Fomentar la autonomía de los escolares en la era del WhatsApp

Con el comienzo del curso escolar regresan los libros, los horarios, las mochilas y, casi con la misma puntualidad, los grupos de WhatsApp de madres y padres. Nacieron para facilitar la comunicación y resolver cuestiones prácticas, pero en muchos casos han terminado convirtiéndose en una suerte de extensión digital de la escuela. En ellos se preguntan los deberes, se recuerdan los exámenes, se reconstruyen las explicaciones de los profesores, se comentan los conflictos y, a veces, se moviliza a media comunidad educativa por un problema que cualquier alumno podría haber resuelto en unos minutos.

El fenómeno merece que se le dedique atención porque detrás de una práctica aparentemente inocua existe una problema educativo de fondo: ¿hasta dónde debemos ayudar a nuestros hijos y en qué momento nuestra ayuda empieza a impedir que aprendan a desenvolverse por sí mismos?

La autonomía no aparece espontáneamente asociada a una determinada edad. Se construye progresivamente mediante  la asunción de pequeñas responsabilidades, decisiones, errores y consecuencias. La psicología del desarrollo y la pedagogía contemporáneas coinciden en señalar la importancia que tiene ofrecer a niños y adolescentes apoyos ajustados a su nivel de competencia, retirándolos gradualmente a medida que pueden asumir por sí mismos determinadas responsabilidades. La finalidad de su educación no es evitarles todas las dificultades, sino proporcionarles herramientas para afrontarlas.

En ese sentido, entiendo que los grupos de madres y padres deberían servir para informar y no para asumir responsabilidades propias de los centros educativos y de la crianza familiar. Resulta perfectamente razonable utilizarlos para comunicar un cambio de horario, recordar una excursión, resolver una cuestión logística o transmitir una información que afecta a todos. El problema  se suscita cuando el grupo comienza a asumir y sustituir la responsabilidad individual del alumno: «¿Qué deberes había?», «¿Cuándo era el examen?», «¿Qué ha dicho exactamente el profesor?», «¿Alguien sabe qué tienen que llevar mañana?».

Si un niño puede preguntárselo a un compañero, consultar su agenda o dirigirse al profesor, quizá no necesite que sus padres lo hagan por él. Resolver inmediatamente desde el teléfono aquello que el hijo puede solventar en el colegio es una forma de ayuda que, paradójicamente, puede debilitar lo que justamente debemos fomentar: su autonomía. 

También conviene preservar el principio elemental de que los menores no deben convertirse en objeto de deliberación colectiva. Los grupos de padres no pueden ser tribunales escolares. Juzgar, identificar o descalificar a un niño —aunque sea indirectamente— puede tener consecuencias desproporcionadas y vulnerar su intimidad. Una dificultad en la convivencia entre alumnos, una conducta problemática o un malentendido, deben abordarse por los cauces establecidos, nunca mediante una exposición pública ante decenas de familias.

Y lo mismo ocurre con los conflictos. Una discrepancia con un profesor, con otro padre o con un alumno no debería trasladarse automáticamente al grupo general. Las conversaciones colectivas tienden a simplificar los problemas, favorecen los malentendidos y pueden generar dinámicas de presión difíciles de detener una vez iniciadas. Los asuntos relevantes requieren interlocutores concretos y espacios privados, como los que representan tutores, profesores, equipos directivos o las familias afectadas, según el caso.

Además, existe una regla de prudencia básica especialmente importante: la versión de nuestro hijo merece ser escuchada, pero no necesariamente convertida en sentencia. Escuchar es proteger; creer sin contrastar puede ser otra cosa. Los niños y adolescentes cuentan los acontecimientos desde su propia percepción, condicionada por emociones, expectativas, relaciones con sus compañeros y comprensión todavía limitada de determinadas situaciones. Tomar en serio su relato significa precisamente ayudarles a reconstruirlo, comprender otras perspectivas y buscar soluciones.

Tampoco resulta pedagógico ejercer permanentemente de abogado defensor. Habrá ocasiones en que nuestros hijos necesiten que intervengamos ante una injusticia real o una situación que no pueden gestionar. Pero otras veces necesitarán algo diferente. Deberán aprender a asumir una consecuencia, reconocer un error, pedir disculpas, organizarse mejor o afrontar una conversación incómoda. La sobreprotección puede aliviar provisionalmente el problema pero, al mismo tiempo, priva al menor de una experiencia necesaria para su maduración.

En ocasiones, los chats también se convierten en amplificadores de la ansiedad. Un mensaje ambiguo, una información incompleta o un comentario alarmista pueden desencadenar una cadena de respuestas que transforma una incidencia menor en un supuesto problema colectivo. La comunicación digital tiene, además, una característica que no conviene olvidar: favorece la reacción inmediata y reduce el tiempo de reflexión. Por eso, no todo lo que puede escribirse debe escribirse.

Finalmente, existe una dimensión social del fenómeno. Las familias pueden verse arrastradas a una competición silenciosa por demostrar implicación: participar en todas las actividades, conocer cada detalle, anticiparse a cada dificultad o exhibir permanentemente la propia dedicación. Sin embargo, la buena parentalidad no se mide por el número de mensajes enviados ni por la rapidez con que respondemos a cada incidencia escolar. Ser buenos padres no significa hacer más cosas por nuestros hijos, sino ayudarles a ser más autónomos.

Por cuanto antecede, con el inicio del curso convendría establecer algunas reglas sencillas para orientar el adecuado funcionamiento de los grupos de WhatsApp. Se resumen en:

- Utilizar el chat para información colectiva, no para sustituir la comunicación entre alumnos, profesores y familias.

- Antes de intervenir, preguntar al hijo: «¿Puedes resolverlo tú? ¿Qué has intentado?».

- No identificar ni juzgar a menores en conversaciones grupales.

- Trasladar los conflictos importantes al ámbito privado y a los profesionales correspondientes.

- Escuchar al hijo sin reaccionar inmediatamente y contrastar los hechos antes de intervenir.

- Aceptar que equivocarse forma parte del aprendizaje. Olvidar un material, organizar mal el tiempo o asumir una consecuencia también educa.

- No alimentar rumores ni alarmas y evitar responder en caliente.

- Y, sobre todo, adoptar una regla antes de pulsar «enviar»: ¿es cierto?, ¿es necesario?, ¿es realmente este el lugar adecuado para decirlo?

El mejor chat de padres quizá sea aquel que funciona cuando es necesario y guarda silencio cuando no existen asuntos relevantes que compartir. Porque con cada problema que un adulto resuelve a través del chat, tal vez se está perdiendo la espléndida oportunidad de que un niño aprenda a hacerlo por sí mismo.

Europa: cuando el cordón sanitario ya no basta

Durante décadas Europa creyó haber aprendido una lección esencial: la extrema derecha podía ser contenida mediante una combinación de memoria histórica, aislamiento político y defensa de las instituciones democráticas. Hoy esa fórmula muestra síntomas inequívocos de agotamiento. No porque hayan desaparecido las razones para defenderla, sino porque el paisaje social y político que la hacía eficaz ha cambiado.

El dato alemán resulta revelador. En las elecciones federales de 2025, Alternativa para Alemania (AfD) obtuvo el 20,8% de los votos, duplicando prácticamente su resultado de 2021. La  participación alcanzó, además, un elevado 82,5%. No estamos, por tanto, ante una anomalía marginal ni ante una protesta de ciudadanos políticamente desmovilizados. 

Algo semejante ocurre en el Parlamento Europeo. Tras las elecciones de 2024, Patriotas por Europa se convirtió en la tercera fuerza parlamentaria, con 84 escaños; Conservadores y Reformistas Europeos obtuvo 78 y Europa de las Naciones Soberanas, 25. Las tres familias suman una presencia que imposibilita describir a la derecha radical como un fenómeno periférico. 

Hoy resulta evidente que la tradicional estrategia de combatir a la extrema derecha copiando parte de su discurso es insuficiente. Cuando los partidos conservadores endurecen su posición sobre inmigración, seguridad o identidad nacional, legitiman las categorías políticas del adversario sin lograr recuperar a sus antiguos votantes. En todo caso, el original suele conservar una ventaja: puede prometer siempre ir un paso más allá.

Pero tampoco basta con lo contrario, es decir, con ignorar los temores que alimentan ese voto. Hay miedos reales —inseguridad económica, vivienda inaccesible, presión migratoria en determinados territorios, deterioro de servicios públicos, pérdida de empleos industriales, incertidumbre cultural— y otros construidos o exagerados políticamente. Frente a ello, la tarea democrática no consiste en aceptar automáticamente unos o en ridiculizar los otros, sino en distinguirlos, explicarlos y ofrecer respuestas verificables.

Justamente aquí aparece una de las debilidades fundamentales de la política europea contemporánea: la palmaria distancia existente entre las decisiones institucionales y la experiencia cotidiana de los ciudadanos. Una determinada política puede ser técnicamente correcta y políticamente incomprensible. Y cuando las personas no entienden por qué se adoptan determinadas decisiones, ni saben quién las adopta, ni tampoco qué beneficio concreto obtendrán de ellas, el espacio politico se transforma en una ventana de oportunidad para quienes ofrecen explicaciones sencillas, aunque sean falsas.

Por otro lado, la memoria histórica tampoco puede convertirse en una liturgia. Recordar el fascismo, el nazismo o las dictaduras europeas sigue siendo indispensable. Pero convertir la memoria en una sucesión de ceremonias oficiales puede producir un efecto paradójico, cual es transformar una advertencia viva en patrimonio monumental. Para un ciudadano joven preocupado por el alquiler, la precariedad laboral o la inmigración, la evocación permanente de 1933, o 1936 en el caso español, puede parecer una respuesta a una pregunta que él no ha formulado. Ello no significa relativizar el pasado sino comprender y aceptar que los electores votan desde el presente.

La democracia tampoco puede funcionar mediante la exclusión indefinida de una parte sustancial del electorado. El cordón sanitario tiene sentido cuando protege normas fundamentales —la dignidad humana, el Estado de derecho, la igualdad ante la ley, la independencia judicial—, pero pierde eficacia cuando se transforma en una frontera automática frente a cualquier fuerza situada a la derecha del consenso tradicional. La pregunta es inevitable: ¿cuánto electorado puede quedar fuera de cualquier posibilidad de representación o influencia sin que el propio sistema pierda legitimidad?

La respuesta no puede consistir en normalizar aquello que atenta contra los derechos fundamentales. Democracia no significa neutralidad ante la destrucción de la democracia. Pero tampoco significa considerar antidemocrático todo voto que expresa frustración, miedo o rechazo a las élites gobernantes.

Europa se encuentra ante una transformación de enorme alcance. No se trata únicamente de impedir que AfD, Marine Le Pen, Vox u otras fuerzas similares lleguen al poder. Más allá  de esa aspiración, debemos preguntarnos qué sucedería si lo consiguieran. La Unión Europea ha construido mecanismos importantes para proteger el Estado de derecho, y la Comisión mantiene procedimientos de vigilancia sobre justicia, corrupción, libertad de prensa y controles institucionales. Pero reconoce también que persisten problemas serios en algunos Estados. 

Por ello, en mi opinión, la estrategia europea de los próximos años debería descansar al menos sobre cinco pilares.

El primero son los resultados materiales. Vivienda, empleo, salarios, servicios públicos, seguridad y transición energética deben dejar de ser cuestiones disociadas de la defensa democrática.

El segundo, una política migratoria europea común, eficaz en las fronteras, respetuosa con el derecho de asilo y capaz de integrar a quienes permanecen legalmente. El vacío político siempre termina siendo ocupado por otros.

El tercero, una nueva pedagogía democrática. No basta con defender Europa: hay que explicar para qué sirve, cuánto protege y qué problemas resuelve. De hecho, la Comisión ya plantea reforzar la participación ciudadana y la resiliencia democrática.

En cuarto lugar, una defensa firme de las líneas rojas constitucionales. Libertad de prensa, independencia judicial, pluralismo, derechos fundamentales y alternancia democrática no son materias negociables.

Y el quinto y último,  recuperar la política como capacidad de escucha. Las democracias no sobreviven únicamente porque tengan buenas instituciones; sino especialmente porque una mayoría suficiente de ciudadanos cree que esas instituciones les pertenecen.

Europa no debe elegir entre ingenuidad o miedo. Necesita construir un proyecto mucho más  ambicioso y complejo: una democracia capaz de escuchar sin rendirse, gobernar sin imitar y defender sus principios sin convertirlos en reliquias.

Quizá el verdadero peligro no sea que la extrema derecha llegue al poder. El mayor riesgo es que las democracias europeas descubran demasiado tarde que han dejado de convencer a quienes deben defenderlas.

La frontera que Europa no puede ignorar

Hay fronteras que separan territorios y fronteras que separan épocas. La que existe entre España y Marruecos pertenece a las dos categorías. Ceuta y Melilla no son únicamente dos ciudades españolas situadas en el norte de África. Son puntos de contacto entre Europa y África, entre el Mediterráneo y el Atlántico, entre una Unión Europea rica y envejecida y un continente joven, desigual y en profunda transformación. Pretender comprenderlas únicamente desde la lógica del conflicto territorial es quedarse mirando el mapa mientras cambia el mundo.

La primera evidencia que debería imponerse a cualquier fantasía bélica es económica. El PIB por habitante de Marruecos se encuentra muy por debajo del español, es aproximadamente ocho veces menor en términos nominales. Pero esa distancia no es una mera fotografía estática. Marruecos ha experimentado en los últimos años un proceso sostenido de modernización y diversificación económica, con inversiones en infraestructuras, industria automovilística y aeronáutica, energías renovables, agroindustria y logística.

El puerto de Tánger Med simboliza esa transformación. Nuestro vecino aspira a convertirse en una plataforma entre Europa, el Atlántico y África occidental. Su llamada Iniciativa Atlántica para África pretende facilitar a los países del Sahel sin litoral el acceso a las rutas marítimas mediante corredores e infraestructuras. Ello no significa que Rabat vaya a convertirse en el «vigilante» del Sahel, una formulación seguramente excesiva, pero sí que pretende ser uno de los interlocutores imprescindibles en la seguridad, el comercio y las comunicaciones entre el Magreb y el África subsahariana.

Esta transformación sí que debería preocupar a la Unión Europea, pues lo que Europa tiene delante no es simplemente un país vecino. Tiene a un Estado cuya posición geográfica le permite influir simultáneamente sobre migraciones, comercio, energía, seguridad y estabilidad regional.

La actual relación económica confirma esa realidad. La Unión Europea es el principal socio comercial de Marruecos y concentra aproximadamente un tercio de su comercio de bienes. El intercambio bilateral supera los 60.000 millones de euros. Europa necesita a Marruecos y viceversa, aunque la relación sea profundamente asimétrica.

Por eso resulta insuficiente describir a Marruecos como un país pobre que simplemente depende de España o de Europa. Es un socio imprescindible, pero también un actor con intereses propios y creciente capacidad de maniobra.

Rabat ha sabido diversificar sus alianzas. Estados Unidos mantiene con Marruecos una importante cooperación militar y considera al país un socio estratégico en África. La relación con Israel adquirió una nueva dimensión tras los Acuerdos de Abraham de 2020, acompañados por el reconocimiento estadounidense de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. Pero sería erróneo interpretar todo ello como una alianza dirigida contra España.

Marruecos practica, más bien, una política de diversificación estratégica: Estados Unidos para la seguridad, Europa para el comercio y la inversión, Israel para determinadas capacidades tecnológicas y militares, Francia como socio histórico y África como espacio creciente de influencia. Rabat quiere relacionarse con varias potencias sin convertirse en satélite de ninguna.

Naturalmente, ese Marruecos dinámico convive con profundas contradicciones. Persisten desigualdades territoriales, desempleo juvenil, déficits educativos y una importante brecha social. La modernización económica no ha eliminado las restricciones políticas ni las tensiones sociales. El país es, simultáneamente, dinámico y desigual, abierto económicamente y restrictivo en determinados ámbitos políticos, moderno y tradicional.

Precisamente por eso resulta tan sorprendente la retórica de quienes fantasean periódicamente con una guerra entre España y Marruecos a propósito de Ceuta y Melilla. No saben lo que dicen. O, quizá, no saben en qué mundo viven.

La reivindicación marroquí sobre ambas ciudades existe y España debe defender inequívocamente su soberanía. Pero una cosa es reconocer una disputa territorial y otra muy diferente convertirla en la antesala inevitable de una guerra. Una confrontación militar entre ambos países provocaría una crisis europea de enormes proporciones, comprometería las relaciones económicas y de seguridad de Marruecos con Occidente, desestabilizaría el Mediterráneo occidental y perjudicaría gravemente a las dos sociedades.

El riesgo más plausible no es necesariamente una guerra convencional, sino la presión diplomática, migratoria, económica, informativa o fronteriza; es decir, las distintas formas de coerción y competencia híbrida que caracterizan el mundo contemporáneo.

España necesita, por tanto, defensa, pero no militarismo retórico. Ceuta y Melilla necesitan seguridad, inteligencia, capacidad de respuesta y protección frente a amenazas híbridas. Pero necesitan también población, vivienda, infraestructuras, actividad económica y una presencia europea mucho más visible. No deberían ser percibidas exclusivamente como puestos avanzados de una frontera hostil.

La fórmula debería ser sencilla: la soberanía no se negocia; la cooperación sí. Eso implica reclamar una mayor implicación de la Unión Europea en la defensa y protección de sus fronteras exteriores, reforzar Frontex, desarrollar mecanismos europeos de inteligencia y vigilancia, combatir las redes criminales que explotan la inmigración y, simultáneamente, ampliar las vías legales y ordenadas de movilidad laboral.

También significa invertir en la estabilidad de Marruecos y de los países vecinos. No por ingenuidad ni por altruismo, sino por interés europeo. El desarrollo económico, el empleo y las oportunidades reducen el espacio disponible para el crimen organizado, el extremismo y las migraciones desesperadas.

Y, sobre todo, España debería contribuir a que Europa deje de contemplar su frontera sur como una simple línea defensiva.

La verdadera frontera estratégica europea es mucho más amplia: Península Ibérica, Magreb, fachada atlántica africana y Sahel. En ese espacio se decidirán cuestiones esenciales para nuestro futuro: migraciones, energía, agua, seguridad alimentaria, terrorismo, narcotráfico, infraestructuras digitales, comercio y materias primas estratégicas.

La Unión Europea necesita una política integrada para su flanco suroccidental: cooperación estructurada con Marruecos y Mauritania; inversión en corredores energéticos y logísticos; política migratoria común; inteligencia compartida; protección fronteriza; y una combinación inteligente de disuasión, diplomacia y desarrollo. España debería aspirar a liderar esa estrategia, no limitarse a padecer sus consecuencias.

Porque la pregunta verdaderamente importante no es si Marruecos atacará algún día Ceuta o Melilla. Es si Europa será capaz de construir con Marruecos y con África occidental una relación suficientemente inteligente para transformar una frontera potencialmente conflictiva en un espacio de cooperación, seguridad y prosperidad. No es fácil saber en qué mundo vivimos y, precisamente por eso, conviene evitar las guerras imaginarias y concentrarse en gobernar las fronteras reales.

Antipolítica

La democracia liberal moderna se construye sobre una premisa sencilla y exigente a la vez: el poder debe estar sometido a control. La existencia de una oposición política activa, vigilante y crítica constituye una condición indispensable para garantizar la calidad de las instituciones y evitar los abusos del gobierno. Sin oposición no hay democracia plena. Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre ejercer una oposición responsable y caer en la antipolítica.

La oposición democrática tiene la obligación de fiscalizar al gobierno, denunciar sus errores, señalar sus contradicciones y ofrecer alternativas. La antipolítica, por el contrario, renuncia a esa tarea constructiva y adopta una lógica de negación permanente. No se opone a determinadas políticas; se opone a la propia posibilidad de que el adversario pueda hacer algo correcto. Su objetivo deja de ser mejorar la acción pública y pasa a ser la erosión constante de la legitimidad del contrario.

Este fenómeno no es exclusivo de ningún país ni de ninguna ideología. Se ha manifestado en numerosas democracias occidentales durante las últimas décadas, alimentado por la polarización, la fragmentación informativa y la aceleración de los ciclos mediáticos. En ese contexto, la discusión pública deja de girar en torno a los hechos y a las propuestas para transformarse en una competición de agravios donde el rendimiento electoral inmediato prevalece sobre el interés general.

Una de las características más visibles de la antipolítica es el negacionismo sistemático de cualquier iniciativa gubernamental. Medidas que en otro contexto podrían ser objeto de debate técnico o de negociación parlamentaria son rechazadas de manera automática por el mero hecho de proceder del adversario. La lógica de la confrontación sustituye a la lógica de la argumentación.

Cuando esa dinámica se consolida, el debate público se empobrece. Los argumentos son reemplazados por consignas; los datos, por sospechas; y el análisis, por la caricatura. La complejidad de los problemas desaparece bajo una simplificación extrema que divide la realidad entre amigos y enemigos. El ciudadano deja de ser considerado un sujeto capaz de formarse una opinión razonada y pasa a convertirse en un consumidor de emociones políticas.

A ello se añade otro fenómeno especialmente preocupante: la creciente banalización de la mentira. La difusión consciente de informaciones falsas o engañosas no constituye una novedad histórica, pero las nuevas tecnologías han multiplicado su alcance y velocidad. En un entorno dominado por las redes sociales y la comunicación instantánea, la rectificación rara vez alcanza la misma difusión que la falsedad inicial. El resultado es una degradación progresiva de la confianza pública, un recurso esencial para el funcionamiento de cualquier democracia.

La infamia personal ocupa también un lugar creciente en esta dinámica. En lugar de confrontar ideas, se cuestionan intenciones; en vez de debatir proyectos, se desacreditan trayectorias vitales. La crítica política legítima cede espacio a la sospecha permanente y a la deshumanización del adversario. El rival deja de ser un competidor democrático para convertirse en un enemigo moral cuya mera existencia resulta intolerable.

No menos preocupante es la degradación de las formas. Las democracias no se sostienen únicamente sobre leyes y procedimientos. También dependen de hábitos de comportamiento, de convenciones no escritas y de una cultura cívica compartida. El respeto institucional, la cortesía parlamentaria, la contención verbal y el reconocimiento de la legitimidad del adversario constituyen elementos fundamentales de esa arquitectura invisible. Cuando desaparecen, las instituciones permanecen, pero su espíritu se debilita.

La historia demuestra que ninguna democracia está completamente a salvo de estas tendencias. El deterioro raramente se produce de manera abrupta. Comienza con pequeñas transgresiones que se normalizan progresivamente: un insulto que sustituye a un argumento, una falsedad que queda impune, una descalificación que recibe aplausos partidistas. Con el tiempo, lo excepcional se convierte en cotidiano y la degradación pasa a formar parte del paisaje político.

La antipolítica resulta especialmente dañina porque genera una ilusión de combate permanente mientras reduce la capacidad efectiva del sistema para resolver problemas reales. Las sociedades necesitan discutir cómo financiar las pensiones, mejorar la educación, garantizar la sostenibilidad sanitaria, afrontar las transformaciones tecnológicas o responder a los desafíos geopolíticos. Ninguna de estas cuestiones puede abordarse seriamente en un clima dominado por el ruido, la sospecha y el enfrentamiento constante.

La democracia exige conflicto, pero un conflicto regulado por normas compartidas. Exige discrepancia, pero también respeto. Exige confrontación de proyectos, pero igualmente aceptación de la legitimidad del adversario. Cuando estas condiciones desaparecen, la política deja de ser un instrumento de gobierno de la sociedad y se transforma en un espectáculo de hostilidad permanente.

Las reglas elementales del juego democrático son conocidas desde hace décadas. La primera consiste en respetar los hechos y reconocer la verdad verificable como punto de partida del debate. La segunda exige argumentar las posiciones propias y someterlas al escrutinio público. La tercera obliga a distinguir entre la crítica legítima y la descalificación personal. La cuarta requiere aceptar que ningún actor político posee el monopolio de la razón ni de la virtud. Y la quinta demanda que gobierno y oposición comprendan que las instituciones pertenecen a los ciudadanos, no a los partidos.

Si estos requisitos se cumplen, la política puede ser áspera, intensa e incluso apasionada, pero sigue siendo una herramienta al servicio de la sociedad. Cuando se abandonan, emerge la antipolítica: un lodazal donde la verdad pierde valor, el insulto sustituye al razonamiento y el interés general queda sepultado bajo la lucha partidista. Y si alguien termina perjudicado por esa deriva no son únicamente los gobiernos o las oposiciones de turno, sino la ciudadanía que sostiene con sus impuestos las instituciones y deposita en ellas la esperanza de que aseguren una convivencia ordenada y democrática.

Lo sé, aunque no me lo digas

Despierto sin la ayuda de un recuerdo. Abro los ojos y el día ya está ahí, instalado en la habitación, pero no sabría decir desde cuándo. La luz entra por la ventana con una obstinación tranquila. No es una luz conocida, es simplemente luz. Durante unos segundos —quizá más—, observo el techo y trato de establecer algún vínculo con él. Nada. No hay historia entre ese techo y yo. He aprendido a no alarmarme por esta ausencia.

Me incorporo con cierta cautela. El cuerpo conserva rutinas que la mente ya no sabe explicar. Los pies encuentran el suelo con la seguridad de quien ha repetido ese gesto miles de veces, aunque ahora no exista memoria que lo justifique. El suelo está frío. Ese dato basta.

Hay un reloj en la pared. Lo miro. Las agujas están quietas o quizá avanzan con una lentitud que ya no soy capaz de interpretar. Sé que los relojes indican algo que antes organizaba la vida de las personas: horas, momentos, compromisos. Pero esa arquitectura se ha desmoronado. El reloj se parece ahora más a un objeto decorativo que a un instrumento. No sabría decir si es mañana o tarde. Tampoco si ese matiz tiene alguna utilidad real.

En la mesa hay una fotografía. La observo cada día con la disciplina de un investigador que no quiere rendirse. Aparecen varias personas. Están cerca unas de otras, con esa proximidad que suele indicar parentesco o afecto. Sonríen. Intuyo que debería reconocerlas. Sin embargo, sus nombres no existen en mi cabeza. Sé —porque alguien me lo ha dicho muchas veces— que algunas de esas personas son mis hijos. O quizá mis nietos. La palabra hijo tiene todavía un significado conceptual, pero ha perdido su anclaje en la realidad. Es como leer una definición en un diccionario de un idioma que uno ya no habla.

Cuando vienen a verme, traen una mezcla de paciencia y vigilancia en la mirada. Me hablan con naturalidad, como si pudiera completar las frases con recuerdos propios. Yo asiento. He desarrollado una cierta capacidad para seguir el hilo de una conversación sin participar realmente en ella. A veces dicen un nombre esperando que se encienda en mí alguna luz. No ocurre. No es un fracaso. Es simplemente un dato.

Salgo a la calle en compañía. Sé que antes caminaba autónomamente, pero esa posibilidad ha sido relegada con una prudencia que considero sensata. El aire huele a humedad o a polvo, según el día. Los árboles alineados en la acera me resultan familiares en un sentido puramente visual: reconozco su forma, pero no su historia. He oído palabras como playa, montaña, plaza o catedral. Supongo que estos lugares existen también aquí, cerca de donde vivo. Sin embargo, cuando los observo, no aparecen asociados a ninguna narración interior. Son volúmenes, superficies, alturas. Una torre no es un monumento, es una construcción vertical de piedra. No siento tristeza por ello.

La emoción que domina este territorio es más bien la neutralidad. Una especie de silencio mental que al principio debió de ser inquietante —me lo imagino—, pero que ahora funciona como un estado habitual. Las cosas están presentes sin la carga que les otorgaba el pasado.

En casa hay una cocina. Reconozco algunos utensilios: un cuchillo, una olla, un fogón. Sé que esos objetos se utilizaban para preparar comida. El procedimiento, sin embargo, se ha vuelto opaco. Podría observar una sartén durante varios minutos sin que aparezca la secuencia lógica que antes convertía ciertos ingredientes en un plato. Alguien cocina por mí. No lo vivo como una pérdida dramática. La palabra pérdida supone la comparación con algo anterior, y ese algo anterior se ha disuelto. Es difícil lamentar aquello que no se puede representar.

Lo que sí permanece es una conciencia bastante precisa de la situación. Sé que padezco un deterioro de la memoria y de las asociaciones que permiten organizar la realidad. Me lo han explicado médicos y familiares, y la explicación coincide con la evidencia cotidiana. La mente funciona ahora como un archivo al que le han retirado la mayoría de las etiquetas.

Los documentos siguen ahí —o al menos algunos—, pero es improbable encontrar uno concreto. Y, sobre todo, ya no existe la certeza de que ese documento sea verdaderamente mío.

De vez en cuando aparece una imagen aislada. Un fragmento de paisaje, el eco de una voz, la sensación de haber sostenido la mano de alguien. Son apariciones breves, sin contexto. No se encadenan. Llegan y se van con la misma discreción con la que se forman y se desfiguran las nubes. He dejado de perseguirlas.

Quienes me rodean actúan como custodios de una biografía que ya no puedo verificar. Me cuentan episodios de mi vida: trabajos, viajes, celebraciones familiares. Escucho con atención porque entiendo que esos relatos tienen importancia para ellos. Para mí son historias plausibles. No las discuto. Tampoco puedo apropiármelas.

Hay una cuestión que a veces me planteo mientras observo la luz desplazarse por la pared —un movimiento que intuyo relacionado con el paso de las horas, aunque las horas hayan dejado de ser una medida útil—. Me pregunto en qué consiste exactamente una persona. Antes habría respondido sin dudar: una persona es su memoria, su carácter, sus relaciones, su historia. Hoy esa definición parece excesiva. Yo sigo aquí, en una silla, respirando, percibiendo el peso de las manos sobre las rodillas. Si la memoria fuera el único fundamento, yo ya no debería existir. Sin embargo, existo. Tal vez una persona sea también esto, una conciencia mínima que observa el mundo sin poder integrarlo del todo. Un punto de atención que persiste incluso cuando el relato que lo sostenía se ha borrado. No lo considero trágico. Tampoco ejemplar. Es, simplemente, la forma que ha adoptado ahora mi vida.

Cuando llega la noche —o lo que los demás llaman noche— me acuesto sin revisar el día. No hay nada que ordenar ni archivar. El sueño aparece con la misma naturalidad con la que afloró la aurora, sin antecedentes claros. Cierro los ojos. Y durante unas horas, supongo, desaparece incluso esta conciencia tenue que todavía me acompaña.

Cuando el poder deja de ser armadura

Hay una paradoja en el ejercicio contemporáneo del poder: cuanto mayor es la autoridad institucional de un dirigente, mayor puede ser su vulnerabilidad. La política ofrece poder, pero no seguridad; proporciona capacidad de decisión, pero multiplica los riesgos. Cada decisión deja un rastro, cada gesto es susceptible de ser interpretado, cada relación personal puede adquirir dimensión pública y cualquier error, incluso si es de carácter menor, puede convertirse en una crisis de confianza.

El caso de Isabel Díaz Ayuso, siete años después de su llegada a la presidencia de la Comunidad de Madrid, permite visualizar con particular claridad esta paradoja. La dirigente conserva una mayoría absoluta y no existe, por ahora, una amenaza seria para su continuidad al frente del Gobierno autonómico. Sin embargo, algo parece haberse modificado en torno a ella. Me refiero a la percepción de invulnerabilidad que durante años le acompañó. En un reciente artículo, A. Martiarena (La Vanguardia) aludía a ese cambio como la pérdida de una «armadura».

Realmente, lo que planteo no afecta exclusivamente a Díaz Ayuso. Su experiencia permite visualizar una condición general de la política democrática: el poder no elimina la inseguridad sino que, por el contrario, la hace más visible.

Durante años, Ayuso explotó una fórmula extraordinariamente eficaz para protegerse de las dificultades de la gestión. La confrontación con Pedro Sánchez convertía buena parte de las controversias madrileñas en episodios de una batalla nacional. Las residencias, las polémicas familiares, los problemas administrativos o las decisiones discutibles quedaban subsumidos en un conflicto mayor: Madrid frente a La Moncloa, libertad frente a intervencionismo, impuestos bajos frente a presión fiscal, derecha frente a izquierda...

Era una estrategia de enorme rendimiento político. Permitía desplazar el centro de gravedad de la discusión. No importaba acreditar el acierto de una determinada decisión en la Comunidad, sino quién lograba aparecer mejor situado en la confrontación ideológica. La política dejaba de ser exclusivamente administración para convertirse en identidad.

Pero ninguna armadura protege indefinidamente. El episodio del ático de Chamberí resulta significativo, precisamente porque introduce una dificultad diferente. La Comunidad de Madrid adquirió por 6,3 millones de euros un inmueble de lujo mediante Planifica Madrid, una sociedad pública. Las explicaciones sobre su finalidad —despacho temporal, espacio institucional, alternativa mientras se reformaba la sede de la Puerta del Sol— han generado sucesivas preguntas. La operación ha llegado, además, a los tribunales después de que la Fiscalía remitiera denuncias relacionadas con la compra para su investigación.

La cuestión políticamente relevante no consiste en anticipar responsabilidades que corresponde atribuir a los tribunales. Consiste en acordar algo más elemental, como lo es que la confianza pública necesita explicaciones comprensibles. Cuando una decisión aparentemente sencilla genera demasiadas versiones, el problema deja de ser exclusivamente jurídico y pasa a ser político.

Por otro lado, la política moderna obedece a una paradoja adicional. El dirigente necesita comunicar constantemente para conservar la autoridad, pero cada palabra puede abrir un nuevo frente. El silencio protege durante un instante y perjudica después; hablar demasiado puede generar contradicciones; responder a una acusación puede amplificarla e ignorarla puede convertirla en sospecha.

Por eso los políticos viven sometidos a una especie de inseguridad permanente. No basta con gobernar, hay que explicar cómo se gobierna. No basta con tener competencias, hay que demostrar que se utilizan correctamente. No basta con obtener una mayoría, hay que conservar una legitimidad que no se renueva únicamente en las urnas.

El caso Ayuso ejemplifica, además otro fenómeno: el poder absoluto dentro de una institución puede aumentar la exposición individual. Con 70 diputados y mayoría absoluta, la presidenta madrileña no necesita negociar cada decisión parlamentaria. Pero esa misma concentración de autoridad hace que los aciertos y los errores se personalicen, pues cuando todo depende políticamente de un líder, también todo termina atribuyéndosele.

La polémica del ático ha tenido, además, un efecto particularmente incómodo, pues ha introducido dudas dentro de su propio espacio político. El cuestionamiento ya no procede únicamente de la oposición, han aparecido voces críticas en sectores del PP y se ha descrito un clima interno menos confortable para la presidenta. Esta es una significativa novedad respecto a etapas anteriores.

Y justamente ahí es quizá donde radica el verdadero riesgo para cualquier político que alcanza una posición dominante. La oposición puede ser combatida, pero la erosión interna resulta mucho más difícil de gestionar. Un adversario exterior refuerza la cohesión, una duda dentro del propio partido introduce incertidumbre sobre el futuro.

La gestión de los incendios madrileños añade otra dimensión. Una crisis extraordinaria obliga al gobernante a abandonar el terreno confortable del discurso político y enfrentarse a la realidad material, gestionando recursos, prevención, coordinación, evacuaciones, ayudas, reconstrucción... Ya no basta con construir un relato, hay que responder ofreciendo resultados.

Es aquí donde aparece una de las grandes vulnerabilidades de la política contemporánea: la distancia entre la imagen y la gestión. Un dirigente puede ser extraordinariamente eficaz en la comunicación y, sin embargo, fracasar gestionando determinadas crisis, que no admiten simplificaciones. El fuego, una epidemia, una catástrofe natural o un colapso administrativo no entienden de estrategias de comunicación.

En última instancia, la política es una profesión de exposición. El político vive bajo la mirada permanente de los ciudadanos, periodistas, adversarios, jueces, funcionarios, compañeros de partido y redes sociales. Su vida pública se encuentra sometida a una vigilancia que, en ocasiones, se extiende inevitablemente hacia su esfera privada.

Por eso, el verdadero peligro para un gobernante no siempre es perder una elección, sino eludir el control de la interpretación de sus propios actos. Cuando deja de explicar lo que sucede y se limitar a combatir a quien pregunta, la política entra en una zona extremadamente delicada.

Ayuso probablemente seguirá gobernando Madrid. Su mayoría absoluta no está en cuestión. Pero su problema puede ser otro, cual es demostrar que la fórmula que la convirtió en fenómeno nacional conserva capacidad para afrontar situaciones que no pueden resolverse mediante la confrontación con Sánchez.

La política exige una mezcla difícil de autoridad y vulnerabilidad. Quien gobierna necesita fortaleza, pero también conciencia de sus límites. Necesita defenderse, pero no vivir a la defensiva. Necesita controlar el relato, pero también aceptar que nunca podrá abarcarlo completamente.

La verdadera armadura del poder, por tanto, no son ni la mayoría parlamentaria, ni la capacidad de comunicación, ni la confrontación permanente. Es algo mucho más frágil: la credibilidad. Y esa armadura ni se hereda, ni se compra, ni se obtiene de una vez para siempre. Se reconstruye cada día, decisión tras decisión, explicación tras explicación.

Quizá ese sea el aprendizaje más significativo que ofrece el momento político de Ayuso: el poder puede hacer invulnerable a un gobernante frente a sus adversarios institucionales y, al mismo tiempo, extraordinariamente vulnerable frente a sus propias decisiones. Llega un momento en que ninguna mayoría absoluta puede sustituir aquello que sostiene realmente a cualquier liderazgo democrático: la confianza de quienes lo sostienen.

¿Pueden las emociones sustituir a los argumentos?

Hay épocas que no se definen únicamente por sus avances tecnológicos o sus transformaciones económicas, sino por la manera en que interpretan la realidad. La nuestra parece haber elevado la experiencia subjetiva a criterio último de verdad. Lo que uno siente ya no constituye únicamente una dimensión legítima de la existencia humana; con demasiada frecuencia se convierte en el fundamento mismo del juicio moral, político e incluso epistemológico. La emoción deja de ser un dato relevante para convertirse en un argumento suficiente.

Este desplazamiento cultural merece cierta atención. No porque las emociones carezcan de valor —sería absurdo defenderlo—, sino porque ninguna sociedad compleja puede organizar su vida colectiva únicamente sobre estados afectivos individuales. Las democracias liberales nacieron precisamente para resolver un problema contrario: cómo convivir entre ciudadanos con intereses, creencias y sensibilidades distintas mediante reglas comunes, instituciones imparciales y argumentos susceptibles de ser compartidos.

La modernidad ilustrada no negó nunca la existencia de las pasiones. Al contrario, autores como David Hume o Adam Smith comprendieron bien su importancia en la conducta humana. Pero también entendieron que la esfera pública exige algo más que emociones, pues requiere razones, evidencia, procedimientos y la disposición a aceptar que nuestras intuiciones pueden estar equivocadas.

Sin embargo, buena parte del debate contemporáneo parece recorrer el camino inverso. La discusión pública se desplaza desde la búsqueda de la verdad hacia la validación emocional. Ya no importa únicamente si una afirmación es correcta o falsa, sino si resulta ofensiva, incómoda o reafirma determinadas identidades. El desacuerdo deja de percibirse como un componente normal del pluralismo democrático para convertirse, con frecuencia, en una agresión personal.

Las redes sociales han acelerado esta dinámica. Diseñadas para captar rápidamente la atención, privilegian los mensajes que provocan indignación, miedo o entusiasmo antes que aquellos que exigen reflexión. La recompensa inmediata de la viralidad favorece respuestas intuitivas frente a razonamientos complejos. El resultado no es simplemente una conversación más crispada, sino una cultura donde la intensidad emocional sustituye progresivamente a la calidad de la argumentación.

Este fenómeno alcanza también a la educación. La preocupación por el bienestar psicológico de niños y adolescentes constituye un avance indiscutible respecto a épocas anteriores, cuando las emociones eran ignoradas o reprimidas. Sin embargo, existe el riesgo de confundir la alfabetización emocional con la centralidad absoluta de las emociones. Educar no consiste únicamente en reconocer lo que uno siente, sino también en aprender a interpretar esos sentimientos, ponerlos en contexto y, cuando sea necesario, contrariarlos.

La tradición ilustrada entendía precisamente la educación como un proceso de emancipación respecto a las pulsiones inmediatas. Aprender significaba adquirir herramientas intelectuales para distinguir entre apariencia y realidad, entre preferencia y justicia, entre convicción personal y conocimiento fundamentado. La autonomía no consiste en hacer siempre lo que uno desea, sino en desarrollar la capacidad de gobernarse mediante la razón.

Algo semejante ocurre en la política. Los discursos públicos apelan cada vez menos a proyectos racionalmente defendibles y cada vez más a emociones colectivas: miedo, resentimiento, orgullo o indignación. Y no es un fenómeno exclusivo de una ideología, pues populismos de distinto signo han descubierto que movilizar sentimientos resulta más eficaz electoralmente que sostener programas coherentes. Cuando la política se convierte en una competición por administrar emociones, las soluciones complejas pierden atractivo frente a los relatos simplificadores.

También el lenguaje refleja esta transformación. Conceptos procedentes del ámbito terapéutico, útiles en su contexto clínico, se incorporan al vocabulario cotidiano para describir cualquier conflicto interpersonal o desacuerdo político. El riesgo no reside en hablar de salud mental —algo imprescindible—, sino en psicologizar cuestiones que pertenecen al terreno ético, jurídico o político. No todo malestar constituye un daño objetivo; no toda incomodidad implica una injusticia.

La consecuencia más preocupante es el debilitamiento de la idea de verdad compartida. Las sociedades abiertas necesitan aceptar que existen criterios, independientes de nuestras preferencias, para evaluar afirmaciones sobre los hechos. La ciencia funciona porque los experimentos pueden refutar hipótesis. Los tribunales existen porque las pruebas pesan más que las impresiones. El periodismo mantiene su función democrática cuando distingue información de opinión. Si todo queda reducido a experiencias subjetivas igualmente válidas, desaparece el terreno común donde es posible deliberar.

Esto no significa defender un racionalismo frío o deshumanizado. La Ilustración nunca aspiró a eliminar las emociones, sino a integrarlas dentro de un horizonte más amplio de responsabilidad, conocimiento y convivencia. La empatía constituye una virtud cívica imprescindible, pero necesita complementarse con el pensamiento crítico. La compasión inspira muchas decisiones justas; la razón permite evaluar sus consecuencias.

Quizá el verdadero desafío de nuestro tiempo no sea elegir entre emoción y razón, sino recuperar el equilibrio entre ambas. Una democracia madura necesita ciudadanos capaces de sentir intensamente sin renunciar a argumentar rigurosamente; personas dispuestas a revisar sus propias convicciones cuando los hechos las contradicen y conscientes de que la libertad implica también aceptar el desacuerdo. Las emociones nos dicen algo importante sobre nosotros mismos. Pero no pueden decirnos, por sí solas, cómo es el mundo ni cómo debemos organizar una sociedad plural. Esa tarea continúa exigiendo deliberación, evidencia, instituciones sólidas y una confianza renovada en los principios que hicieron posible la modernidad democrática: la razón crítica, el universalismo de los derechos y la convicción de que los mejores argumentos deben pesar más que los sentimientos más intensos.