Lecciones que convendría aprender

En un contexto europeo –y universal– cada vez más convulso, cuando los discursos de odio y los ataques racistas se extienden con incomprensible impunidad, el Reino Unido ofreció el pasado verano una respuesta inusualmente firme ante una oleada de disturbios provocados por grupos ultraderechistas. Frente a la cadena de ataques planificados contra migrantes, especialmente de comunidades musulmanas, el gobierno británico y la sociedad civil desplegaron una combinación de iniciativas que lograron frenar el avance de la violencia. Aunque fuese imperfecta, esta respuesta ofrece una lección valiosa: además de discursos, el freno al odio reclama actuaciones múltiples, audaces y coordinadas.

Como recordaremos, el detonante de los disturbios fue el ataque perpetrado con arma blanca contra unas niñas en un estudio de baile de Southport (Merseyside). Los disturbios duraron del 30 de julio al 5 de agosto, se extendieron por varias ciudades y fueron alimentados por la desinformación en línea, que aseguraba erróneamente que el atacante era un musulmán solicitante de asilo.

La reacción del gobierno británico, liderado por el primer ministro Keir Starmer, fue inmediata. Ante el riesgo de que los disturbios se extendieran –como ocurrió en el pasado en ciudades como Rotherham o Dover– el Estado se puso en acción y se adelantó a los violentos con una política de tolerancia cero. Se desplegaron miles de agentes en puntos calientes de las islas británicas mientras Starmer transmitía un mensaje inequívoco: «Si participáis en estos ataques, os arrepentiréis. Sentiréis toda la fuerza de la ley».

No fue una amenaza vacua. El Ministerio de Justicia habilitó circuitos de juicios rápidos y designó a un centenar de fiscales adicionales para que los procedimientos no se dilataran. En cuestión de días, cientos de personas fueron detenidas y procesadas, muchas de ellas condenadas a prisión inmediata. La intervención se percibió no solo como un acto de autoridad, sino como una señal clara de que el monopolio legítimo de la violencia pertenece al Estado, jamás a bandas extremistas.

Esta decidida –y eficaz– actuación contrasta con lo acontecido en otros países europeos. En España, por ejemplo, recientes y similares disturbios, como los vividos en Torre Pacheco, no se están saldando con la misma celeridad y contundencia penal. La impunidad con que hasta ahora han actuado los instigadores y protagonistas de estos delitos xenófobos y racistas ha sido el principal caldo de cultivo para que los movimientos ultraderechistas se sientan legitimados. Y es que, como advierte el criminólogo británico Anthony Bottoms, «la ley no solo castiga: también comunica. Cuando el Estado es tibio ante el odio, se vuelve cómplice por omisión» (British Journal of Criminology, 2020).

La eficacia del Estado se vio reforzada muy significativamente por la movilización ciudadana. No solo participaron en ella las organizaciones antifascistas o los partidos progresistas; también lo hicieron los sindicatos, asociaciones religiosas, comunidades migrantes y colectivos vecinales, que actuaron como auténticas barreras humanas frente a los agresores. En Cardiff, por ejemplo, media docena de extremistas que intentaban acosar en una mezquita se vieron rodeados por 400 personas que respondieron pacíficamente. En Bristol, más de 25.000 ciudadanos se congregaron para proteger un hotel donde vivían decenas de refugiados, tras circular rumores de una «caza» organizada por grupos xenófobos. El periodista de The Guardian Owen Jones sintetizó en una frase la estrategia: «Los antifascistas no ganan porque griten más, sino porque demuestran que son muchos más y que tienen legitimidad moral para defender la convivencia».

Esta movilización me parece esencial para hacer frente a la narrativa ultra. Evidencia que el Estado no está solo frente a los intransigentes. Al contrario, cuenta con la sociedad civil organizada, lo que demuestra que la defensa democrática puede y debe ser compartida. Además, esta activación de la participación ciudadana constituye una auténtica vacuna ética: cuando los ciudadanos se ponen en pie frente a la injusticia, se activa una pedagogía pública que ninguna campaña institucional logra igualar.

Diversos analistas coinciden en señalar que, pese al éxito táctico y la ejemplaridad de su inmediatez, la respuesta que dio el Reino Unido a la violencia racista y xenófoba no atacó la raíz del problema. La islamofobia estructural, la criminalización de los migrantes, el racismo institucional y la exclusión socioeconómica siguen alimentando las bases sobre las que florecen los brotes violentos.

La Race Equality Foundation, en su informe Understanding the Racist Riots of 2024 and what should be done (mayo de 2025) ha advertido que «las intervenciones policiales, si no van acompañadas de cambios estructurales, corren el riesgo de ser solo cortafuegos temporales». Las políticas migratorias restrictivas, los discursos que equiparan migración con amenaza y la pobreza acumulada en barrios racializados han mantenido intactas las condiciones que provocaron los disturbios que, obviamente, podrían repetirse. Ello no resta valor a la actuación judicial desplegada, pero a la vez evidencia que la firmeza no puede sustituir a la justicia social. De lo contrario, se corre el riesgo de que la represión sea selectiva y termine afectando desproporcionadamente a los sectores más vulnerables.

El caso británico demuestra que la pasividad institucional no es una fatalidad inevitable. Europa puede —y debe— actuar con decisión para frenar el ascenso ultra mediante un modelo dual que combine la intervención rápida y proporcional del sistema judicial y policial, sin vacilaciones, ni excusas políticas, y el reforzamiento del tejido comunitario para que defienda valores democráticos desde abajo, promoviendo la diversidad y la reacción colectiva frente al odio. Ambas dimensiones se refuerzan mutuamente. Donde el Estado actúa pero la sociedad se encoge, la legitimidad del orden se erosiona. Donde la sociedad se moviliza pero el Estado es cómplice o indiferente, la frustración puede derivar en caos o autodefensa.

Como dice Hannah Arendt, «la libertad comienza allí donde los hombres se levantan juntos y dicen: esto no puede pasar» (La condición humana, 1958). En el verano de 2024, en algunas ciudades del Reino Unido, esa libertad cobró forma con policías en las calles, jueces en los tribunales y ciudadanos de a pie en los portales de las casas y las instituciones.

Obviamente, la experiencia británica no es perfecta ni exportable sin matices. Pero deja una enseñanza clara: el odio no se detiene solo con declaraciones simbólicas. Se detiene con voluntad política, con leyes justas y aplicadas, con estructuras sociales sólidas y con una ciudadanía que no acepta la barbarie como paisaje.

Europa, especialmente en tiempos de retrocesos democráticos y auge de movimientos extremistas, necesita recuperar el músculo cívico. Porque si no somos nosotros quienes trazamos la línea roja, otros lo harán. Y lo harán más cerca del abismo.

 

Dormir a partir de los 60

A medida que cumplimos años, muchas personas empezamos a notar que las noches no son tan largas ni tan placenteras como lo fueron tiempo atrás. Despertarse varias veces o dar vueltas en la cama de madrugada, con dificultades para conciliar el sueño, se convierte en algo habitual, alimentando la sensación de que «dormir bien» es un privilegio reservado para los jóvenes. Sin embargo, el psicólogo experto en sueño Merijn van de Laar (Universidad de Maastricht) ofrece una mirada distinta. Según él, para dormir mejor en la madurez y en la vejez debemos replantearnos las expectativas.

Diversos estudios respaldan lo que, como decía, muchos percibimos experimentalmente: el sueño tiende a cambiar con la edad. Según datos de la Sociedad Española de Neurología, a partir de los 60 años disminuye el tiempo en que dormimos profundamente, esa fase crucial para la recuperación física y mental. Mientras un adolescente pasa entre el 90 y el 95 % del tiempo que permanece en la cama realmente dormido, una persona de 70 años apenas alcanza el 80 %. Van de Laar (Cómo dormir como un cavernícola, 2025) considera que esto no debe interpretarse, sino aceptarse como una realidad inevitable, asegurando que «el problema no es tanto que dormimos menos, sino cómo interpretamos esa diferencia». Para él, gran parte del malestar de los mayores en torno al sueño proviene de expectativas poco realistas: queremos dormir como si tuviésemos 20 años, incluso cuando nuestro cuerpo tiene otras necesidades. En su opinión, «las personas mayores que hemos perdido la esperanza de volver a dormir bien deberíamos preguntarnos si nuestras expectativas no son, simplemente, demasiado altas».

De ahí la importancia de cambiar el enfoque mental. Más allá de los factores biológicos —como la reducción de melatonina o los «microdespertares»—, el componente psicológico tiene un peso inmenso. Van de Laar insiste en que la ansiedad anticipatoria (esa preocupación que comienza incluso antes de acostarse) sabotea el descanso. «Si entras en la cama pensando ‘hoy tampoco voy a dormir bien’, es muy probable que eso suceda. El cuerpo está en alerta, los niveles de cortisol suben y el sueño, que es un proceso natural, se vuelve esquivo». Y por eso propone un giro radical: dejar de obsesionarse con las horas exactas y enfocarse en la calidad subjetiva. En vez de preguntarnos: «¿He dormido ocho horas?», preguntémonos «¿Me siento razonablemente descansado para afrontar el día?». Este pequeño cambio de perspectiva puede aliviar la presión y, sorprendentemente, facilitar un sueño más reparador.

Los expertos en medicina del sueño ofrecen consejos concretos que pueden marcar la diferencia, especialmente para quienes sienten que ya han probado «de todo» sin éxito. El primero de ellos es ajustar el horario sin miedo. A menudo se da por sentado que lo ideal es dormir ocho horas seguidas por la noche. Pero a partir de cierta edad, el cuerpo puede preferir acostarse más temprano y levantarse también antes, resistirse a ese cambio solo añade frustración. Si descubrimos que nos da sueño a las 22:00 h, permitámonos acostarnos a esa hora. Del mismo modo, si nos despertamos a las 5:30 h sintiéndonos bien, en lugar de torturarnos intentando dormir una hora más, aprovechemos ese tiempo para leer o hacer alguna actividad tranquila.

La segunda recomendación es evitar dormir a la fuerza. Intentar hacerlo por obligación es contraproducente. El sueño no es algo que se pueda forzar, como disponerse a caminar o a leer un libro. Es un proceso involuntario, que sobreviene cuando el cuerpo y la mente están listos. De modo que si tras 20 o 30 minutos en la cama no se logra dormir, lo que conviene es levantarse y hacer algo relajante, con luz tenue, intentándolo de nuevo cuando el sueño reaparezca.

Como se ha insistido en el ámbito de la psicología, el cerebro adora la rutina. Y a ello apunta la tercera sugerencia: activar un «ritual» previo —como leer un libro impreso, escuchar música tranquila o practicar la respiración lenta— puede actuar como una señal clara de que el día termina y es hora de ralentizarse. Además, es importante reducir la luz azul de las pantallas (móviles, tabletas o TV) al menos una hora antes de dormir porque suprime la melatonina (hormona reguladora del sueño).

La cuarta propuesta atañe a algo casi sagrado en nuestro país: la siesta. Si es breve suele ser reparadora; de hecho, Van de Laar recomienda limitarla a 20–30 minutos, pues dormir más tiempo puede restar sueño nocturno y alterar el ritmo circadiano.

Quizá el consejo más valioso que nos proporciona este experto es esta quinta proposición: mantener expectativas realistas. «El objetivo no debe ser volver a dormir como a los 20 años, sino encontrar un patrón que permita sentirse funcional y con energía». Con la edad, un sueño más ligero es normal. Lo importante es que sea suficiente para asegurar el bienestar.

Como subrayan los especialistas, dormir bien no depende solo de lo que ocurre en la cama. La actividad física regular —preferiblemente por la mañana o por la tarde temprano— contribuye a un mejor descanso. De idéntico modo, una alimentación equilibrada y el manejo del estrés son aliados fundamentales del buen dormir. Como remarca Van de Laar, los problemas de sueño suelen ser multifactoriales: «No es solo el cerebro ni solo el cuerpo. Es un ecosistema en el que intervienen hábitos, emociones, enfermedades crónicas y el propio envejecimiento». Por eso, si el insomnio persiste o interfiere gravemente en la calidad de vida, se recomienda consultar a un profesional para descartar causas médicas subyacentes como la apnea del sueño, la depresión o los efectos secundarios de algunos fármacos.

En suma, dormir bien en la madurez y en la vejez implica aceptar que el cuerpo cambia, pero también confiar en que podemos mejorar el descanso con pequeños ajustes. La clave está en dejar de confrontarnos cada noche con los patrones juveniles y optar por valorar el descanso en términos de bienestar general. Muchas veces la verdadera solución es mental: dejar de luchar contra el insomnio y permitir que el sueño vuelva cuando esté listo. Dormir parece que es, en definitiva, un arte que se ejercita esencialmente practicando dos grandes virtudes: la paciencia y la autocompasión.

Centralización informativa y dinámicas de poder

Desde hace algunos años, el concepto de «licuadora mediática de Madrid» ha cobrado relevancia en los estudios sobre comunicación y política en España en tanto que metáfora para describir la concentración del poder mediático, político y económico en la capital del Estado. Con esta expresión se alude al proceso mediante el cual la pluralidad territorial, social y cultural española es procesada por los grandes medios de comunicación con sede en Madrid, generando narrativas homogeneizadas que tienden a invisibilizar o simplificar la complejidad de las periferias. El término «licuadora mediática» ilustra perfectamente cómo se diluyen las especificidades territoriales y culturales en favor de relatos generalistas construidos desde la capital, reforzando un hipotético imaginario centralista. Este fenómeno arraiga hondamente en varios factores estructurales.

El primero de ellos es la concentración empresarial y mediática. Los principales conglomerados de comunicación del Estado (Prisa, Atresmedia, Mediaset, Vocento y Unidad Editorial) tienen su sede en Madrid, lo que genera una lógica informativa que prioriza intereses, agendas y perspectivas con epicentro en la capital. A ello se suma la centralidad política e institucional, pues la villa y corte alberga el Congreso, el Senado, los ministerios y los principales tribunales, constituyéndose en un nodo informativo de alta densidad que estructura la jerarquía de las prioridades mediáticas. Adicionalmente, desde Madrid se construyen marcos interpretativos hegemónicos que, bajo la retórica del «interés general» o de la «cohesión nacional», legitiman el tratamiento uniforme de problemáticas con incuestionables componentes y sesgos diferenciales, según qué territorios.

Entre las principales fortalezas de este modelo centralizado destaca su solidez institucional y económica. La concentración de las sedes corporativas y de la inversión publicitaria en la capital asegura el sostenimiento financiero de estos grupos, consolidando su posición de preeminencia a la hora de definir la agenda informativa. Así mismo, el modelo goza de una alta capacidad de fijación de agenda (agenda setting), es decir, de influir en la importancia que el público da a ciertos temas, que son priorizados en Madrid y replicados por los medios regionales para evitar quedar al margen del ciclo informativo dominante, lo que genera un efecto cascada que consolida una narrativa común de alcance estatal, con menoscabo de los enfoques autonómicos y locales. Además, el discurso emanado de esta «licuadora» se beneficia del recurso a símbolos e ideas que apelan a la unidad, a la estabilidad o a la modernización, facilitando su aceptación y reforzando la marginalización de otras narrativas alternativas.

Sin embargo, no todo son ventajas en un modelo aquejado simultáneamente de vulnerabilidades significativas. Por un lado, en amplias zonas del territorio nacional está muy deteriorada su credibilidad, especialmente en aquellas comunidades con identidades lingüísticas o culturales diferenciadas, que perciben y rechazan el sesgo informativo y el déficit de representatividad presentes en muchos de los relatos construidos en Madrid. Por otro, la fragmentación derivada de la digitalización ha propiciado la emergencia de medios, cooperativas periodísticas y espacios comunitarios que disputan el monopolio narrativo a la gran prensa madrileña. Esta pluralidad incrementa el volumen de voces alternativas, aunque debe reconocerse que también contribuye a potenciar la formación de burbujas informativas y a los fenómenos de desinformación. Asimismo, la propia diversidad estructural del Estado español, caracterizada por la pluralidad lingüística, cultural y socioeconómica, dificulta la imposición sostenida de un relato único, generando tensiones que desnudan y cuestionan las limitaciones de la lógica homogeneizadora.

Diversos trabajos académicos y enfoques de política pública han propuesto estrategias para contrarrestar los efectos centralizadores de la «licuadora mediática». Una primera línea pasa por el fomento de medios locales, autonómicos y comunitarios, a través de incentivos fiscales, ayudas específicas o marcos normativos que garanticen la viabilidad de proyectos periodísticos que representen las realidades periféricas. Otra vía es la revisión de los criterios de descentralización en RTVE, dotando de mayor autonomía a sus delegaciones territoriales y asegurando cuotas de producción que reflejen la diversidad cultural y lingüística del Estado. También resultan clave los programas de alfabetización mediática para fortalecer la capacidad crítica de la ciudadanía de cara a identificar sesgos, estrategias retóricas y omisiones en los discursos mediáticos. Por último, el uso estratégico de plataformas digitales y redes sociales permite generar contra-narrativas que visibilicen temas invisibilizados por los grandes medios y contribuyan a fortalecer los vínculos comunitarios.

En resumen, la «licuadora mediática de Madrid» constituye un fenómeno complejo que sintetiza las dinámicas de poder inherentes a los sistemas de comunicación contemporáneos en contextos plurinacionales. Si bien su fortaleza se apoya en la concentración empresarial y en la centralidad política, las tensiones derivadas de la pluralidad social, junto con los cambios tecnológicos, abren espacios para repensar el mapa mediático español.

Superar este modelo no implica cuestionar la importancia de Madrid como capital política y económica, sino avanzar hacia políticas y prácticas comunicativas que garanticen una representación más equilibrada y fiel del conjunto del Estado, en consonancia con principios constitucionales y democráticos de pluralidad y participación. No es nada sencillo atreverse a construir un ecosistema mediático que reconozca la diversidad como un valor estructural, asegurando que ninguna voz quede subsumida por la lógica homogeneizadora de la licuadora mediática madrileña. Bien al contrario, supone un desafío colosal. Pero entiendo que merece la pena intentarlo, ¿o no?

 

Sobre las conductas y actitudes de los políticos

Desde un enfoque ético de la política, los militantes y gobernantes progresistas están sujetos no solo a las restricciones legales, sino también a los deberes morales que derivan de los principios universales de la ética pública y de los compromisos específicos del progresismo, en concreto: la defensa de la igualdad, la justicia social, la solidaridad y la promoción activa de los derechos humanos. De modo que ciertas conductas y actitudes resultan moralmente inadmisibles para quienes militan en una organización inspirada en un ideario de progreso. Y todos lo saben.

Los principios fundamentales que deben inspirar los quehaceres de estos políticos son básicamente la promoción de la equidad distributiva y el compromiso con la justicia y con la igualdad. John Rawls, en su Teoría de la justicia, argumenta que «las desigualdades sociales y económicas han de ser estructuradas de manera que beneficien a los menos aventajados» (Rawls, 1979, p. 88). Esto implica que los políticos progresistas incurren en una transgresión moral cuando sus conductas contribuyen a perpetuar o agravar las desigualdades, pues tienen moralmente vedado hacer políticas que favorezcan a los grupos privilegiados a expensas de los más vulnerables.

Así pues, la indiferencia ante la pobreza o la marginación es, por tanto, una actitud moralmente reprochable. Como señala Amartya Sen en Desarrollo y libertad, «la expansión de las libertades humanas es tanto el fin principal como el medio primordial del desarrollo» (Sen, 2000, p. 36). De modo que un político progresista que ignora la ampliación efectiva de las capacidades básicas para quienes integran los sectores postergados incurre en una contradicción ética con su ideario.

Son también conductas moralmente prohibidas el desprecio y el trato injusto hacia quienes tienen opiniones diferentes, es decir, no son admisibles la práctica de la intolerancia y el menosprecio del pluralismo. Los progresistas deben adherirse inequívocamente a la idea del respeto activo por la diversidad, no solo étnica o cultural, sino también ideológica. Al respecto, Rawls subraya el valor del «pluralismo razonable», indicando que en una sociedad libre es natural que existan distintas concepciones del bien (Rawls, Liberalismo político, 1995, p. 64). Por tanto, un político reformista no puede permitirse actitudes sectarias que persigan, silencien o marginen las voces disidentes mediante la estigmatización o el uso del poder para ejercer la censura.

De igual forma, Norberto Bobbio advierte en El futuro de la democracia (1984) que la democracia —y, por ende, el progresismo comprometido con ella— exige «el reconocimiento del derecho del adversario a existir» (Bobbio, 1984, p. 35). Así, la descalificación moral sistemática del oponente, sin apertura al diálogo ni disposición para la deliberación, es incompatible con la ética progresista.

Una conducta especialmente reprobable desde el punto de vista moral para cualquier político, pero especialmente para los políticos reformistas, es tratar a las personas como simples medios para conseguir fines de poder. Kant, en su imperativo categórico, señala que debemos actuar de modo que «la humanidad, tanto en lo que atañe a nuestra persona como a la de cualquier otro, siempre debe ser tratada al mismo tiempo como un fin y nunca simplemente como un medio» (Kant, Fundamentación de la metafísica de las costumbres, 1785; edición española 2007, p. 42).

Desde esta perspectiva, las prácticas clientelares, la manipulación de necesidades básicas o la utilización de los ciudadanos como meros instrumentos electorales constituyen evidentes violaciones éticas. Además, la corrupción —con la que se desvían para el interés particular recursos públicos que deberían aplicarse a atender las necesidades colectivas— supone para un político progresista una grave traición moral, inadmisible en quien aspira por definición a mejorar la condición de los más desfavorecidos. Como asegura Bobbio (Estado, gobierno y sociedad, 1986), la corrupción destruye los fundamentos morales de la política democrática al sustituir «la búsqueda del bien común por el interés particular» (Bobbio, p. 191).

Aunque el progresismo suele invocar un rol activo del Estado para corregir las desigualdades, ello no justifica la adopción de actitudes paternalistas que mediaticen o anulen la autonomía de los ciudadanos. En Women and Human Development: The Capabilities Approach, Martha Nussbaum destaca que la justicia debe orientarse a «crear condiciones para que los ciudadanos (especialmente las ciudadanas) puedan elegir y sacar adelante un plan de vida valioso según su propio juicio» (Nussbaum, 2000, p. 85).

De manera que el político progresista que impulsa políticas diseñadas sin la participación ni la consulta a las comunidades afectadas, o el que impone visiones del bien sin dejar espacio para su deliberación y autodeterminación por parte de los afectados, incurre en un grave vicio moral, pues carece de legitimidad para sustituir la agenda ciudadana por una tutela vertical, incluso cuando sus fines sean virtualmente humanitarios.

Por otro lado, las actitudes hipócritas son especialmente dañinas cuando las adoptan los políticos reformistas. Como señala Michael Walzer en Interpretation and Social Criticism (1987), la autoridad moral del político que aspira a liderar un cambio de progreso depende en gran medida de su congruencia personal con los valores que predica. Si exige sacrificios o disciplina fiscal a los ciudadanos mientras él mismo vive en el lujo o se beneficia de privilegios inadecuados, incurre en una falta moral severa, que aquellos le reprocharán duramente. Lo que decimos conecta con la idea clásica de la virtud cívica. Aristóteles ya sostenía en Ética a Nicómaco que la excelencia moral implica actuar de acuerdo con principios justos y no solo proclamarlos. Para un político progresista, la incoherencia entre su vida privada y su conducta pública erosiona su legitimidad ética.

Finalmente, la falta de rendición de cuentas y la opacidad constituyen conductas moralmente inaceptables para cualquier demócrata, y muy especialmente para un progresista, cuyo proyecto se formula habitualmente en nombre del interés general. Hannah Arendt recuerda en La política tiene que ver con la libertad (1958) que el espacio público es el ámbito de la palabra y la acción transparente ante los demás. Ocultar información relevante o engañar deliberadamente a la ciudadanía para proteger intereses propios supone una violación de un deber moral básico. Para ella, la verdadera libertad solo puede existir y manifestarse en el ámbito público a través de la acción y la deliberación conjunta de los ciudadanos.

De modo que podemos concluir en que para los políticos progresistas existen conductas y actitudes radicalmente prohibidas en virtud de su compromiso moral con la igualdad, la justicia, el pluralismo y la dignidad humana. Entre ellas, perpetuar o agravar injusticias estructurales; incurrir en el sectarismo y el rechazo del pluralismo; instrumentalizar a las personas mediante el clientelismo o la corrupción; adoptar o defender paternalismos que anulen o limiten la autonomía de las personas; practicar un doble rasero en la vida privada y en los comportamientos públicos; y eludir la responsabilidad mediante la opacidad y el engaño.

Si bien estos límites son imperativos morales generales a los que no debieran quitar ojo cuantos integran la clase política, quienes suscriben los idearios progresistas deben observarlos con especial rigor y respetarlos con la más tenaz exigencia. El desafío ético que tienen todos los políticos, y especialmente quienes defienden opciones de progreso, rebasa el postureo que representa la proclamación retórica de los valores emancipadores. Bien al contrario, el reto que tienen es adoptarlos y practicarlos responsablemente en su vida cotidiana y en sus desempeños públicos. Me parece que es el camino más recomendable para recuperar poco a poco la confianza de los ciudadanos.

¿Una generación perdida para la democracia?

En las últimas décadas, el mundo occidental ha presenciado un fenómeno inquietante: el auge del voto joven hacia opciones políticas extremas o populistas, especialmente de derecha radical. Una generación que debía recoger el testigo de la democracia liberal parece estar dándole la espalda. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué tantos jóvenes, que crecieron en sociedades libres, muestran simpatías por líderes que cuestionan las instituciones, los contrapesos y los derechos fundamentales? Y lo más importante, ¿puede evitarse que esta sea una generación perdida para la democracia?

Los datos son contundentes. En Polonia, la Confederación –partido ultraliberal en lo económico y ultraconservador en lo social– se convirtió este mismo año en la primera fuerza entre los hombres menores de 30 años, rozando el 28% del voto. En Francia, Marine Le Pen superó el 36% entre los menores de 35 en las elecciones parlamentarias de 2024, consolidando su liderazgo entre un electorado que antes le había sido esquivo. En Alemania, Alternativa por Alemania (AfD) es líder con diferencia en varios länder del este entre los varones de 18 a 29 años. Incluso en España, donde el fenómeno ha estado más atenuado, Vox obtiene porcentajes significativos entre hombres jóvenes de 25 a 34 años, que últimamente van al alza, sobre todo en zonas rurales o con alto desempleo.

Este vuelco generacional no se explica solo por una supuesta «rebeldía natural» de la juventud frente al statu quo. En realidad, me parece que es el resultado de un cóctel peligroso en el que se combinan precariedad, desafección institucional, miedo al futuro y una oferta política tradicional que no parece responder a sus problemas y demandas. Como advierte Yascha Mounk, politólogo de Harvard, «estamos ante una generación que, por primera vez en muchas décadas, no da por sentada la democracia. Muchos jóvenes creen que podrían vivir igual o incluso mejor bajo un régimen autoritario». Esta alerta no es producto de la especulación, se basa en datos. Así, la generación nacida después de 1990 ha sufrido la gran recesión de 2008, la pandemia de 2020 y en los últimos años la incertidumbre geopolítica y climática. Todo ello en un contexto mediatizado por un mercado laboral extremadamente hostil para los jóvenes, con contratos temporales, bajos salarios y retraso crónico en la emancipación. En España, por ejemplo, la edad media para abandonar el hogar familiar supera los 30 años, que es la más alta de Europa junto con Italia.

Ante este panorama, muchos sienten que la democracia incumple lo que promete. Constatan la lentitud e ineficiencia de las instituciones, visualizan los partidos tradicionales salpicados por la corrupción o el clientelismo e inmersos en escándalos que alimentan la idea de que la política solo sirve a unos pocos, que casi siempre son los mismos. Se abona así el terreno para que medren los discursos simplistas que identifican a un enemigo claro —inmigrantes, burócratas de Bruselas, «progres globalistas»— y prometen soluciones expeditivas. La facilidad con que estos mensajes circulan en las redes sociales, aderezados con formatos breves y emocionales, multiplica su alcance sin sometimiento a filtros críticos. La politóloga Pippa Norris, en su obra Cultural Backlash: Trump, Brexit, and Authoritarian Populism (Cambridge University Press, 2019), lo resume bien: «La erosión de la confianza institucional es el combustible que alimenta el populismo autoritario».

Pero el problema no se circunscribe a la vertiente electoral. Encuestas recientes del Eurobarómetro revelan que más del 35% de los europeos menores de 30 años verían con buenos ojos un «líder fuerte que no tenga que preocuparse por el parlamento ni por las elecciones». En España, uno de los últimos barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) recoge un preocupante repunte de la simpatía hacia la idea de un gobierno «duro», especialmente entre quienes más sufren la precariedad. El peligro es claro: se normalizan las opciones autoritarias como algo aceptable, e incluso deseable. Y convendría recordar que, como afirma el historiador Timothy Snyder, «la democracia muere primero en la mente de quienes dejan de creer que tiene futuro» (On Tyranny: Twenty Lessons from the Twentieth Century, Tim Duggan Books, 2017).

Sin embargo, sería profundamente injusto cargar toda la responsabilidad en los jóvenes. Ellos son el síntoma, no la causa de lo que sucede. Durante años, se prometió que el esfuerzo que se pedía a la ciudadanía traería estabilidad y bienestar. La realidad ha sido distinta. Muchos jóvenes europeos trabajan por sueldos que no les permiten independizarse ni conformar un proyecto vital. Se enfrentan a alquileres desorbitados y sienten que, pese a estar más formados que las generaciones anteriores, están condenados a vivir peor. Para ellos, la democracia no ha sido garante de la igualdad de oportunidades sino más bien un sistema que perpetúa la incertidumbre.

No cabe duda de que, para revertir esta deriva, se precisa bastante más que retórica antifascista o apelaciones morales a los valores democráticos. Es necesario abordar las raíces materiales y psicológicas de tamaño desencanto. Y para ello se necesitan muchas cosas. En primer lugar, acometer políticas activas de empleo joven, con incentivos a la contratación indefinida y un parque de vivienda pública en alquiler que permita a los menores de 35 emanciparse, sin necesidad de destinar para ello el 60% de su salario. En segundo lugar, es imprescindible blindar la educación pública, incluyendo programas robustos de educación cívica y de alfabetización mediática, que proporcionen herramientas para detectar bulos y discursos manipuladores.

Por otra parte, urge que los regímenes democráticos recuperen la capacidad de ilusionar. El europeísmo, por ejemplo, debe ofrecer un proyecto tangible que, entre otros elementos, incluya inversiones verdes que generen empleo de calidad y planes tecnológicos que formen a la juventud y «reindustrialicen» las regiones periféricas. Sin una narrativa positiva, que combine identidad común y prosperidad compartida, los relatos excluyentes y nacionalistas seguirán engordando y llenando ese vacío.

Finalmente, entiendo que es fundamental abrir espacios reales a la participación. No basta con «escuchar a los jóvenes» en foros nacionales e internacionales rimbombantes y efímeros. Sus demandas deben integrarse en presupuestos participativos, debe dárseles voz vinculante en los consejos municipales, deben promoverse listas electorales con candidatos jóvenes con capacidad de incorporar a los programas sus principales preocupaciones y obstinación por defenderlas. Como asegura el filósofo Michael Sandel, Premio Princesa de Asturias 2018, en su libro La tiranía del mérito. ¿Qué ha sido del bien común? (2023), «la democracia solo florece si quienes la habitan sienten que son escuchados, que cuentan, que el bien común también les pertenece».

Porque la democracia no es un sistema automático, ni irreversible. Sobrevive porque cada generación decide renovarla y defenderla. Si no queremos perder a esta generación para el proyecto democrático, debemos actuar con prontitud. Me parece que asegurar a los jóvenes un horizonte vital digno es, en última instancia, la mejor vacuna contra sus inclinaciones hacia el autoritarismo.

Contra la banalización del odio

Hace apenas una década, en España resultaba inimaginable escuchar en un mitin político apelaciones directas a expulsar a inmigrantes legales, prohibir expresiones culturales como el velo islámico o cuestionar el derecho a la nacionalidad de hijos nacidos en el país. Hoy, en cambio, no solo lo escuchamos, lo aplauden miles de personas en plazas abarrotadas. Vox ha pulverizado el último dique de contención que existía en la política española: el rechazo explícito a la xenofobia. Y lo más alarmante es que no lo hace a escondidas ni con eufemismos, lo exhibe con orgullo como si fuera un legítimo programa de gobierno.

Lo hace como reclamando que también en esta materia prime la carpetovetónica excepción ibérica, reivindicando la vigencia de aquel añejo reclamo: Spain is different. Vox ha traspasado límites que ni siquiera partidos de la extrema derecha europea, como la AfD alemana o el RN francés, se han atrevido a franquear tan resueltamente. Connor Mulhern, experto norteamericano en movimientos radicales, subrayaba tiempo atrás lo que estamos comprobando en las últimas semanas: que el partido ultra plantea sin tapujos la deportación de inmigrantes legales y sus hijos, aunque no hayan cometido delitos, algo que supera con creces el marco del populismo antiinmigración habitual. El también politólogo Werner Krause, investigador en la Universidad Humboldt, de Berlín, destaca que la retórica de Vox ha mutado, de hablar de «inseguridad y delincuencia» ha pasado a exhibir una amenaza existencial: un supuesto «reemplazo poblacional» que justificaría medidas extraordinarias. Este giro no es casual, está calculado para sembrar miedo y normalizar supuestas soluciones autoritarias.

Muchos ciudadanos entienden que todo esto no es más que «ruido», que no pasa nada porque es mera retórica electoral, y que la democracia sabrá protegerse de ello. Pero la historia demuestra que la banalización del odio nunca es inocua. Las palabras repetidas, jaleadas y convertidas en memes virales —como la canción «Billete de vuelta», en la que se hace mofa y toma a guasa la expulsión de extranjeros— terminan moldeando percepciones. El ritmo es machacón y la letra elemental y fácil de recordar. Todo en la canción persigue la viralidad: «El avión está esperando. Billete de vuelta, billete de vuelta. No olvides tu maleta...». En el videoclip se suceden imágenes de un equipaje compuesto por machete, pistola y riñonera, con otras de elegantes azafatas de piel blanca esperando a los criminales extranjeros que llenarán el vuelo con destino a «Jovenlandia», es decir, África, el continente al que serán enviados cuando llegue al poder Santiago Abascal, que aparece fumando con aire de tipo duro. Así se legitima la idea de que hay ciudadanos de segunda clase, personas indignas de derechos por su origen, religión o color de piel. Y cuando esto cala, el salto del insulto al ataque físico se produce imperceptiblemente, casi de manera naturalizada.

Lo estamos viendo estos días en Torre Pacheco, donde se han vivido noches de violencia tras manifestaciones ultras que clamaban contra los migrantes. Hubo cargas policiales, heridos y detenidos. ¿Cómo hemos llegado a este punto? La respuesta es tan incómoda como contundente: porque durante años se ha permitido que discursos racistas se filtren en tertulias, en redes y en la política institucional, blanqueados como «preocupación legítima por la inmigración». Ese terreno abonado facilita que hoy se hable sin pudor de «remigraciones masivas» o se cuestione la españolidad de hijos de inmigrantes, por mucho que hayan nacido y crecido aquí.

No podemos engañarnos. Esto no va solo de Vox. Es toda una atmósfera social que tolera, o incluso celebra, la humillación del otro. Algunos medios amplifican titulares alarmistas sobre delitos cometidos por extranjeros, falsos y descontextualizados, carentes del más elemental respaldo probatorio. En las redes sociales, los algoritmos hambrientos de clics premian el contenido más extremo, el que enciende la indignación. Y, mientras tanto, la respuesta institucional —salvo honrosas excepciones— es alicorta y, en el mejor de los casos, se reduce a tibios comunicados de condena.

¿Quién protege a la España real y cotidiana que convive en barrios mixtos, en aulas con niños de decenas de apellidos distintos, en centros de salud donde atienden médicos de Marruecos, Ecuador o Senegal? ¿Quién defiende el principio básico de que la nacionalidad y la ciudadanía son derechos políticos y no un carné étnico? Si permitimos que cale la lógica de que ser español equivale a tener ciertos rasgos físicos, culturales o religiosos, habremos dinamitado el pacto democrático.

Es innegable que existen problemas reales asociados a la inmigración que deben abordarse: concentración excesiva en barrios con pocos recursos, explotación laboral, falta de políticas de integración eficaces, algunos grupos de delincuentes organizados... Pero la solución nunca puede ser convertir a las personas migrantes en chivos expiatorios, ni mucho menos sugerir su expulsión en masa. Eso solo perpetúa el conflicto y la exclusión y, finalmente, acaba desatando la violencia.

El discurso ultra se alimenta del miedo, y lo retroalimenta. Por eso resulta tan rentable políticamente: identifica un enemigo claro y un relato simple. Frente a esa tentación autoritaria, los demócratas —seamos del signo que seamos— tenemos el deber de plantarnos sin ambigüedades. No basta con indignarse en X o dar sermones morales; hay que defender la igualdad y la convivencia con la misma fuerza emocional con que los ultras atacan. Hay que garantizar recursos para que la diversidad funcione, sancionar sin titubeos los delitos de odio y, sobre todo, no ceder terreno cultural ni simbólico: que la españolidad siga siendo un proyecto común abierto y no un feudo identitario para unos pocos.

A lo largo de más de cuarenta años, España ha construido una democracia plural que, con todas sus imperfecciones, nos ha permitido progresar y convivir. Hoy ese legado está en juego. Cada vez que alguien aplaude en un mitin donde se promete expulsar a los «que no comen jamón», como hizo recientemente una diputada ultra, avanzamos un paso hacia un país más sombrío y violento. No podemos permitirlo. La democracia no es solo votar cada cuatro años; es garantizar que todos, sin importar nuestro origen, podamos caminar por la calle con la cabeza alta y el mismo orgullo de pertenecer a este país.

Una última reflexión: cuidado con las palabras, porque nunca son inocuas. Al contrario, tienen poder y consecuencias porque ni son neutrales ni inofensivas. Cada palabra que decimos es susceptible de impactar en las emociones, pensamientos y acciones de quienes la escuchan. Y muchas de las tragedias sufridas por la humanidad a lo largo de los siglos tuvieron su origen en ellas. Las palabras pueden manipular emociones, causar malentendidos y desencadenar conflictos que producen consecuencias desastrosas. El poder de la palabra para influir en las acciones humanas es innegable, y su uso, tanto para el bien como para el mal, puede impactar profundamente en la vida cotidiana y, por extensión, en la historia. Cuidado, pues, con las palabras, especialmente con algunas, como «cacería», «remigración» o «plaga», referidas a determinados seres humanos, que están poniendo de moda algunos políticos, malintencionados y mentirosos compulsivos, expertos en pintar un país que, afortunadamente, no existe más allá de sus calenturientas ensoñaciones. 

Valencia y Texas, o cuando la meteorología aprieta y la política no responde

La devastadora tormenta que azotó Texas las pasadas semanas ha vuelto a poner de relieve una dolorosa paradoja: el cambio climático multiplica los fenómenos extremos justo cuando muchos gobiernos reducen los recursos destinados a prevenirlos y gestionarlos. La catástrofe, que ha dejado decenas de muertos y millonarias pérdidas económicas, resuena al otro lado del Atlántico, igual que lo hizo hace pocos meses en nuestra tierra, cuando sufrió el durísimo embate de la dana que acabó con la vida de 227 personas, dejó un gigantesco rastro de destrucción y puso a prueba la capacidad de respuesta de las administraciones y de la sociedad en general.

A primera vista, Texas y Valencia parecen mundos distintos. Uno, un vasto territorio del sur de Estados Unidos con extensas llanuras y una economía centrada en la energía y la industria. El otro, una región mediterránea con un extraordinario peso del turismo y también de la agricultura. Sin embargo, las tragedias sucedidas en ambos lugares comparten un hilo conductor: el delicado equilibrio entre naturaleza, previsión científica y decisiones políticas que pueden salvar —o costar— vidas.

El reciente temporal en Texas ha sacudido con especial violencia ciudades como Houston y San Antonio. Vientos huracanados y lluvias torrenciales convirtieron calles en ríos, derribaron postes eléctricos y arrasaron barrios enteros. Y lo que es peor, causaron 70 muertos, entre ellos 21 niños, y decenas de desaparecidos. La respuesta de las autoridades locales y federales ha sido rápida en términos de enviar ayudas, pero tardía en la activación de ciertas alertas. Ahí se abre un polémico debate: ¿cuánto influyeron los recortes presupuestarios impulsados por Donald Trump en agencias clave como el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y la FEMA?

Durante su primer mandato, Trump defendió el «adelgazamiento» del Estado que redujo la financiación de numerosos programas, incluidos los destinados a mejorar radares meteorológicos, modelos predictivos y planes de contingencia. Según denuncian expertos estadounidenses, estas medidas debilitaron las infraestructuras que anticipan y coordinan las respuestas ante los eventos extremos, justo en el momento en que el calentamiento global los hace más frecuentes e intensos.

Tras la tragedia, muchos gobernadores y alcaldes republicanos —algunos de ellos antiguos defensores de esos recortes— piden más fondos federales para reconstrucción y futuras previsiones. La contradicción no pasa desapercibida: durante años se minimizó la importancia del cambio climático y se recortó en prevención, pero ahora la factura humana y económica resulta mucho mayor.

Como sabemos, el pasado octubre, la Comunidad Valenciana vivió su propia pesadilla climática. Una dana dejó registros históricos de precipitación, con más de 400 litros por metro cuadrado en apenas unas horas. El desbordamiento de ríos y barrancos anegó decenas de carreteras y polígonos industriales, centenares de viviendas, destruyó cosechas y obligó a evacuar a miles de personas. Es más y peor, acabó con la vida de 227 ciudadanos.

Aunque en España no se habían recortado los servicios meteorológicos de forma tan drástica como en Estados Unidos, en la práctica, algunas administraciones se habían relajado en la implementación de planes de limpieza de cauces y en el mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas, pese a las reiteradas advertencias de la AEMET (Agencia Estatal de Meteorología) sobre la más que probable intensificación de estos fenómenos debido al calentamiento del Mediterráneo.

Tras la dana, el Estado y la Generalitat Valenciana han hecho balance, han habilitado partidas presupuestarias para ayudar a los afectados, para rehabilitar las infraestructuras dañadas y realizar obras de contención y mejoras en los sistemas de alerta, pero los daños son irreversibles. El episodio dejó patente cómo la política estatal, autonómica y municipal —a menudo pendiente de ciclos electorales cortos— tiende a relegar inversiones que solo lucen cuando hay tormenta, pero que son vitales para amortiguar catástrofes.

El paralelismo entre Texas y Valencia no solo reside en la fuerza destructiva de los fenómenos atmosféricos. También se encuentra en la relación esquiva que la política mantiene con la ciencia climática. En ambos casos, los respectivos organismos meteorológicos habían anticipado un aumento de episodios extremos. En Texas, informes federales venían alertando desde hace años de un patrón de tormentas más severas, pero el negacionismo climático dominó parte del debate público y justificó los recortes. En España, aunque hay un mayor consenso político sobre el cambio climático, la falta de mantenimiento en infraestructuras y la urbanización de zonas inundables han multiplicado el riesgo.

Otro punto común son los costes ocultos. La reconstrucción de casas, industrias, comercios, carreteras y redes eléctricas tras una gran tormenta siempre termina siendo mucho más cara que la inversión preventiva. La Agencia Europea del Medio Ambiente ha calculado que cada euro invertido en prevención ahorra entre cuatro y siete euros en la recuperación posterior. Sin embargo, este dato choca con la lógica política a corto plazo, que rara vez premia presupuestar «lo que no se ve».

Mientras tanto, los servicios meteorológicos trabajan con presión creciente. En el caso de Texas, meteorólogos del NWS denunciaron tras la tragedia que la falta de personal y de tecnología de última generación impidió emitir alertas más localizadas y con mayor antelación. En España, la AEMET ha advertido que el incremento de fenómenos violentos exige actualizar tanto los sistemas de predicción como los planes de educación ciudadana. De nada sirve un aviso de nivel rojo si la población desconoce cómo actuar o si los cauces están obstruidos.

Texas y Valencia son solo dos ejemplos recientes de una tendencia global. Desde las inundaciones históricas en Alemania en 2021 (184 víctimas mortales) hasta los incendios descontrolados en Australia y Canadá, el clima extremo se ha erigido en la nueva normalidad. El consenso científico es claro: las temperaturas seguirán subiendo y con ellas la energía disponible para tormentas, lluvias torrenciales o sequías prolongadas.

En consecuencia, la pregunta que surge no es si habrá más catástrofes, sino cómo están de preparados los gobiernos para mitigarlas. ¿Habrá voluntad política para invertir en meteorología, protección civil y adaptación climática, o se volverá a priorizar el ahorro inmediato que termina pagándose mucho más caro en diferido?

Las imágenes de los tejados volando en Texas y las calles de los pueblos valencianos convertidas en ríos de barro deberían servir como recordatorio permanente de que el clima extremo ya está aquí. Por tanto, la prevención no es un lujo, sino una obligación ética y económica. Y requiere algo que escasea a menudo en la política: la visión a largo plazo y el respeto por la evidencia científica.

Quizá dentro de unos años, cuando una nueva gran tempestad azote el Golfo de México o el Levante español, se repita la misma secuencia: condolencias oficiales, titulares indignados, promesas de reforzar infraestructuras… y después, la amnesia colectiva. O quizá —y ojalá— estas tragedias gemelas sirvan de acicate para afianzar una convicción que ya no admite demora: ignorar el clima no nos sale gratis, nos cuesta carísimo.

¿Por qué los pobres votan a las derechas?

Es esta una pregunta que me vengo haciendo recurrentemente desde que tengo conciencia ciudadana. Por más que he estrujado mis neuronas, siempre he encontrado escollos que han impedido que llegase a una conclusión verosímil. Las reflexiones que siguen reflejan mi penúltimo intento para elucidar algo que necesito entender.

Es una evidencia que, en España, el voto popular ha sufrido importantes transformaciones en las dos últimas décadas. Tradicionalmente, el electorado de clase trabajadora y el correspondiente a los segmentos de población con ingresos precarios ha venido siendo patrimonio del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y, en determinados territorios y sectores, de los partidos comunistas y sus disidentes o continuadores. Sin embargo, el reciente auge de las fuerzas de derecha radical (VOX y asimilados) y las importantes bolsas de voto conservador arraigadas en territorios con elevada precariedad socioeconómica, invitan a revisar los supuestos clásicos de la sociología electoral. Me parece que la aproximación a este novedoso fenómeno requiere un análisis multifactorial, que considere dimensiones económicas, culturales, identitarias y políticas.

Durante buena parte del siglo XX, el PSOE y el PCE (posteriormente, IU) mantuvieron fuertes vínculos con el sindicalismo, en especial con UGT y CCOO, que actuaba como correa de transmisión entre demandas laborales y acción política. Sin embargo, a partir de los años 90, se produce un progresivo debilitamiento de la densidad sindical, paralelo a un novedoso proceso de tercerización y fragmentación del mercado laboral español. La emergencia del empleo precario, temporal y con alta rotación —rasgo estructural desde la crisis de 2008— ha dificultado la redefinición y consolidación de identidades colectivas de clase. Este fenómeno, entre otras consecuencias, ha ido produciendo un vacío que los partidos de derecha han sabido aprovechar, presentándose como defensores del «trabajador autónomo», del pequeño empresario o del obrero «esforzado», frente a los supuestos «privilegios» de funcionarios y sindicatos.

Otro factor que entiendo que ha contribuido significativamente al desencanto de los votantes con la izquierda institucional –lo que se ha llamado «fatiga progresista»– es el desgaste de la credibilidad de las opciones de izquierda que, al menos en parte, se debe a los efectos acumulados de las políticas de los gobiernos socialistas que, durante distintas etapas, han implementado recortes o medidas que se han percibido alejadas de los intereses de las clases populares. Especialmente, la gestión de la crisis de 2010-2011, con ajustes que afectaron al gasto social y a los servicios públicos, alimentó la idea de que el PSOE no representaba de forma consistente a los sectores vulnerables.

Por otro lado, la emergencia de Podemos en 2014 canalizó inicialmente ese descontento popular. Sin embargo, las tensiones internas, el agotamiento de la «ilusión rupturista» y las complejidades de la política institucional (concesiones presupuestarias, alianzas necesarias) redujeron buena parte de su atractivo como alternativa transformadora.

Mientras tanto, VOX ha desplegado un discurso centrado en el orden, la unidad nacional y el combate frontal contra la inmigración irregular. En barrios periféricos con alta presión sobre los servicios públicos —como en algunas zonas de Madrid (Usera, Vallecas) o de Barcelona (Nou Barris)— el relato de la «competencia» entre migrantes y autóctonos por ayudas y viviendas sociales ha encontrado un importante eco.

Abundantes estudios cualitativos muestran que la percepción (no siempre sustentada en datos empíricos) de que «los de fuera reciben más ayudas» o «colapsan la sanidad» genera resentimientos que la derecha radical sabe capitalizar. La apelación a la preferencia nacional —«primero los españoles»— constituye un recurso potente en contextos de precariedad material e incertidumbre vital.

Un elemento diferencial del caso español es el peso del conflicto territorial. El procés catalán desde 2012 y la crisis política de 2017-2019 intensificaron el nacionalismo español, reactivando símbolos como la bandera y el orgullo nacional que la derecha (especialmente VOX) integró en su propuesta política. En numerosos cinturones industriales de los extrarradios, poblados por emigrantes nacionales (andaluces, extremeños, castellanos), asentados en Cataluña desde los años 60-70, la defensa de la unidad de España pasó a ser una seña de identidad. Así, sectores obreros que tradicionalmente habían votado PSC, e incluso ICV, se desplazaron hacia opciones constitucionalistas, incluyendo Ciudadanos y posteriormente VOX. Este proceso muestra cómo el eje territorial y la identificación nacional pueden reconfigurar el voto obrero, desplazando el clásico «clivaje» izquierda-derecha de carácter socioeconómico.

El caso de algunos colectivos migrantes que respaldan opciones antiinmigración también tiene su reflejo en España. Estudios locales (especialmente en el cinturón sur de Madrid y en algunas ciudades andaluzas) han mostrado que migrantes latinoamericanos —en particular procedentes de países con alta religiosidad— tienden a identificarse con discursos conservadores en materia de familia, moral sexual o rechazo del islam, factores que pueden llevarlos a simpatizar con partidos de derecha. Este voto, que en principio parece paradójico, responde a lógicas de valores culturales y de diferenciación: se conciben a sí mismos como parte de la comunidad nacional frente a «otros migrantes» recién llegados o de distintas confesiones religiosas.

Por otra parte, la articulación mediática juega un papel central. Espacios televisivos de alto consumo en franjas populares (magazines matinales, tertulias nocturnas) han contribuido a fijar la agenda pública alrededor de temas como la delincuencia asociada a menores migrantes no acompañados (MENAs), generando climas de alarma que habitualmente no se corresponden con las estadísticas criminales.

Simultáneamente, el uso intensivo de las redes sociales por parte de la derecha —con campañas virales, memes y vídeos con alta carga emocional— ha permitido que mensajes simplificados sobre «los okupas», «los manteros» o la «invasión migratoria» se instalen en el imaginario colectivo de sectores populares que consumen intensivamente este tipo de contenidos.

Etiquetar estas decisiones como irracionales o como un «voto contra sus propios intereses» evidencia una deriva con cierto sesgo economicista. La teoría sociológica contemporánea argumenta que el voto se explica por un complejo entramado de preferencias en el que pesan la seguridad, el estatus, la identidad nacional y la percepción del reconocimiento. De manera que, para muchos trabajadores precarizados, la defensa del orden público, la lucha contra la inmigración irregular o el rechazo del independentismo catalán pueden constituir prioridades superiores a la redistribución fiscal.

Así pues, como se ha dicho, comprender por qué sectores empobrecidos, migrantes y trabajadores votan opciones de derecha o de extrema derecha en España implica abandonar las explicaciones unidimensionales. Es preciso abordar el problema desde la perspectiva que ofrece la conjunción de factores estructurales (precarización, vivienda), identitarios (nacionalismo español, valores tradicionales), culturales (percepción de amenazas al modo de vida) y mediáticos (agenda sensacionalista sobre delincuencia y migración).

Entiendo que para revertir esta tendencia la izquierda debe abordar el reto de reformular su relato. Ello le obliga a adentrarse en territorios y asuntos inéditos, y a sintonizar con las preocupaciones cotidianas sobre la seguridad, el empleo y la vivienda, sin olvidar los derechos sociales. Además, esta renovada narrativa debe impregnarla con referencias a la justicia económica, sin olvidar las apelaciones al orgullo popular y a la cohesión comunitaria. Me parece que solo desde estos y otros pronunciamientos afines podrá disputar con eficacia a las derechas el favor de un electorado que, hoy por hoy, parece sentirse más interpelado por las soluciones simplistas que le brinda el conservadurismo.

 

El lado oscuro de Silicon Valley

«La libertad y la democracia son incompatibles» 

(Peter Thiel)

Hace meses que leo y reflexiono sobre el llamado libertarismo, una ideología muy de moda y poco novedosa, pues surgió a mediados del siglo XX. Básicamente, demanda un aparato público reducido, una política económica de laissez faire y un Estado que sea, como dijo una de sus celebridades, «la mejor situación anárquica que cupiera razonablemente esperar». Lo que se pretende es reducir el gobierno a «un tamaño en el que podamos ahogarlo en una bañera», como dijo otra de sus lumbreras. Por un lado, este movimiento nació como reacción al fortalecimiento del Estado tras la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Por otro, fue sucesor de movimientos conservadores precedentes, obligados a reinventarse tras la Guerra, frente a los que proponía un acusado cambio de imagen. En suma, sus impulsores eran un reducido grupo de capitalistas del laissez faire, decepcionados con el Estado intervencionista creado por el New Deal de Roosevelt.

Por otra parte, también me inquieta y me induce reflexiones el denominado «tecnolibertarismo», es decir, la concreción de la conocida y exitosa «ideología californiana» que combina dos cosas: la contracultura y la ideología libertaria. De hecho, se ha descrito «como la ortodoxia híbrida de la época de la información», es decir, una suerte de propuesta contradictoria entre el determinismo tecnológico y el individualismo libertario.

No obstante, pese a lo que pudiera parecer, Silicon Valley es mucho más que un puñado de oficinas con futbolines y cafeteras de nitro cold brew. Desde hace tres décadas, es el principal exportador de un nuevo modelo social que mezcla la innovación tecnológica con un individualismo atroz. Como decía, a este fenómeno lo conocemos como «tecnolibertarismo», algo semejante a la creencia de que los problemas del mundo no se solucionan mediante políticas públicas ni consensos democráticos, sino gracias a un puñado de visionarios que se consideran por encima del resto. En este mundo de algoritmos y cohetes, multimillonarios como Elon Musk y Peter Thiel se han erigido en profetas de un credo que a primera vista parece simple: el Estado es un estorbo, los mercados lo pueden todo, y la mayoría de las personas son demasiado torpes como para opinar sobre el futuro. El resultado: un modelo que pone a la democracia en la cuerda floja.

Lo paradójico del «tecnolibertarismo» es que floreció en la misma California que décadas antes había sido epicentro del movimiento hippie, del «amor libre» y del cuestionamiento al capitalismo. En los años noventa, esa rebeldía mutó. La contracultura se enamoró de Internet y de la promesa de redes distribuidas que superarían a los viejos Estados. El ethos del «hazlo tú mismo» se transformó en el «crea tu start-up y haz un exit millonario». Así nació una extraña síntesis: la mentalidad libertaria clásica se fusionó con el entusiasmo por la tecnología. El resultado fue una especie de fe religiosa en el poder redentor del software, los datos y los dispositivos, acompañada de un profundo desprecio por los gobiernos y las instituciones colectivas.

Lo que pocas veces se cuenta es que todo este castillo se construyó sobre cimientos públicos. Durante la Guerra Fría, Silicon Valley se desarrolló gracias a miles de millones en contratos del Departamento de Defensa, a través de programas como DARPA. Internet misma nació de un proyecto estatal (ARPANET), igual que buena parte de la microelectrónica. De modo que, aunque el Valle fue incubado con dinero público, terminó predicando el evangelio del emprendedor solitario. Este mito borra deliberadamente a universidades públicas, institutos de investigación y laboratorios federales que sembraron el terreno. Alternativamente, impone un relato dominante: la innovación brota de la nada, impulsada por un joven en un garaje con un ordenador prestado y mucha cafeína.

Musk y Thiel representan la cara más cruda del «tecnolibertarismo». El primero se proyecta como el visionario mesiánico que nos llevará a Marte, resolverá el cambio climático con coches eléctricos… y nos salvará de la «inteligencia artificial maligna». Obviamente, piensa hacerlo combatiendo las organizaciones sociales, trasgrediendo las normas ambientales y amenazando con cerrar las empresas productivas que no aceptan sus condiciones, entre otras expeditivas recetas.

Por su parte, Thiel lleva la tesis todavía más lejos. El cofundador de PayPal sostiene sin ambages que «la libertad y la democracia son incompatibles». Para él, las mayorías suelen sabotear los sueños de los pocos que realmente cuentan: esos innovadores heroicos que —según cree— impulsan el progreso. No sorprende que Thiel invierta en políticos «ultraindividualistas» y en proyectos como Seasteading, que buscan fundar ciudades flotantes fuera del alcance de cualquier legislación democrática.

Este insoportable elitismo llega al desprecio expreso por la ciudadanía común. Y es que para muchos tecnolibertarios «la mayoría de los ciudadanos somos idiotas», incapaces de entender la magnitud de sus proyectos y, por tanto, no deberíamos tener voz sobre su desarrollo. El culto al fundador visionario ha impregnado la cultura corporativa de Silicon Valley. Empresas como Tesla, SpaceX o Meta concentran el poder en sus líderes carismáticos, relegando a empleados, a consejos de administración e incluso a inversores minoritarios. Algunos analistas comparan este modelo con el Führerprinzip (Principio del líder), aquella vieja idea de que el líder posee una visión superior que debe ejecutarse sin demasiadas preguntas.

Sorprendentemente, contrasta la pretendida concomitancia de este enfoque con la retórica libertaria, que apunta a «organizaciones planas» y a la meritocracia. En la práctica, los tecnolibertarios exigen libertad ilimitada para ellos, pero mantienen estructuras jerárquicas rígidas dentro de sus compañías. En ellas no hay democracia, solo campa a sus anchas la voluntad del CEO (Chief Executive Officer), llámese director general, director ejecutivo o consejero delegado.

Pero no acaban aquí las incoherencias.  Estos abanderados del «mercado libre» no subsistirían sin los subsidios públicos. Elon Musk ha recibido miles de millones en incentivos fiscales y ayudas directas para sus fábricas de baterías y proyectos espaciales. Lo mismo sucede con empresas de inteligencia artificial o biotecnología que dependen de contratos gubernamentales. Sin embargo, en su narrativa, el Estado solo estorba. Así, el «tecnolibertarismo» se ofrece como una especie de traje a medida: exige libertad para crecer, pero no duda en aceptar (o reclamar) dinero público para asumir riesgos. Y si surge una crisis, son los contribuyentes quienes deben pagar el rescate.

Este fenómeno no es solo cultural o anecdótico, tiene consecuencias muy reales para la democracia. Cuando el poder económico y tecnológico se concentra en tan pocas manos —y esas manos desprecian la deliberación colectiva— el riesgo es acabar con instituciones políticas débiles e incapaces de regular y defender el interés general.

Obviamente, deben idearse y materializarse alternativas a tan disparatada situación. Por un lado, necesitamos marcos legales que trasciendan fronteras para impedir abusos de los monopolios, proteger los datos personales y exigir responsabilidades fiscales. La UE ha dado algunos pasos con la Ley de Servicios Digitales, pero se requiere mucho más, especialmente en coordinación con EE. UU. y Asia.

Por otro lado, los ciudadanos debemos tener capacidad de decisión a la hora de establecer la manera de utilizar las tecnologías que modelan nuestras vidas. Y ello conlleva desde tener presencia efectiva en los consejos de administración que regulan la actividad económica hasta organizaciones y asambleas ciudadanas que supervisen algoritmos públicos o infraestructuras críticas.

Debemos, en fin, recuperar la idea de que el conocimiento y la tecnología pueden desarrollarse desde lo común: universidades bien financiadas, laboratorios públicos y consorcios abiertos que prioricen las necesidades sociales por encima del lucro.

Al final, el verdadero reto es derribar el mito del «elegido». El «tecnolibertarismo» prospera porque alimenta una narrativa seductora: que un puñado de genios cambiarán el mundo si los dejamos actuar sin trabas. Pero esta historia es incompleta y peligrosa. El progreso real necesita contrapesos, participación y reglas claras. Si no queremos vivir en un mundo diseñado por —y para— unos pocos multimillonarios que nos consideran «idiotas», toca reclamar que la tecnología vuelva a estar al servicio de la sociedad, y no al revés.

Removiendo el puchero

En su edición del 26 de junio, la Vanguardia incluía un interesante artículo de Josep Martí Blanch con el rótulo «Pucherazo». En él, el columnista alertaba sobre los riesgos que supone para la salud democrática que determinados actores políticos, en particular el Partido Popular (PP), recurran a la sospecha infundada del fraude electoral como táctica de confrontación política. El periodista considera que esta estrategia, asociada a una versión local del llamado «trumpismo», contribuye a debilitar la confianza ciudadana en los procesos electorales y erosiona las instituciones democráticas que, precisamente, deberían servir como marco de convivencia entre las distintas fuerzas políticas.

En el imaginario español, el término «pucherazo» remite a prácticas electorales corruptas y caciquiles propias de tiempos pretéritos, cuando los resultados de los comicios se manipulaban a favor del partido dominante mediante el relleno o la ocultación de urnas. Al rescatar este anacrónico concepto en pleno siglo XXI, y utilizarlo para sembrar dudas sobre el funcionamiento del voto por correo, el PP evoca una narrativa casposa que sugiere que los procesos electorales actuales carecen de transparencia y que la victoria del adversario solo puede explicarse por un fraude masivo y encubierto.

Martí Blanch señala que la reiteración de esta categoría retórica en el discurso del PP es un paso especialmente peligroso en la degradación del debate democrático. Al denunciar «pucherazo» sin aportar pruebas, este partido compromete la legitimidad del sistema electoral en su conjunto y mina la confianza ciudadana en los procedimientos que sustentan la democracia representativa.

Uno de los puntos centrales del mencionado artículo es el paralelismo que el autor establece entre la estrategia del PP y el patrón de conducta desplegado por Donald Trump tras las elecciones presidenciales de 2020. El entonces presidente, al negar su derrota electoral ante Joe Biden, sembró dudas infundadas sobre el voto por correo y alentó la teoría de un fraude organizado a gran escala. Esta narrativa no solo polarizó a la sociedad estadounidense, sino que también desencadenó episodios de violencia política, entre ellos el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. Cuidado, pues.

Martí Blanch afirma que el PP ha adoptado parte de esta táctica: denunciar las irregularidades del sistema cuando los resultados le son adversos, aun careciendo de evidencias que las respalden. La diferencia fundamental es que nuestro sistema electoral es más garantista que el de Estados Unidos y, además, dispone de mayor centralización administrativa, pues allí, como se sabe, los comicios son organizados por los estados y condados, con marcos normativos y tecnológicos diversos.

El periodista dedica una parte importante de su artículo a desmontar los ataques al voto por correo, que el PP ha presentado como una posible vía para la manipulación del resultado electoral. Destaca que es una modalidad imprescindible para garantizar el derecho al sufragio a personas que, por distintas circunstancias (residencia en el extranjero, enfermedad o incapacidad para desplazarse a los colegios electorales), no pueden acudir presencialmente a las urnas. Asimismo, subraya que, en España, el sistema cuenta con múltiples salvaguardas, como la supervisión por parte de la Junta Electoral Central, la verificación de la identidad del elector en la solicitud y la entrega del sufragio, y la cadena de custodia del sobre.

En la tradición democrática española, nunca se ha demostrado que el voto por correo haya alterado un resultado electoral. Por tanto, la insistencia en presentar este mecanismo como potencialmente fraudulento resulta infundada y carece de base empírica. Más bien, evidencia una voluntad estratégica por parte de determinados partidos de sembrar dudas para deslegitimar resultados desfavorables y alentar entre su electorado la sensación de que el juego electoral es injusto.

El principal efecto de todo ello es el deterioro paulatino y acumulativo de la confianza ciudadana en las instituciones. La democracia representativa depende, en último término, de que los actores políticos —gobernantes y oposición— acaten los resultados electorales como expresión legítima de la voluntad popular. Esta aceptación es la base del principio del consentimiento de los perdedores y un componente esencial del orden constitucional.

Cuando un actor relevante cuestiona los resultados sin pruebas y amplifica teorías conspirativas, está minando los cimientos de la cultura democrática. Como demuestra la investigación politológica en experiencias comparadas (Norris et al., 2014; Levitsky & Ziblatt, 2018), la deslegitimación recurrente del sistema electoral por parte de las élites conduce a una mayor polarización afectiva y a la erosión de las normas democráticas informales que sostienen el juego político. La democracia deja de percibirse como un acuerdo entre adversarios y pasa a convertirse en un campo de batalla donde el que pierde asume que ha sido víctima de un engaño.

En última instancia, Martí Blanch sostiene que el PP, como fuerza política de primer orden en el sistema español, debería actuar con mayor responsabilidad. La crítica es parte natural del juego democrático, pero nunca debe poner en entredicho el propio sistema que permite que esa crítica sea expresada y canalizada por la ciudadanía. Al promover el fantasma del «pucherazo» y sembrar sospechas infundadas sobre el voto por correo, el PP adopta una estrategia que sacrifica la calidad democrática en aras del beneficio partidista.

En mi opinión, para evitar que la polarización política degenere en crisis institucional, es urgente que las fuerzas políticas, los medios de comunicación y los actores sociales apuesten por reforzar la transparencia, la rendición de cuentas y la pedagogía democrática. La madurez de una democracia se mide, entre otras cosas, por la capacidad de sus actores para defender las reglas comunes incluso cuando el resultado no es el que desean. Es precisamente en la aceptación del veredicto de las urnas donde se encuentra el núcleo de la convivencia democrática.

En suma, la reflexión que plantea Martí Blanch, que comparto, impele a la prudencia política y al respeto por las instituciones que garantizan la expresión plural de la voluntad ciudadana. Al advertir contra la tentación de convertir la derrota electoral en un «pucherazo», el autor nos invita a comprender que la democracia es, esencialmente, un pacto entre adversarios para que las diferencias se tramiten por procedimientos justos y conocidos por todos. Sin ese pacto, queda comprometido el futuro del sistema que hace posible la libre y pacífica competencia entre proyectos políticos alternativos.

El desafío de los residuos electrónicos

En la era del progreso tecnológico constante, donde cada año se lanzan nuevos modelos de teléfonos móviles, ordenadores portátiles, tabletas y otros dispositivos electrónicos, el mundo enfrenta una crisis silenciosa más: la de la «basura digital», a la que me he referido en este blog en otras ocasiones. A medida que se multiplican los aparatos conectados, crecen los vertederos de residuos electrónicos que, si no se gestionan adecuadamente, pueden tener consecuencias devastadoras para el medio ambiente y la salud humana.

La basura digital, también conocida como residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), en inglés WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), incluye desde teléfonos y ordenadores obsoletos y/o rotos hasta microondas, cámaras digitales y televisores inteligentes que ya no se usan. Según el «Global E-waste Monitor 2024», en 2023, se generaron más de 62 millones de toneladas de residuos electrónicos en todo el mundo. Menos del 20% de ellos se recicló adecuadamente.

Este impresionante crecimiento se debe en parte al fenómeno de la obsolescencia programada, pero también a la celeridad de la innovación tecnológica, que empuja a los consumidores a renovar sus dispositivos con creciente frecuencia. Un smartphone, por ejemplo, tiene hoy una vida media útil de apenas 2 o 3 años.

Muchos dispositivos electrónicos contienen materiales valiosos como oro, plata, platino, cobre y litio, además de otros componentes potencialmente tóxicos como plomo, mercurio, cadmio y retardantes de llama bromados. Reciclar adecuadamente estos aparatos no solo permite recuperar metales escasos y costosos, también evita que sustancias peligrosas contaminen el suelo y el agua. Así, por ejemplo, un millón de teléfonos móviles reciclados puede generar más de 30 kg de oro, 300 kg de plata y 15 toneladas de cobre, según datos de la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. Sin embargo, recuperar estos materiales requiere procesos técnicos complejos y costosos, y muchas veces los dispositivos terminan en vertederos convencionales, especialmente en países en desarrollo.

El proceso de reciclaje de dispositivos electrónicos comienza con la recolección, que puede llevarse a cabo a través de puntos limpios, campañas institucionales o empresas especializadas. Posteriormente, los aparatos se desmontan manualmente o mediante maquinaria, separando sus componentes principales: baterías, placas base, pantallas, carcasas, cables, etc. Una vez separados, estos materiales se someten a procesos de triturado y separación de los componentes plásticos y metálicos, de fundición para decantar los metales y, también, a procesos químicos para extraer componentes valiosos como el oro y el litio. Sin embargo, este reciclaje solo es viable en instalaciones especializadas, y no todos los países cuentan con la infraestructura necesaria. Frecuentemente, los residuos se exportan ilegalmente a países de África o Asia, donde se procesan en condiciones insalubres.

La manipulación inadecuada de los residuos electrónicos puede acarrear graves consecuencias. Los metales pesados y compuestos tóxicos, cuando se incineran o se desechan sin control, se filtran al suelo y se mezclan con el agua, provocando una contaminación perdurable. Por otro lado, en países como Ghana o India, se han documentado casos de personas, entre ellas niños, que trabajan desarmando dispositivos electrónicos sin protección, expuestos a los efectos de sustancias cancerígenas. Además, la fabricación de nuevos dispositivos electrónicos tiene un alto coste medioambiental. La extracción de minerales como el coltán, usado en los condensadores de los teléfonos móviles, ha generado conflictos armados y devastación ambiental, especialmente en la República Democrática del Congo y regiones limítrofes.

Queda muchísimo por hacer, pero algo se está haciendo al respecto en el mundo. Es evidente que, en los últimos años, ha habido avances legislativos en la gestión de RAEE. La Unión Europea, por ejemplo, exige a los fabricantes que asuman la responsabilidad ampliada del productor, es decir, que financien o gestionen la recogida y reciclaje de los productos que ponen en el mercado. También se han impuesto restricciones al uso de ciertas sustancias peligrosas y se promueve el diseño ecológico.

En América Latina, países como Chile, Colombia y México han comenzado a implementar marcos normativos para la gestión de residuos electrónicos, aunque aún enfrentan desafíos para poder cumplirlos y capacidad técnica para llevarlos a cabo.

Por otro lado, empresas como Apple, Dell y Fairphone han lanzado iniciativas de reciclaje y recuperación de materiales, y han empezado a diseñar productos más fácilmente desmontables y reparables. Sin embargo, todavía queda mucho camino por recorrer.

Como en tantas otras cosas, los ciudadanos podemos jugar un papel fundamental para racionalizar la metabolización de la basura digital sin hacer demasiados esfuerzos. Por ejemplo, alargando la vida útil de los dispositivos, reparándolos en lugar de reemplazarlos. O comprándolos concienzudamente, eligiendo los que acreditan certificaciones de bajo impacto ambiental o que han sido diseñados para ser reciclables. También debemos practicar el reciclaje correctamente, llevando los aparatos a puntos de recogida autorizados y evitando el almacenamiento innecesario de millones de móviles obsoletos, que duermen en cajones de todo el mundo, ajenos a los circuitos de reciclaje. Socialmente, el movimiento por el «derecho a reparar» está ganando fuerza, impulsando leyes que obligan a los fabricantes a facilitar piezas de repuesto y manuales de reparación para reducir la dependencia de nuevos productos.

El reciclaje de residuos electrónicos no es solo una cuestión tecnológica o logística, es un reto social, económico y ambiental que exige la colaboración de gobiernos, empresas y ciudadanos. En la era digital, cada clic tiene una huella, y cada dispositivo, un final. Decidir cómo gestionamos esa última etapa es clave para alcanzar un futuro más sostenible.

En definitiva, frente al tsunami de basura digital que amenaza con sepultar los ecosistemas, el reciclaje responsable es una herramienta eficiente, aunque no suficiente para neutralizarlo. Solo una combinación de innovación, regulación, educación y compromiso cívico podrá trasmutar este desafío global en una oportunidad para repensar nuestra relación con la tecnología.

La democracia en la encrucijada

En una época en que las democracias liberales enfrentan presiones externas e internas, la tensión entre la autodefensa institucional y la apertura pluralista emerge como debate central y necesario. ¿Debe una democracia tolerar a quienes pretenden desmantelarla desde dentro? ¿O, por el contrario, debe blindarse contra tales actores, aun al precio de restringir libertades fundamentales? Estas preguntas, lejos de ser retóricas, marcan el pulso cotidiano de numerosas democracias contemporáneas.

En un reciente artículo publicado en El País, Daniel Innerarity aborda este dilema desde la perspectiva de la denominada «democracia militante», un concepto que propone la defensa activa del orden democrático contra sus enemigos. Sostiene que «la democracia necesita ser fuerte frente a quienes la desprecian, pero ha de cuidarse mucho de no convertirse en su propia amenaza». Reconoce la necesidad de proteger a la democracia de movimientos que, usando sus propios mecanismos, intentan socavarla, y añade: «no todas las críticas al sistema son equivalentes a su destrucción, ni todas las disidencias merecen ser perseguidas».

En efecto, basta observar el reciente veto del partido AfD en algunos debates institucionales en Alemania o la ilegalización del partido ultraderechista griego Amanecer Dorado tras probarse su carácter criminal. Innerarity apoyaría estas resoluciones en la medida en que respondan a pruebas claras de amenaza al orden constitucional, pero advertiría contra la propensión a extenderlas a fuerzas simplemente populistas o antisistema contra las que no existan pruebas concluyentes.

En contraste con esta perspectiva institucional, el investigador John A. Powell introduce en el debate la dimensión cultural y emocional del fenómeno. En una conferencia que dictó el mes pasado en la Universidad de Berkeley, advirtió que «Cuando el miedo domina el relato colectivo, el suelo se quiebra bajo los pies de la democracia. Empieza entonces la búsqueda del ‘otro’ a quien culpar». Para él, la defensa más profunda de la democracia no es jurídica, sino psicológica y social: construir narrativas de pertenencia e inclusión que hagan innecesarios los discursos excluyentes.

Esto se ve reflejado en países como España o Italia, donde el auge de partidos que demonizan la inmigración se alimenta del sentimiento de abandono en zonas rurales o deprimidas. Powell diría que allí donde falta inversión pública y proyecto común, prolifera el miedo, y con él el atractivo de las soluciones autoritarias. «No basta con blindar legalmente la democracia: si la gente no siente que tiene algo que perder, votará gustosa a quien le prometa venganza», afirma.

Anne Applebaum, por su parte, introduce un enfoque centrado en las élites. En El ocaso de la democracia (2021), alerta: «no son los autócratas quienes inventan la tiranía, sino los abogados, intelectuales y periodistas que la racionalizan». Su mirada se dirige a los sectores que moldean la opinión pública y el discurso dominante. Ejemplos recientes abundan: en Hungría, Orbán ha contado con académicos y medios cercanos que justifican su ofensiva contra jueces y periodistas; en Polonia, sectores de la judicatura han colaborado con reformas que minan la separación de poderes.

Applebaum nos recuerda que incluso democracias con normas claras pueden sucumbir si sus guardianes simbólicos deciden mirar para otro lado —o peor, aplaudir—. En Brasil, intelectuales y empresarios respaldaron sin ambages el regreso de un discurso militarista con Bolsonaro. «No se derriban las repúblicas por ignorancia popular, sino por complicidad de quienes deberían defenderlas», sentencia.

Así pues, disponemos de tres diagnósticos que no se contradicen, sino que se enriquecen mutuamente. Innerarity nos advierte contra los excesos legales que pueden convertir a la democracia en su propia enemiga. Powell nos recuerda que sin cohesión social, cualquier sistema es vulnerable al miedo y la exclusión. Applebaum señala la traición de las élites como uno de los factores más insidiosos del deterioro democrático. La defensa eficaz de la democracia exige, por tanto, una combinación de prudencia institucional, compromiso cultural y responsabilidad ética.

El desafío actual está en armonizar estas dimensiones. Por un lado, es necesario que los Estados democráticos tengan la capacidad legal de impedir que sus propios mecanismos sean utilizados para destruirlos, como ocurrió con el intento golpista del 6 de enero de 2021 en EE. UU. Pero también deben cuidar que esas medidas no terminen siendo justificación para perseguir a disidentes legítimos o para consolidar gobiernos hegemónicos, como denuncian algunas ONG en Turquía frente a Erdogan.

Al mismo tiempo, se debe combatir el discurso del miedo no con censura, sino con políticas que atiendan las inseguridades reales. Programas de revitalización económica, inversión en educación y salud mental son más eficaces a largo plazo que prohibiciones puntuales. «La democracia necesita ofrecer algo más que reglas: debe ofrecer sentido, pertenencia y futuro compartido», como ha repetido Powell.

Y, por último, las élites intelectuales, los medios de comunicación y los actores culturales deben asumir que su labor no es neutral. «Publicar una mentira para congraciarse con el poder no es periodismo, es propaganda», afirma Applebaum. En tiempos de amenaza, su rol no es acomodarse al gobierno de turno, sino preservar la decencia y la verdad, incluso cuando ello conlleve pagar un precio personal.

Para proteger realmente la democracia necesitamos ir más allá del miedo y del mero formalismo jurídico. Se necesita una ciudadanía activa que reclame con firmeza sus derechos, pero que a la vez se involucre en la defensa de los derechos ajenos, comprendiendo que la pluralidad no es una amenaza, sino su esencia misma. Se precisan, además, líderes y élites con coraje ético que rechacen el aplauso fácil del autoritarismo. Y hace falta un Estado capaz de asegurar tanto la seguridad como la dignidad de todos. En mi opinión, solo integrando estas piezas —instituciones vigilantes, una cultura cívica inclusiva y una responsabilidad ética compartida— la democracia podrá salir fortalecida de esta histórica encrucijada.