La deriva institucional de Estados Unidos y el avance de fuerzas iliberales en Europa revelan una crisis que va más allá de la alternancia entre izquierda y derecha. Está en juego el respeto a las reglas que hacen posible la democracia
Durante décadas, Estados Unidos fue considerado uno de los principales referentes de la democracia liberal. Su Constitución, la separación de poderes, la independencia judicial y la libertad de prensa constituían un modelo de estabilidad institucional. Europa, por su parte, construyó después de la Segunda Guerra Mundial un proyecto político basado en el pluralismo, los derechos fundamentales y el Estado de derecho.
Hoy ambos espacios comparten una inquietante realidad. En ellos la democracia no está desapareciendo abruptamente, mediante golpes de Estado o revoluciones. Se deteriora implícitamente, utilizándose a tal efecto los mecanismos de poder que ella misma proporciona.
La segunda presidencia de Donald Trump ha convertido esta posibilidad en una preocupación central. Pero sería un error interpretar lo que sucede en Estados Unidos como una anomalía privativa de este país. El debilitamiento de los contrapesos institucionales, la polarización social, el nacionalismo excluyente y la desconfianza hacia los medios de comunicación y la justicia forman parte de una tendencia internacional que también afecta a Europa.
Estados Unidos: el poder presidencial frente a las instituciones
La preocupación fundamental no reside en que Donald Trump represente una opción conservadora, nacionalista o populista. Todas tienen legítima cabida en una democracia. El problema se suscita cuando el ejercicio del poder pretende situarse por encima de las instituciones que deben limitarlo.
Los politólogos Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, en Cómo mueren las democracias (2008), explicaron que las actuales pueden erosionarse mediante procedimientos legales en apariencia. El mecanismo consiste en debilitar progresivamente los controles, cuestionar la legitimidad de los adversarios y convertir las instituciones independientes en instrumentos al servicio de la mayoría gobernante.
La experiencia estadounidense ofrece elementos preocupantes, como la presión sobre los organismos federales, los conflictos con el poder judicial, la utilización expansiva de las competencias presidenciales y la deslegitimación de quienes ejercen funciones de control.
El informe de 2026 del instituto sueco V-Dem (Varieties of Democracy) señala que Estados Unidos ha experimentado un retroceso democrático extraordinariamente rápido. Su índice de democracia liberal cayó un 24% en un solo año, y el país pasó del puesto 20 al 51 en la clasificación de 179 Estados. El informe identifica como principales problemáticas la concentración presidencial del poder, la politización de la Administración y las presiones sobre la justicia, la prensa y la sociedad civil.
Todo ello no significa que Estados Unidos haya dejado de ser una democracia electoral, significa que sus mecanismos tradicionales de protección están sometidos a una presión excepcional.
La nueva normalidad electoral
En esa coyuntura, uno de los aspectos más delicados es la transformación de las elecciones en un campo de confrontación sobre las propias reglas del sistema.
La investigación de Dari Sylvester Tran, que recoge su libro Unrigging American Elections (2019), ayuda a comprender que la calidad democrática no depende únicamente del correcto escrutinio de los sufragios. También exige garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto en condiciones razonablemente equitativas. El problema estadounidense es que asuntos como el voto por correo, la inscripción electoral, la distribución de los colegios y la delimitación de los distritos han adquirido una dimensión partidista creciente.
La negativa de Trump a reconocer su derrota en 2020 y el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 mostraron las consecuencias extremas que conlleva cuestionar la legitimidad electoral. La democracia exige incertidumbre sobre quién gana los comicios, pero no sobre la aceptación de las reglas ni sobre la validez de los resultados electorales.
Los comicios legislativos que se celebran la próxima semana serán por ello una prueba fundamental. Como advierte un análisis publicado en Political Science Quarterly el pasado septiembre, la preocupación no se limita a quién obtendrá la mayoría parlamentaria, sino también a si los comicios se desarrollarán en condiciones plenamente justas y si sus resultados serán respetados.
Europa: el espejo que preferimos no mirar
Europa no puede contemplar estos acontecimientos con la tranquilidad de quien observa un problema ajeno. El informe sobre la democracia de V-Dem de 2026 identifica siete Estados miembros de la Unión Europea afectados por procesos de autocratización, además de el Reino Unido y Estados Unidos. Entre los países incorporados a esa tendencia figuran Italia, Croacia, Eslovaquia y Eslovenia.
El caso de Hungría, durante el prolongado liderazgo de Viktor Orbán, constituye una referencia especialmente ilustrativa. La progresiva concentración del poder, las interferencias en la independencia judicial, las limitaciones al pluralismo informativo y las modificaciones de las reglas electorales muestran cómo puede mantenerse la apariencia de normalidad democrática mientras se alteran sus condiciones esenciales. La experiencia húngara ha demostrado, además, las dificultades de la Unión Europea para responder eficazmente cuando uno de sus gobiernos cuestiona los principios que fundamentan la propia organización.
Pero no se trata solamente de Hungría. Italia, Eslovaquia y otros países europeos muestran tensiones relacionadas con la independencia judicial, la libertad de prensa, la protección de las organizaciones civiles y el respeto a los mecanismos de control. El informe de 2026 de la Comisión Europea sobre el Estado de derecho examina precisamente estas cuestiones en los 27 Estados miembros. La justicia, la lucha contra la corrupción, el pluralismo informativo y los contrapesos institucionales son los cuatro pilares fundamentales de su evaluación. La conclusión es preocupante porque ninguna democracia europea dispone de inmunidad estructural frente a la erosión institucional.
El populismo y la crisis de representación
Sería una respuesta muy superficial atribuir todos estos problemas a la expansión de la extrema derecha. La crisis de representación tiene raíces más profundas y responsabilidades distribuidas, que han alimentado el descontento, la desigualdad económica, la precariedad laboral, la pérdida de expectativas de las clases medias, las dificultades de acceso a la vivienda, el deterioro de los servicios públicos y la percepción de que las élites políticas viven alejadas de los problemas cotidianos. Y cuando los partidos tradicionales no ofrecen respuestas convincentes, prosperan los movimientos que prometen soluciones inmediatas, identifican enemigos y presentan las instituciones como obstáculos para la materializacion de la voluntad popular.
El populismo explota la flagrante contradicción existente en el seno de las democracias que, aunque reconocen formalmente la igualdad política, no logran evitar que muchos ciudadanos experimenten desigualdades económicas y sociales que limitan su capacidad efectiva de participar en la vida pública.
Frente a esa paradoja, la respuesta no puede consistir en sustituir el pluralismo por el liderazgo personalista. La voluntad de la mayoría es imprescindible, pero no ilimitada. Una democracia auténtica también protege a las minorías, garantiza derechos que no dependen de los resultados electorales y establece límites al poder de los gobernantes.
En este punto, resulta especialmente útil recordar el pensamiento de Jürgen Habermas (Facticidad y validez, 1992). Su concepción de la democracia deliberativa recuerda que la legitimidad política no procede exclusivamente del recuento de votos, sino también de la existencia de un espacio público libre donde las decisiones puedan discutirse, cuestionarse y justificarse.
La evolución estadounidense plantea a Europa un desafío que es simultáneamente político, institucional y geoestratégico.
En primer lugar, debe reforzar sus mecanismos de protección del Estado de derecho. No basta con elaborar informes anuales y formular recomendaciones. La Comisión y el Consejo necesitan instrumentos efectivos para reaccionar ante vulneraciones persistentes, sin aplicar criterios partidistas ni excepciones interesadas.
En segundo lugar, es imprescindible proteger la independencia judicial, el pluralismo de los medios de comunicación y la autonomía de las instituciones de supervisión. La libertad de prensa y la independencia de los tribunales no son privilegios corporativos, son garantías de los ciudadanos frente a los abusos del poder.
En tercer lugar, la democracia debe recuperar capacidad de respuesta social. No puede limitarse a defender sus procedimientos mientras se desentiende de las condiciones materiales de la vida de los ciudadanos. La vivienda, la educación, la sanidad, el empleo digno y la reducción de las desigualdades son también componentes de su legitimidad.
Finalmente, Europa necesita mayor autonomía estratégica. Thomas Carothers, investigador de Carnegie Endowment, ha advertido de que el retroceso democrático estadounidense puede debilitar su influencia internacional, la confianza de sus aliados y la continuidad de sus compromisos exteriores. Una democracia institucionalmente debilitada también puede convertirse en un socio internacional menos previsible.
Defender la democracia antes de que sea demasiado tarde
La historia europea del siglo XX demuestra que las instituciones democráticas pueden desaparecer con una rapidez inusitada mientras funcionan con aparente normalidad. Consecuentemente, la lección a aprender no consiste en establecer equivalencias entre situaciones históricas diferentes, sino en comprender que ninguna conquista política es irreversible.
Estados Unidos y Europa afrontan circunstancias distintas, pero comparten una misma responsabilidad: impedir que la competencia electoral se transforme en una lucha por apropiarse permanentemente del Estado.
La democracia exige alternancia, controles, derechos, pluralismo y aceptación de la derrota. También necesita dirigentes dispuestos a reconocer que el adversario político no es un enemigo de la nación y que ganar unas elecciones no significa recibir un cheque en blanco.
El mayor peligro no es que las democracias elijan gobiernos conservadores, progresistas o populistas. Es que esos gobiernos, cualquiera que sea su orientación, pretendan modificar las reglas para perpetuarse en el poder.
La democracia no muere necesariamente cuando dejan de celebrarse elecciones. Puede empezar a extinguirse cuando las elecciones siguen celebrándose, pero dejan de garantizar que todos tengan las mismas posibilidades de competir y que el poder pueda perderse. Esa es la advertencia que llega hoy desde Estados Unidos y que Europa debería escuchar antes de que resulte demasiado tarde.
