¿Era de la irreversibilidad?

La tesis de Daniel Innerarity según la cual la humanidad ha entrado en la «era de la irreversibilidad» constituye una de las reflexiones más sugerentes del pensamiento político contemporáneo. Su argumento parte de una constatación poco discutible: la actividad humana ha alcanzado una escala planetaria capaz de alterar los equilibrios fundamentales de la Tierra. El cambio climático, la sexta gran extinción de especies, la degradación de los océanos o la creciente inestabilidad de los sistemas sociales y financieros indican que determinados procesos pueden haber sobrepasado umbrales críticos a partir de los cuales el retorno al estado anterior resulta imposible.

La fuerza de esta tesis reside en que rompe con uno de los supuestos fundamentales de la modernidad: la confianza en que toda intervención humana puede corregirse posteriormente. Desde la revolución científica del siglo XVII hasta la expansión industrial del siglo XX, el progreso descansó sobre la convicción de que la naturaleza constituía un sistema estable, gobernado por leyes previsibles y dotado de una extraordinaria capacidad de absorción y recuperación. Esa confianza legitimó un modelo económico basado en la explotación ilimitada de los recursos y en la expansión continua de la producción.

Sin embargo, durante las últimas décadas la ciencia ha desmontado esa visión. El concepto de «Antropoceno», desarrollado por Paul Crutzen y otros investigadores, expresa precisamente que la humanidad se ha convertido en una fuerza geológica capaz de modificar los grandes ciclos biofísicos del planeta. A ello se añade la teoría de los límites planetarios, formulada por Johan Rockström y su equipo del Stockholm Resilience Centre, según la cual varios de los procesos que garantizan la estabilidad del sistema terrestre ya han sido sobrepasados o se encuentran próximos a ello. La pérdida de biodiversidad, la alteración del ciclo del nitrógeno, el cambio climático o la transformación de los usos del suelo no son problemas independientes,  forman un peligroso entramado de interacciones cuya evolución resulta crecientemente incierta.

En este contexto, Innerarity propone abandonar la lógica del ensayo y error y sustituirla por una ética de la anticipación. La idea conecta directamente con el principio de responsabilidad formulado por Hans Jonas hace casi medio siglo. Este sostenía que el poder tecnológico alcanzado por la humanidad obliga a desarrollar una nueva moral orientada hacia las generaciones futuras. Allí donde una decisión puede producir consecuencias irreversibles, la prudencia deja de ser una virtud privada para convertirse en una exigencia política.

La propuesta posee una enorme solidez filosófica. Sin embargo, también plantea un problema que merece ser discutido. El énfasis en la irreversibilidad puede derivar, involuntariamente, hacia una visión fatalista de la historia. Si el planeta ha entrado en una fase fuera de control, ¿qué margen real queda para la acción política? ¿El discurso de la irreversibilidad no corre así el riesgo de alimentar una cultura de la impotencia colectiva?

Esta cuestión resulta especialmente relevante porque la crisis ecológica no constituye únicamente un fenómeno natural. Como ha expuesto el sociólogo Ulrich Beck en su teoría de la sociedad del riesgo, los grandes peligros contemporáneos son inseparables de las formas de organización económica, tecnológica y política. No son simples accidentes, sino productos del propio modelo de desarrollo. En consecuencia, su solución tampoco puede limitarse a la mera adaptación técnica, exige transformar las instituciones que generan esos riesgos.

Llegados a este punto, probablemente conviene formular la siguiente observación. Si bien el lenguaje de los «puntos de no retorno» posee una enorme capacidad movilizadora, no es menos cierto que simplifica procesos mucho más complejos. Los sistemas ecológicos presentan umbrales críticos, pero también muestran capacidades de resiliencia cuya magnitud continúa siendo objeto de investigación. Numerosos ecosistemas degradados han logrado recuperarse mediante políticas de restauración sostenidas. De hecho la eliminación de los clorofluorocarbonos permitió detener el deterioro de la capa de ozono; la descontaminación de grandes ríos europeos demuestra que ciertos daños ambientales pueden revertirse; la reforestación de amplias zonas de Europa evidencia que las decisiones políticas modifican significativamente las trayectorias ecológicas. Ello no significa minimizar la gravedad del cambio climático, sino rechazar la falsa alternativa entre optimismo ingenuo y pesimismo absoluto, pues la incertidumbre no justifica ni la complacencia ni la resignación.

Otro de los aspectos más originales del planteamiento de Innerarity es la noción de un «mundo gaseoso», destinado a sustituir al célebre «mundo líquido» de Zygmunt Bauman. La metáfora pretende describir un universo donde predominan los contagios, las cascadas de riesgos, las dinámicas atmosféricas y las interdependencias globales. De tal modo que los incendios forestales, las migraciones, las crisis financieras o la circulación de desinformación ya no responden a relaciones lineales de causa y efecto, sino a sistemas altamente conectados.

Esta intuición resulta extraordinariamente fecunda y encuentra numerosos paralelismos en el pensamiento de Edgar Morin, cuya teoría de la complejidad insiste en que los fenómenos contemporáneos no pueden comprenderse mediante enfoques fragmentarios. Sin embargo, la complejidad no implica ausencia de conocimiento. Muy al contrario, exige reforzar la investigación interdisciplinar, mejorar la cooperación internacional y construir instituciones capaces de afrontar problemas que ningún Estado puede resolver por sí solo.

El caso de los incendios forestales ilustra perfectamente esta necesidad. El calentamiento global crea condiciones cada vez más favorables para desatar incendios extremos, pero la magnitud del problema también depende del abandono rural, de determinadas políticas forestales, de la expansión urbanística, de la gestión del combustible vegetal y de la planificación territorial. Reducir el fenómeno exclusivamente al cambio climático sería tan simplificador como atribuirlo únicamente a las negligencias individuales.

La dimensión política del problema resulta aún más evidente cuando se analizan las desigualdades. Como recuerda el economista Thomas Piketty, las sociedades contemporáneas experimentan una concentración creciente de la riqueza y el poder. Esa desigualdad condiciona tanto la capacidad de adaptación al cambio climático como la responsabilidad en su origen. Los países y grupos sociales que menos contribuyen a las emisiones suelen ser quienes soportan sus consecuencias más severas. La irreversibilidad, por tanto, no afecta a todos por igual; está atravesada por profundas asimetrías económicas y geopolíticas.

En este sentido, la filósofa Elinor Ostrom ha demostrado que la gestión sostenible de los bienes comunes no depende exclusivamente de grandes acuerdos internacionales ni del mercado, sino también de instituciones locales capaces de generar cooperación, confianza y responsabilidad compartida. En su opinión, frente al fatalismo existe un amplio espacio para la acción colectiva.

La gran aportación de Innerarity consiste, en definitiva, en recordarnos que la política del siglo XXI ya no puede fundamentarse en la improvisación. Gobernar significa anticipar. Pero la anticipación no debe confundirse con la aceptación pasiva de un destino inevitable. La historia continúa siendo un campo abierto de posibilidades.

Tal vez la auténtica lección que ofrece nuestro tiempo no es que hayamos entrado definitivamente en la era de la irreversibilidad, sino que hemos descubierto la extraordinaria fragilidad de las condiciones que hicieron posible la civilización industrial. Reconocer esa fragilidad exige abandonar el mito del crecimiento ilimitado y sustituirlo por una concepción del progreso compatible con los límites ecológicos del planeta, con la justicia social y con una gobernanza democrática capaz de actuar antes de que los daños sean irreparables.

La cuestión decisiva no es si todavía estamos a tiempo de restaurar el mundo que conocieron las generaciones anteriores. Probablemente ese mundo ya no volverá. La verdadera pregunta es si seremos capaces de construir otro que siga siendo habitable. De la respuesta dependerá no solo el futuro del medio ambiente, sino también el de la democracia, la cohesión social y la propia idea de progreso que ha guiado a Occidente durante los últimos tres siglos.

Crónicas asíncronas de la amistad (63)

La vejez se nos ha venido encima con la sigilosa premura de aquello que, mientras acontece, apenas se deja percibir. No hubo un día señalado en el calendario íntimo de nuestra existencia en que pudiéramos decirnos: hoy comienza la vejez. No sonó alarma alguna ni se alteró, de pronto, la fisonomía del paisaje. Simplemente, unas cosas fueron retirándose de nuestra vida con la discreción de lo inevitable, mientras otras adquirían un peso, una gravedad, una resonancia que antes desconocíamos.

Primero fueron los padres. Después, los hermanos, los conocidos, los compañeros de otros tiempos, esas presencias que parecían formar parte del mobiliario perdurable de los días. Y, poco a poco, el círculo de nuestra generación fue estrechándose, como si el tiempo, con su paciente labor de desgaste, hubiese ido borrando los márgenes. Ahora somos nosotros quienes permanecemos en él, con los cuerpos más lentos y la memoria poblada de habitaciones en las que todavía resuenan las voces.

Cuando nos reunimos, las ausencias comparecen sin que nadie tenga que convocarlas. Hay sillas que ya no ocupa nadie, teléfonos que han dejado de sonar, nombres que, al irrumpir en mitad de una conversación, abren durante unos segundos un silencio de hondura imprevista. Pero ese silencio no tiene por qué ser triste. Puede ser también una forma de reconocimiento, una inclinación interior ante quienes nos precedieron y nos acompañaron: sabemos de dónde venimos  como  sabemos quiénes contribuyeron a hacernos quienes somos.

Somos septuagenarios. La palabra contiene una cifra, pero también una sedimentación de tiempo, de experiencias, de aciertos y equivocaciones, de pérdidas que nos transformaron y de alegrías que aún conservan su fulgor. Significa, asimismo, que el cuerpo ha comenzado a hablarnos con una claridad que antes era impensable. Una prótesis, unas pastillas para la circulación, una operación, la dificultad creciente para caminar, algún olvido que antes no existía. El cuerpo, que durante tantos años fue un instrumento silencioso, se ha convertido en interlocutor. Hablamos de médicos con una familiaridad que en otros tiempos reservábamos para el fútbol, las aficiones o el trabajo.

La conversación ha cambiado porque nosotros hemos cambiado. Pero hay algo esencial que permanece: seguimos llamándonos. Quizá esa sea una de las formas más sencillas y profundas de resistencia que todavía nos están permitidas. No una resistencia contra los años —los años no necesitan enemigos—, sino contra el aislamiento, contra la indiferencia, contra esa lenta reducción del mundo que puede acompañar a la vejez y hacer que la vida se vuelva, sin estrépito, más pequeña.

La ciencia ha mostrado repetidamente la importancia de las relaciones sociales significativas para el bienestar y la calidad de vida durante el envejecimiento. La Organización Mundial de la Salud ha advertido también sobre las consecuencias de la soledad y del aislamiento social. Pero nosotros no necesitamos demasiadas estadísticas para comprenderlo. Lo sabemos por experiencia, por esa forma de conocimiento que no se adquiere en los libros, sino en la intemperie de los días.

Necesitamos que alguien pregunte cómo estamos después de una operación, que alguien recuerde nuestro cumpleaños, que llame cuando llevamos demasiado tiempo sin aparecer, que sepa que detrás de un «estoy bien» puede ocultarse un día difícil, una fatiga que no se confiesa, una tristeza que no encuentra todavía palabras para expresarse.

Necesitamos testigos. Porque la amistad posee a nuestra edad una cualidad que quizá no supimos apreciar cuando éramos jóvenes: ya no se sostiene en la cantidad de tiempo que queda por delante, sino en la calidad de la presencia. Cuando éramos jóvenes, vivíamos persuadidos de que habría infinitas ocasiones para volver a encontrarnos. Ahora sabemos que cada encuentro posee un valor irrepetible. Y eso no lo hace necesariamente más triste. Lo vuelve más verdadero, más desnudo de ilusiones superfluas.

Por eso hemos aprendido a perdonarnos casi todo. No porque seamos mejores que antes, sino porque hemos descubierto que hay discusiones indignas del espacio que pretenden ocupar en una vida. Seguimos teniendo opiniones diferentes, manías, orgullos y pequeñas irritaciones. Naturalmente. Pero sabemos regresar, atravesar el breve territorio del desencuentro y volver a sentarnos juntos.

Nuestra generación tampoco fue educada para pronunciar con facilidad determinadas palabras. Aprendimos a demostrar el afecto mediante los actos. Estar era suficiente. Llevar al amigo al hospital. Llamar a su mujer. Preguntar por una prueba. Acercarse a su casa. Sentarse a su lado cuando no había nada que decir y dejar que el silencio hiciera por nosotros lo que las palabras no sabían hacer. La amistad verdadera tiene poco que ver con las grandes declaraciones. Tiene que ver con la permanencia.

A veces alguno llega al encuentro con una tristeza que no explica. No preguntamos demasiado. Sabemos que hay dolores que necesitan compañía y no interrogatorios, una presencia que no invada, una cercanía que no exija confesiones. Hablamos de cualquier cosa: una noticia, un recuerdo, una comida, una tontería. Al cabo de una hora quizá se haya reído.

No hemos arreglado su vida, pero hemos compartido una hora. Y a estas alturas sabemos que una hora compartida puede ser una cosa extraordinariamente valiosa, casi una forma menor de salvación. No podemos detener el paso del tiempo. Tampoco podemos impedir que nuestros cuerpos cambien ni que aparezcan dificultades que antes no estaban. Pero podemos decidir qué hacemos con el tiempo que todavía nos pertenece.

Podemos sentarnos juntos, comer, tomar una copa, discutir, reírnos de nuestras propias limitaciones, hablar de los que ya no están y regresar después a cualquier asunto cotidiano. Podemos continuar. Quizá continuar sea una de las palabras más hermosas de esta etapa de la vida. Porque existe una tentación, cuando los años se acumulan, de comenzar a vivir hacia atrás; de convertir el pasado en el único territorio habitable, de hablar demasiado de lo que fuimos, de lo que tuvimos, de los lugares donde estuvimos, de las personas que compartieron aquella época. Los recuerdos son necesarios, pero no deberían convertirse en una habitación cerrada, sin ventanas hacia el porvenir.

Nosotros queremos recordar sin instalarnos en el recuerdo. Queremos que el pasado sea una raíz, no una cadena. Por eso seguimos haciendo planes. Pequeños planes: una comida, una excursión, una visita, un viaje que quizá podamos realizar, un libro que queremos leer, un vino guardado para una ocasión, una conversación pendiente. Nada de eso parece extraordinario visto desde fuera.

Pero quizá la vida siempre haya estado hecha de esas pequeñas cosas, de esa materia humilde con la que los días, sin anunciarlo, construyen su sentido.

Hemos aprendido que el futuro no necesita ser grandioso para merecer la pena. Basta con que conserve alguna posibilidad: un calendario con una fecha señalada, una mesa preparada para varios, un teléfono que todavía puede sonar, un amigo que dice: «El mes que viene nos vemos».

Y entonces aparece una forma distinta de esperanza. No la esperanza ingenua de volver a ser quienes fuimos, porque ya no somos aquellos hombres. Es otra cosa, más sobria y acaso más profunda: aceptar lo vivido y, al mismo tiempo, mantener entreabierta la puerta de lo que todavía puede suceder.

Somos los que seguimos encontrándonos. Y quizá nuestra manera más obstinada y hermosa de enfrentarnos al tiempo sea precisamente esa: continuar reuniéndonos. No para detener los años, sino para llenarlos. No para recuperar nuestra juventud, sino para descubrir qué puede ofrecernos esta edad. No para vivir de espaldas al pasado, sino para llevarlo con nosotros mientras seguimos avanzando.

Cada uno conserva dentro de sí una parte de la historia común. Y cada encuentro vuelve a ponerla en circulación, como si la memoria, al ser compartida, recuperara por un instante su antigua respiración.

Mientras podamos decir «nos vemos el próximo mes», el futuro seguirá teniendo una pequeña cita esperándonos. Y quizá eso sea suficiente. Una mesa. Unos amigos. Una conversación que se prolonga más de lo previsto. Una risa inesperada. Y la certeza, sencilla y poderosa, de que todavía estamos aquí.

Todavía aquí. Todavía juntos. Todavía capaces de elegirnos frente al silencio.

Que pasen los años. Que se estreche el círculo. Que falten nombres y sobren recuerdos. Mientras una voz diga «nos vemos», mientras una silla aguarde a alguien, mientras podamos reunirnos y reconocernos, la vida no habrá terminado de retirarse.

Seguimos aquí.

Y mientras sigamos llamándonos, el tiempo —por mucho que avance— no tendrá la última palabra.

Goya: La familia de D. Luis de Borbón

La ilusión de las fronteras digitales

La decisión de algunos países occidentales de restringir el acceso de los menores a las redes sociales se ha presentado como una respuesta necesaria a los crecientes problemas de salud mental, adicción digital y exposición a contenidos nocivos. Francia ha dado recientemente un paso significativo en esta dirección al exigir mecanismos efectivos de verificación de edad para impedir el acceso de los menores de 15 años a determinadas plataformas. Y España estudia medidas similares. Sin embargo, este debate, aparentemente centrado en la protección de la infancia, encubre una problemática mucho más profunda: la crisis de gobernanza de un espacio digital, que ha adquirido una dimensión global mientras sigue regulado desde marcos nacionales.

La imagen de internet como un territorio sin ley, evocada por numerosos dirigentes políticos, resulta engañosa. No estamos ante un vacío de poder sino ante la necesidad de una redistribución del mismo. Las plataformas digitales se han convertido en actores con una capacidad de influencia comparable, y  en ocasiones superior, a la de muchos Estados. Controlan flujos, determinan qué contenidos alcanzarán visibilidad y poseen una capacidad sin precedentes para modelar comportamientos individuales y colectivos.

Durante décadas se pensó que internet favorecería la aparición de una esfera pública global más abierta, participativa y democrática. En parte, esa promesa se ha cumplido. Millones de jóvenes, y no tan jóvenes, mantienen relaciones, intercambian conocimientos y participan en debates que trascienden las fronteras nacionales. Plataformas inicialmente concebidas para el ocio o la comunicación privada han servido también para organizar movilizaciones políticas, campañas sociales y movimientos ciudadanos.

Sin embargo, esta dimensión emancipadora convive con una realidad menos ilusionante. La arquitectura de las principales plataformas no se ha diseñado para fortalecer la deliberación democrática, sino para maximizar el tiempo de permanencia de los usuarios en ellas. La economía digital contemporánea descansa sobre la captura de la atención humana. Cuanto más tiempo permanece una persona conectada, más datos genera y más rentable resulta para las empresas tecnológicas.

Esta lógica económica tiene consecuencias políticas. Los algoritmos tienden a premiar los contenidos capaces de provocar reacciones emocionales intensas, favoreciendo la polarización, la simplificación de los debates públicos y la difusión acelerada de los rumores o la desinformación. Por tanto, la cuestión esencial no reside únicamente en quiénes acceden a las plataformas, sino muy especialmente en su propio diseño .

Las iniciativas para limitar el acceso de los menores responden a riesgos reales, pero corren el peligro de actuar exclusivamente sobre los síntomas sin abordar las causas estructurales del problema. Además, se enfrentan a una dificultad evidente: internet es global mientras que las leyes siguen siendo nacionales. La expansión de las redes privadas virtuales (VPN) ilustra esta contradicción. Cualquier usuario puede eludir con relativa facilidad restricciones impuestas por un país conectándose a través de servidores ubicados en otro. Lo ocurrido en Australia, donde las descargas de estos servicios se dispararon tras anunciarse nuevas prohibiciones para menores, demuestra la endeblez de los límites prácticos de las regulaciones aisladas.

El problema no es únicamente jurídico. Cuando los usuarios abandonan espacios sometidos a regulaciones relativamente exigentes y se trasladan a entornos menos controlados quedan expuestos a riesgos mayores. Las campañas de desinformación, las operaciones de influencia extranjera y las estrategias de guerra cognitiva encuentran terreno fértil precisamente en los ecosistemas digitales donde la supervisión pública es más débil.

Todo ello refleja una transformación más amplia del orden internacional. Las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China, la creciente instrumentalización de la tecnología con fines estratégicos y la erosión de los mecanismos tradicionales de cooperación internacional tienen su reflejo directo en el mundo digital. Internet ya no puede entenderse como un espacio separado de la política mundial. Es uno de sus principales escenarios.

En este contexto, las plataformas digitales se han convertido en infraestructuras esenciales de la vida social, económica y política. Regularlas exige algo más que establecer límites de edad o reforzar los controles de acceso. Requiere replantear los incentivos económicos que gobiernan el ecosistema digital y construir mecanismos de cooperación internacional capaces de actuar sobre actores cuyo poder trasciende las fronteras estatales.

La cuestión nuclear no es si los Estados deben intervenir, sino cómo deben hacerlo sin caer en la ilusión de que los problemas globales pueden resolverse mediante respuestas exclusivamente nacionales. La experiencia demuestra que las fronteras físicas son cada vez menos eficaces para contener dinámicas que se desarrollan en espacios digitales transnacionales.

La regulación seguirá siendo necesaria. Pero solo será verdaderamente eficaz si parte de una premisa fundamental: las plataformas no son simples empresas tecnológicas ni las redes sociales son meros instrumentos de comunicación. Ambas constituyen estructuras de poder que participan activamente en la configuración de nuestras sociedades. Y, como toda estructura de poder, exigen mecanismos de control acordes con la escala de su influencia.

La culpa del inocente

Hay culpas que nacen de una falta real y culpas que nacen del afecto. Las primeras cumplen una función moral porque nos recuerdan que hemos incumplido un deber, que hemos causado un daño o que hemos actuado obviando nuestras propias convicciones. Las segundas, en cambio, son mucho más complejas. No proceden de una transgresión, sino de la dolorosa conciencia de nuestros límites. Entre estas últimas se encuentra la culpa que con frecuencia experimentan quienes, tras años de dedicación, deciden ingresar a un familiar dependiente en una residencia o en un centro especializado.

Se trata de una de las paradojas más conmovedoras de la condición humana. Quienes más han cuidado suelen ser quienes más se reprochan por no haber podido cuidar todavía más. La escena se repite con innumerables variantes: un marido que acompaña durante años a una esposa atrapada por el Alzheimer; una hija que renuncia a su carrera laboral para atender a su madre; un hijo que convierte su existencia cotidiana en una sucesión de visitas médicas, medicaciones, vigilias nocturnas y renuncias personales... Durante mucho tiempo logran sostener una situación extraordinariamente exigente, pero llega un momento en que la enfermedad avanza, la dependencia se agrava y las necesidades asistenciales desbordan las capacidades de la familia. Entonces surge la decisión. Y con ella, la culpa. No porque se haya dejado de amar, sino precisamente porque se ama.

Nuestra cultura ha construido durante siglos una imagen heroica del cuidado familiar. Es una representación noble y comprensible. Asociamos la entrega incondicional a la fidelidad, al afecto y a la gratitud. Sin embargo, ha generado también una idea implícita y profundamente injusta: la de que el buen familiar es aquel que nunca se cansa ni desfallece, el que jamás reconoce sus límites. Nada más lejos de la realidad.

La dependencia severa constituye una de las tareas más complejas que puede afrontar cualquier persona. Las enfermedades neurodegenerativas avanzadas, las grandes discapacidades físicas o determinadas patologías crónicas exigen conocimientos especializados, vigilancia permanente y una disponibilidad que, sencillamente, excede las posibilidades de la mayoría de los hogares.

La medicina moderna ha prolongado la esperanza de vida, pero a la vez ha multiplicado la duración de muchas situaciones de dependencia. Nuestros abuelos raramente tuvieron que cuidar durante diez o quince años a una persona con deterioro cognitivo severo. Hoy esa circunstancia es cada vez más frecuente. Y sin embargo, las exigencias asistenciales del siglo XXI siguen descansando a menudo sobre estructuras familiares concebidas para otro tiempo.

La consecuencia es conocida por geriatras, neurólogos y psicólogos. El llamado síndrome de sobrecarga del cuidador afecta a millones de personas. Ansiedad, depresión, agotamiento físico, aislamiento social, trastornos del sueño y deterioro de la propia salud aparecen con una frecuencia alarmante entre quienes sostienen durante años el peso de una dependencia severa.

Estamos frente a una verdad ciertamente incómoda. Porque el amor no elimina el cansancio, la entrega no sustituye al descanso, la voluntad no reemplaza a los recursos profesionales y la generosidad, por admirable que sea, no hace a nadie inmune al desgaste. Quizá la primera tarea moral consista precisamente en aceptar estas evidencias.

Existe una tendencia sentimental a considerar que el domicilio familiar constituye siempre el mejor lugar posible para una persona dependiente. La realidad es bastante más compleja. Hay circunstancias en las que una institución especializada puede ofrecer una atención superior a la que cualquier familia, por entregada que esté, puede proporcionar. Atención sanitaria continuada, supervisión las veinticuatro horas, equipos multidisciplinares, programas de estimulación cognitiva, rehabilitación funcional, protocolos de seguridad, recursos técnicos adaptados... Nada de ello disminuye el valor del cuidado familiar. Simplemente reconoce que determinadas necesidades requieren medios que el entorno doméstico difícilmente puede garantizar.

Paradójicamente, muchas familias descubren después del ingreso algo que jamás habían imaginado. Al liberarse de las tareas más extenuantes, recuperan una parte esencial de la relación afectiva. El marido vuelve a ser marido. La hija vuelve a ser hija. El tiempo compartido deja de estar monopolizado por la administración de medicamentos, la higiene personal o la vigilancia constante. A veces el ingreso no rompe el vínculo sino que lo rescata. Lo que se transforma no es el afecto, sino la forma de expresarlo.

Por desgracia, nuestras sociedades aún no han aprendido a reconocer esta realidad con naturalidad. Persisten miradas de sospecha, juicios simplistas y una retórica del sacrificio que convierte cualquier delegación de cuidados en una aparente derrota moral. Es una visión profundamente injusta.

Nadie reprocha a una familia que recurra a un hospital cuando una enfermedad requiere tratamiento especializado, nadie interpreta una intervención quirúrgica y la posterior convalecencia como un abandono. Sin embargo, cuando la dependencia es crónica y prolongada, siguen apareciendo categorías morales que rara vez se aplican a otros ámbitos de la asistencia sanitaria. Se impone abandonar definitivamente esa lógica.

Porque las sociedades más humanas no son las que exigen sacrificios ilimitados a las familias, sino aquellas que crean instituciones capaces de compartir y aligerar la carga del cuidado. La dependencia no constituye un problema privado. Es una realidad social derivada del envejecimiento, del progreso médico y de la propia fragilidad humana. Por eso la responsabilidad no recae exclusivamente sobre los ciudadanos, corresponde también a los poderes públicos garantizar plazas suficientes, personal cualificado, supervisión rigurosa y una calidad asistencial compatible con la dignidad de las personas.

Pero existe, además, una responsabilidad cultural. Debemos aprender a hablar del ingreso residencial sin vergüenza, sin estigmas y sin insinuaciones culpabilizadoras. Debemos reconocer públicamente el esfuerzo inmenso realizado por quienes han cuidado durante años. Y debemos comprender que pedir ayuda no es una muestra de debilidad moral, sino una expresión de lucidez. Porque hay una diferencia esencial entre abandonar y confiar. Abandona quien se desentiende. Confía quien delega en otro profesional una tarea que ya no puede realizar adecuadamente por sí mismo.

La culpa de muchos cuidadores nace de una ilusión profundamente humana: la creencia de que el amor debería bastar para vencer cualquier límite. Pero el amor nunca ha consistido en eso. Amar no significa ser omnipotente, sino procurar el bien del otro incluso cuando ello exige reconocer nuestras propias incapacidades.

Quizá la verdadera lección moral sea precisamente esta. El cuidado auténtico no se mide por la cantidad de sufrimiento que una persona es capaz de soportar, sino por la capacidad de tomar decisiones difíciles pensando en el bienestar de quien depende de nosotros. Y algunas veces, aunque resulte doloroso admitirlo, la decisión más amorosa consiste precisamente en aceptar que ya no podemos prestarlo solos.

Fomentar la autonomía de los escolares en la era del WhatsApp

Con el comienzo del curso escolar regresan los libros, los horarios, las mochilas y, casi con la misma puntualidad, los grupos de WhatsApp de madres y padres. Nacieron para facilitar la comunicación y resolver cuestiones prácticas, pero en muchos casos han terminado convirtiéndose en una suerte de extensión digital de la escuela. En ellos se preguntan los deberes, se recuerdan los exámenes, se reconstruyen las explicaciones de los profesores, se comentan los conflictos y, a veces, se moviliza a media comunidad educativa por un problema que cualquier alumno podría haber resuelto en unos minutos.

El fenómeno merece que se le dedique atención porque detrás de una práctica aparentemente inocua existe una problema educativo de fondo: ¿hasta dónde debemos ayudar a nuestros hijos y en qué momento nuestra ayuda empieza a impedir que aprendan a desenvolverse por sí mismos?

La autonomía no aparece espontáneamente asociada a una determinada edad. Se construye progresivamente mediante  la asunción de pequeñas responsabilidades, decisiones, errores y consecuencias. La psicología del desarrollo y la pedagogía contemporáneas coinciden en señalar la importancia que tiene ofrecer a niños y adolescentes apoyos ajustados a su nivel de competencia, retirándolos gradualmente a medida que pueden asumir por sí mismos determinadas responsabilidades. La finalidad de su educación no es evitarles todas las dificultades, sino proporcionarles herramientas para afrontarlas.

En ese sentido, entiendo que los grupos de madres y padres deberían servir para informar y no para asumir responsabilidades propias de los centros educativos y de la crianza familiar. Resulta perfectamente razonable utilizarlos para comunicar un cambio de horario, recordar una excursión, resolver una cuestión logística o transmitir una información que afecta a todos. El problema  se suscita cuando el grupo comienza a asumir y sustituir la responsabilidad individual del alumno: «¿Qué deberes había?», «¿Cuándo era el examen?», «¿Qué ha dicho exactamente el profesor?», «¿Alguien sabe qué tienen que llevar mañana?».

Si un niño puede preguntárselo a un compañero, consultar su agenda o dirigirse al profesor, quizá no necesite que sus padres lo hagan por él. Resolver inmediatamente desde el teléfono aquello que el hijo puede solventar en el colegio es una forma de ayuda que, paradójicamente, puede debilitar lo que justamente debemos fomentar: su autonomía. 

También conviene preservar el principio elemental de que los menores no deben convertirse en objeto de deliberación colectiva. Los grupos de padres no pueden ser tribunales escolares. Juzgar, identificar o descalificar a un niño —aunque sea indirectamente— puede tener consecuencias desproporcionadas y vulnerar su intimidad. Una dificultad en la convivencia entre alumnos, una conducta problemática o un malentendido, deben abordarse por los cauces establecidos, nunca mediante una exposición pública ante decenas de familias.

Y lo mismo ocurre con los conflictos. Una discrepancia con un profesor, con otro padre o con un alumno no debería trasladarse automáticamente al grupo general. Las conversaciones colectivas tienden a simplificar los problemas, favorecen los malentendidos y pueden generar dinámicas de presión difíciles de detener una vez iniciadas. Los asuntos relevantes requieren interlocutores concretos y espacios privados, como los que representan tutores, profesores, equipos directivos o las familias afectadas, según el caso.

Además, existe una regla de prudencia básica especialmente importante: la versión de nuestro hijo merece ser escuchada, pero no necesariamente convertida en sentencia. Escuchar es proteger; creer sin contrastar puede ser otra cosa. Los niños y adolescentes cuentan los acontecimientos desde su propia percepción, condicionada por emociones, expectativas, relaciones con sus compañeros y comprensión todavía limitada de determinadas situaciones. Tomar en serio su relato significa precisamente ayudarles a reconstruirlo, comprender otras perspectivas y buscar soluciones.

Tampoco resulta pedagógico ejercer permanentemente de abogado defensor. Habrá ocasiones en que nuestros hijos necesiten que intervengamos ante una injusticia real o una situación que no pueden gestionar. Pero otras veces necesitarán algo diferente. Deberán aprender a asumir una consecuencia, reconocer un error, pedir disculpas, organizarse mejor o afrontar una conversación incómoda. La sobreprotección puede aliviar provisionalmente el problema pero, al mismo tiempo, priva al menor de una experiencia necesaria para su maduración.

En ocasiones, los chats también se convierten en amplificadores de la ansiedad. Un mensaje ambiguo, una información incompleta o un comentario alarmista pueden desencadenar una cadena de respuestas que transforma una incidencia menor en un supuesto problema colectivo. La comunicación digital tiene, además, una característica que no conviene olvidar: favorece la reacción inmediata y reduce el tiempo de reflexión. Por eso, no todo lo que puede escribirse debe escribirse.

Finalmente, existe una dimensión social del fenómeno. Las familias pueden verse arrastradas a una competición silenciosa por demostrar implicación: participar en todas las actividades, conocer cada detalle, anticiparse a cada dificultad o exhibir permanentemente la propia dedicación. Sin embargo, la buena parentalidad no se mide por el número de mensajes enviados ni por la rapidez con que respondemos a cada incidencia escolar. Ser buenos padres no significa hacer más cosas por nuestros hijos, sino ayudarles a ser más autónomos.

Por cuanto antecede, con el inicio del curso convendría establecer algunas reglas sencillas para orientar el adecuado funcionamiento de los grupos de WhatsApp. Se resumen en:

- Utilizar el chat para información colectiva, no para sustituir la comunicación entre alumnos, profesores y familias.

- Antes de intervenir, preguntar al hijo: «¿Puedes resolverlo tú? ¿Qué has intentado?».

- No identificar ni juzgar a menores en conversaciones grupales.

- Trasladar los conflictos importantes al ámbito privado y a los profesionales correspondientes.

- Escuchar al hijo sin reaccionar inmediatamente y contrastar los hechos antes de intervenir.

- Aceptar que equivocarse forma parte del aprendizaje. Olvidar un material, organizar mal el tiempo o asumir una consecuencia también educa.

- No alimentar rumores ni alarmas y evitar responder en caliente.

- Y, sobre todo, adoptar una regla antes de pulsar «enviar»: ¿es cierto?, ¿es necesario?, ¿es realmente este el lugar adecuado para decirlo?

El mejor chat de padres quizá sea aquel que funciona cuando es necesario y guarda silencio cuando no existen asuntos relevantes que compartir. Porque con cada problema que un adulto resuelve a través del chat, tal vez se está perdiendo la espléndida oportunidad de que un niño aprenda a hacerlo por sí mismo.

Europa: cuando el cordón sanitario ya no basta

Durante décadas Europa creyó haber aprendido una lección esencial: la extrema derecha podía ser contenida mediante una combinación de memoria histórica, aislamiento político y defensa de las instituciones democráticas. Hoy esa fórmula muestra síntomas inequívocos de agotamiento. No porque hayan desaparecido las razones para defenderla, sino porque el paisaje social y político que la hacía eficaz ha cambiado.

El dato alemán resulta revelador. En las elecciones federales de 2025, Alternativa para Alemania (AfD) obtuvo el 20,8% de los votos, duplicando prácticamente su resultado de 2021. La  participación alcanzó, además, un elevado 82,5%. No estamos, por tanto, ante una anomalía marginal ni ante una protesta de ciudadanos políticamente desmovilizados. 

Algo semejante ocurre en el Parlamento Europeo. Tras las elecciones de 2024, Patriotas por Europa se convirtió en la tercera fuerza parlamentaria, con 84 escaños; Conservadores y Reformistas Europeos obtuvo 78 y Europa de las Naciones Soberanas, 25. Las tres familias suman una presencia que imposibilita describir a la derecha radical como un fenómeno periférico. 

Hoy resulta evidente que la tradicional estrategia de combatir a la extrema derecha copiando parte de su discurso es insuficiente. Cuando los partidos conservadores endurecen su posición sobre inmigración, seguridad o identidad nacional, legitiman las categorías políticas del adversario sin lograr recuperar a sus antiguos votantes. En todo caso, el original suele conservar una ventaja: puede prometer siempre ir un paso más allá.

Pero tampoco basta con lo contrario, es decir, con ignorar los temores que alimentan ese voto. Hay miedos reales —inseguridad económica, vivienda inaccesible, presión migratoria en determinados territorios, deterioro de servicios públicos, pérdida de empleos industriales, incertidumbre cultural— y otros construidos o exagerados políticamente. Frente a ello, la tarea democrática no consiste en aceptar automáticamente unos o en ridiculizar los otros, sino en distinguirlos, explicarlos y ofrecer respuestas verificables.

Justamente aquí aparece una de las debilidades fundamentales de la política europea contemporánea: la palmaria distancia existente entre las decisiones institucionales y la experiencia cotidiana de los ciudadanos. Una determinada política puede ser técnicamente correcta y políticamente incomprensible. Y cuando las personas no entienden por qué se adoptan determinadas decisiones, ni saben quién las adopta, ni tampoco qué beneficio concreto obtendrán de ellas, el espacio politico se transforma en una ventana de oportunidad para quienes ofrecen explicaciones sencillas, aunque sean falsas.

Por otro lado, la memoria histórica tampoco puede convertirse en una liturgia. Recordar el fascismo, el nazismo o las dictaduras europeas sigue siendo indispensable. Pero convertir la memoria en una sucesión de ceremonias oficiales puede producir un efecto paradójico, cual es transformar una advertencia viva en patrimonio monumental. Para un ciudadano joven preocupado por el alquiler, la precariedad laboral o la inmigración, la evocación permanente de 1933, o 1936 en el caso español, puede parecer una respuesta a una pregunta que él no ha formulado. Ello no significa relativizar el pasado sino comprender y aceptar que los electores votan desde el presente.

La democracia tampoco puede funcionar mediante la exclusión indefinida de una parte sustancial del electorado. El cordón sanitario tiene sentido cuando protege normas fundamentales —la dignidad humana, el Estado de derecho, la igualdad ante la ley, la independencia judicial—, pero pierde eficacia cuando se transforma en una frontera automática frente a cualquier fuerza situada a la derecha del consenso tradicional. La pregunta es inevitable: ¿cuánto electorado puede quedar fuera de cualquier posibilidad de representación o influencia sin que el propio sistema pierda legitimidad?

La respuesta no puede consistir en normalizar aquello que atenta contra los derechos fundamentales. Democracia no significa neutralidad ante la destrucción de la democracia. Pero tampoco significa considerar antidemocrático todo voto que expresa frustración, miedo o rechazo a las élites gobernantes.

Europa se encuentra ante una transformación de enorme alcance. No se trata únicamente de impedir que AfD, Marine Le Pen, Vox u otras fuerzas similares lleguen al poder. Más allá  de esa aspiración, debemos preguntarnos qué sucedería si lo consiguieran. La Unión Europea ha construido mecanismos importantes para proteger el Estado de derecho, y la Comisión mantiene procedimientos de vigilancia sobre justicia, corrupción, libertad de prensa y controles institucionales. Pero reconoce también que persisten problemas serios en algunos Estados. 

Por ello, en mi opinión, la estrategia europea de los próximos años debería descansar al menos sobre cinco pilares.

El primero son los resultados materiales. Vivienda, empleo, salarios, servicios públicos, seguridad y transición energética deben dejar de ser cuestiones disociadas de la defensa democrática.

El segundo, una política migratoria europea común, eficaz en las fronteras, respetuosa con el derecho de asilo y capaz de integrar a quienes permanecen legalmente. El vacío político siempre termina siendo ocupado por otros.

El tercero, una nueva pedagogía democrática. No basta con defender Europa: hay que explicar para qué sirve, cuánto protege y qué problemas resuelve. De hecho, la Comisión ya plantea reforzar la participación ciudadana y la resiliencia democrática.

En cuarto lugar, una defensa firme de las líneas rojas constitucionales. Libertad de prensa, independencia judicial, pluralismo, derechos fundamentales y alternancia democrática no son materias negociables.

Y el quinto y último,  recuperar la política como capacidad de escucha. Las democracias no sobreviven únicamente porque tengan buenas instituciones; sino especialmente porque una mayoría suficiente de ciudadanos cree que esas instituciones les pertenecen.

Europa no debe elegir entre ingenuidad o miedo. Necesita construir un proyecto mucho más  ambicioso y complejo: una democracia capaz de escuchar sin rendirse, gobernar sin imitar y defender sus principios sin convertirlos en reliquias.

Quizá el verdadero peligro no sea que la extrema derecha llegue al poder. El mayor riesgo es que las democracias europeas descubran demasiado tarde que han dejado de convencer a quienes deben defenderlas.

La frontera que Europa no puede ignorar

Hay fronteras que separan territorios y fronteras que separan épocas. La que existe entre España y Marruecos pertenece a las dos categorías. Ceuta y Melilla no son únicamente dos ciudades españolas situadas en el norte de África. Son puntos de contacto entre Europa y África, entre el Mediterráneo y el Atlántico, entre una Unión Europea rica y envejecida y un continente joven, desigual y en profunda transformación. Pretender comprenderlas únicamente desde la lógica del conflicto territorial es quedarse mirando el mapa mientras cambia el mundo.

La primera evidencia que debería imponerse a cualquier fantasía bélica es económica. El PIB por habitante de Marruecos se encuentra muy por debajo del español, es aproximadamente ocho veces menor en términos nominales. Pero esa distancia no es una mera fotografía estática. Marruecos ha experimentado en los últimos años un proceso sostenido de modernización y diversificación económica, con inversiones en infraestructuras, industria automovilística y aeronáutica, energías renovables, agroindustria y logística.

El puerto de Tánger Med simboliza esa transformación. Nuestro vecino aspira a convertirse en una plataforma entre Europa, el Atlántico y África occidental. Su llamada Iniciativa Atlántica para África pretende facilitar a los países del Sahel sin litoral el acceso a las rutas marítimas mediante corredores e infraestructuras. Ello no significa que Rabat vaya a convertirse en el «vigilante» del Sahel, una formulación seguramente excesiva, pero sí que pretende ser uno de los interlocutores imprescindibles en la seguridad, el comercio y las comunicaciones entre el Magreb y el África subsahariana.

Esta transformación sí que debería preocupar a la Unión Europea, pues lo que Europa tiene delante no es simplemente un país vecino. Tiene a un Estado cuya posición geográfica le permite influir simultáneamente sobre migraciones, comercio, energía, seguridad y estabilidad regional.

La actual relación económica confirma esa realidad. La Unión Europea es el principal socio comercial de Marruecos y concentra aproximadamente un tercio de su comercio de bienes. El intercambio bilateral supera los 60.000 millones de euros. Europa necesita a Marruecos y viceversa, aunque la relación sea profundamente asimétrica.

Por eso resulta insuficiente describir a Marruecos como un país pobre que simplemente depende de España o de Europa. Es un socio imprescindible, pero también un actor con intereses propios y creciente capacidad de maniobra.

Rabat ha sabido diversificar sus alianzas. Estados Unidos mantiene con Marruecos una importante cooperación militar y considera al país un socio estratégico en África. La relación con Israel adquirió una nueva dimensión tras los Acuerdos de Abraham de 2020, acompañados por el reconocimiento estadounidense de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. Pero sería erróneo interpretar todo ello como una alianza dirigida contra España.

Marruecos practica, más bien, una política de diversificación estratégica: Estados Unidos para la seguridad, Europa para el comercio y la inversión, Israel para determinadas capacidades tecnológicas y militares, Francia como socio histórico y África como espacio creciente de influencia. Rabat quiere relacionarse con varias potencias sin convertirse en satélite de ninguna.

Naturalmente, ese Marruecos dinámico convive con profundas contradicciones. Persisten desigualdades territoriales, desempleo juvenil, déficits educativos y una importante brecha social. La modernización económica no ha eliminado las restricciones políticas ni las tensiones sociales. El país es, simultáneamente, dinámico y desigual, abierto económicamente y restrictivo en determinados ámbitos políticos, moderno y tradicional.

Precisamente por eso resulta tan sorprendente la retórica de quienes fantasean periódicamente con una guerra entre España y Marruecos a propósito de Ceuta y Melilla. No saben lo que dicen. O, quizá, no saben en qué mundo viven.

La reivindicación marroquí sobre ambas ciudades existe y España debe defender inequívocamente su soberanía. Pero una cosa es reconocer una disputa territorial y otra muy diferente convertirla en la antesala inevitable de una guerra. Una confrontación militar entre ambos países provocaría una crisis europea de enormes proporciones, comprometería las relaciones económicas y de seguridad de Marruecos con Occidente, desestabilizaría el Mediterráneo occidental y perjudicaría gravemente a las dos sociedades.

El riesgo más plausible no es necesariamente una guerra convencional, sino la presión diplomática, migratoria, económica, informativa o fronteriza; es decir, las distintas formas de coerción y competencia híbrida que caracterizan el mundo contemporáneo.

España necesita, por tanto, defensa, pero no militarismo retórico. Ceuta y Melilla necesitan seguridad, inteligencia, capacidad de respuesta y protección frente a amenazas híbridas. Pero necesitan también población, vivienda, infraestructuras, actividad económica y una presencia europea mucho más visible. No deberían ser percibidas exclusivamente como puestos avanzados de una frontera hostil.

La fórmula debería ser sencilla: la soberanía no se negocia; la cooperación sí. Eso implica reclamar una mayor implicación de la Unión Europea en la defensa y protección de sus fronteras exteriores, reforzar Frontex, desarrollar mecanismos europeos de inteligencia y vigilancia, combatir las redes criminales que explotan la inmigración y, simultáneamente, ampliar las vías legales y ordenadas de movilidad laboral.

También significa invertir en la estabilidad de Marruecos y de los países vecinos. No por ingenuidad ni por altruismo, sino por interés europeo. El desarrollo económico, el empleo y las oportunidades reducen el espacio disponible para el crimen organizado, el extremismo y las migraciones desesperadas.

Y, sobre todo, España debería contribuir a que Europa deje de contemplar su frontera sur como una simple línea defensiva.

La verdadera frontera estratégica europea es mucho más amplia: Península Ibérica, Magreb, fachada atlántica africana y Sahel. En ese espacio se decidirán cuestiones esenciales para nuestro futuro: migraciones, energía, agua, seguridad alimentaria, terrorismo, narcotráfico, infraestructuras digitales, comercio y materias primas estratégicas.

La Unión Europea necesita una política integrada para su flanco suroccidental: cooperación estructurada con Marruecos y Mauritania; inversión en corredores energéticos y logísticos; política migratoria común; inteligencia compartida; protección fronteriza; y una combinación inteligente de disuasión, diplomacia y desarrollo. España debería aspirar a liderar esa estrategia, no limitarse a padecer sus consecuencias.

Porque la pregunta verdaderamente importante no es si Marruecos atacará algún día Ceuta o Melilla. Es si Europa será capaz de construir con Marruecos y con África occidental una relación suficientemente inteligente para transformar una frontera potencialmente conflictiva en un espacio de cooperación, seguridad y prosperidad. No es fácil saber en qué mundo vivimos y, precisamente por eso, conviene evitar las guerras imaginarias y concentrarse en gobernar las fronteras reales.