El crepúsculo de un impostor

Ha gobernado con la obstinación de quien confunde resistencia con virtud. A esta hora, cuando los relojes del poder completan su penúltimo giro, todavía cree que todo es cuestión de relato, que la realidad, si se le repite con suficiente convicción, termina obedeciendo. Su mundo se desvanece en torno a él, pero insiste en leer los informes como si fueran oráculos y en hablar como si alguien todavía creyese en su voz.

Lo mira todo con la necia arrogancia del actor que ha olvidado su texto, pero sigue en el escenario por pura inercia. Las cortinas tiemblan, el público bosteza, los focos se apagan uno a uno, y él continúa interpretando el papel que escribió para sí mismo: el del líder incomprendido. A falta de aplausos, se contenta con oír el eco hueco de sus propias palabras rebotando en los pasillos del Palau de la Generalitat.

Ha construido su reino sobre una colina de mentiras inconsistentes que nunca tuvieron apariencia de roca firme. Mintió por costumbre, por desprecio a la inteligencia de los otros, por miedo a que la verdad lo redujera a su tamaño real. Mintió para cubrir el daño de su torpeza, para justificar una ruina colosal, para tapar las lágrimas de los demás bajo una capa de acusaciones, desprecios, cifras, falsas promesas, maltratos y discursos vacuos. Mintió con método, con frialdad y con esa cortesía cínica que solo los hipócritas más refinados exhiben.

Sus seguidores lo llamaron estratega y sus aduladores, visionario. Él prefería considerarse necesario. Y, mientras su país se desangraba entre sombras y lodo, siguió proclamando victorias imaginarias con la voz segura del predicador que no duda en continuar sermoneando aun contemplando su templo ardiendo tras él.

Es insoportable tan gigantesca farsa y lo es más el tenaz escarnio que sufren los ciudadanos. Crece una protesta generalizada, que se despliega en todo el territorio con una civilidad y un sosiego encomiables. Una calma cívica que debería inquietarlo, pero que no lo hace. Quizá desconoce que su indiferencia es la antesala de su final. Él no lo entiende: piensa que son pocos los que le disputan el respeto que cree merecer, cuando en realidad la mayoría de los ciudadanos expresan su hartazgo. Los noticieros aún le dedican titulares, que cada vez suenan más como obituarios anticipados. Hasta los periodistas que antes lo reverenciaban escriben con una cortesía sospechosa, la que se reserva para los condenados que aún no se han desvanecido.

Cada día su autoridad se encoge un poco más. Sus consellers murmuran en voz baja, los socios de gobierno se ausentan de las reuniones y los correligionarios más astutos cambian sus lealtades con la velocidad con que las ratas abandonan un barco cuyo capitán omite que el agua llena las bodegas, aferrándose al timón, convencido de que lo que se hunde no es el barco, sino el océano.

Por las noches, cuando los corredores del poder se vacían y solo queda en ellos el zumbido eléctrico de los guardias aburridos, se encierra a revisar sus discursos pretéritos. Los relee con gesto solemne, como quien examina recuerdos venerables. Pero ya no encuentra en ellos la magia que creyó que atesoraban. Las palabras, antes redondas y sonoras, ahora le suenan a metal oxidado. Las frases triunfales, que tanto gustaba repetir, parecen epitafios mal escritos. No hay metáfora ni maquillaje que disimule el olor del fracaso cuando empieza a fermentar.

Aun así, planea un acto postrero para dirigirse a su pueblo y prometer, justificar y tergiversar las cosas más de lo que lo ha hecho. Quiere insistir en que conserva el apoyo de su partido y el de la mayoría de los ciudadanos, en que tiene energía para liderar la recuperación y revertir la situación tras la catástrofe. No percibe que ni siquiera domina su propio pulso. Especula con conspiraciones, enemigos invisibles, traiciones inventadas. Cree que si logra gritar lo suficiente, los escombros del país se reacomodarán por obediencia.

Sin embargo, las calles que tanto frecuentaba hace meses que no lo ven. Los televisores que antes lo multiplicaban ahora lo muestran con el brillo mortecino de las imágenes desusadas. En las plazas, los altavoces reproducen su voz sin que nadie se detenga. Su afilada retórica se ha convertido en un murmullo desgastado. Hasta sus reiteradas patrañas han perdido el entusiasmo de la falsedad original.

El ocaso de los poderosos rara vez es trágico, pero casi siempre es ridículo. Y el suyo no es una excepción. Rodeado de asesores que fingen trabajar y funcionarios que ya no lo miran a los ojos, insiste en firmar decretos que nadie observará, en dar órdenes que no se cumplirán. La maquinaria que una vez lo sostuvo ahora se mueve por inercia, como un reloj desbaratado que sigue marcando la hora equivocada.

Mientras tanto, en el exterior, la gente sobrevive como puede a su impericia gubernativa. Los ciudadanos reconstruyen en silencio lo que destruyó su pérfida vanidad. Las víctimas de su desidia, las familias a las que nunca quiso ver, han aprendido a no esperarlo. Lo que queda de su poder se sostiene por pura inercia, como un edificio agrietado que no termina de derrumbarse pero que ya nadie habita.

Dentro de unos días, tal vez sean unas horas, un nuevo nombre se rotulará en su silla. Él lo sabe, aunque no lo admita, pese a percibir el cambio en la forma en que los guardias lo saludan, en el frío ambiente de los salones donde antes resonaba, potente, su voz. No hay rebelión, ni juicio, ni venganza visible. Solo el lento y metódico desalojo del olvido.

Cuando todo termine, su nombre quedará adherido a la historia con la textura viscosa de una mancha que no se consigue limpiar del todo. Nadie lo recordará por lo que hizo, sino por lo que negó haber hecho. Su legado será un manual de advertencias, su biografía una lista de excusas y patrañas. Y él, que aún cree ser imprescindible, descubrirá —demasiado tarde— que el poder no se pierde de golpe, sino por desgaste, como el filo de un cuchillo que se ha usado demasiado para cortar el aire.

 

El poder y su espejo, o por qué los gobernantes se niegan a dejar sus cargos

Por más que la historia avance y las democracias maduren, sigue repitiéndose una escena que parece universal: el gobernante acorralado, repudiado por gran parte de la sociedad, pero aferrado con uñas y dientes al sillón del poder. Ni los abucheos en las calles, ni los resultados electorales adversos, ni los escándalos de corrupción, ni el aislamiento nacional e internacional parecen argumentos suficientes. ¿Qué explica esa obstinación que convierte el liderazgo en autoritarismo, la autoridad en capricho y el servicio público en un drama de egos y egoísmos desbordados?

El fenómeno, perceptible tanto en dictaduras como en democracias deterioradas, tiene múltiples causas que se entrelazan en la mente del gobernante y en la estructura misma del poder. Comprenderlas ayuda a explicar por qué ciertos líderes se atrincheran y, también, a imaginar cómo las sociedades podrían liberarse de su lastre.

Algunos estudios psicológicos sostienen que el poder es una de las experiencias humanas más adictivas. Libera dopamina, activa los mismos circuitos neuronales que la cocaína o el juego y genera una sensación de invulnerabilidad que distorsiona la percepción de la realidad. Un gobernante que ha consumido esta droga simbólica difícilmente renuncia a ella voluntariamente.

Maquiavelo advertía de que quien ha saboreado el poder teme más perderlo que morir. Por otro lado, la psicología contemporánea ha añadido algunos matices a esa sentencia: muchos líderes con rasgos narcisistas o autoritarios no conciben su identidad separados de sus cargos. Para ellos, dejar el poder equivale a dejar de existir. Han fusionado su «yo» con el gobierno que presiden y consideran que su caída sería indisoluble de la quiebra del país o de un determinado territorio. Así lo creía Luis XIV cuando proclamó «el Estado soy yo», y así lo repiten, con otras palabras, los autócratas del siglo XXI.

A esa dimensión narcisista de tantos y tantos líderes se suma una profunda desconfianza. Quienes han construido su poder sobre la manipulación y el «hipercontrol» temen que, una vez desalojados de los cargos, sus enemigos los hostiguen. De ahí que el apego al puesto sea también una forma de autoprotección. El poder deviene así en escudo judicial, social y emocional. Y la obstinación es mera estrategia de supervivencia.

Desconozco cuántos líderes son conscientes de que ninguno de ellos se mantiene en su cargo únicamente por propia voluntad. Cuando un gobernante se aferra a su puesto, suele hacerlo apoyado en un sistema político que ha ido moldeando a su interés y conveniencia. Las redes clientelares —esa maraña de políticos, funcionarios, empresarios y aliados que dependen directamente del favor gubernamental— son un elemento de resistencia poderosísimo. Perder el poder significaría romper la cadena de beneficios que mantiene viva toda la maquinaria del régimen.

Además, los sistemas políticos con instituciones debilitadas permiten que esa obstinación se traduzca en acciones concretas, como las reformas constitucionales a medida, el control del poder judicial, la manipulación de los medios de comunicación, la represión de la protesta o la cooptación de los organismos electorales. Cada paso en esa dirección contribuye a reducir los contrapesos y refuerza la ilusión de que el gobernante es indispensable. La consecuencia es que lo personal se institucionaliza, y la política se convierte en una cuestión de culto.

Incluso en países o regiones con democracias formales, el fenómeno puede manifestarse en líderes que manipulan la legalidad para perpetuarse, disolviendo parlamentos, forzando reelecciones o colonizando los medios de comunicación. La obstinación se disfraza entonces de «defensa de la estabilidad», de «continuidad del proyecto» o de «voluntad del pueblo». La retórica se erige en herramienta de legitimación: el gobernante no se aferra al poder por sí mismo, sino «por el bien de la nación».

En muchas sociedades, el apego de los gobernantes al poder no es solo un antojo personal, sino el reflejo de una cultura política que exalta al «autócrata salvador». El caudillismo, el paternalismo o la figura del líder poderoso son herencias persistentes en países donde las instituciones no han logrado sustituir a los individuos como garantes del orden. El sociólogo Max Weber describió este fenómeno como «dominación carismática», un poder basado en la devoción hacia una persona considerada extraordinaria. Cuando el carisma sustituye a la ley, la ciudadanía tiende a aceptar —o incluso a exigir— que el líder permanezca, porque se percibe como el único capaz de resolver los problemas. Paradójicamente, esa fe colectiva termina justificando la obstinación del gobernante.

En este contexto, los ciudadanos muchas veces se sienten impotentes. La desafección política, el miedo o la falta de alternativas reales refuerzan el statu quo. Y mientras la sociedad no construya una cultura de participación activa, el líder seguirá siendo visto como el «padre» de la nación, incluso cuando su legitimidad se haya extinguido.

A nivel económico, el poder ofrece acceso privilegiado a los recursos materiales, contratos públicos, información y protección. En regímenes donde la corrupción es estructural, el cargo político se convierte en el centro de un sistema de acumulación de riqueza. Perderlo significa perder el control del botín y, a menudo, enfrentarse a investigaciones judiciales. Por eso, los gobernantes autoritarios tienden a confundir el interés público con el interés privado. Su permanencia no es solo cuestión de ideología, sino de supervivencia económica. El Estado o una determinada región se transforman en empresas personales o familiares, y la línea entre lo público y lo privado se difumina. En esas condiciones, renunciar al poder es un acto contra la propia fortuna.

En los últimos años, algunos estudios de psicología política explicitan cómo los líderes autocráticos desarrollan determinados mecanismos de autojustificación. Creen, por ejemplo, que el pueblo los apoya aunque las evidencias digan lo contrario, se rodean de aduladores, filtran las malas noticias, censuran las críticas o viven en una burbuja de lealtades artificiales. Su mente y su discurso se convierten en fortalezas contra la realidad. Este autoengaño cumple una función esencial: proteger su autoestima y sostener la narrativa de que «el enemigo» (los otros) —y no su propio fracaso— es el causante del rechazo social. Así, el gobernante se convence de que resistir es un deber patriótico. En su lógica interna, su obstinación no es sino un acto de abnegación.

Desconozco si el president Mazón se halla plenamente inmerso en esta red o está próximo a ello. Ciertamente, su terquedad por aferrarse al cargo, contra viento y marea, es para hacérselo mirar. Como dudo de que opte por poner coto a esta insalubre propensión, me permito recordar que, históricamente, está demostrado que liberarse de gobernantes obstinados exige algo más que indignación. Reclama construir ciudadanía activa, instituciones sólidas y una cultura democrática reactiva a magnetismos y encantos personales. Es más sencillo expresarlo que lograrlo, aunque existen caminos posibles para ello que pasan por fortalecer los contrapesos institucionales, promover la educación cívica, apoyar los medios libres y el periodismo de investigación, fomentar la participación ciudadana sostenida o activar nuevas formas de control ciudadano.

A veces, las respuestas políticas tradicionales —elecciones, mociones, juicios— no bastan frente a la obstinación de los autócratas y sus aparatos partidistas y gubernamentales. Por eso, se requieren estrategias imaginativas: pactos de transición que garanticen seguridad jurídica al líder saliente (para neutralizar su miedo), referendos revocatorios bien diseñados, e incluso «jubileos democráticos» con los que la sociedad acuerde pasar página con condiciones claras de rendición de cuentas.

El desafío no es solo echar a los obstinados, sino evitar que su perfil se reproduzca. La verdadera vacuna contra la autocracia no está en la furia, sino en la cultura democrática cotidiana, esa red invisible de respeto, límites y alternancia que impide que determinado individuo llegue a creer que es indispensable.

Aferrarse al poder cuando la sociedad te rechaza es, en última instancia, un acto de cobardía. Es una expresión del miedo a perder el control, el prestigio, la impunidad o el sentido de identidad. También es el reflejo de un espejo roto, que alguna vez devolvió al líder su imagen de bienhechor, pero que hoy lo muestra como lo que es: un ególatra despiadado.

Mientras haya sociedades dispuestas a encarar ese espejo con lucidez —a decirle al poder que no es eterno, que la autoridad se reconoce, pero no se posee—, habrá esperanza. Porque, en esencia, la democracia no es el gobierno de los mejores, sino el gobierno de los que saben irse a tiempo. 

Señor Mazón, se acabó su tiempo y se agotaron todas las prórrogas posibles, justificadas e injustificadas. Sea valiente y váyase de una vez. Respete a todos los ciudadanos valencianos y permita que sus instituciones recuperen la dignidad. 

Cuando la cultura se convierte en ruina

En el corazón de Alicante, el Cine Ideal cumple un siglo convertido en metáfora. No solo resume la historia de un edificio en suspenso, sino que es el retrato cabal de una ciudad que ha permitido que su patrimonio cultural languidezca entre la parálisis administrativa, la especulación inmobiliaria y una más que preocupante falta de ambición pública en materia cultural. Lo que fue símbolo de modernidad y encuentro ciudadano es hoy un cascarón vacío que encarna el deterioro general de los espacios culturales.

El Ideal nació en 1925, emergiendo como emblema de la modernidad urbana: un cine-teatro art déco que unía espectáculo, arquitectura y vida social. Han ocupado sus butacas generaciones de alicantinos que encontraron en su pantalla y su escenario un refugio contra la rutina, la guerra o la soledad. Pero desde marzo de 2003, cuando se proyectó la última película y se echó el cerrojo, su destino ha sido una sucesión de promesas incumplidas.

El listado de sus fracasos roza el absurdo: un proyecto cultural abortado por sospechoso de encubrir una discoteca, otro que quiso convertirlo en recinto de congresos y se topó con restricciones varias, e incluso hubo una propuesta para transformarlo en aparcamiento público. Todos naufragaron en el marasmo burocrático o en la inacción política. Finalmente, en 2022, la empresa Baraka lo adquirió para convertirlo en hotel de lujo, pero tres años después el edificio sigue cerrado, atrapado en un litigio con el Ayuntamiento que dilata la licencia.

Lo que podría ser un potente motor de actividad cultural es hoy un símbolo de su bloqueo. La fachada se maquilla de vez en cuando, pero el interior continúa degradándose, con muros desconchados y barandillas de palcos y proscenio medio derruidas. Y mientras tanto, Alicante pierde diariamente trozos de su memoria.

En mi opinión, el caso del Ideal evidencia una de las contradicciones estructurales de la ciudad: se invoca la cultura como seña de identidad, pero se gestiona como si constituyese un obstáculo urbanístico. Enarbolando la necesidad del progreso económico, se ha permitido que los espacios patrimoniales caigan en manos del mercado inmobiliario, que los trata como solares disponibles y no como depositarios de sentido identitario y cultural. 

Así, Baraka propone un hotel; el Ayuntamiento no responde y la Generalitat se desentiende por motivos presupuestarios. El resultado es una trágica paradoja: se pierde irremisiblemente la única sala de cine valenciana que conserva su interior original, mientras las instituciones discuten su rentabilidad. Es evidente que la cultura se mide en euros por metro cuadrado, y que el interés público se diluye entre informes y licencias que nunca llegan.

Desgraciadamente, el Ideal no es una excepción. En las últimas décadas, Alicante ha visto cerrar o degradarse gran parte de sus espacios culturales: cines históricos, pequeñas salas, locales de música, teatros de barrio. A la escasez de equipamientos se suma una política cultural errática, centrada en eventos puntuales y no en una estrategia sostenida.

La administración local carece de un proyecto coherente: ni plan de rehabilitación patrimonial ni red de espacios de creación contemporánea. Se multiplican los anuncios —centros de arte, residencias culturales, programas de apoyo—, pero pocos pasan del titular. La ciudad, pese a su riqueza universitaria y su potencial turístico, invierte menos en cultura que otras capitales valencianas y no ofrece a los creadores locales estructuras donde trabajar y prosperar.

El abandono del Ideal es la punta del iceberg que representa la cicatería de la planificación cultural. Detrás de cada edificio cerrado hay artistas que emigran, colectivos que se disuelven y un público que se acostumbra a la mediocridad.

Alicante necesita recordar y reivindicar que la cultura no es un lujo ni un aderezo urbano: es un derecho ciudadano y un factor de cohesión social. Sin espacios donde expresarse, una comunidad se empobrece; sin memoria arquitectónica, una ciudad pierde su identidad.

El argumento de que «no hay dinero» es poco convincente si se compara con la magnitud de otras inversiones municipales. Lo que falta no es presupuesto, sino voluntad política. Recuperar el Ideal no equivale a una concesión romántica a la nostalgia porque es una apuesta estratégica: revitalizar el centro urbano, atraer actividad cultural, ofrecer un lugar de encuentro intergeneracional y reforzar la identidad alicantina.

La experiencia demuestra que la rehabilitación cultural puede ser motor económico. Ciudades como Málaga, Bilbao o A Coruña han convertido antiguos teatros y cines en espacios vivos que combinan creación, turismo y participación ciudadana. Alicante podría hacer lo mismo si sustituyera la desidia y la indiferencia por una política de visión a largo plazo.

En esta historia hay, sin embargo, un hilo de esperanza: la perseverancia de la plataforma Salvem l’Ideal, formada por vecinos y activistas que durante dos décadas han mantenido viva la reivindicación cultural. Gracias a su presión, el edificio fue declarado Bien de Relevancia Local en 2019, lo que impide su demolición. Sin su esfuerzo, el Ideal sería hoy un solar más.

Pero no basta con resistir, es necesario que la sociedad civil exija a las instituciones transparencia y compromiso. La cultura no puede depender de voluntades políticas sesgadas, de los intereses de ciertas empresas ni de la paciencia de los colectivos ciudadanos. Requiere políticas públicas estables, presupuestos claros y un modelo urbano que coloque la creación en el centro de la vida de los ciudadanos.

Rehabilitar el Ideal como centro cultural polivalente, capaz de acoger cine, teatro, música y formación, sería una iniciativa que reconciliaría la ciudad con su historia. Su valor simbólico y su ubicación privilegiada lo convierten en un espacio idóneo para recuperar la vitalidad cultural del centro histórico.

El Ayuntamiento y la Generalitat deberían recuperar la titularidad o concertar un uso público, impulsando una fórmula mixta que combine iniciativa privada y gestión ciudadana. Convertirlo en hotel sería una renuncia colectiva; devolverlo a la cultura, un acto de madurez cívica.

Cien años después de su inauguración, el Cine Ideal sigue esperando reabrir y ofrecer renovadas funciones. En la platea vacía resuenan ecos de risas y aplausos que se confunden con el ruido del tráfico. Alicante, que un día lo celebró como símbolo de progreso, debe decidir si prefiere conservarlo como ruina o devolverle la vida.

Porque, al final, el Ideal no es solo un edificio: es el espejo en el que la ciudad se mira. Y lo que refleja hoy es la imagen incómoda de una cultura comatosa, pendiente de decisiones que nunca llegan.

La herida de la DANA: silencio, impostura y un plan en disputa

Dentro de una semana se cumplirá un año desde que la Comunidad Valenciana quedó devastada por la última DANA que arrasó pueblos enteros, inundó ciudades y dejó tras de sí 229 víctimas mortales. La magnitud de la catástrofe convirtió aquel día en una de las jornadas más trágicas de nuestra historia reciente. Pero lo que empezó como un desastre natural pronto se transformó en una crisis política e institucional que, un año después, sigue abierta en canal.

La sociedad valenciana no solo lamenta la pérdida de vidas, sino también la sensación de que su Gobierno falló en el momento decisivo. El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, no ha ofrecido todavía una explicación clara de qué hacía durante las horas críticas de la riada. Según diversas informaciones judiciales y periodísticas, pasó parte de la tarde en un almuerzo prolongado y tardó horas en presentarse en el centro de coordinación de emergencias. Esa ausencia de liderazgo y la falta de transparencia posterior han alimentado la indignación de las víctimas y erosionado la confianza ciudadana en sus instituciones.

La indignación se convirtió en incredulidad cuando Mazón, lejos de ofrecer disculpas o mostrar empatía, optó por la confrontación política. En el debate posterior a la catástrofe, utilizó un tono agresivo, culpó a la AEMET y a la Confederación Hidrográfica del Júcar, y proclamó que siempre había tenido la «mano tendida» hacia los afectados. El gesto fue recibido con frialdad por las víctimas, que estaban presentes en la sala y sintieron el discurso como una burla.

Ese silencio inicial y la arrogancia posterior han sido calificados de «impostura» por numerosos analistas. La cuestión no es si Mazón cometió errores de cálculo durante la DANA —algo comprensible en una emergencia—, sino que ha preferido ocultar su actuación y rehuir responsabilidades en vez de enfrentarlas con coraje. Para una sociedad que aún vela a sus muertos y busca respuestas, esa actitud ha sido percibida como una segunda herida que ahonda la primera.

Mientras tanto, la investigación judicial avanza. La jueza instructora ha recabado testimonios de técnicos, responsables políticos y familiares de víctimas. En varias ocasiones ha solicitado la declaración del presidente como testigo, pero el aforamiento de su cargo complica que la instrucción llegue más lejos. Los autos judiciales sugieren que, de no contar con ese blindaje, Mazón podría estar ya formalmente investigado por su papel en la gestión de la emergencia.

Las asociaciones de víctimas, insatisfechas con la respuesta institucional, han llevado su denuncia hasta Bruselas. Han pedido al Parlamento Europeo una investigación independiente, convencidas de que el desastre no fue solo fruto de la fuerza de la naturaleza, sino también de decisiones políticas y negligencias administrativas que multiplicaron sus efectos. Esa internacionalización de la catástrofe refleja la desconfianza hacia la capacidad de las instituciones locales para juzgarse a sí mismas.

La situación interpela no solo al presidente autonómico, sino también al Partido Popular en su conjunto. La dirección nacional ha cerrado filas en torno a Mazón, evitando un debate público que pudiera agravar la crisis interna. Pero ese respaldo tiene un coste: transmite la impresión de que el partido antepone la supervivencia política de su dirigente a la transparencia y a la justicia que reclaman los ciudadanos.

La responsabilidad del PP nacional es doble. Por un lado, porque sin la financiación del Estado será imposible llevar a cabo la reconstrucción que se necesita. Por otro, porque su actitud marcará la credibilidad del mensaje de regeneración y honestidad que la formación intenta proyectar a nivel estatal. Blindar a Mazón sin exigirle cuentas puede ser una estrategia cortoplacista que deje cicatrices profundas en la confianza ciudadana.

En medio de esta tormenta política y judicial, el Consell presentó el pasado mes de julio el Plan Endavant, diseñado por la Vicepresidencia que dirige Francisco José Gan Pampols, exgeneral y ahora responsable de coordinar la recuperación, hasta el próximo 4 de noviembre. El plan se ha anunciado como una hoja de ruta integral para reconstruir la Comunitat y prepararla para afrontar futuras catástrofes.

Sobre el papel, el programa impresiona: 343 medidas estructuradas en cinco pilares —personas, tejido empresarial, medio ambiente, tejido social y comunitario— con un presupuesto inicial de 2.364 millones de euros para 2025 y una línea de 600 millones reservada para actuaciones prioritarias. Incluye un Plan Director de Análisis, Anticipación y Reacción ante Catástrofes Naturales, y se fundamenta en principios como dirección única, gestión del riesgo e inclusión de los colectivos más vulnerables.

Gan Pampols ha insistido en que no hay milagros y que los efectos visibles tardarán en percibirse. Ha pedido paciencia a los ciudadanos, al tiempo que ha recalcado que la recuperación «solo será plena si alcanza a todos los afectados». Reuniones con asociaciones de víctimas han buscado dar un aire participativo al proyecto.

Sin embargo, el plan también ha generado críticas. La primera, por su indefinición temporal: muchas de las medidas carecen de plazos claros y verificables. La segunda, por la dependencia de una financiación externa aún incierta, que obliga a confiar en la cooperación del Gobierno central y en fondos europeos. La tercera, por la falta de una autoridad de coordinación con competencias reales entre administraciones, algo que el propio Gan Pampols ha reclamado públicamente sin éxito.

A ello se suma la percepción de algunas asociaciones de que ciertas iniciativas parecen más orientadas a objetivos políticos o tecnológicos de largo plazo que a aliviar el sufrimiento inmediato de los damnificados. Y aunque se han hecho esfuerzos por incluir a las víctimas, muchas denuncian que no se les escuchó en la elaboración inicial del plan, lo que alimenta la desconfianza.

La Comunitat Valenciana se encuentra atrapada entre el peso del pasado y la necesidad de construir su futuro. Por un lado, la exigencia de verdad y justicia sobre lo ocurrido el 29 de octubre de 2024. Por otro, la urgencia de poner en marcha un plan de reconstrucción creíble y eficaz. Ambas dimensiones están conectadas: sin rendición de cuentas, difícilmente habrá confianza suficiente para sostener el esfuerzo colectivo que exige la recuperación.

Las actuaciones necesarias son claras. En primer lugar, una cooperación total con la justicia: entrega de agendas, protocolos, comunicaciones y comparecencias públicas de todos los responsables. En segundo lugar, establecer una comisión independiente que supervise la ejecución del plan y garantice la participación efectiva de las víctimas. En tercer lugar, definir plazos concretos y resultados medibles para las actuaciones más urgentes. Y, en paralelo, asegurar la financiación con compromisos claros del Estado y de la Unión Europea.

La política nacional no puede desentenderse. El PP debe decidir si quiere ser parte de la solución o del problema: respaldar la transparencia y la autocrítica, aunque eso implique asumir costes internos, o mantener el blindaje a Mazón y arriesgarse a una deslegitimación mayor. El Gobierno central, por su parte, debe comprometerse con la financiación y la coordinación, no solo por solidaridad institucional, sino porque la seguridad de miles de ciudadanos depende de que se aprendan las lecciones de la tragedia.

La DANA de 2024 no puede quedar en el recuerdo como un simple episodio meteorológico extremo. Fue una catástrofe humana agravada por fallos institucionales. El silencio de Mazón y la tibieza del PP nacional son hoy una deuda pendiente con las víctimas. El Plan Endavant, con todas sus luces y sombras, puede convertirse en un instrumento de transformación real o en otro ejercicio de propaganda política.

El desenlace dependerá de la capacidad de las instituciones valencianas y españolas para elegir entre la impostura y la responsabilidad, entre la opacidad y la transparencia, entre el olvido y la memoria activa. Lo que está en juego no es solo la reconstrucción de un territorio devastado, sino la confianza de una ciudadanía que exige, con razón, verdad, justicia y un futuro más seguro.

Horizonte de polarización

Durante las últimas cuatro o cinco décadas, el centro político —tradicional espacio de conciliación y búsqueda de consensos— ha sido decisivo para la gobernanza de muchas democracias occidentales. Sin embargo, desde hace varios lustros, los estrategas de la extrema derecha vienen insistiendo en la idea de que el centro es una ficción. Según ellos, solo existen dos polos enfrentados y quienes se aferran a la moderación son actores irrelevantes, «tontos útiles», por decirlo afectuosamente. Este marco interpretativo ha logrado imponerse y desplazar rotundamente a los partidos liberales y democristianos, arrastrando a buena parte de la derecha tradicional hacia posiciones radicales.

Frente a esta realidad, el interrogante que se plantea apunta a descifrar las consecuencias que tiene la desaparición del centro político para la democracia liberal. Dicho de otro modo, ¿quiénes se benefician y quiénes salen perjudicados con los procesos de polarización? ¿Qué nos espera en la próxima década si continúa intensificándose?

Aunque parezca paradójico, la eliminación del centro ofrece ciertas ventajas. La primera es la claridad programática: al forzar a los partidos a definirse en un eje polarizado, sus propuestas deben ser más nítidas, reduciéndose así la calculada ambigüedad propia del discurso centrista. Como señala Cas Mudde (La extrema derecha hoy, 2019), la polarización puede dar voz a temas que el consenso centrista ha invisibilizado, como el malestar ante la globalización o la representación de identidades culturales.

En segundo lugar, la polarización puede dinamizar la participación política. Las sociedades con mayores conflictos ideológicos registran más interés ciudadano y tasas de participación más altas. Un estudio del Pew Research Center (2023) mostró, por ejemplo, que, en EE. UU., el aumento del extremismo coincidió con la participación récord en las elecciones de 2020.

Finalmente, la polarización puede tener también un efecto esclarecedor. A menudo, el centro actúa como un velo que oculta tensiones sociales profundas (desigualdades, discriminación, crisis de representación...). Las sociedades con alto nivel de crispación obligan a tomar partido y ello puede catalizar cambios que de otro modo permanecerían bloqueados.

Sin embargo, no puede negarse que los riesgos de la polarización son enormes. El primero de ellos es la erosión de los consensos básicos que sostienen las democracias liberales. Sin centro político, resulta casi imposible articular pactos de Estado duraderos en materias como la educación, la sanidad o la política exterior. De hecho, Levitsky y Ziblatt (Cómo mueren las democracias, 2018) advierten de que la deslegitimación mutua entre polos antagónicos es el primer paso hacia la fragilidad institucional.

Un segundo riesgo es el deterioro de la representación plural. El centro funciona como refugio para electores moderados, que ahora se ven obligados a elegir entre extremos o abstenerse, alimentando la frustración y la desafección.

En tercer lugar, la polarización abre la puerta a la normalización de los discursos extremistas. El desplazamiento de las derechas clásicas hacia posiciones más radicales (como ocurrió con los republicanos en EE. UU. durante el primer mandato de Trump o actualmente con el Partido Popular en España) demuestra cómo los extremos logran condicionar la agenda política, marginando los consensos liberales y socialdemócratas que fueron el sostén de la Europa de posguerra.

Por otra parte, en España, el centro político en la etapa democrática ha tenido un componente singular: el papel de los partidos nacionalistas vascos y catalanes. Estas formaciones no encajan plenamente en el eje izquierda-derecha tradicional, sino que introducen un eje adicional —nacional vs. estatal— que complejiza la dinámica política.

Históricamente, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) ha jugado un papel de árbitro en el Congreso, apoyando a gobiernos de distinto signo a cambio de concesiones autonómicas. En un escenario de polarización creciente, el PNV conserva esa capacidad negociadora, pero su espacio se estrecha. A medida que el conflicto se plantea en términos binarios, el pacto transversal se percibe como traición, lo que limita su margen de maniobra.

Por su parte, los partidos independentistas catalanes (ERC y Junts) han oscilado entre la confrontación frontal y la negociación pragmática con el Estado. Su influencia aumenta en un contexto de polarización porque se convierten en socios necesarios para formar mayorías. Sin embargo, esta centralidad es ambivalente: por un lado, obtienen concesiones en materia de autogobierno y, por otro, alimentan el discurso de la derecha radical, que considera su exagerado peso parlamentario como ejemplo paradigmático del «chantaje independentista».

En sentido estricto, los partidos nacionalistas no pueden calificarse de centristas, pese a que desempeñan algunas de sus funciones características, entre ellas: servir de bisagra, facilitar la negociación o contribuir al equilibrio. Ahora bien, entiendo que su supervivencia dependerá también de si consiguen sostener esa característica ambigüedad en escenarios donde cada vez se tolera menos la transacción política.

Sin duda, los principales beneficiarios de la desaparición del centro son las fuerzas políticas que capitalizan la polarización. Partidos populistas de extrema derecha y, en menor medida, movimientos de izquierda radical encuentran terreno fértil en los escenarios binarios. También se benefician algunos magnates ideologizados y actores mediáticos que financian campañas basadas en la lógica del conflicto. Por otra parte, los perdedores son múltiples: los partidos liberales y centristas, reducidos a irrelevancia; los votantes moderados, obligados a alinearse con los extremos; y, en última instancia, la propia democracia, pues la polarización excesiva deteriora la confianza institucional. 

Si continúa la tendencia actual, es bastante probable que en 2035 veamos democracias más plebiscitarias, con elecciones planteadas como batallas existenciales entre dos bloques irreconciliables. El centro será puramente testimonial. En mi opinión, esta situación puede derivar hacia tres escenarios:

E1. Bloqueo crónico: Parlamentos divididos en mitades simétricas, alternancias constantes y falta de acuerdos estructurales.

E2. Deriva autoritaria: Uno de los polos consolida el poder debilitando los contrapesos. Es lo que ha sucedido con Orbán, en Hungría.

E3. Recomposición: La fatiga social que produce la polarización extrema propicia la emergencia de fuerzas que, aunque no se autodenominen centristas, apoyan la lógica de los pactos. Aquí podrían encuadrarse partidos verdes o coaliciones transversales y, en España, los nacionalistas moderados.

En síntesis, la desaparición del centro político es el resultado de estrategias conscientes y de incentivos electorales crecientes. Si bien puede aportar participación y visibilizar conflictos ocultos, son mucho mayores los riesgos que conlleva para la estabilidad democrática y la representación plural. A diez años vista, si no surgen nuevas formas de mediación política, aventuro que la polarización extrema acabará consolidando escenarios indeseables de bloqueo y/o autoritarismo. 

En España, los nacionalismos vasco y catalán pueden seguir jugando un papel crucial porque, aunque no sean «centro» en sentido estricto, pueden actuar como bisagras en un Parlamento donde los consensos serán imposibles. La incógnita es si la polarización acabará arrastrándolos hacia la irrelevancia o si, por el contrario, se convertirán en la última esperanza que tenga la negociación.

Como advirtió Giovanni Sartori (La comparación en las ciencias sociales, 1994), «las democracias no mueren por exceso de conflicto, sino cuando no consiguen procesarlo». El reto de las próximas décadas será, justamente, metabolizar ese conflicto en un mundo donde los extremos reclaman para sí la totalidad del escenario.

 

Tuáutem: la palabra que se cree imprescindible

El idioma es un laberinto caprichoso. Unas palabras nacen humildes y se convierten en reinas del habla cotidiana. Sin embargo, otras, aunque exhiben ínfulas magnificentes, acaban relegadas en un rincón polvoriento del diccionario. Entre estas últimas se cuenta tuáutem, una joya lingüística que se descubre con parecido asombro al que produce encontrar una olvidada alhaja, entre los calcetines desparejados que habitan el cajón de una cómoda centenaria. 

Su sonoridad tiene algo de conjuro romano, pero su significado resulta deliciosamente humano. Porque «tuáutem» puede ser, por un lado, esa persona que se tiene por principal y necesaria para algo; el típico individuo que, en una reunión, habla como si fuera la columna vertebral del universo y los demás simples apéndices prescindibles. Ese compañero de oficina que dice: «Sin mí, nada funciona». Un tuáutem de manual, convencido de que los planetas giran porque él les dio permiso.

Por otro lado, la palabra también se aplica a la cosa que se considera precisa e importante para algún fin. Y ahí el abanico se abre, con expectativas cómicas y trágicas. El móvil, por ejemplo, es el tuáutem de nuestra vida moderna: sin batería nos sentimos huérfanos, como si hubiéramos perdido el nombre propio. O la taza de café de las mañanas, ese humilde recipiente que se convierte en tuáutem absoluto para poder fingir que la jornada tiene sentido.

Curiosamente, ambos usos se entrelazan en la vida cotidiana. El tuáutem-persona suele tratar a los objetos como si también fueran indispensables, por reflejo de su propia grandeza. Ese jefe que presume de llevar la misma pluma estilográfica desde 1987 y la señala como su tuáutem creativo, como si el humilde cálamo cargara sobre su capuchón el destino de la literatura universal. Y lo contrario también ocurre: los objetos convertidos en tuáutem acaban inflando la vanidad de quienes los poseen. Es el típico caso del que presume de su coche deportivo como si el vehículo le transfiriese prestigio por ósmosis.

Lo fascinante es que, pese a tener estos significados tan jugosos, casi nadie usa la palabra. Preferimos el socorrido «indispensable», el democrático «necesario» o, en versión coloquial, el rotundo «lo que no puede faltar». ¿Será que «tuáutem» suena demasiado altisonante para una sociedad que ya no tolera solemnidades? Quizá. O tal vez sea que nos asusta la posibilidad de escucharnos a nosotros mismos y descubrir que, en el fondo, llevamos dentro a un pequeño tuáutem en potencia, convencido de que sin nuestra opinión el grupo de WhatsApp se disolvería en cuestión de horas.

Sin embargo, hay que reconocerle su encanto. Decir «este cuaderno es mi tuáutem para escribir» otorga al objeto un aura ceremonial que jamás alcanzará: «es mi libreta favorita». Presentar a alguien como «el tuáutem del equipo» eleva de inmediato la conversación a niveles casi mitológicos, aunque sepamos que se trata del único que recuerda las contraseñas del wifi. La palabra tiene ese aire solemne y ligeramente sarcástico que la convierte en un arma retórica deliciosa.

Usarla, además, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias jerarquías invisibles. ¿Qué personas tratamos como tuáutem en nuestras vidas? ¿A quién colocamos en el pedestal de lo imprescindible, aunque quizá no lo sea tanto? ¿Qué objetos se han infiltrado como tuáutem silencioso hasta dictar nuestros hábitos diarios? Al final, el lenguaje no solo denomina, también desnuda.

Quizá por eso rescatar «tuáutem» merezca la pena. No para llenar de latinajos las conversaciones, sino para recordarnos que la obsesión por lo indispensable a menudo es un juego de espejos. Hoy declaramos a alguien tuáutem y mañana descubrimos que era perfectamente prescindible. Hoy creemos que un aparato es tuáutem de la existencia y mañana queda olvidado en un rincón.

Así, entre ironías y curiosidades, esta palabra olvidada se revela como un reflejo sarcástico de la vida moderna: todos somos tuáutem de algo, todos cargamos con nuestro objeto fetiche elevado a categoría de indispensable. Y quizá, solo quizá, el verdadero tuáutem sea el idioma mismo, esa construcción tan precisa y maravillosa que nos permite comunicarnos, discutir y reírnos de nosotros mismos.

Griefbots (robots de duelo)

En una reciente entrevista para el diario El País, Katarzyna Nowaczyk-Basińska, profesora polaca de la Universidad de Cambridge (R. Unido), anunciaba que en el futuro «será normal que a mucha gente le apetezca chatear con sus seres queridos muertos», siempre que ello se haga con salvaguardas claras. Esta investigadora —una de las voces más influyentes en este campo— propone diseñar preventivamente la «posvida digital» con límites de seguridad, transparencia y consentimiento, para evitar «apariciones no deseadas» o, dicho más precisamente, intrusiones, mensajes o simulaciones que irrumpen en el duelo sin que la persona que lo sufre lo haya demandado, o sin que el fallecido lo autorizase en vida.

Aunque no lo parezca, la industria del «afterlife tech» ya está aquí; ha dejado de ser mera ficción. Compañías como HereAfter AI permiten grabar historias en vida para que, tras la muerte, los familiares puedan conversar con un determinado «yo» digital. Ofrecen planes desde 3,99 dólares/mes y un modo ilimitado, con descargas de audio. Otras, como StoryFile, saltaron a los titulares de los medios en 2022, cuando la educadora Marina Smith «conversó» con los asistentes a su propio funeral, mediante un sistema de preguntas y respuestas pregrabadas. Y una tercera, Project December, mostró el reverso de las anteriores propuestas: Joshua Barbeau chateó con un bot configurado a partir de los mensajes grabados a su prometida fallecida, antes de su deceso.

Más allá de la imprescindible prudencia y de las regulaciones comerciales que conviene implementar para atenuar los impactos indeseados de tan delicados asuntos, los académicos piden que se reglamenten sin demora. El Centro Leverhulme de Estudios sobre el Futuro de la Inteligencia (Cambridge) reclama, por ejemplo, «diseños cautelosos» para deadbots y griefbots, con medidas que protejan a los usuarios vulnerables, que eviten los contactos no solicitados, que aseguren el consentimiento en vida de los difuntos y que establezcan controles rigurosos sobre los datos y los plazos en que pueden utilizarse. 

La evidencia psicológica demuestra que en el estudio del duelo no se parte de cero. Existe un significativo corpus doctrinal que incluye, por ejemplo, la teoría de los «lazos continuos» (Continuing Bonds), desarrollada por Klass, Silverman y Nickman, en 1990, que sostiene que mantener un vínculo simbólico con un fallecido puede ser sano y adaptativo, si ese proceso no implica la negación, sino la integración de la pérdida en la biografía. En ese marco, podría funcionar un bot memorial como objeto relacional, siempre que la correlación no sustituya a los vivos, ni bloquee la aceptación de la muerte.

Por otro lado, se reconoce la patología del duelo prolongado (Prolonged Grief Disorder), un trastorno definido con criterios clínicos por la Asociación Americana de Psiquiatría. Se trata de una reacción más severa y prolongada de lo previsto por las normas sociales y culturales del contexto en que se produce. En estos casos, los expertos recomiendan usar las nuevas tecnologías limitadamente, con pausas, objetivos terapéuticos explícitos y supervisión rigurosa, porque las herramientas que intensifican la búsqueda del difunto o la rumiación (pensamiento obsesivo y repetitivo centrado en la pérdida y sus circunstancias, o en la idea de qué se podría haber hecho para evitarla) podrían exacerbar el duelo en personas predispuestas para ello.

Además, existen riesgos sociotécnicos asociados al «afterlife tech» que es necesario neutralizar. Igual que cabe ajustarlo a los consentimientos del fallecido, se deben controlar las derivas de los modelos generativos, que pueden poner en boca del difunto palabras que jamás hubiese pronunciado. También debe preverse la no monetización de los restos digitales y la introducción de publicidad en medio del duelo. Obviamente, procede garantizar la seguridad y la privacidad de las bases de datos que contienen voces, fotos, chats y recuerdos extremadamente sensibles.

Aunque, en mi opinión, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la UE no protege suficientemente a las personas fallecidas, en España, el acceso a los datos de los difuntos está regulado expresamente. El artículo 3 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD) permite a los familiares o herederos solicitar el acceso, rectificación o supresión de los datos del fallecido, salvo que este lo hubiera prohibido. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha reiterado esta interpretación en numerosos informes jurídicos. Así pues, los proveedores de «afterlife tech» a los usuarios españoles deben observar estos derechos post mortem y respetar mandatos o instrucciones dejadas en vida del tipo, por ejemplo, «no recrear mi voz».

A nivel europeo, la Ley de IA (AI Act) incorpora ciertas obligaciones de transparencia. Cuando un sistema interactúa con personas, debe informar claramente de que se trata de una IA. No son obligaciones específicas del duelo, pero sí afectan a los griefbots. En todo caso, el usuario debe saber siempre que no habla con una persona, y los proveedores deben garantizar una regulación clara de sus riesgos y trazabilidad.

A distinto nivel, los grupos de investigación de la Universidad de Cambridge han sugerido salvaguardas técnicas que, en el futuro, pueden convertirse en estándares de la industria afterlife. Por ejemplo: granular los vestigios del donante (voz, textos, fotos) y garantizar que sean revocables por sus representantes tras el fallecimiento; la caducidad por defecto de los avatares o las pausas programadas; los avisos de realidad («Esto es una simulación»), los límites de frecuencia y recursos de apoyo cuando se detecte angustia... A estas pautas deben añadirse otras de carácter ético. De hecho, la literatura ética de la posvida digital insiste en no convertir al difunto en un producto sometido a dinámicas de mercado que distorsionen su memoria.

Aunque nos cause extrañeza, algunas personas quieren hablar con sus difuntos. Pero ello no justifica que cualquier diseño pueda servir a tal efecto. Como se ha referido, disponemos de bases sólidas para alcanzar un cierto consenso al respecto: la evidencia clínica de lazos continuos, la advertencia sobre el duelo prolongado, propuestas académicas de salvaguardas y un marco legal que garantiza transparencia, consentimiento y control. 

En consecuencia, parece evidente que lo razonable no es prohibir, sino humanizar esta tecnología para que ofrezca modelos interactivos dignos —controlados por quienes amaron y aman a los que se fueron y por la voluntad de quienes ya no están—, y para evitar que se convierta en un artificio para consumar la explotación emocional de las personas. Si se consigue, los griefbots dejarán de ser meros espectros comerciales y podrán utilizarse como herramientas de memoria y recursos para el bienestar emocional de los ciudadanos.