Desde
el lunes, 9 de septiembre, en las más de 55.000 escuelas e institutos públicos
franceses, está expuesta en lugar bien visible la que se ha llamado Carta del
Laicismo, una declaración de principios, derechos y deberes republicanos
compuesta por quince preceptos, que los más de 8000 centros privados y
concertados, mayoritariamente católicos, todavía no están obligados a publicitar.
La Carta figura junto al lema de la República -Libertad, Igualdad, Fraternidad-
y la Declaración de los Derechos Humanos y del Ciudadano. Es una de las
novedades de la reforma educativa impulsada por el presidente Hollande y elaborada
por su ministro de Educación, Peillon, aprobada el pasado mes de julio, que que
se ha calificado como la “refundación de la escuela republicana”. El objetivo
de la Carta es reforzar la enseñanza del laicismo y la promoción de la igualdad
entre las alumnas y los alumnos. Se trata de un preámbulo al inicio de las
clases de moral laica y ciudadana, que se retrasarán a 2015. El hecho es un
hito importante, más allá de las críticas que ya ha recibido, tanto por parte
de las opciones políticas ultraconservadoras como por una parte significativa
de la comunidad islámica francesa, que entiende que se lanza una mirada oblicua
sobre la religión musulmana y teme que los musulmanes franceses se sientan
estigmatizados. Desde luego, hoy por hoy, representa una iniciativa impensable
en nuestro país.
Como
se sabe, la laicidad es un concepto político vinculado a la crisis del Antiguo
Régimen y a la aparición de los estados modernos. El poder teocrático se trocó
en “democrático” y, en consecuencia, el Estado dejó de privilegiar confesión
alguna. Así pues, la laicidad no ignora el hecho religioso porque lo que
vincula es la superación de dos estructuras de poder (la Iglesia y el Estado) y
la libertad de las conciencias individuales. En España, esta separación entre
Iglesia y Estado no se produce hasta la promulgación de la Constitución de
1978, exceptuando el paréntesis que significó la II República. Lamentablemente,
todavía no es posible hablar de escuela pública y laica en nuestro país porque,
a pesar de la secularización de la sociedad y de la separación de la Iglesia Católica
y el Estado, desde 1978, la educación sigue lastrada por los acuerdos entre el
Estado Español y la Santa Sede, firmados al año siguiente.
En
nuestra historia se han desarrollado modelos escolares laicos muy destacables. Deben
mencionarse singularmente dos iniciativas especialmente conocidas y valiosas,
naturalmente de carácter privado, la Institución Libre de Enseñanza (ILE) y la
Escuela Moderna. La ILE se fundó en Madrid, en 1876, por un grupo de
catedráticos de universidad a quienes se había separado de la actividad
académica por defender la libertad de cátedra y no aceptar transmitir en sus
clases ningún tipo de dogma oficial: ni religioso, ni político, ni filosófico. Por
ello, su labor docente empezó en el ámbito universitario para ampliarse, posteriormente,
a la educación primaria y secundaria. La ILE tuvo una gran influencia
ideológica en las propuestas educativas de la II República, especialmente en su
concepción de la escuela unificada. Por
su lado, la Escuela Moderna la fundó Ferrer i Guàrdia, en 1901, de acuerdo con
principios libertarios, racionales y laicos. Su influencia se extendió por
Cataluña y España e incluso llegó a países de América Latina. Hubo otras
experiencias educativas que respondían a corrientes de pensamiento humanista y
a una sensibilidad social laica. El laicismo era un principio común de todos estos
movimientos, que generalmente iba acompañado de un enfoque científico de la
educación, de metodologías renovadas, de la coeducación en algunas ocasiones y
de la excelencia pedagógica en los casos de la ILE y de la Escuela Moderna. Las
“escuelas activas” que aparecieron en los años sesenta del siglo pasado,
vinculadas inicialmente a movimientos cristianos progresistas, fueron las
herederas más recientes de esa tradición, que adquirieron bien pronto un
marcado cariz laico y pluralista, que se sumaba a su carácter privado, a su laicismo
y a su renovación pedagógica.
En
España, fuera de la limitada incidencia de esos acontecimientos, la educación
ha estado supeditada históricamente a un Estado confesional católico, que ha
mantenido económicamente al clero, que ha garantizado la confesionalidad de la
escuela pública, la formación católica de los niños y jóvenes, el control
ideológico de los textos escolares y los privilegios para los centros
religiosos. El nacional catolicismo que impregnó la sociedad y la escuela
durante la dictadura franquista es la síntesis canónica de ello. Lamentablemente,
igual que sucedió con otros espinosos asuntos, el debate constitucional eludió
la laicidad, sustituyéndose por la aconfesionalidad y el pluralismo en la escuela.
La consecuencia es que la Iglesia Católica obtuvo un estatus privilegiado en
sus relaciones con el Estado, que además quedó condicionado por los acuerdos
con la Santa Sede que se negociaron simultáneamente. Acuerdos que, con algunas
correcciones propias de un estado aconfesional, mantienen la mayoría de sus
privilegios históricos. Y esta situación de la educación hoy se ha complicado
más con la progresiva diversidad cultural y religiosa de la sociedad española.
Por ello, un planteamiento respetuoso con la pluralidad existente debe recobrar
el protagonismo a la laicidad, desde el reconocimiento de los derechos de
ciudadanía para todos, evitando reducir la diversidad a la multiconfesionalidad
y a la tribalización. En ese necesario
recorrido no estaría mal, como punto de partida, considerar y debatir los
quince preceptos que incluye la Carta francesa del laicismo, que son los que
siguen:
1. Francia es una República indivisible, laica,
democrática y social que respeta todas las creencias.
2. La República laica organiza la separación entre
religión y Estado. No hay religión de Estado
3. El laicismo garantiza la libertad de conciencia.
Cada cual es libre de creer o de no creer.
4. El laicismo permite el ejercicio de la
ciudadanía, conciliando la libertad de cada uno con la igualdad y la
fraternidad.
5. La República garantiza el respeto a sus
principios en las escuelas.
6. El laicismo en la escuela ofrece a los alumnos
las condiciones para forjar su personalidad les protege de todo proselitismo y
toda presión que les impida hacer su libre elección.
7. Todos los estudiantes tienen garantizado el
acceso a una cultura común y compartida.
8. La Carta del Laicismo asegura también la
libertad de expresión de los alumnos.
9. Se garantiza el rechazo de las violencias y
discriminaciones y la igualdad entre niñas y niños.
10. El
personal escolar está obligado a transmitir a los alumnos el sentido y los
valores del laicismo.
11. Los
profesores tienen el deber de ser estrictamente neutrales.
12. Los
alumnos no pueden invocar una convicción religiosa para discutir una cuestión
del programa.
13. Nadie
puede rechazar las reglas de la escuela de la República invocando su
pertenencia religiosa.
14. Está
prohibido portar signos o prendas con las que los alumnos manifiesten
ostensiblemente su pertenencia religiosa.
15. Por
sus reflexiones y actividades, los alumnos contribuyen a dar vida a la laicidad
en el seno de su centro escolar.
