El último territorio reconocible

El día empieza para él antes de que sepa que ha amanecido.

Una cuidadora abre la puerta, enciende la luz y pronuncia su nombre. Él abre los ojos despacio. Durante unos segundos permanece inmóvil, mirando el techo. No sabe dónde está. Después reconoce la habitación, aunque no siempre recuerda por qué duerme allí. Hay una cama, una mesilla, un armario, unas fotografías. Estas deberían decirle algo, pero cada vez significan menos. Una de ellas muestra a una mujer joven. La mira largamente. Siente que la conoce, incluso experimenta algo parecido al afecto. Pero no consigue recordar su nombre. Ese es uno de los menoscabos más extraños de su enfermedad: reconocer una emoción y haber olvidado la historia que la motiva.

—Buenos días.

La cuidadora le ayuda a levantarse.

Antes podía hacerlo solo. Durante décadas se vistió, se afeitó, se duchó, fue al baño, salió a la calle. Ahora necesita que alguien le indique o le tutele cada movimiento. Primero el baño, lavarse, secarse; después, ponerse el pantalón, luego la camisa, los zapatos...

A veces coopera dócilmente y hay otras en las que se resiste. No siempre sabe por qué.

Puede enfadarse al percibir que un desconocido pretende ayudarle a bajarse los pantalones. Puede apartarle la mano  enérgicamente. O puede gritar. Desde fuera la escena tiene apariencia de una conducta difícil. Desde su realidad, tal vez se trata de una simple pregunta que no consigue expresar: ¿por qué me están haciendo esto?

En el comedor hay muchas personas.

Unas hablan y otras permanecen inmóviles. Algunas miran la televisión sin entender los contenidos que emite. Hay conversaciones que empiezan y finalizan bruscamente. Hay nombres que se repiten y preguntas que vuelven una y otra vez.

Él ocupa su sitio. Le ponen delante el desayuno.

—¿Quieres café?

Asiente.

—¿Con azúcar?

Vuelve a asentir. No sabe si lo quiere con azúcar, pero decir que sí le resulta más fácil que explicar que ya no recuerda cómo lo toma.

La enfermedad no solamente ha borrado los recuerdos, también ha ido haciendo más difícil la vida cotidiana. Cada acción necesita una indicación, cada decisión puede convertirse en un problema, cada objeto cotidiano, de pronto, puede perder su significado.

Después del desayuno vienen las medicinas. Una cuidadora le entrega los comprimidos y un vaso de agua. Él pregunta para qué sirven.

Se lo explican.

Cinco minutos después vuelve a preguntar. No lo hace para provocar. Simplemente, la respuesta anterior se ha esfumado.

Y vuelve a preguntar.

—¿Para qué es esto?

La cuidadora vuelve a explicárselo.

Así transcurre buena parte de su existencia: pregunta, recibe una respuesta, la olvida y vuelve a preguntar.

El tiempo también se ha convertido en un territorio extraño.

No sabe si es martes o sábado. Desconoce cuánto falta para comer. Puede creer que acaba de levantarse cuando está tres horas despierto. Puede preguntar por alguien que murió hace veinte años y esperar que aparezca por la puerta.

Algunas veces quiere marcharse.

—Tengo que irme a casa.

Le preguntan dónde está su casa.

Entonces calla.

La palabra «casa» permanece, su ubicación ha desaparecido.

Esa contradicción lo desconcierta. Sabe que debe regresar a alguna parte, pero ya no sabe dónde está ese lugar. 

A veces, por la tarde, recibe alguna visita. Cuando aparece un familiar, algo se ilumina en su rostro. Quizá no recuerda su nombre, pero siente la proximidad emocional. Hay determinadas personas cuya presencia todavía logra traspasar la niebla.

Otras veces no reconoce a nadie.

Entonces, observa el rostro que tiene delante y sonríe por educación, por intuición o por costumbre. Quien ha venido le habla de los hijos, de los nietos, de una casa, de unas vacaciones...

Él escucha.

No comprende gran parte de lo que le dicen.

Pero percibe el cariño.

Y cuando la visita termina y la puerta se cierra, parece embargarlo una tristeza difícil de explicar.

A veces pregunta:

—¿Quién era?

Nadie sabe qué responder.

Algunas tardes está inquieto. Deambula por el pasillo sin saber a dónde va. Pregunta por su madre. Quiere salir. Busca una puerta. Se enfada cuando se lo impiden.

Otras permanece sentado durante largas horas. El cuerpo está allí, la mirada, no siempre. En la residencia se aprende pronto que una persona puede estar presente y, al mismo tiempo, ausente.

Por la noche vuelven las rutinas. Cena, medicación, pijama, cama.

Una cuidadora le pregunta si necesita algo.

Dice que no.

Pero cuando la puerta se cierra, permanece despierto.

En la oscuridad aparecen fragmentos: una calle, una voz, una mesa familiar, un niño corriendo, una mujer junto a una ventana... No sabe si son recuerdos o sueños. No consigue ubicarlos en el tiempo.

Su vida se ha ido desordenando.

Primero desaparecieron las fechas.

Después los nombres.

Luego las historias.

Ahora empiezan a desaparecer las certezas.

Pero hay algo que todavía permanece.

Percibe la ternura.

Percibe la impaciencia.

Percibe las respuestas desabridas.

Percibe las actitudes acogedoras.

Puede no recordar quién le ha tratado bien, pero su cuerpo parece distinguirlo. Puede olvidar una conversación, pero conserva el miedo que le produjo cierta voz destemplada. Puede no acordarse del nombre de alguien y, sin embargo, sentirse seguro cuando esa persona está cerca.

Quizá esa sea la última frontera de la enfermedad: cuando la memoria deja de sostener la identidad, los afectos se convierten en el último territorio identificable.

Por la mañana volverán a abrir la puerta.

Tornarán a decir su nombre.

Él abrirá los ojos.

Durante unos segundos quizá sabrá quién es.

Después, comenzará otra vez el arduo trabajo de desentrañarlo.

Francia y Europa frente al desorden

Recuperar la política para salvar la democracia

La violencia que sacudió Francia el pasado sábado plantea un interrogante que trasciende sus fronteras: ¿cómo puede una democracia responder al malestar social sin tolerar la destrucción de sus instituciones ni alimentar a quienes pretenden aprovecharse de su debilidad? El incendio del Ayuntamiento de Limoges, los saqueos y los ataques a edificios públicos, entre otros estragos, convirtieron una movilización nacida de reivindicaciones estudiantiles y económicas en una crisis de orden público. El editorial de El País, «Francia ante el caos», publicado ayer, destaca una distinción necesaria: la legitimidad de las protestas no justifica la violencia, pero condenar esta última tampoco exime a los gobiernos de afrontar las causas del descontento.

De esa doble exigencia depende la respuesta francesa y, en buena medida, la capacidad europea para defender sus democracias frente a la polarización, la desigualdad y el avance de los extremismos.

El orden público no basta

La primera obligación del Estado es garantizar la seguridad de los ciudadanos, proteger los servicios públicos y asegurar que las diferencias políticas puedan expresarse sin coacción. Incendiar un ayuntamiento no constituye precisamente una forma superior de protesta, pues destruye un patrimonio colectivo y ataca una institución que pertenece también a quienes discrepan del Gobierno. La violencia indiscriminada perjudica, además, a los movimientos sociales cuyas demandas quedan opacadas por las imágenes de destrucción.

Sin embargo, el restablecimiento del orden no puede convertirse en una política de silenciamiento. Francia arrastra controversias sobre el uso de la fuerza policial y la gestión de las manifestaciones. Las actuaciones desproporcionadas, cuando se producen, erosionan la confianza ciudadana y pueden intensificar el conflicto. La respuesta requiere proporcionalidad, identificación individual de los responsables, investigación de posibles abusos y garantías judiciales.

La vieja reflexión de Max Weber (La política como vocación, 1919) sobre el monopolio estatal de la violencia legítima ayuda a precisar el problema: la autoridad pública no se justifica únicamente por disponer de fuerza, sino por ejercerla dentro de un orden jurídico reconocido. Una democracia debe ser firme frente a la violencia y, al mismo tiempo, someter a sus propios agentes a la ley.

Las causas sociales de la cólera

El editorial de El País recuerda también que la crisis francesa no puede separarse de la parálisis política, las dificultades económicas y las desigualdades persistentes. Las deficiencias educativas, el deterioro de determinados servicios públicos, la inseguridad material y la percepción de que las instituciones no escuchan a una parte de la población alimentan una frustración que puede ser instrumentalizada por grupos radicales.

Los datos de la Comisión Europea refuerzan la necesidad de actuar sobre estos problemas. Su informe sobre Francia del pasado mes de junio identifica dificultades en la integración laboral de los jóvenes, desigualdades educativas vinculadas al origen socioeconómico y un aumento de la pobreza. También señala obstáculos en el acceso a la vivienda y a servicios esenciales. No se trata, por tanto, de reducir una crisis compleja a una cuestión policial, sino de reconocer que la cohesión democrática necesita oportunidades reales.

La economista Mariana Mazzucato (El Estado emprendedor: mitos del sector público, 2013) ha defendido que el Estado debe desempeñar un papel estratégico en la orientación de la innovación y la creación de valor, en lugar de limitarse a corregir a posteriori los fallos del mercado. Aplicada al caso francés, esta perspectiva invita a considerar la educación, la formación profesional, la vivienda asequible y la modernización de los servicios públicos como inversiones productivas y democráticas, no simplemente como partidas susceptibles de recorte.

Ello no significa ignorar las restricciones presupuestarias, sino establecer prioridades, evaluar los resultados del gasto y distribuir sus costes con criterios de equidad. La consolidación fiscal que no distingue entre despilfarro e inversión social puede terminar debilitando las bases económicas y políticas que pretende preservar.

La crisis de representación

Los conflictos franceses tienen también una componente institucional. Un Gobierno con escaso margen parlamentario y una presidencia debilitada encuentra muchos obstáculos para impulsar reformas, negociar acuerdos y recuperar la confianza. Pero la fragmentación política no debería servir como justificación permanente de la inacción.

En La democracia en América (2007), Alexis de Tocqueville advirtió sobre la importancia de las costumbres, las asociaciones y la participación ciudadana para sostener las instituciones democráticas. La lección decimonónica conserva plena vigencia, pues las democracias no sobreviven únicamente mediante elecciones y procedimientos constitucionales, necesitan espacios de cooperación y una ciudadanía que perciba que su intervención puede generar cambios.

Francia necesita reconstruir esos vínculos mediante el diálogo con sindicatos, asociaciones educativas, organizaciones juveniles, autoridades locales y representantes empresariales. Las reformas laborales, educativas y fiscales requieren negociación, información pública y mecanismos de evaluación. Escuchar no equivale a ceder frente a cualquier demanda, del mismo modo que gobernar no consiste en imponer decisiones sin explicar sus consecuencias.

El sociólogo Pierre Rosanvallon, en sus estudios sobre la legitimidad democrática (La legitimidad democrática. Imparcialidad, reflexividad y proximidad, 2010) ha subrayado que la representación electoral no agota las exigencias de una sociedad que reclama vigilancia del poder, proximidad y reconocimiento. Cuando los ciudadanos consideran que solo cuentan el día de las elecciones, la desconfianza encuentra terreno fértil.

El peligro de los extremismos

El caos beneficia a quienes presentan la democracia como un sistema incapaz de resolver problemas. La extrema derecha puede capitalizar el miedo prometiendo seguridad y autoridad sin explicar necesariamente cómo corregirá las desigualdades que alimentan el malestar. Desde posiciones revolucionarias, otros sectores pueden interpretar la destrucción como una ruptura emancipadora, confundiendo la deslegitimación de las instituciones con la construcción de una alternativa viable.

El editorial de El País advierte también del uso internacional de las imágenes de violencia para desacreditar las democracias europeas. Cuando dirigentes extranjeros presentan una crisis nacional como prueba del fracaso de todo un sistema político, convierten un problema real en un instrumento de confrontación ideológica.

Hannah Arendt (Sobre la violencia, 2018), distinguió entre el poder que nace de la acción colectiva y la violencia como instrumento de imposición. Su reflexión permite comprender una paradoja: la destrucción puede exhibir fuerza inmediata, pero no crea por sí misma autoridad legítima, acuerdos duraderos ni instituciones capaces de responder a las necesidades sociales.

La defensa democrática exige, por tanto, combatir tanto la violencia callejera como las estrategias que explotan deliberadamente el miedo y la polarización. No basta con denunciar a los extremistas, es preciso impedir que sus diagnósticos encuentren credibilidad en la experiencia cotidiana de la desigualdad y el abandono.

Una agenda francesa y europea

Entiendo que la respuesta debería articularse al menos en torno a estas cinco prioridades:

Primero, garantizar el orden público con proporcionalidad y rendición de cuentas, distinguiendo entre manifestantes pacíficos y responsables de delitos.

Segundo, reforzar la igualdad de oportunidades, especialmente mediante una educación pública de calidad, mejores condiciones para el profesorado, formación profesional y políticas de empleo juvenil.

Tercero, recuperar la seguridad económica de los hogares, con medidas sobre vivienda asequible, salarios, protección social y acceso a los servicios esenciales.

Cuarto, reconstruir la capacidad de acuerdo político, haciendo de la negociación parlamentaria y el diálogo social instrumentos ordinarios de gobierno, no recursos excepcionales en situaciones límite.

Quinto, coordinar las respuestas nacionales a escala europea. La Comisión Europea ya ha identificado para Francia problemas relacionados con la pobreza, el empleo juvenil, la educación y la vivienda. La Unión debería acompañar sus recomendaciones económicas con inversiones, cooperación entre Estados y mecanismos transparentes para evaluar resultados. La disciplina presupuestaria y la cohesión social no tienen por qué ser objetivos incompatibles.

Europa debe, además, defender la independencia judicial, la libertad de prensa, el derecho de manifestación y los controles sobre el poder ejecutivo. La democracia no se protege restringiendo indiscriminadamente las libertades, sino haciendo que sus instituciones sean eficaces, responsables y dignas de confianza.

Raymond Aron (El opio de los intelectuales, 1967) observó en una reflexión sobre la tradición política francesa evocada por el editorial de El País, la tendencia del país a las revoluciones frente a las reformas. La frase resume una disyuntiva que hoy afecta a todo el continente: transformar las causas del descontento mediante la política o dejar que la frustración se convierta en combustible para quienes prometen soluciones radicales.

Francia necesita recuperar el orden, pero también la capacidad de reformarse. Europa debe extraer la misma conclusión. La democracia no puede prometer que desaparecerán los conflictos; debe demostrar que es capaz de resolverlos sin destruir la convivencia, sacrificar los derechos ni abandonar a quienes se sienten excluidos.

La IA, una creciente amenaza

La inteligencia artificial (IA) ha dejado de ser exclusivamente una revolución tecnológica para convertirse en una cuestión de poder. El problema no radica en controlar lo que pueden hacer las máquinas sino en determinar quién decide hasta dónde pueden llegar, quién evalua sus efectos y qué ocurre si su propia evolución supera nuestra capacidad para gobernarla.

Un revelador reportaje de Patricia Fernández de Lis, publicado semanas atrás en EL PAÍS, reúne los testimonios de una decena de antiguos investigadores, directivos y especialistas de OpenAI, Anthropic y Google, que han abandonado esas compañías después de trabajar en la primera línea del desarrollo de la inteligencia artificial. El elemento común de sus testimonios no es el rechazo a la tecnología, sino una preocupación más alambicada que resume su percepción de que la velocidad del progreso puede estar dejando atrás los mecanismos destinados a garantizar su seguridad. 

El caso más reciente es el de Jacob Coxon, antiguo investigador de Anthropic, previamente vinculado a OpenAI. Su advertencia resulta extrema, pues teme que sistemas de inteligencia artificial —con potencial para mejorar sus propias capacidades— puedan llegar a ser incontrolables antes del final de la década actual. Su diagnóstico coincide con el de otros investigadores que consideran insuficientes las actuales técnicas de alineamiento —es decir, el esfuerzo por conseguir que los sistemas actúen de acuerdo con objetivos y valores humanos— frente a  modelos que son cada vez más autónomos.

Pero esta no es la primera señal de alarma. En 2021, Paul Christiano, investigador relacionado con el desarrollo de ChatGPT, advertía de la posible aceleración extraordinaria de las capacidades de la IA. Y en 2023, Geoffrey Hinton, uno de los científicos fundamentales del aprendizaje profundo y premio Nobel, abandonó Google y comenzó a expresar públicamente su preocupación por el ritmo evolutivo de estas tecnologías. La pregunta que formuló era también nuclear: si las máquinas continúan mejorando a una velocidad muy superior a la capacidad humana para comprenderlas, ¿qué mecanismos permitirán conservar su control? 

La crisis cobró especial relevancia en 2024 cuando figuras importantísimas del área de seguridad de OpenAI abandonaron la empresa. Una de ellas, Jan Leike, afirmó que la cultura y los procedimientos de seguridad se habían relegado mientras se intensificaba la presión empresarial para desarrollar nuevos productos. Su salida evidenció una contradicción que afecta al conjunto de la industria: las compañías necesitan avanzar rápidamente para no perder competitividad, pero esa misma porfía puede reducir el tiempo disponible para ponderar los riesgos. 

Justamente en este punto emerge el problema político. No estamos ante una tecnología desarrollada en laboratorios aislados, sino ante una carrera empresarial multimillonaria. OpenAI, Google, Anthropic y otras compañías compiten por construir sistemas cada vez más capaces, mientras los Gobiernos intentan establecer normas que inevitablemente van por detrás de la innovación empresarial. 

Los riesgos de esta alocada carrera tampoco se circunscriben al territorio de la ciencia ficción. Los expertos han señalado posibles aplicaciones relacionadas con ciberataques, fabricación de agentes biológicos, manipulación de información, vigilancia y usos militares... William Saunders, antiguo investigador de OpenAI, declaró ante el Senado estadounidense sus preocupaciones sobre las capacidades de determinados modelos para proporcionar asistencia relacionada con amenazas biológicas. Otros investigadores han observado comportamientos engañosos o estrategias destinadas a preservar los objetivos de un sistema durante determinadas pruebas. 

Existe además una dimensión menos espectacular, pero más inmediata: la concentración del poder tecnológico. Un reducido número de empresas posee hoy una capacidad de computación, capital y talento científico que supera la de muchos Estados, universidades y organizaciones sociales. Si esas corporaciones determinan por sí mismas los límites de la tecnología que están desarrollando, la pregunta resulta inevitable: ¿puede dejarse la regulación de una revolución de esta magnitud en manos de quienes tienen los mayores incentivos económicos para acelerarla?

Más de 1.300 trabajadores del sector han reclamado públicamente mayor prudencia. Y algunos especialistas defienden implantar mecanismos que vayan más allá de las declaraciones voluntarias de las empresas, tales como auditorías independientes, obligaciones jurídicas, supervisión pública, protocolos internacionales y capacidad real para detener determinados desarrollos. Investigaciones recientes sobre seguridad de la IA insisten precisamente en que la protección no puede descansar exclusivamente en el comportamiento del modelo, sino que debe incorporar controles del sistema, monitorización independiente y estructuras de gobernanza.

Pese a todo ello, conviene, sin embargo, evitar el alarmismo. La posibilidad de una inteligencia artificial que provoque la extinción humana pertenece todavía al territorio de los futuribles y los escenarios distópicos. También existe una discusión en la comunidad científica sobre si algunas advertencias magnifican riesgos hipotéticos,  mientras reciben menos atención problemas actuales como la desinformación, la discriminación algorítmica, la pérdida de privacidad o la transformación del empleo. Incluso el Financial Times ha señalado que las predicciones apocalípticas pueden ser utilizadas por las propias grandes empresas para justificar regulaciones que dificulten la entrada de nuevos competidores. 

No obstante, esa cautela no debería convertirse en complacencia. La ausencia de certeza sobre un peligro extraordinario no constituye una razón suficiente para ignorarlo cuando el coste potencial es tan enorme.

La verdadera cuestión, por tanto, no es si debemos detener la inteligencia artificial. Sería imposible y probablemente indeseable. La cuestión es si podemos conseguir que la gobernanza avance al menos al mismo ritmo que la tecnología.

La historia ofrece precedentes. La energía nuclear demostró que una tecnología puede modificar radicalmente el equilibrio mundial antes de que existan instituciones adecuadas para gobernarla. La inteligencia artificial plantea ahora un desafío diferente: no entrega solamente más poder a los seres humanos, sino que puede crear sistemas capaces de tomar decisiones, perseguir objetivos y actuar con una autonomía creciente.

Por eso la advertencia de quienes estuvieron dentro merece ser escuchada sin convertirla ni en profecía apocalíptica, ni en propaganda empresarial. Su mensaje esencial es mucho más sobrio: estamos construyendo una tecnología cuyo potencial todavía no comprendemos plenamente y, sin embargo, la carrera por desarrollarla ya está en marcha.

El desafío de esta década será conseguir que la humanidad no tenga que aprender a gobernar la IA después de haber perdido la capacidad de hacerlo.

Izquierda dividida/derecha en el poder

El 29-N no solo decidirá quién gobierna España, también pondrá a prueba la capacidad del progresismo para anteponer un proyecto común a sus disputas internas.

Hay derrotas electorales que se explican por el desgaste de un Gobierno, por sus errores o por la pérdida de confianza de una parte de sus votantes. Otras se cuecen antes de que se abran las urnas, es lo que sucede cuando las fuerzas políticas que comparten muchos de sus objetivos convierten sus diferencias en una competición destructiva y terminan debilitándose mutuamente. Las elecciones generales del 29 de noviembre amenazan con reunir ambas circunstancias. La división de la izquierda situada a la izquierda del PSOE puede transformar un retroceso electoral en una derrota de mayor alcance, cual es la pérdida de la capacidad de influir en la orientación política de España durante los próximos años.

Las primeras encuestas posteriores a la convocatoria dibujan un panorama inquietante para el bloque progresista. Algunas proyecciones sitúan al PP y Vox por encima de los 195 escaños, muchos más de los necesarios para alcanzar la mayoría absoluta. Al mismo tiempo, el espacio que ocupaban las formaciones agrupadas en torno a Sumar, ahora rebautizado como Frente Amplio, experimentaría una contracción severa, mientras Podemos afrontaría el riesgo de quedar reducido a una representación testimonial.

Son estimaciones, no resultados definitivos. La campaña puede modificar las expectativas, movilizar a los abstencionistas y alterar las preferencias de los electores. Pero sería irresponsable ignorar la señal que transmiten los sondeos, a saber, mientras la derecha dispone de posibilidades reales de sumar una mayoría parlamentaria, la izquierda corre el riesgo de malgastar una parte de su representación potencial en enfrentamientos entre organizaciones que aspiran, al menos formalmente, a objetivos sociales semejantes.

La paradoja es evidente. Fuerzas que necesitan cooperar para gobernar compiten entre sí como si su principal adversario fuera el vecino ideológico.

El sistema electoral español no castiga de manera uniforme a todas las candidaturas pequeñas, pero sí puede penalizar severamente la dispersión del voto, especialmente en las circunscripciones que reparten pocos escaños. La combinación de la distribución provincial de diputados, el método D'Hondt y los umbrales electorales convierte en decisiva la concentración territorial de los apoyos.

Dos candidaturas que por separado no alcanzan representación pueden sumar suficientes votos para obtener diputados si concurren juntas. También puede suceder que una formación obtenga escaños mientras otra, con miles de votos, se quede fuera. Esos sufragios no se transfieren automáticamente a la candidatura vencedora, simplemente dejan de traducirse en representación parlamentaria para quienes los emitieron.

No toda disociación produce necesariamente ese resultado. Las identidades políticas, la implantación territorial y las diferencias programáticas importan. Sin embargo, cuando la competencia entre partidos próximos impide alcanzar una representación que una candidatura común habría podido obtener, la fragmentación deja de ser una expresión de pluralismo y se convierte en una desventaja estratégica.

La irrupción de formaciones territoriales, como Adelante Andalucía, añade complejidad al escenario. Su existencia responde a tradiciones, demandas e identidades políticas que no pueden resolverse mediante una orden de integración desde Madrid. Pero precisamente por eso la unidad debe construirse con inteligencia, no con uniformidad organizativa sino con acuerdos electorales allí donde la cooperación resulte beneficiosa y respeto a las singularidades donde la realidad territorial lo aconseje.

La prensa española ha situado la unidad de las izquierdas entre los principales desafíos de la convocatoria. El País ha destacado que constituye el mayor reto para el 29-N. Los análisis de elDiario.es, por su parte, han advertido contra el derrotismo y han defendido la necesidad de acumular fuerzas para evitar que la fragmentación debilite la representación progresista, particularmente en el Senado.

Desde perspectivas editoriales distintas, otros medios han puesto el foco en el retroceso de las formaciones situadas a la izquierda del PSOE y en la ventaja demoscópica del bloque conservador. Las proyecciones difundidas por El Confidencial, El Mundo y otros diarios muestran hasta qué punto el resultado depende de la distribución territorial del voto y de la capacidad de cada bloque para convertir sus apoyos en escaños.

La prensa internacional también observa la convocatoria como algo más que una disputa doméstica. Los análisis recogidos por La Vanguardia sobre las repercusiones europeas del 29-N, junto con las informaciones publicadas en medios como The Guardian o Le Monde, sitúan el adelanto electoral en un contexto de avance de las derechas y de creciente dificultad para sostener coaliciones progresistas.

Conviene distinguir, no obstante, entre las informaciones efectivamente publicadas por cada medio y las interpretaciones generales que se extraen de ellas. No cabe atribuir a todos esos periódicos una misma posición editorial ni presentar sus análisis como un respaldo explícito a una coalición de izquierdas. Lo que sí puede afirmarse es que el posible cambio de Gobierno español tiene una dimensión europea porque modificaría los equilibrios políticos en el Consejo Europeo y podría reducir el peso de las fuerzas socialdemócratas en un momento de profunda incertidumbre internacional.

En mi opinión, existen al menos cinco razones para construir la unidad.

La primera es electoral. La cooperación permite reducir la pérdida de votos derivada de la fragmentación y mejorar las posibilidades de representación en las circunscripciones pequeñas. No garantiza una victoria, pero evita que las diferencias entre organizaciones produzcan, por sí solas, una desventaja adicional.

La segunda es social. La izquierda representa —o aspira a representar— a trabajadores con salarios insuficientes, jóvenes excluidos del mercado de la vivienda, familias que afrontan dificultades para conciliar, pensionistas vulnerables y ciudadanos preocupados por el deterioro de los servicios públicos. Sus problemas no desaparecen porque sus representantes discrepen sobre el liderazgo de una candidatura o la distribución de puestos en una lista.

La crisis de la vivienda ofrece un ejemplo especialmente claro. El precio de los alquileres, la dificultad de acceder a una primera residencia y la desigualdad entre propietarios e inquilinos requieren políticas sostenidas, regulación eficaz, inversión pública y acuerdos institucionales. Una izquierda fragmentada puede compartir el diagnóstico y, sin embargo, resultar incapaz de reunir la fuerza parlamentaria necesaria para aplicar sus soluciones.

La tercera razón es programática. La unidad no debe consistir en sumar siglas alrededor de un reparto de cargos, sino en acordar prioridades verificables: vivienda asequible, fortalecimiento de la sanidad y la educación públicas, mejores salarios, reducción de la precariedad, fiscalidad progresiva, transición ecológica justa y protección de las personas dependientes. Un programa concreto permite explicar qué se quiere hacer, con qué recursos y en beneficio de quién.

La cuarta razón es democrática. Una mayoría parlamentaria de PP y Vox no implicaría automáticamente la desaparición de los derechos ni convertiría a ambas formaciones en una fuerza homogénea. Pero sí abriría la posibilidad de un cambio sustancial en las políticas sociales, laborales, territoriales y culturales. Si ese escenario preocupa a una parte del electorado, la respuesta no puede limitarse a advertir sobre sus consecuencias, debe ofrecer una alternativa creíble, capaz de gobernar y de responder a los problemas cotidianos.

La quinta razón es estratégica. El aislamiento de la izquierda alternativa no perjudicaría únicamente a sus organizaciones. También podría debilitar al PSOE, al reducir sus posibilidades de encontrar socios parlamentarios suficientes para formar Gobierno. La estrategia del voto útil puede beneficiar a los socialistas en determinadas circunscripciones, pero no sustituye a una representación plural capaz de negociar mayorías. Un PSOE fortalecido en votos, pero sin aliados suficientes en el Congreso, podría encontrarse igualmente sin una mayoría viable.

Existe, sin embargo, una condición previa imprescindible: la unidad no puede construirse mediante la subordinación de unos partidos a otros ni a costa de silenciar las discrepancias. Las experiencias de coalición muestran que los acuerdos impuestos, las ambigüedades programáticas y los conflictos por el liderazgo terminan erosionando la confianza.

La cooperación necesita reglas transparentes, procedimientos democráticos para elegir candidaturas, garantías de pluralidad, compromisos programáticos evaluables y mecanismos para resolver conflictos. También exige que las organizaciones acepten límites a sus ambiciones particulares. Ninguna dirección puede reclamar que sus socios renuncien a su identidad mientras ella conserva intacto su derecho a imponer condiciones.

El PSOE tiene, así mismo, una responsabilidad específica. Si aspira a recibir el voto útil, debe demostrar que ese voto servirá para impulsar políticas progresistas concretas y no únicamente para conservar el poder. La izquierda alternativa, por su parte, debe decidir si su prioridad es maximizar su autonomía orgánica o aumentar su capacidad efectiva para transformar la sociedad. Ambas aspiraciones pueden convivir, pero no siempre pueden anteponerse simultáneamente.

Tampoco cabe responsabilizar exclusivamente a la división de los malos resultados que anticipan las encuestas. El desgaste gubernamental, los errores de gestión, las expectativas incumplidas, los problemas de vivienda y la desconfianza ciudadana tienen su propio peso. La unidad no corrige por sí sola esos déficits, debe acompañarse de autocrítica, renovación y credibilidad.

El 29-N no está decidido. Las encuestas describen tendencias, no dictan sentencias. Pero el tiempo disponible para corregir errores se acorta, y cada semana consumida en disputas internas reduce el margen para presentar una alternativa reconocible.

La izquierda necesita comprender que la pluralidad es una riqueza únicamente cuando existe la capacidad de convertirla en acción colectiva. Si cada organización considera más importante preservar su espacio que alcanzar objetivos compartidos, acabará conservando quizá su identidad, pero perdiendo buena parte de su influencia.

La disyuntiva no es entre mantener las diferencias o renunciar a ellas. Es entre administrarlas democráticamente o permitir que se conviertan en un mecanismo de autodestrucción. No se trata de pedir a todos los partidos que piensen igual, sino de exigirles que distingan entre las discrepancias que enriquecen un proyecto y las rivalidades que lo hacen inviable.

Si la derecha alcanza una mayoría holgada, sus adversarios no podrán atribuir el resultado exclusivamente a las reglas electorales, a los medios de comunicación o a la desmovilización ciudadana. Tendrán que preguntarse también cuánto ha contribuido su propia conducta a facilitarlo.

La unidad no garantiza la victoria. La división, en cambio, puede hacer mucho más probable la derrota.

La responsabilidad de la izquierda consiste ahora en elegir entre la satisfacción inmediata de sus organizaciones y la utilidad pública de su proyecto. Porque cuando las diferencias se convierten en el objetivo y los ciudadanos pasan a ser una consideración secundaria, la política deja de ser una herramienta de transformación. Y la derrota deja de ser una fatalidad para convertirse en una consecuencia.

Una mirada casi circunstancial

En una residencia de personas mayores se aprende que el tiempo tiene otra dimensión. No sé cómo explicarlo concretamente. Fuera, los días parecen empujarse unos a otros; en ella, en cambio, se deslizan despacio, casi siempre por el mismo cauce. Las mañanas llegan con sus desayunos, sus aseos y sus medicamentos; después vienen las comidas, las visitas, las siestas... Y otra vez la tarde. Y luego la noche. Hay algo tranquilizador en esa reiteración, pero también inquietante,  pues poco a poco el mundo de fuera parece quedar al otro lado de una frontera invisible.

Observando a las personas se comprueba que no existe una manera única de estar en la institución. Cada uno llega con una vida tras de sí, con sus afectos, sus pérdidas, sus costumbres y sus pequeñas manías. Algunos parecen haber convertido este lugar en su casa. Otros lo perciben como una estación provisional, aunque nadie sepa cuánto durará el viaje. Y los hay que han llegado después de perder casi todo aquello que durante décadas les permitió reconocerse.

La resignación es quizá uno de los estados de ánimo que más fácilmente se identifican. No siempre tiene el rostro de la tristeza. A veces es simplemente dejar de preguntar. Dejar de interesarse por cuándo se volverá a casa, se podrá caminar como antes o será posible volver a hacer sin ayuda aquello que durante toda una vida se hizo sin pensar. 

Hay una forma de resignación que consiste en aceptar que determinadas cosas ya no van a suceder, pero reconocerlo no significa necesariamente conformidad. Se puede comprender que algo es inevitable y al mismo tiempo sufrir profundamente por ello. Creo que esa diferencia se percibe en muchos rostros, es una suerte de conformismo exterior que esconde una protesta interior y silenciosa.

También se contrasta cómo algunos se van alejando del mundo. Las noticias dejan de importarles, también la política, el fútbol, la economía; incluso las conversaciones familiares pierden intensidad. No sé si es porque ya no entienden lo que sucede o porque, sencillamente, lo que ocurre fuera ha dejado de tener la importancia que tuvo. El mundo se reduce entonces a cosas pequeñas, como si llegó la hora de comer o de tomar una pastilla, el dolor de una rodilla, el paseo por la galería, la visita de un hijo o la llegada de la noche.

Hay algo más difícil de explicar, la ausencia. Algunas personas parecen encontrarse muy lejos. Miran sin mirar, escuchan sin responder, permanecen durante largos minutos en silencio, como si estuviesen esperando que alguien las devolviese a un lugar que los demás desconocemos.

La memoria juega entonces con sus propias reglas. Puede desaparecer lo sucedido esta misma mañana y permanecer intacta la letra de una canción de hace sesenta años. Una persona no recuerda por qué está sentada en el comedor y, sin embargo, canta de principio a fin una melodía de su juventud. Es como si el pasado hubiera conseguido sobrevivir allí donde el presente se desvanece. Por otro lado, cuando aparece el deterioro cognitivo, la soledad adquiere otra dimensión. Se pueden conservar las emociones, los deseos, los gestos y las necesidades cuando las palabras empiezan a escasear. Entonces, comunicarse se convierte en un inmenso esfuerzo de interpretación. Una mirada, una mano que se mueve, una palabra incompleta o una repetición insistente pueden contener un mensaje que hay que aprender a descifrar. Es la afasia motora, como la denominan los neurólogos. A veces pienso que quienes cuidan, además de ser profesionales, deben convertirse en intérpretes de vidas que han perdido parte de su lenguaje.

La dependencia es otra de las grandes heridas. Pedir ayuda, o recibirla sin solicitarla, para levantarse, acostarse, ducharse, vestirse, ir al baño o alcanzar un objeto, puede parecer algo insignificante para quien observa desde fuera; pero para quien necesita esa ayuda cada día puede convertirse en un recordatorio permanente de la pérdida de su autonomía. No todos lo viven igual. Algunos aceptan la ayuda con naturalidad. Otros la reciben con incomodidad, incluso con vergüenza. Comprendo que debe de ser difícil necesitar a otra persona para aquello que durante setenta u ochenta años uno hizo solo. Y, sin embargo, hay quienes se resisten e intentan caminar unos metros más, abrocharse mal una camisa, comer sin ayuda, recordar un nombre, terminar una frase... Son esfuerzos que desde fuera pueden parecer insignificantes, pero sé que no lo son. A determinadas edades, conservar una pequeña parcela de autonomía puede constituir una verdadera forma de resistencia.

Y también está el miedo: miedo a caerse, a quedarse solo, a equivocarse, a no entender lo que está sucediendo, a que no venga a verlo el hijo, a que desaparezca alguien querido, a que el cuerpo deje de responder... A veces se disfraza de enfado, o de impaciencia, e incluso de una llamada repetida dirigida al personal. He pensado muchas veces que quien llama una y otra vez quizá no esté pidiendo solamente que le acerquen un vaso de agua o que le ayuden a levantarse. Tal vez esté preguntando, inefablemente, si todavía queda alguien ahí.

Y está el resentimiento. Contra la enfermedad, contra la edad, contra el cuerpo que ha dejado de obedecer, contra los hijos que vienen menos de lo deseado, contra la residencia, contra los compañeros, contra la propia vida... No siempre es justo. Pero casi siempre es comprensible.

Quien ha tomado decisiones durante toda su vida puede llevar muy mal que, de pronto, sean otros quienes decidan cuándo debe levantarse, comer, tomar una medicación o ir al médico. La dependencia no solo limita los movimientos, también modifica la relación con uno mismo.

Por eso creo que una residencia no puede concebirse únicamente como una instalación donde se proporcionan cuidados. Es un lugar donde viven personas que han perdido en distinta medida capacidades, vínculos, roles, recuerdos y proyectos. Y cada una de ellas lleva consigo una historia que no aparece en ningún expediente.

Hay una pregunta que me inquieta particularmente: ¿qué desean estas personas cuando saben que ya les queda poco? Y he descubierto que los últimos deseos rara vez son grandes aspiraciones. Alguien quiere volver a ver el mar, otro desea comer un plato que le recuerda a su infancia, un tercero quiere escuchar una canción determinada. Otro espera la visita de un viejo amigo. Hay quien solo quiere hablar con un hijo sin prisas, y muchos quisieran volver una tarde a la casa en la que vivieron durante décadas.

Incluso existen deseos todavía más pequeños, como dormir tranquilo, no sentir dolor, no ser una carga, elegir la ropa que ponerse, tomarse un café como siempre, sentarse al sol o que alguien permanezca al lado silenciosamente, sin necesidad de hablar.

Quizá aquí radica una de las prestaciones más valiosas de una residencia. No solamente cabe valorar cómo alimenta, limpia, medica o protege a quienes viven en ella, sino también debe ponderarse cómo escucha aquello que todavía desean transmitir los residentes. Porque mientras queda vida, queda deseo; incluso cuando faltan las palabras o la memoria se desvanece, y hasta cuando el mundo exterior ya no parece importar.

Al final, entre rutinas, pérdidas y limitaciones, sobrevive algo esencial: una persona que todavía espera algo de los demás. Y quizá cuidar consista, precisamente, en atender esa esperanza que a veces será una petición difícil; otras, un recuerdo; y otras, una mirada. Y en ocasiones será apenas un deseo tan pequeño que casi puede pasar inadvertido. Pero atenderlo puede ser una de las formas más profundas de decirle a alguien que todavía está aquí, que todavía importa, que todavía merece la pena escucharlo.

Restaurar la naturaleza desde la voluntad política

Pocas imágenes resumen mejor el desafío ambiental del siglo XXI que la del avance silencioso del desierto. La pérdida de vegetación, la erosión del suelo y el agotamiento de los recursos hídricos, además de transformar el paisaje, comprometen la agricultura, empobrecen a las comunidades rurales y aceleran la pérdida de biodiversidad. Durante décadas se aceptó que muchos de estos procesos eran prácticamente irreversibles. Sin embargo, algunas experiencias desarrolladas en las últimas décadas en distintos lugares del mundo demuestran que, con planificación, conocimiento científico y perseverancia, la naturaleza posee una extraordinaria capacidad de regeneración. 

China ofrece probablemente el ejemplo más ambicioso. Desde 1978 impulsa la denominada Gran Muralla Verde, un gigantesco programa de restauración forestal concebido para contener el avance de la desertificación en el norte del país. Durante casi cincuenta años, millones de personas han participado en la plantación de árboles, la recuperación de suelos degradados y la gestión sostenible del territorio. Los resultados son notables: centenares de miles de kilómetros cuadrados reforestados, una reducción significativa de las áreas desertificadas y una mejora progresiva de la cobertura vegetal.

El caso chino pone de manifiesto que los grandes problemas ambientales no admiten soluciones improvisadas. La recuperación de un ecosistema requiere décadas de trabajo continuado, inversiones sostenidas y políticas capaces de sobrevivir a los cambios de gobierno. La naturaleza no responde a la premura de los ciclos electorales, sino a los ritmos más pausados de los procesos ecológicos.

Es evidente que el éxito de estas iniciativas no se explica únicamente por la magnitud de la inversión pública. Científicos y organismos internacionales coinciden en señalar que la restauración solo resulta duradera cuando involucra a las comunidades locales. Más de 300 millones de trabajadores rurales han participado en el programa chino, obteniendo ingresos económicos al tiempo que recuperaban unos territorios de los que depende su propio futuro. De ese modo  la protección ambiental deja de percibirse como una limitación para convertirse en una oportunidad económica.

Esta idea subyace en numerosos proyectos internacionales de restauración ecológica. La experiencia demuestra que la conservación difícilmente prospera cuando se opone a las necesidades básicas de las comunidades. En cambio, cuando la mejora del medio natural genera empleo, aumenta la productividad agrícola o favorece nuevas actividades económicas, la población se convierte en la primera interesada en preservar los recursos recuperados.

Por otro lado, la restauración ambiental exige también prudencia. Numerosos especialistas recuerdan que plantar árboles no siempre equivale a restaurar un ecosistema. Las repoblaciones con especies limitadas, la utilización de variedades poco adaptadas o el consumo excesivo de agua pueden producir efectos indeseados. La restauración ecológica moderna persigue reconstruir ecosistemas funcionales, recuperar la biodiversidad y favorecer procesos naturales capaces de mantenerse con una intervención humana cada vez menor.

La experiencia china no constituye un caso aislado. En las últimas décadas han surgido iniciativas de restauración ambiental que demuestran que la degradación de los ecosistemas no es necesariamente un destino irreversible. Uno de los ejemplos más estudiados es la recuperación de la Meseta de Loess, también en China. Considerada durante décadas una de las regiones más erosionadas del planeta, fue objeto de un ambicioso programa de restauración impulsado con apoyo internacional. La limitación del pastoreo, la reforestación, la construcción de terrazas agrícolas y la recuperación de la cubierta vegetal transformaron un paisaje profundamente degradado en un territorio nuevamente productivo, mejorando simultáneamente la calidad del suelo, la disponibilidad de agua y las condiciones de vida de millones de habitantes.

Otro referente es Costa Rica. A mediados del siglo XX el país había perdido más de la mitad de sus bosques debido a la expansión agrícola y ganadera. La creación de parques nacionales, los incentivos económicos a los propietarios mediante pagos por servicios ambientales y una firme apuesta por el ecoturismo permitieron invertir aquella tendencia. Hoy Costa Rica figura entre los países que han logrado recuperar una parte sustancial de su cobertura forestal, demostrando que la conservación puede convertirse también en un motor de desarrollo económico.

La Gran Muralla Verde africana representa otro intento de enorme alcance. Concebida para restaurar una extensa franja del Sahel mediante la recuperación de tierras degradadas, la plantación de especies autóctonas y el apoyo a la agricultura sostenible, el proyecto ha avanzado con resultados desiguales según los países. Allí donde las comunidades locales participan activamente y obtienen beneficios directos, los progresos son más sólidos; donde faltan recursos o carecen de estabilidad institucional, los resultados son mucho más modestos. La lección vuelve a repetirse: la restauración ecológica depende tanto de factores sociales y políticos como de criterios estrictamente ambientales.

Existen igualmente ejemplos de regeneración en espacios urbanos. La recuperación del río Cheonggyecheon, en Seúl, constituye uno de los proyectos de renaturalización más conocidos del mundo. Una autopista elevada fue sustituida por un corredor fluvial y un amplio espacio verde que redujo la temperatura urbana, mejoró la biodiversidad y transformó la calidad ambiental de la ciudad. Del mismo modo, la restauración de los humedales de los Everglades, en Florida, o la recuperación de antiguas cuencas mineras en Europa muestran que incluso los ecosistemas sometidos durante décadas a una intensa presión humana pueden recuperar buena parte de sus funciones ecológicas.

Todos estos casos comparten un denominador común: la restauración exige tiempo, conocimiento científico y una continuidad política poco frecuente. Los ecosistemas no responden a soluciones rápidas ni a actuaciones aisladas. Requieren planificación, seguimiento y capacidad para corregir errores a medida que evolucionan. 

También obligan a revisar la relación entre economía y naturaleza. Durante mucho tiempo predominó la idea de que la protección ambiental suponía un freno al desarrollo. Hoy resulta cada vez más evidente que la degradación del suelo, la pérdida de bosques, la escasez de agua o la desaparición de la biodiversidad generan costes económicos muy superiores a los de su conservación. La restauración deja así de entenderse como un gasto para convertirse en una inversión en capital natural.

No obstante, conviene evitar cualquier triunfalismo. La plantación masiva de árboles no constituye por sí misma una solución universal frente al cambio climático. Numerosos especialistas advierten de los riesgos de crear monocultivos forestales, introducir especies inadecuadas o promover actuaciones desconectadas de las características ecológicas de cada territorio. Restaurar un ecosistema significa recuperar procesos biológicos complejos, reconstruir suelos fértiles, proteger los recursos hídricos y favorecer el regreso de la biodiversidad. Los árboles son una parte importante de ese proceso, pero no su único objetivo.

El éxito de estas iniciativas demuestra, además, que la dimensión temporal constituye uno de los factores decisivos. Las políticas ambientales requieren horizontes de varias décadas, precisamente lo contrario de lo que suele favorecer la dinámica política contemporánea. Los gobiernos cambian, las prioridades presupuestarias se modifican y los resultados rara vez son visibles de manera inmediata. Sin embargo, cuando existe continuidad institucional, respaldo científico y participación ciudadana, los efectos acumulativos pueden resultar extraordinarios.

Quizá esa sea la principal aportación que ofrecen la experiencia china y otras muchas desarrolladas en distintos continentes. Frente a la percepción de que el deterioro ambiental constituye un proceso inevitable, la evidencia científica demuestra que numerosos ecosistemas conservan una notable capacidad de regeneración. La naturaleza posee mecanismos de recuperación sorprendentemente eficaces siempre que la presión humana disminuya y existan condiciones favorables para ello.

En una época definida por el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y el agotamiento de recursos naturales, restaurar ecosistemas deja de ser una aspiración idealista para convertirse en una auténtica estrategia de seguridad económica, alimentaria y territorial. No se trata únicamente de plantar árboles, sino de reconstruir la relación entre las sociedades y el territorio que las sostiene. La verdadera riqueza de estas iniciativas no reside solo en el número de hectáreas recuperadas, sino en mostrar que la degradación no siempre es irreversible. Cuando la ciencia, la voluntad política y el compromiso ciudadano convergen durante el tiempo suficiente, incluso los paisajes más dañados pueden volver a ser fértiles. Esa es, probablemente, una de las noticias más esperanzadoras de nuestro tiempo.

El 15-M que nunca terminó

Quince años después de las acampadas de la Puerta del Sol, la cuestión que vuelve a plantearse no es tanto si estamos ante un nuevo 15-M como por qué algunas de las condiciones que lo hicieron posible continúan intactas. La respuesta exige mirar más allá de la protesta concreta por la vivienda, pues lo que permanece es una fractura entre las expectativas de una parte importante de la población y su capacidad real para construir una vida autónoma y estable.

En 2011, el lema «juventud sin futuro» condensaba una experiencia generacional. La crisis financiera desencadenada en 2008 había interrumpido abruptamente una trayectoria que parecía casi garantizada: empleo, emancipación, vivienda, formación de una familia y mejora progresiva del nivel de vida. Aquella promesa no desapareció precipitadamente, simplemente dejó de cumplirse para una parte significativa de quienes habían llegado a la edad adulta durante la crisis.

La vivienda se ha convertido en la expresión más visible de esa ruptura. Los datos actuales permiten hacerse una idea de hasta qué punto. Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2025 el 44,3% de las personas de entre 26 y 34 años seguía viviendo con sus padres. Entre quienes permanecían en el hogar familiar, el 47,3% señalaba como razón principal no poder permitirse comprar o alquilar una vivienda. 

No se trata, por tanto, de una generación que tarda más en emanciparse. La prolongación de la convivencia familiar podría ser una elección individual, pero los datos muestran que para una proporción considerable de los jóvenes ciudadanos está relacionada con restricciones económicas. De modo que la autonomía personal queda condicionada por el precio de un bien básico.

Aquí emerge una diferencia importante respecto al 15-M original. Entonces la protesta se produjo en el contexto inmediato de una crisis económica devastadora y de un desempleo extraordinariamente elevado. Hoy el problema es más complejo, pues la economía ha recuperado buena parte del terreno perdido, pero el acceso a determinadas condiciones materiales de estabilidad continúa siendo muy difícil. El crecimiento económico no se traduce automáticamente en capacidad de emancipación.

La vivienda constituye el ejemplo más evidente. El Banco de España señala que el aumento de los alquileres desde 2015 ha sido especialmente intenso en las grandes áreas urbanas y que la demanda ha crecido más deprisa que la oferta. El problema afecta particularmente a jóvenes y hogares con menores ingresos. 

También la propiedad se ha alejado de las posibilidades de una parte importante de la población joven. El Informe Anual 2025 del Banco de España calculaba que la adquisición de una vivienda en España equivalía en 2024 a 6,8 años de renta neta media; y entre los jóvenes de hasta 35 años, a 7,1 años. En determinadas ciudades el esfuerzo era todavía mayor. 

Estos datos acreditan que la precariedad contemporánea no consiste únicamente en tener un salario bajo. Radica en la dificultad para transformar los ingresos obtenidos mediante el trabajo en un proyecto vital relativamente previsible. Un empleo puede permitir subsistir y, al mismo tiempo, resultar insuficiente para alquilar una vivienda, ahorrar, comprarla o afrontar la formación de un hogar.

Ahí reside una de las claves políticas y sociales del problema. El contrato implícito de las sociedades europeas de la segunda mitad del siglo XX vinculaba educación, trabajo y movilidad social. No garantizaba el éxito individual, pero ofrecía una expectativa razonable de progreso. La crisis de 2008 debilitó profundamente ese vínculo y la recuperación posterior no ha reconstruido enteramente la confianza en él.

Por eso resulta insuficiente interpretar las actuales protestas como una simple repetición estética del 15-M. Sin duda, han cambiado las generaciones, las circunstancias económicas y las formas de movilización; sin embargo, persiste una pregunta fundamental: ¿qué posibilidades ofrece ia sociedad a quienes cumplen las reglas básicas que se les han prescrito —estudiar, trabajar, formarse, contribuir— cuando tales obligaciones ya no les aseguran una autonomía material comparable a la de generaciones anteriores?

Adicionalmente, la cuestión afecta a grupos que desbordan la categoría demográfica «juventud». La dificultad para acceder a una vivienda puede afectar a trabajadores con empleos estables, a familias monoparentales, a personas migrantes o a hogares vulnerables. La precariedad ha dejado de ser la puerta de entrada a la vida adulta pudiendo convertirse en una condición que se adentra profundamente en esa etapa vital. 

De ahí que resulte erróneo considerar resuelto el problema, simplemente porque aquella generación ha envejecido. Quienes tenían veinte años en 2011 tienen hoy alrededor de treinta y cinco. Algunos han consolidado sus vidas, mientras otros muchos han encadenado empleos, alquileres, mudanzas y retrasos en proyectos familiares. Lo cierto es que la edad cronológica avanza sin que progresen paralelamente determinadas transiciones sociales, que permanecen bloqueadas.

El fracaso, por tanto, no puede medirse únicamente por la supervivencia o la extinción de una protesta. Debe medirse por la capacidad de la sociedad para transformar el crecimiento económico en seguridad material, autonomía y expectativas razonables de futuro.

En este sentido, el 15-M fue menos un episodio que un síntoma. Las tiendas de campaña desaparecieron, las organizaciones políticas cambiaron y muchos de sus protagonistas ocuparon puestos en las instituciones. Pero las preguntas que estaban detrás de aquellas plazas no desaparecieron con ellas. Algunas incluso se han hecho más concretas: ¿cuánto cuesta independizarse?, ¿cuánto tiempo se necesita para comprar una vivienda? o ¿qué parte del salario debe sacrificarse para conservar un techo?

Quince años después, quizá esa sea la verdadera continuidad del 15-M. No que vuelvan las mismas consignas, sino que persista la distancia entre la promesa de una vida autónoma y las condiciones materiales necesarias para hacerla posible. Mientras esa distancia se mantenga  o se ensanche, aquella protesta seguirá perteneciendo menos al pasado que al presente.