La herida de la DANA: silencio, impostura y un plan en disputa

Dentro de una semana se cumplirá un año desde que la Comunidad Valenciana quedó devastada por la última DANA que arrasó pueblos enteros, inundó ciudades y dejó tras de sí 229 víctimas mortales. La magnitud de la catástrofe convirtió aquel día en una de las jornadas más trágicas de nuestra historia reciente. Pero lo que empezó como un desastre natural pronto se transformó en una crisis política e institucional que, un año después, sigue abierta en canal.

La sociedad valenciana no solo lamenta la pérdida de vidas, sino también la sensación de que su Gobierno falló en el momento decisivo. El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, no ha ofrecido todavía una explicación clara de qué hacía durante las horas críticas de la riada. Según diversas informaciones judiciales y periodísticas, pasó parte de la tarde en un almuerzo prolongado y tardó horas en presentarse en el centro de coordinación de emergencias. Esa ausencia de liderazgo y la falta de transparencia posterior han alimentado la indignación de las víctimas y erosionado la confianza ciudadana en sus instituciones.

La indignación se convirtió en incredulidad cuando Mazón, lejos de ofrecer disculpas o mostrar empatía, optó por la confrontación política. En el debate posterior a la catástrofe, utilizó un tono agresivo, culpó a la AEMET y a la Confederación Hidrográfica del Júcar, y proclamó que siempre había tenido la «mano tendida» hacia los afectados. El gesto fue recibido con frialdad por las víctimas, que estaban presentes en la sala y sintieron el discurso como una burla.

Ese silencio inicial y la arrogancia posterior han sido calificados de «impostura» por numerosos analistas. La cuestión no es si Mazón cometió errores de cálculo durante la DANA —algo comprensible en una emergencia—, sino que ha preferido ocultar su actuación y rehuir responsabilidades en vez de enfrentarlas con coraje. Para una sociedad que aún vela a sus muertos y busca respuestas, esa actitud ha sido percibida como una segunda herida que ahonda la primera.

Mientras tanto, la investigación judicial avanza. La jueza instructora ha recabado testimonios de técnicos, responsables políticos y familiares de víctimas. En varias ocasiones ha solicitado la declaración del presidente como testigo, pero el aforamiento de su cargo complica que la instrucción llegue más lejos. Los autos judiciales sugieren que, de no contar con ese blindaje, Mazón podría estar ya formalmente investigado por su papel en la gestión de la emergencia.

Las asociaciones de víctimas, insatisfechas con la respuesta institucional, han llevado su denuncia hasta Bruselas. Han pedido al Parlamento Europeo una investigación independiente, convencidas de que el desastre no fue solo fruto de la fuerza de la naturaleza, sino también de decisiones políticas y negligencias administrativas que multiplicaron sus efectos. Esa internacionalización de la catástrofe refleja la desconfianza hacia la capacidad de las instituciones locales para juzgarse a sí mismas.

La situación interpela no solo al presidente autonómico, sino también al Partido Popular en su conjunto. La dirección nacional ha cerrado filas en torno a Mazón, evitando un debate público que pudiera agravar la crisis interna. Pero ese respaldo tiene un coste: transmite la impresión de que el partido antepone la supervivencia política de su dirigente a la transparencia y a la justicia que reclaman los ciudadanos.

La responsabilidad del PP nacional es doble. Por un lado, porque sin la financiación del Estado será imposible llevar a cabo la reconstrucción que se necesita. Por otro, porque su actitud marcará la credibilidad del mensaje de regeneración y honestidad que la formación intenta proyectar a nivel estatal. Blindar a Mazón sin exigirle cuentas puede ser una estrategia cortoplacista que deje cicatrices profundas en la confianza ciudadana.

En medio de esta tormenta política y judicial, el Consell presentó el pasado mes de julio el Plan Endavant, diseñado por la Vicepresidencia que dirige Francisco José Gan Pampols, exgeneral y ahora responsable de coordinar la recuperación, hasta el próximo 4 de noviembre. El plan se ha anunciado como una hoja de ruta integral para reconstruir la Comunitat y prepararla para afrontar futuras catástrofes.

Sobre el papel, el programa impresiona: 343 medidas estructuradas en cinco pilares —personas, tejido empresarial, medio ambiente, tejido social y comunitario— con un presupuesto inicial de 2.364 millones de euros para 2025 y una línea de 600 millones reservada para actuaciones prioritarias. Incluye un Plan Director de Análisis, Anticipación y Reacción ante Catástrofes Naturales, y se fundamenta en principios como dirección única, gestión del riesgo e inclusión de los colectivos más vulnerables.

Gan Pampols ha insistido en que no hay milagros y que los efectos visibles tardarán en percibirse. Ha pedido paciencia a los ciudadanos, al tiempo que ha recalcado que la recuperación «solo será plena si alcanza a todos los afectados». Reuniones con asociaciones de víctimas han buscado dar un aire participativo al proyecto.

Sin embargo, el plan también ha generado críticas. La primera, por su indefinición temporal: muchas de las medidas carecen de plazos claros y verificables. La segunda, por la dependencia de una financiación externa aún incierta, que obliga a confiar en la cooperación del Gobierno central y en fondos europeos. La tercera, por la falta de una autoridad de coordinación con competencias reales entre administraciones, algo que el propio Gan Pampols ha reclamado públicamente sin éxito.

A ello se suma la percepción de algunas asociaciones de que ciertas iniciativas parecen más orientadas a objetivos políticos o tecnológicos de largo plazo que a aliviar el sufrimiento inmediato de los damnificados. Y aunque se han hecho esfuerzos por incluir a las víctimas, muchas denuncian que no se les escuchó en la elaboración inicial del plan, lo que alimenta la desconfianza.

La Comunitat Valenciana se encuentra atrapada entre el peso del pasado y la necesidad de construir su futuro. Por un lado, la exigencia de verdad y justicia sobre lo ocurrido el 29 de octubre de 2024. Por otro, la urgencia de poner en marcha un plan de reconstrucción creíble y eficaz. Ambas dimensiones están conectadas: sin rendición de cuentas, difícilmente habrá confianza suficiente para sostener el esfuerzo colectivo que exige la recuperación.

Las actuaciones necesarias son claras. En primer lugar, una cooperación total con la justicia: entrega de agendas, protocolos, comunicaciones y comparecencias públicas de todos los responsables. En segundo lugar, establecer una comisión independiente que supervise la ejecución del plan y garantice la participación efectiva de las víctimas. En tercer lugar, definir plazos concretos y resultados medibles para las actuaciones más urgentes. Y, en paralelo, asegurar la financiación con compromisos claros del Estado y de la Unión Europea.

La política nacional no puede desentenderse. El PP debe decidir si quiere ser parte de la solución o del problema: respaldar la transparencia y la autocrítica, aunque eso implique asumir costes internos, o mantener el blindaje a Mazón y arriesgarse a una deslegitimación mayor. El Gobierno central, por su parte, debe comprometerse con la financiación y la coordinación, no solo por solidaridad institucional, sino porque la seguridad de miles de ciudadanos depende de que se aprendan las lecciones de la tragedia.

La DANA de 2024 no puede quedar en el recuerdo como un simple episodio meteorológico extremo. Fue una catástrofe humana agravada por fallos institucionales. El silencio de Mazón y la tibieza del PP nacional son hoy una deuda pendiente con las víctimas. El Plan Endavant, con todas sus luces y sombras, puede convertirse en un instrumento de transformación real o en otro ejercicio de propaganda política.

El desenlace dependerá de la capacidad de las instituciones valencianas y españolas para elegir entre la impostura y la responsabilidad, entre la opacidad y la transparencia, entre el olvido y la memoria activa. Lo que está en juego no es solo la reconstrucción de un territorio devastado, sino la confianza de una ciudadanía que exige, con razón, verdad, justicia y un futuro más seguro.