con Europa.

El Brexit se presentó en 2016 como la recuperación de una soberanía que, según sus defensores, Londres había cedido indebidamente a Bruselas. El argumento tenía una fuerza política evidente, pues se trataba de devolver capacidad de decisión al Parlamento británico. Pero la soberanía formal no elimina per se las interdependencias materiales. El comercio, la inversión, la investigación, la movilidad, la seguridad, la inmigración y la cooperación energética siguen vinculando al Reino Unido con un continente del que puede separarse institucionalmente, pero no geográfica ni geopolíticamente.

Ahí reside la dificultad del nuevo debate que se plantea, porque volver a la Unión Europea (UE) no significaría simplemente regresar al estadio anterior a 2016, como si nada hubiese sucedido. El mundo ha cambiado, como lo han hecho el Reino Unido y la UE. Habría que negociar condiciones, aceptar compromisos y asumir que una eventual reincorporación tendría costes políticos y exigencias institucionales. Tampoco puede suponerse que los Veintisiete aceptarían un retorno británico con las prerrogativas que Londres disfrutó en el pasado.

Por eso resulta más realista pensar en una escala de aproximaciones sucesivas. Unión aduanera, mercado único, acuerdos sectoriales o fórmulas de asociación podrían constituir etapas intermedias. Cada una resolvería determinados problemas y plantearía otros. La cuestión fundamental no sería recuperar simbólicamente una relación perdida, sino determinar qué grado de integración necesita el Reino Unido para defender sus intereses económicos, políticos y estratégicos.

Existe además una paradoja que merece atención. Mientras Londres sigue debatiendo hasta dónde quiere acercarse a Europa, otros países más lejanos geográficamente exploran fórmulas para aproximarse a ella. Canadá ha barajado incluso la posibilidad de convertirse en miembro asociado de la Unión. La comparación resulta reveladora: la distancia geográfica no determina necesariamente el intervalo político.

El argumento adquiere mayor importancia en el nuevo escenario internacional. Europa se encuentra ante un mundo menos previsible, con una relación transatlántica sometida a tensiones y con una competencia geopolítica creciente entre grandes potencias. En ese contexto, la cuestión británica ya no es solamente económica, sino también estratégica: ¿puede el Reino Unido afrontar solo determinados desafíos o le interesa reforzar estructuras de cooperación con sus vecinos europeos?

La respuesta tampoco debería construirse desde la nostalgia. El Brexit no puede juzgarse exclusivamente con los criterios políticos existentes en 2016. Del mismo modo, su eventual revisión no debería convertirse en una trasnochada operación sentimental de restauración del pasado. Lo que importa es comprobar qué relación sirve mejor a los intereses británicos y europeos en las condiciones actuales.

Ahí se encuentra probablemente el verdadero reto de Burnham, que no consiste en prometer el regreso a Europa, sino en abrir un debate que ha imposibilitado la lógica binaria del «dentro» o «fuera» durante demasiado tiempo. Entre ambas posiciones existe un amplio territorio político en el que ejercitar la cooperación, los acuerdos  la integración parcial y hasta, eventualmente, nuevas formas de pertenencia.

Europa también tendrá que decidir qué quiere hacer con esa oportunidad. Una Unión capaz de ofrecer relaciones flexibles a países que desean aproximarse a ella, sin necesidad de asumir inmediatamente una adhesión plena, podría convertirse en un actor geopolítico más atractivo. Canadá representa una posibilidad y el Reino Unido otra, aunque de naturaleza completamente distinta.

El Brexit nació, en buena medida, de una Europa que muchos británicos consideraban distante. Su eventual reconsideración dependerá de una UE capaz de demostrar que la integración no es únicamente una arquitectura institucional, sino también una forma de aumentar la capacidad de sus miembros para afrontar juntos un mundo más incierto.

Quizá por eso la pregunta del millón no sea si Gran Bretaña volverá algún día a la Unión Europea. La cuestión primordial es otra y apunta a qué Europa y qué Reino Unido existirán cuando llegue el momento de responderla.

Cuando la conducta sustituye a la palabra

Existe una pregunta que debería ocupar el centro de cualquier reflexión sobre la demencia avanzada: ¿qué calidad de vida puede tener una persona cuya cotidianidad parece reducida a una conducta repetitiva, a una ausencia casi permanente o a una respuesta que ya no conseguimos interpretar?

En cualquier institución para mayores pueden observarse escenas que, contempladas superficialmente, parecen distintas. Una persona camina durante horas por los mismos pasillos sin destino aparente. Otra permanece dormida o somnolienta casi todo el día. Una tercera canta repetida y desafinadamente una misma tonadilla sin relación con lo que ocurre a su alrededor. Otra grita, protesta o emite sonidos guturales que nadie comprende. E incluso hay quien permanece inmóvil en una silla, esperando que alguien lo levante, lo lleve al comedor, lo acueste o lo conduzca al baño.

La neurología denomina a estos comportamientos síntomas conductuales y psicológicos de la demencia, que incluyen agitación, apatía, alteraciones del sueño, deambulación, vocalizaciones repetitivas y otras manifestaciones frecuentes. De hecho  la OMS asegura que más del 90 % de las personas diagnosticadas desarrollan al menos uno de estos síntomas a lo largo de un periodo de cinco años. Sin embargo, describir la sintomatología no equivale a saber interpretarla y comprenderla.

La persona que deambula quizá no esté simplemente «dando vueltas». Puede buscar algo que ya no acierta a mencionar, seguir una rutina antigua, responder a una inquietud corporal o estar reaccionando a un entorno que ha dejado de resultarle inteligible. La deambulación puede convertirse en una de las escasas formas de actividad motora que conservan las personas. Lo que sucede es que apreciamos el movimiento, pero no siempre logramos interpretar su significado.

Lo mismo ocurre con quien canta durante horas. La repetición puede cumplir una función de autorregulación, proporcionar familiaridad o expresar una emoción que ya no puede formularse de otra manera. Que una conducta resulte incomprensible para los demás no demuestra que carezca de significado para quien la protagoniza.

Más difícil es interpretar la somnolencia casi permanente. Aquí no deberíamos apresurarnos a considerarla simplemente como una fase inevitable de la enfermedad pues la sedación farmacológica, los trastornos del sueño, la depresión, infecciones, dolor, deshidratación, alteraciones metabólicas o incluso ciertos problemas neurológicos pueden contribuir a estimularla. Se impone, pues, una rigurosa evaluación clínica antes de aceptarla como el destino natural de la demencia.

Y los gritos tampoco equivalen necesariamente a un «mal comportamiento». La literatura clínica insiste en que la agitación puede estar relacionada con necesidades no satisfechas, como dolor, estreñimiento, infecciones, problemas sensoriales, miedo o factores ambientales. 

En este punto emerge una cuestión esencial: ¿cómo medir la calidad de vida cuando la persona ha perdido la capacidad de explicar cómo se siente?

En todo caso, no basta con medir lo que puede hacer. La calidad de vida en demencia no puede reducirse a valorar parámetros como la autonomía, la conversación, la memoria o la productividad. También cuentan el confort, la ausencia de dolor, la seguridad, el contacto humano, la posibilidad de elegir, la estimulación adecuada, el descanso y la capacidad de experimentar algún tipo de placer o tranquilidad.

La ciencia, además, reconoce una dificultad importante, pues, aunque las herramientas disponibles para evaluar estos comportamientos son numerosas, no siempre distinguen correctamente entre apatía, agitación, rechazo, repetición o vocalización. Adicionalmente, la revisión de los instrumentos existentes demuestra que todavía existen importantes carencias para evaluar determinados síntomas, entre ellos la deambulación y las vocalizaciones repetitivas. 

Por eso no conviene aventurar conclusiones aparentemente lógicas que, si embargo, son profundamente engañosas como, por ejemplo, la que traslada la frase: «como ya no puede comunicarse, su vida carece de calidad». No sabemos exactamente qué queda en el interior de una persona con demencia avanzada. Sí sabemos, en cambio, que conserva necesidades corporales, emocionales y relacionales; que puede experimentar dolor o bienestar; que determinados estímulos modifican su conducta y que el ambiente y la forma de cuidarla pueden influir considerablemente en su experiencia cotidiana. 

Quizá la cuestión que cabe plantear no se ciña a concretar cuánto queda de vida consciente en esas personas, sino qué hacer con la que les resta. Porque las palabras, cuando desaparecen, no arrastran con ellas a las personas. Y cuando ya no podemos entrar en su mundo mediante la conversación, nuestra obligación consiste precisamente en esforzarnos por penetrar en él mediante la observación, el cuidado, el tacto, la paciencia y el respeto.

En la demencia avanzada, asegurar la dignidad de las personas consiste en algo muy elemental y a la vez radicalmente esencial: seguir tratando como tales a quienes ya no pueden demostrar que lo son.

El nuevo capitalismo americano

La vieja frontera entre el capitalismo estadounidense y el intervencionismo europeo empieza a desdibujarse. Trump no está nacionalizando la economía, está haciendo algo más sutil que consiste en convertir al Gobierno en accionista, árbitro y estratega de empresas consideradas esenciales para asegurar la hegemonía norteamericana. En Europa, acostumbrada a su particular simbiosis entre mercado y Estado, la novedosa deriva norteamericana genera una cierta inquietud, que nace de la percepción de que tal vez deba competir con Estados Unidos utilizando armas que durante décadas fueron privativas de su modelo.

En buena parte del último medio siglo, EE. UU. ha sido para el continente europeo bastante más que un gran aliado militar, representó una genuina referencia económica. Frente al capitalismo regulado del continente, Washington patrocinaba el mercado de capitales, la iniciativa privada, la competencia y una desconfianza casi irracional en la propiedad estatal. El cometido primordial de las empresas era ganar dinero y el Gobierno, por su parte, debía limitarse a dictar las normas para facilitar ese propósito.

Hoy por hoy, esa disociación está perdiendo nitidez. Desde enero de 2025, el Gobierno estadounidense ha anunciado 39 operaciones de compra, que implican su participación directa en empresas privadas por importe de 27.700 millones de dólares, según el seguimiento realizado por el Council on Foreign Relations (CFR). El instrumento que ahora utiliza la administración americana, además de llamativo,  resulta sorprendente, pues si durante décadas prefirió otorgar subvenciones, préstamos, garantías e incentivos fiscales, ahora opta por comprar acciones.

Una operación que ejemplifica bien esta novedosa iniciativa económica atañe a la empresa Intel. En 2025, el Gobierno adquirió un 10% de la compañía mediante una operación de 8.900 millones de dólares, vinculada a fondos previamente comprometidos a través de la política industrial de semiconductores. Con ello no se buscaba exclusivamente ayudar a una determinada empresa, sino convertir al Estado en uno de sus partícipes.

El fenómeno se ha ido extendiendo a otros ámbitos considerados estratégicos, como los minerales críticos, la energía, las infraestructuras, loas telecomunicaciones, los semiconductores y las tecnologías avanzadas. El CFR apunta al Departamento de Comercio como promotor principal de estas iniciativas, aunque también están involucrados los de Defensa y Energía, así como la Development Finance Corporation.

Llamar «socialismo» a estas prácticas, como han hecho algunos, puede resultar periodísticamente impactante, aunque desde la perspectiva económica deben extremarse las cautelas, pues es innegable que Estados Unidos continúa siendo una de las economías del mundo más orientadas al mercado. El propio Peterson Institute for International Economics (PIIE), que ha documentado el giro estratégico mencionado, utiliza el término para describir el aumento de la propiedad o el control estatal, pero no para afirmar que Estados Unidos haya adoptado el modelo «socialista» europeo.

El dato que mejor ilustra la ruptura es otro. Según el análisis del PIIE, Estados Unidos había permanecido durante casi dos décadas entre los países con menor control estatal de la economía. Sin embargo, en 2025 pasó del segundo al decimosexto puesto con relación a ese indicador, lo que muestra a las claras el extraordinario deslizamiento de una economía avanzada y estable.

Ahora bien, no nos engañemos, Trump no está descubriendo el Estado social europeo. Lo que está rediseñando es el Estado estratégico norteamericano. Las diferencias entre uno y otro son evidentes. El objetivo no es redistribuir la riqueza mediante los impuestos, ampliar la cobertura de la sanidad pública o construir un sistema de bienestar, sino asegurar capacidades industriales y tecnológicas consideradas indispensables para la seguridad y la supremacía nacional. Los semiconductores no son únicamente componentes electrónicos; las tierras raras no son exclusivamente materias primas; la inteligencia artificial, la computación cuántica y determinadas infraestructuras energéticas no son simplemente mercados. Todos son instrumentos de poder.

La competencia con China ha modificado las reglas. Washington ha llegado a la conclusión de que dejar enteramente en manos del mercado determinadas cadenas de suministro puede crear indeseadas vulnerabilidades estratégicas. Y, como se suele decir, cuando la seguridad nacional entra por la puerta, el laissez-faire suele salir por la ventana.

Europa conoce bien ese argumento. Quizá demasiado bien. La Unión Europea lleva varios años construyendo su propia política de seguridad económica y autonomía estratégica abierta. La Comisión considera áreas críticas los semiconductores avanzados, la inteligencia artificial, la computación cuántica, las biotecnologías, el espacio, la energía, la robótica y los materiales avanzados. El objetivo declarado es reducir dependencias excesivas y hacer más resistentes las cadenas de suministro.

Bruselas ha desarrollado el Critical Raw Materials Act, el Net-Zero Industry Act y el Clean Industrial Deal, además de mecanismos de apoyo financiero y criterios de resiliencia en la contratación pública. No son instrumentos idénticos a los estadounidenses, pero responden a una misma exigencia: el mercado ya no puede concebirse completamente al margen de la geopolítica.

La paradoja resulta casi perfecta. Durante años, Europa fue acusada de intervenir demasiado en la economía. Ahora Estados Unidos está incorporando instrumentos que recuerdan, siquiera parcialmente, a esa tradición, mientras Europa intenta ganar competitividad precisamente porque teme quedarse atrás frente a Estados Unidos y China.

Pero existen diferencias que merecen alguna reflexión. Europa tiende a intervenir mediante marcos legislativos, programas comunitarios, presupuestos, regulación y mecanismos institucionales. Sin embargo, el emergente modelo estadounidense parece descansar en acuerdos concretos entre el Gobierno y determinadas compañías. Justamente aquí es donde aparecen los espacios de riesgo porque cuando el Estado es simultáneamente regulador, financiador y accionista, su relación con las empresas deja de ser neutral. De hecho, puede exigir compromisos que un inversor privado no reclamaría, como producción nacional, seguridad de suministro, determinadas inversiones o protección de capacidades estratégicas. Evidentemente, ello puede tener una justificación pública pero, a la vez, suscita una pregunta incómoda: ¿quién decide qué empresas son estratégicas y con qué criterios?

El problema no es que el Estado intervenga, algo que evidentemente deberá hacer en sectores concretos. La cuestión es la arbitrariedad con la que interviene y la calidad de los controles que acompañan a esa intervención. Si las decisiones se adoptan mediante negociaciones particulares, la frontera entre política industrial y favoritismo empresarial puede quedar desdibujada. 

Ello no es una cuestión menor. El capitalismo funciona mejor cuando las reglas son previsibles y los agentes económicos conocen de antemano las condiciones de la competencia. Si el acceso al poder político se convierte en una ventaja competitiva, el mercado puede dejar de premiar exclusivamente la eficiencia y comenzar a retribuir también la proximidad al Estado. Esta es, seguramente, la preocupación más seria que plantea la nueva política industrial americana.

Para Europa existe además una consecuencia estratégica. Si Washington utiliza su poder financiero, regulatorio y comercial para atraer producción tecnológica hacia los Estados Unidos, las empresas podrian verse obligadas a competir frente a compañías que disponen de un Estado mucho más dispuesto a respaldar sus balances.

Europa no puede responder a semejante desafío regodeándose en la nostalgia del viejo libre comercio. Tampoco debería precipitarse hacia una carrera indiscriminada para asegurar subvenciones nacionales que fragmentaría el mercado único. Su desafío es más complejo, pues significa construir una política industrial común suficientemente poderosa para defender sus intereses sin destruir las reglas de la competencia que constituyen una de sus principales fortalezas.

Por tanto, la gran novedad de este intríngulis no consiste en que Estados Unidos se haya vuelto «socialista». Esa afirmación es demasiado simplista. Lo que está desapareciendo es algo más importante, es la separación entre economía y estrategia nacional. China la abandonó hace tiempo, Europa está intentando adaptarse a esa realidad y ahora Estados Unidos, bajo un presidente republicano que durante décadas ha invocado el lenguaje de la empresa privada y la competencia, está haciendo lo mismo.

El capitalismo del siglo XXI quizá no lo sea menos porque el Estado tenga acciones en determinadas empresas. Puede ser, simplemente, un capitalismo diferente, más nacional, más proteccionista y más consciente de que determinadas tecnologías y materias primas tienen un valor que no suelen reflejar las cuentas de resultados de las empresas.

Para Europa, la situación es engorrosa, pues ya no basta con defender al mercado frente al Estado. Habrá que decidir qué debe dejarse al mercado, qué debe protegerse políticamente y, sobre todo, bajo qué reglas deben intervenir los poderes públicos. Esa será una de las grandes batallas económicas de los próximos años. No se librará entre capitalismo y socialismo, sino entre distintas formas del capitalismo de Estado. Y Washington acaba de entrar en esa guerra.

La deriva estadounidense genera una situación incómoda para Europa. En la nueva geopolítica económica, la autonomía no consiste en ser autosuficiente, sino en conservar margen de maniobra. Washington ha decidido utilizar el poder del Estado para preservar su posición tecnológica e industrial. Pekín lleva años haciendo algo parecido. Europa no necesita copiar a ninguno de los dos. Necesita desarrollar suficiente capacidad industrial, financiera y tecnológica para proteger sus intereses estratégicos sin renunciar a sus propias reglas. Ese es el verdadero reto europeo, convertir su autonomía estratégica en poder efectivo y que no quede simplemente en una declaración de intenciones.

Dignidad y silencio

Hay fotografías que no necesitan explicación y, precisamente por eso, sugieren múltiples preguntas. Tengo en mis manos dos instantáneas en las que aparecen dos hombres mayores sentados en una sala común. Uno duerme o descansa profundamente en un sillón; el otro permanece en una silla de ruedas, inclinado hacia delante, con la mirada perdida en algún punto de su regazo. Al fondo hay una televisión encendida, otras personas, sillones y sillas de ruedas. En fin, nada excepcional, nada dramático en apariencia.

Sin embargo, las fotografías suscitan una pregunta embarazosa: ¿qué clase de vida puede desarrollar una persona que ha perdido buena parte de su autonomía y cuya existencia está organizada alrededor del cuidado que otros le proporcionan?

No conviene aventurarse con respuestas precipitadas porque una imagen no permite acreditar, por sí sola, si el primer hombre está triste, cansado, enfermo o simplemente dormido. Tampoco la otra logra desvelar qué piensa el segundo, ni si participa en las actividades colectivas o qué relaciones mantiene con otros compañeros o con su familia. Convertir una fotografía en un diagnóstico además de injusto sería casi temerario. En cambio, sí permite observar algo más general, como es la reducción del espacio vital que suele producir la dependencia. La vejez dependiente no es simplemente un estadio con más necesidades médicas. Es, sobre todo, una etapa de transformación profunda de la relación con el tiempo, con el cuerpo, con los demás y con uno mismo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) utiliza un concepto especialmente útil, la capacidad funcional, que no solo conforman las competencias físicas o mentales de una persona, sino también el entorno en el que vive y los apoyos que recibe. Por eso un individuo puede perder determinadas capacidades y, sin embargo, conservar posibilidades reales de decidir, relacionarse, participar y disfrutar. Justamente ahí radica una de las características esenciales de los cuidados, que jamás deberían significar sustituir a la persona.

La legislación española define la autonomía como la capacidad de controlar, afrontar y tomar decisiones sobre la propia vida, incluso cuando existe dependencia. La Ley 39/2006 establece, además, que la atención y los cuidados deben orientarse a mejorar la calidad de vida, preservar la autonomía y proporcionar un trato digno, facilitando la participación activa en la comunidad. El problema radica en que entre los principios normativos y la experiencia cotidiana media una considerable distancia.

En una residencia, muchas decisiones dejan de pertenecer a las personas: la hora de levantarse, de comer, de ducharse, de tomar la medicación, de acostarse, de recibir determinadas atenciones. Es inevitable que exista una organización colectiva. Una institución no puede funcionar como un agregado de domicilios particulares. Ahora bien, existe una diferencia notoria entre estructurar la atención y organizar completamente la vida de los usuarios.

Cuando las rutinas institucionales se imponen sobre las preferencias individuales, la persona corre el riesgo de convertirse paulatinamente en «residente», es decir, en alguien que ocupa una habitación, utiliza una silla, recibe una medicación, come a una determinada hora y es trasladado de un lugar a otro. El nombre propio pierde importancia frente a la mera categoría administrativa.

La investigación sobre cuidados residenciales ha identificado precisamente esa tensión. Una revisión reciente sobre la autonomía en personas con demencia que viven en residencias señala que mantener la autonomía depende no solo de las capacidades del individuo, sino también de las competencias del personal, de la familia y, especialmente, de las relaciones que se establecen durante los cuidados cotidianos. 

Todo ello resulta fundamental porque la autonomía no desaparece necesariamente cuando disminuye la capacidad física o cognitiva, pero sí puede desvanecerse cuando dejamos de ofrecer oportunidades para ejercitarla. En estos lugares, a veces, se contrasta una paradoja especialmente dura: se puede estar rodeado de personas y al mismo tiempo sentirse profundamente solo. Ello no significa que todos los usuarios de una residencia estén solos. Tampoco que permanecer callado implique necesariamente sufrimiento. Significa algo más importante, como lo es que la convivencia física no garantiza la vida en comunidad. Dos personas pueden permanecer durante horas a pocos centímetros de distancia sin intercambiar una palabra. Pueden coincidir todos los días en un comedor y no llegar a conocerse nunca. Pueden sentarse juntos frente al televisor y continuar siendo dos universos incomunicados.

La literatura científica confirma que la soledad en las residencias está relacionada con factores de salud y funcionamiento, pero también con los contactos sociales, la calidad de las relaciones y el propio entorno. Precisamente, un estudio realizado en 2026 que revisó 38 investigaciones identificó esos factores como elementos relevantes para comprender la soledad residencial. 

De tal manera que una institución puede estar perfectamente limpia, disponer de buenos menús, tener asistencia sanitaria o cumplir adecuadamente las tareas básicas y, sin embargo, ofrecer una vida pobre en relaciones. La buena atención sanitaria no equivale por sí sola a una buena vida.

Las fotografías muestran también otro  aspecto importante de las personas: su cuerpo. El hombre en la silla de ruedas ya no se desplaza con la misma facilidad que antes, necesita un dispositivo para moverse. El otro ocupa un sillón que parece ser, durante un tiempo indeterminado, su privativo territorio.

Cuando aumenta la dependencia, el cuerpo deja de ser un instrumento de la voluntad para convertirse en una preocupación permanente que genera inquietud, sea por levantarse, sentarse, caminar, ir al baño, vestirse, comer o dormir.

La persona empieza a vivir alrededor de sus propias limitaciones. Y así cobra prevalencia una realidad silenciosa: la pérdida de iniciativa. No necesariamente porque alguien la sustraiga deliberadamente, sino porque todo resulta más difícil. Si para levantarse hay que pedir ayuda, quizá se permanezca sentado. Si salir requiere que alguien te acompañe, quizá no se salga. Si iniciar una conversación exige esfuerzo, quizá se deje de hablar.

De modo que la dependencia genera un círculo vicioso: menos capacidad, menor actividad; menor actividad, menos estimulos; menos estímulos, inferior iniciativa. Por eso, la OMS insiste en que los cuidados de larga duración deben servir no solamente para compensar las capacidades perdidas, sino también para conservar o recuperar, cuando sea posible, la capacidad funcional y permitir que la persona continúe haciendo aquello que considera valioso. 

¿Dónde reside entonces la dignidad? Pues seguramente en lugares mucho más pequeños de lo que solemos imaginar,  como por ejemplo en poder elegir entre dos camisas, en decidir dónde sentarnos, en que alguien pregunte qué se quiere comer y espere realmente la respuesta, en poder dormir un poco más, en conservar objetos propios, en que llamen a una persona por su nombre y no por su número de habitación, en que nadie hable delante de ella como si no estuviese presente, en permitirle hacer sola una tarea aunque tarde más, en escuchar una historia repetida sin mostrar impaciencia, en tocar una mano cuando no quedan palabras, en respetar el silencio cuando el silencio es elegido... Y también en algo aparentemente menor, pero decisivo: tener a alguien que se interese por aquello que uno fue y no solamente por aquello que necesita ahora.

La dignidad no exige que una persona siga siendo autónoma en sentido pleno. Exige que continúe siendo reconocida como sujeto. La diferencia es apreciable. 

Sería injusto analizar las relaciones entre residentes y cuidadores partiendo de una oposición estructural entre ambos. Quienes trabajan en residencias realizan una tarea muy exigente, física y emocionalmente. La evidencia sobre atención centrada en la persona subraya que las dificultades para aplicarla no proceden únicamente de la voluntad individual  sino que influyen otros factores, como las ratios de personal, su formación, la organización del trabajo, el apoyo de los responsables o la cultura institucional. De modo que no se puede pedir una relación humana profunda cuando todo el sistema empuja hacia la rapidez, la rutina y la tarea pendiente.

Una cuidadora que tiene que levantar, asear, vestir, alimentar y trasladar a numerosos residentes dispone de poco tiempo para preguntar quién era aquel hombre antes de convertirse en dependiente. Por eso la dignidad no es solamente una virtud patrimonial del cuidador. Es también una cuestión de organización, recursos y modelo asistencial.

España dispone actualmente de una extensa, aunque insuficiente, red residencial. Los datos del Imserso correspondientes a diciembre de 2024 contabilizan 412.109 plazas de atención residencial y 329.655 personas usuarias, con un 75,5% de ellas mayores de 80 años. No estoy hablando, por tanto, de una realidad marginal, describo uno de los escenarios centrales del envejecimiento contemporáneo.

Quizá la pregunta correcta no sea, por tanto, cuánto pueden hacer todavía estas personas, sino qué podemos hacer con ellas y para ellas sin convertirlas en objetos de cuidado. Algunas conservarán capacidad para conversar, leer, bromear, enamorarse, discutir, recordar, aprender o ayudar. Otras tendrán una capacidad cognitiva muy reducida. Algunas podrán decidir casi todo. Otras necesitarán que alguien interprete sus gestos, sus preferencias y sus silencios. Pero ninguna de esas diferencias elimina automáticamente la dignidad.

La residencia debería ser algo más que el lugar donde se garantiza que una persona esté limpia, alimentada, medicada y segura. Debería ser un lugar donde todavía puede suceder algo. Una conversación inesperada. Una amistad. Una música que despierte un recuerdo. Una salida al jardín. Una fotografía familiar. Una discusión sobre fútbol. Una caricia. Una broma. Una elección. Una pequeña responsabilidad. Una visita que no tenga prisa.

Porque la dignidad no termina cuando empieza la dependencia. Precisamente ahí empieza su prueba más difícil. Y las dos fotografías plantean esa cuestión sin ambages ni necesidad de dramatizarla. Un hombre duerme. Otro permanece inmóvil en su silla. A su alrededor continúa la vida de la residencia.

La cuestión verdaderamente importante es qué ocurre entre esos momentos de espera. Si solamente pasan las horas, estamos ante una prolongación biológica de la existencia. Ahora bien, si todavía hay elección, relación, afecto, conversación, curiosidad, reconocimiento y participación, entonces queda algo mucho más importante: vida humana. Y ese espacio, por reducido que sea, es precisamente el territorio que una sociedad digna debería empeñarse en proteger.

La democracia no está a salvo

La deriva institucional de Estados Unidos y el avance de fuerzas iliberales en Europa revelan una crisis que va más allá de la alternancia entre izquierda y derecha. Está en juego el respeto a las reglas que hacen posible la democracia

Durante décadas, Estados Unidos fue considerado uno de los principales referentes de la democracia liberal. Su Constitución, la separación de poderes, la independencia judicial y la libertad de prensa constituían un modelo de estabilidad institucional. Europa, por su parte, construyó después de la Segunda Guerra Mundial un proyecto político basado en el pluralismo, los derechos fundamentales y el Estado de derecho.

Hoy ambos espacios comparten una inquietante realidad. En ellos la democracia no está desapareciendo abruptamente, mediante golpes de Estado o revoluciones. Se deteriora implícitamente, utilizándose a tal efecto los mecanismos de poder que ella misma proporciona.

La segunda presidencia de Donald Trump ha convertido esta posibilidad en una preocupación central. Pero sería un error interpretar lo que sucede en Estados Unidos como una anomalía privativa de este país. El debilitamiento de los contrapesos institucionales, la polarización social, el nacionalismo excluyente y la desconfianza hacia los medios de comunicación y la justicia forman parte de una tendencia internacional que también afecta a Europa.

Estados Unidos: el poder presidencial frente a las instituciones

La preocupación fundamental no reside en que Donald Trump represente una opción conservadora, nacionalista o populista. Todas tienen legítima cabida en una democracia. El problema se suscita cuando el ejercicio del poder pretende situarse por encima de las instituciones que deben limitarlo.

Los politólogos Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, en Cómo mueren las democracias (2008), explicaron que las actuales pueden erosionarse mediante procedimientos legales en apariencia. El mecanismo consiste en debilitar progresivamente los controles, cuestionar la legitimidad de los adversarios y convertir las instituciones independientes en instrumentos al servicio de la mayoría gobernante.

La experiencia estadounidense ofrece elementos preocupantes, como la presión sobre los organismos federales, los conflictos con el poder judicial, la utilización expansiva de las competencias presidenciales y la deslegitimación de quienes ejercen funciones de control.

El informe de 2026 del instituto sueco V-Dem (Varieties of Democracy) señala que Estados Unidos ha experimentado un retroceso democrático extraordinariamente rápido. Su índice de democracia liberal cayó un 24% en un solo año, y el país pasó del puesto 20 al 51 en la clasificación de 179 Estados. El informe identifica como principales problemáticas la concentración presidencial del poder, la politización de la Administración y las presiones sobre la justicia, la prensa y la sociedad civil. 

Todo ello no significa que Estados Unidos haya dejado de ser una democracia electoral, significa que sus mecanismos tradicionales de protección están sometidos a una presión excepcional.

La nueva normalidad electoral

En esa coyuntura, uno de los aspectos más delicados es la transformación de las elecciones en un campo de confrontación sobre las propias reglas del sistema.

La investigación de Dari Sylvester Tran, que recoge su libro Unrigging American Elections (2019), ayuda a comprender que la calidad democrática no depende únicamente del correcto escrutinio de los sufragios. También exige garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto en condiciones razonablemente equitativas. El problema estadounidense es que asuntos como el voto por correo, la inscripción electoral, la distribución de los colegios y la delimitación de los distritos han adquirido una dimensión partidista creciente.

La negativa de Trump a reconocer su derrota en 2020 y el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 mostraron las consecuencias extremas que conlleva cuestionar la legitimidad electoral. La democracia exige incertidumbre sobre quién gana los comicios, pero no sobre la aceptación de las reglas ni sobre la validez de los resultados electorales. 

Los comicios legislativos que se celebran la próxima semana serán por ello una prueba fundamental. Como advierte un análisis publicado en Political Science Quarterly el pasado septiembre, la preocupación no se limita a quién obtendrá la mayoría parlamentaria, sino también a si los comicios se desarrollarán en condiciones plenamente justas y si sus resultados serán respetados. 

Europa: el espejo que preferimos no mirar

Europa no puede contemplar estos  acontecimientos con la tranquilidad de quien observa un problema ajeno. El informe sobre la democracia de V-Dem de 2026 identifica siete Estados miembros de la Unión Europea afectados por procesos de autocratización, además de el Reino Unido y Estados Unidos. Entre los países incorporados a esa tendencia figuran Italia, Croacia, Eslovaquia y Eslovenia. 

El caso de Hungría, durante el prolongado liderazgo de Viktor Orbán, constituye una referencia especialmente ilustrativa. La progresiva concentración del poder, las interferencias en la independencia judicial, las limitaciones al pluralismo informativo y las modificaciones de las reglas electorales muestran cómo puede mantenerse la apariencia de normalidad democrática mientras se alteran sus condiciones esenciales. La experiencia húngara ha demostrado, además, las dificultades de la Unión Europea para responder eficazmente cuando uno de sus gobiernos cuestiona los principios que fundamentan la propia organización.

Pero no se trata solamente de Hungría. Italia, Eslovaquia y otros países europeos muestran tensiones relacionadas con la independencia judicial, la libertad de prensa, la protección de las organizaciones civiles y el respeto a los mecanismos de control. El informe de 2026 de la Comisión Europea sobre el Estado de derecho examina precisamente estas cuestiones en los 27 Estados miembros. La justicia, la lucha contra la corrupción, el pluralismo informativo y los contrapesos institucionales son los cuatro pilares fundamentales de su evaluación. La conclusión es preocupante porque ninguna democracia europea dispone de inmunidad estructural frente a la erosión institucional.

El populismo y la crisis de representación

Sería una respuesta muy superficial atribuir todos estos problemas a la expansión de la extrema derecha. La crisis de representación tiene raíces más profundas y responsabilidades distribuidas, que han alimentado el descontento, la desigualdad económica, la precariedad laboral, la pérdida de expectativas de las clases medias, las dificultades de acceso a la vivienda, el deterioro de los servicios públicos y la percepción de que las élites políticas viven alejadas de los problemas cotidianos. Y cuando los partidos tradicionales no ofrecen respuestas convincentes, prosperan los movimientos que prometen soluciones inmediatas, identifican enemigos y presentan las instituciones como obstáculos para la materializacion de la voluntad popular.

El populismo explota la flagrante contradicción existente en el seno de las democracias que, aunque reconocen formalmente la igualdad política, no logran evitar que muchos ciudadanos experimenten desigualdades económicas y sociales que limitan su capacidad efectiva de participar en la vida pública.

Frente a esa paradoja, la respuesta no puede consistir en sustituir el pluralismo por el liderazgo personalista. La voluntad de la mayoría es imprescindible, pero no ilimitada. Una democracia auténtica también protege a las minorías, garantiza derechos que no dependen de los resultados electorales y establece límites al poder de los gobernantes.

En este punto, resulta especialmente útil recordar el pensamiento de Jürgen Habermas (Facticidad y validez, 1992). Su concepción de la democracia deliberativa recuerda que la legitimidad política no procede exclusivamente del recuento de votos, sino también de la existencia de un espacio público libre donde las decisiones puedan discutirse, cuestionarse y justificarse.

Europa necesita una estrategia democrática propia

La evolución estadounidense plantea a Europa un desafío que es simultáneamente político, institucional y geoestratégico.

En primer lugar, debe reforzar sus mecanismos de protección del Estado de derecho. No basta con elaborar informes anuales y formular recomendaciones. La Comisión y el Consejo necesitan instrumentos efectivos para reaccionar ante vulneraciones persistentes, sin aplicar criterios partidistas ni excepciones interesadas.

En segundo lugar, es imprescindible proteger la independencia judicial, el pluralismo de los medios de comunicación y la autonomía de las instituciones de supervisión. La libertad de prensa y la independencia de los tribunales no son privilegios corporativos, son garantías de los ciudadanos frente a los abusos del poder.

En tercer lugar, la democracia debe recuperar capacidad de respuesta social. No puede limitarse a defender sus procedimientos mientras se desentiende de las condiciones materiales de la vida de los ciudadanos. La vivienda, la educación, la sanidad, el empleo digno y la reducción de las desigualdades son también componentes de su legitimidad.

Finalmente, Europa necesita mayor autonomía estratégica. Thomas Carothers, investigador de Carnegie Endowment, ha advertido de que el retroceso democrático estadounidense puede debilitar su influencia internacional, la confianza de sus aliados y la continuidad de sus compromisos exteriores. Una democracia institucionalmente debilitada también puede convertirse en un socio internacional menos previsible. 

Defender la democracia antes de que sea demasiado tarde

La historia europea del siglo XX demuestra que las instituciones democráticas pueden desaparecer con una rapidez inusitada mientras funcionan con aparente normalidad. Consecuentemente,  la lección a aprender no consiste en establecer equivalencias entre situaciones históricas diferentes, sino en comprender que ninguna conquista política es irreversible.

Estados Unidos y Europa afrontan circunstancias distintas, pero comparten una misma responsabilidad: impedir que la competencia electoral se transforme en una lucha por apropiarse permanentemente del Estado.

La democracia exige alternancia, controles, derechos, pluralismo y aceptación de la derrota. También necesita dirigentes dispuestos a reconocer que el adversario político no es un enemigo de la nación y que ganar unas elecciones no significa recibir un cheque en blanco.

El mayor peligro no es que las democracias elijan gobiernos conservadores, progresistas o populistas. Es que esos gobiernos, cualquiera que sea su orientación, pretendan modificar las reglas para perpetuarse en el poder.

La democracia no muere necesariamente cuando dejan de celebrarse elecciones. Puede empezar a extinguirse cuando las elecciones siguen celebrándose, pero dejan de garantizar que todos tengan las mismas posibilidades de competir y que el poder pueda perderse. Esa es la advertencia que llega hoy desde Estados Unidos y que Europa debería escuchar antes de que resulte demasiado tarde.

El valor educativo del «no»

Entre el autoritarismo de otras generaciones y la permisividad de algunos modelos actuales, la educación tal vez necesita redefinir sus límites sin renunciar al respeto, al diálogo y a la autonomía infantil.

Hay palabras que una determinada sociedad destierra por los daños que ocasionaron en el pasado y que, años después, precisa recuperar para intentar reutilizarlas. El «no» es una de ellas. En el mundo occidental (no solo en él), durante décadas, muchos niños crecieron sometidos a una autoridad incuestionable, a prohibiciones arbitrarias y a castigos que confundían obediencia con educación. Hoy, en buena parte de las familias, existe una voluntad legítima de romper con aquel modelo. Sin embargo, en numerosas ocasiones, la reacción contra el autoritarismo ha conducido al extremo contrario, creciendo la dificultad para establecer límites sin sentirse culpable.

En un reciente artículo publicado en La Vanguardia, la periodista Eva Millet planteaba una cuestión que merece una reflexión pausada: ¿podemos educar respetando plenamente a los niños si evitamos sistemáticamente contrariarlos? La respuesta exige distinguir entre conceptos inequivalentes, como lo son autoridad y autoritarismo, o respeto y permisividad. Confundirlos puede perjudicar tanto a los niños como a sus progenitores.

Las heridas de una educación autoritaria

Los datos ayudan a comprender el origen de esta transformación. Un estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) advierte que el 49,1 % de los españoles recuerda haber sufrido insultos, humillaciones o menosprecios durante la infancia o la adolescencia, un 32,6 % afirma haberse sentido ignorado y cerca del 30 % recuerda haber recibido una insuficiente atención emocional o haberse sentido poco querido. Estas experiencias explican, al menos parcialmente, el rechazo actual a las formas tradicionales de autoridad. Muchos padres desean que sus hijos crezcan sin miedo, puedan expresar sus emociones y participen en las decisiones que les afectan. Esta actitud supone un avance educativo incuestionable.

El problema se suscita cuando la voluntad de evitar el sufrimiento impone la obligación de impedir cualquier frustración. Con ello se pasa de cuestionar la autoridad abusiva a sospechar de cualquier autoridad; de rechazar el castigo humillante a renunciar a las consecuencias educativas de las sanciones; de escuchar al niño a convertir sus deseos en órdenes. Frente a ello, la alternativa no consiste en volver al pasado, sino en aprender de los errores sin renunciar a la responsabilidad adulta.

Lo que dice la investigación

La evidencia científica ofrece argumentos para sostener esta posición. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en una revisión de estudios sobre estilos parentales, distingue entre modelos autoritarios, permisivos, negligentes y democráticos. Estos últimos combinan afecto, comunicación y sensibilidad hacia las necesidades infantiles con expectativas claras y límites consistentes.

El trabajo de Hannah Ulferts, analista de políticas públicas, editado por la OCDE en 2020, incorpora los resultados de la revisión de 29 metaanálisis y 81 estudios cuantitativos. Su conclusión general destaca la importancia de combinar calidez, autonomía apropiada para la edad y estructura para favorecer el desarrollo saludable de niños y adolescentes. No obstante, los resultados varían según las circunstancias individuales, familiares y culturales.

La investigación, por tanto, no respalda la idea de que querer bien signifique concederlo todo. Tampoco justifica la disciplina basada en el miedo. Lo autenticamente relevante es cómo se ejerce la autoridad, con qué propósito y dentro de qué relación afectiva.

Por su parte, el Consejo de Europa define la parentalidad positiva mediante principios complementarios, entre ellos el cuidado, el reconocimiento, la orientación, el fortalecimiento de las capacidades infantiles y el establecimiento de límites que permitan el desarrollo pleno del niño. Según él, la ausencia de violencia no equivale a la proscripción de las normas.

La frustración también educa

La psicóloga infantil Ana Aznar, citada por Millet, sostiene que educar exige amor y límites. La docente Elisa Molina, coautora de Dopaminados (2026), un texto con orientaciones para gestionar la frustración infantil, advierte de que respetar a un niño no significa ahorrarle cualquier malestar, sino acompañarlo mientras aprende a convivir con la realidad. Esta distinción resulta fundamental. La frustración no es necesariamente una experiencia perjudicial que deba evitarse a toda costa. Cuando es proporcionada, comprensible y está acompañada de afecto, puede ayudar al niño a desarrollar paciencia, tolerancia a la espera, capacidad de adaptación y regulación emocional.

Esperar para recibir un juguete, aceptar que una actividad ha terminado, compartir con otros o asumir una consecuencia razonable son experiencias cotidianas en las que se aprende que los deseos individuales conviven con las necesidades ajenas. No se trata de provocar frustraciones deliberadamente ni de endurecer a los niños, sino de no interpretar cada contrariedad como un daño psicológico. La función educativa de los adultos incluye ayudar a gestionar emociones desagradables, no garantizar que nunca aparezcan. Un niño que se enfada porque no obtiene lo que quiere necesita que sus sentimientos sean reconocidos, pero no que su enfado determine necesariamente la decisión familiar. Podemos comprender su disgusto sin modificar una norma razonable para hacerlo desaparecer.ĺ

Padres agotados, hijos sin referencias

Millet señala otra cuestión relevante. Algunas interpretaciones de la llamada «crianza respetuosa» imponen a los progenitores una exigencia difícil de sostener. Deben validar todas las emociones, evitar cualquier reacción de enfado y gestionar cada conflicto mediante una negociación permanente. El temor a equivocarse puede convertir la crianza en una prueba continua de competencia moral. La preocupación no es menor. Las recomendaciones educativas deberían ayudar a las familias, no someterlas a ideales de perfección inalcanzables. Los padres también se cansan, cometen errores y necesitan apoyo. Un grito ocasional no define por sí solo una relación familiar, aunque convenga reparar el daño causado y aprender a gestionar mejor los conflictos.

La Organización Mundial de la Salud, en sus directrices de 2023 sobre intervenciones de apoyo a la crianza, destaca la utilidad de los programas basados en la evidencia para reducir el maltrato y las prácticas educativas severas, mejorar la relación entre padres e hijos y prevenir dificultades emocionales y conductuales. Educar mejor no depende únicamente de la voluntad individual, también requiere orientación profesional y recursos accesibles.

Un «no» razonado, no una prohibición permanente

Recuperar el valor educativo del «no» en absoluto significa convertirlo en una respuesta automática. Nora Kurtin, autora de No, porque te quiero (2026), un libro con orientaciones para preparar la adolescencia, propone precisamente seleccionar las cuestiones verdaderamente importantes para cada familia. Ahí reside una de las claves. Los límites deben ser comprensibles, proporcionados y coherentes con la edad del niño. Han de proteger su seguridad, facilitar la convivencia y enseñar responsabilidad. Siempre que sea posible, conviene explicar las razones, escuchar las objeciones y permitir que los hijos participen en las decisiones adecuadas a su madurez.

La firmeza no excluye la ternura. Una norma puede mantenerse sin humillar, amenazar ni ridiculizar. Y cuando una decisión admite alternativas, ofrecerlas permite desarrollar autonomía sin abdicar de la responsabilidad adulta. La educación democrática comienza en casa cuando los niños descubren que su opinión importa, pero también que los demás tienen derechos y que convivir obliga a aceptar reglas compartidas.

En definitiva, educar no consiste en fabricar niños permanentemente felices, sino en ayudarlos a adquirir capacidades para afrontar una realidad que no siempre satisfará sus expectativas. El amor no elimina los límites, les da sentido. Y el respeto no consiste en evitar todos los conflictos, sino en resolverlos sin negar la dignidad de nadie. Un «no» que protege, orienta y se explica puede ser una forma de amor. Un «sí» concedido por miedo a la frustración puede convertirse, paradójicamente, en una renuncia a educar.

De adversarios y enemigos

En las elecciones del 29-N se decide algo más que un Gobierno: ponen a prueba la convivencia democrática, la responsabilidad de las élites políticas y nuestra capacidad para frenar la normalización del odio.

Hay elecciones en las que se confrontan programas, se discuten políticas públicas y se decide quién debe gobernar. Otras plantean cuestiones de mayor calado: qué democracia queremos preservar y cuáles son los límites que ninguna mayoría debería traspasar. Las elecciones generales del 29 de noviembre pertenecen, en buena medida, a esta segunda categoría.

En su artículo «Lo que se juega el país», publicado en El País (20 de octubre), el catedrático Ignacio Sánchez-Cuenca advierte de una transformación preocupante de la vida pública española, causada por el regreso de la intolerancia, la banalización del insulto, la hostilidad hacia los más vulnerables y la creciente deslegitimación del adversario político. Su diagnóstico merece atención porque invita a distinguir responsabilidades, evitar simplificaciones y reconocer que la defensa de la democracia comienza también por someter a examen nuestras propias convicciones.

Del adversario al enemigo

La democracia no exige concordia permanente, ni impone una cortesía artificial. Requiere algo más sustancial, como es reconocer la legitimidad de quien piensa de manera diferente, aceptar las reglas comunes y admitir que el poder puede cambiar de manos sin que el país se convierta por ello en territorio enemigo.

En España, el insulto personal ha ido desplazando con demasiada frecuencia a la argumentación. Consignas como «que te vote Txapote», descalificaciones contra el presidente del Gobierno y acusaciones de tiranía han contribuido a normalizar un lenguaje que reduce la política a una confrontación moral entre supuestos patriotas y presuntos traidores.

No es una cuestión de sensibilidad verbal. El problema estalla cuando la descalificación sustituye a la crítica, la sospecha ocupa el lugar de la prueba y la derrota del adversario parece justificar cualquier procedimiento.

Sánchez-Cuenca, certeramente, atribuye a las derechas una responsabilidad principal en esta degradación. Hay razones para examinar críticamente el papel de dirigentes que han legitimado insultos, alimentado sospechas sobre las instituciones o evitado condenar determinadas prácticas de sus seguidores. Pero el rigor obliga a no convertir esa denuncia en una absolución general de la izquierda. También esta debe responder por sus errores, sus excesos retóricos y cualquier otra conducta debilitadora del pluralismo.

La equidistancia no siempre es justa, pues las responsabilidades pueden ser desiguales. Pero tampoco lo es sustituir el análisis de las conductas por una condena indiscriminada de todo un espacio político. Lo importante es aplicar criterios democráticos exigentes a todos, con independencia de su orientación ideológica.

La intolerancia se revela ante los vulnerables

Uno de los argumentos más incisivos del artículo mencionado es la comparación entre la reacción social a los atentados del 11-M de 2004 y las actitudes observadas durante la crisis migratoria de Ceuta en 2026. Sánchez-Cuenca contrapone la ausencia de una reacción generalizada de violencia antimusulmana tras los atentados con la aparición de comportamientos racistas y excluyentes ante la llegada de inmigrantes.

La comparación invita a preguntarnos qué ha cambiado en nuestra relación con quienes consideramos diferentes.

Es legítimo defender el control de las fronteras, exigir una política migratoria eficaz y reclamar a las instituciones que garanticen la seguridad. Ningún Estado está obligado a renunciar a esas responsabilidades. Pero la gestión de la inmigración no puede convertirse en una autorización para deshumanizar a las personas ni para considerar irrelevantes sus derechos fundamentales.

La muerte de migrantes que intentan alcanzar nuestras costas debería interpelarnos como sociedad. No se trata de eliminar las discrepancias sobre las políticas migratorias, sino de impedir que el origen, la religión o la situación administrativa de una determinada persona sirvan para privarla de toda consideración moral.

Una democracia se mide tanto por la protección que ofrece a sus ciudadanos como por los principios que sostiene cuando se enfrenta a quienes carecen de poder, recursos o reconocimiento social.

El caso de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años fallecida después de un desahucio que había despertado una amplia solidaridad, plantea una cuestión semejante. Es legítimo discutir las circunstancias jurídicas del procedimiento y exigir responsabilidades a las administraciones. Lo inadmisible es ridiculizar a una persona vulnerable, atribuirle intenciones fraudulentas sin pruebas o alimentar teorías conspirativas sobre su muerte.

Cuando incluso el sufrimiento de una anciana se interpreta exclusivamente en función de su utilidad electoral, algo esencial se ha deteriorado. La compasión no exige compartir una ideología, pero sí reconocer la dignidad de quien sufre.

Criticar al Gobierno sin destruir la legitimidad institucional

Defender la democracia tampoco significa proteger al Gobierno de las críticas. El Ejecutivo de coalición ha cometido errores importantes, ha gestionado deficientemente problemas como el de la vivienda, ha afrontado casos de corrupción que requieren explicaciones y ha promovido decisiones controvertidas, entre ellas la amnistía, sobre cuya conveniencia y efectos existe una legítima discrepancia política.

Sus resultados económicos, laborales y sociales deben evaluarse con datos y no mediante adhesiones partidistas. Allí donde haya mejoras, corresponde reconocerlas; donde existan fracasos, abusos o responsabilidades, cabe exigir cuentas.

La oposición cumple una función imprescindible. Puede combatir las leyes del Gobierno, reclamar elecciones, proponer alternativas y denunciar cualquier actuación contraria a la Constitución. La crítica severa no debilita necesariamente la democracia, bien al contrario, contribuye a fortalecerla.

La frontera de la intolerancia se cruza cuando se presenta al Ejecutivo como ilegítimo por definición, cuando se cuestiona la limpieza electoral sin pruebas suficientes o se atribuyen delitos y conspiraciones sin fundamento. Si cada derrota se explica como resultado de un fraude y cada decisión adversa como una traición, desaparece la posibilidad de aceptar una alternancia pacífica.

La democracia no exige confiar ciegamente en las instituciones. Exige fiscalizarlas, preservar su independencia y fundamentar las acusaciones. La desconfianza puede ser saludable cuando conduce a investigar, pero resulta destructiva cuando se convierte en una certeza que ninguna evidencia logra remover.

La responsabilidad de quienes alimentan la confrontación

La degradación del debate público no es obra exclusiva de los partidos. Dirigentes, medios de comunicación, comentaristas y ciudadanos participan de un ecosistema en el que la provocación genera audiencia, la indignación proporciona identidad colectiva y la difusión de falsedades puede reportar beneficios políticos.

Se genera así una espiral que se retroalimenta. Los dirigentes estimulan la hostilidad de sus seguidores y estos premian a quienes la intensifican. Las redes sociales aceleran el proceso, pero no lo explican por completo. Detrás de cada mensaje hay decisiones, intereses y responsabilidades.

Romper esta dinámica exige que los partidos condenen las amenazas y los insultos, rectifiquen las falsedades propias y acepten los resultados electorales. Los medios deben distinguir entre información y propaganda, verificar las acusaciones y evitar que el espectáculo de la confrontación sustituya al análisis sosegado. Los ciudadanos, por su parte, debemos desconfiar de los mensajes que confirman fácilmente nuestros prejuicios. No se trata de aspirar a una política sin pasión, sino de impedir que la pasión destruya las condiciones que permiten convivir en libertad.

El 29-N y lo que viene después

Las elecciones decidirán la composición del Gobierno y el rumbo de las políticas públicas. Pero también ofrecerán una medida de nuestra disposición para tolerar determinadas prácticas y de la importancia que concedemos a las reglas compartidas.

Ningún partido posee el monopolio de la democracia. Ninguna ideología está por encima de la ley. Ninguna mayoría tiene derecho a silenciar a las minorías y ninguna oposición puede arrogarse la facultad de invalidar una victoria electoral porque no se ajuste a sus expectativas.

La democracia rara vez desaparece de un día para otro. Bien al contrario, se erosiona gradualmente cuando la mentira se normaliza, la humillación se convierte en entretenimiento, las instituciones se transforman en armas partidistas y la desgracia ajena deja de suscitar compasión.

España necesita una confrontación política intensa, alternativas reconocibles y ciudadanos capaces de exigir responsabilidades. Lo que no precisa es convertir cada discrepancia en una guerra moral sin límites.

El 29-N elegiremos unos representantes que  a su vez, elegirán un Gobierno. Pero la responsabilidad de preservar la democracia no terminará cuando se cierren las urnas. Se ejercerá después, con la aceptación de los resultados, con el respeto al adversario y con nuestra capacidad para recordar que, por encima de las diferencias políticas, compartimos derechos, instituciones y un mismo espacio de convivencia.

Porque una democracia no demuestra su fortaleza cuando todos están de acuerdo, sino cuando quienes discrepan pueden hacerlo sin dejar de reconocerse como iguales.