En un contexto europeo –y universal– cada vez más convulso, cuando los discursos de odio y los ataques racistas se extienden con incomprensible impunidad, el Reino Unido ofreció el pasado verano una respuesta inusualmente firme ante una oleada de disturbios provocados por grupos ultraderechistas. Frente a la cadena de ataques planificados contra migrantes, especialmente de comunidades musulmanas, el gobierno británico y la sociedad civil desplegaron una combinación de iniciativas que lograron frenar el avance de la violencia. Aunque fuese imperfecta, esta respuesta ofrece una lección valiosa: además de discursos, el freno al odio reclama actuaciones múltiples, audaces y coordinadas.
Como recordaremos, el detonante de los disturbios fue el ataque perpetrado con arma blanca contra unas niñas en un estudio de baile de Southport (Merseyside). Los disturbios duraron del 30 de julio al 5 de agosto, se extendieron por varias ciudades y fueron alimentados por la desinformación en línea, que aseguraba erróneamente que el atacante era un musulmán solicitante de asilo.
La reacción del gobierno británico, liderado por el primer ministro Keir Starmer, fue inmediata. Ante el riesgo de que los disturbios se extendieran –como ocurrió en el pasado en ciudades como Rotherham o Dover– el Estado se puso en acción y se adelantó a los violentos con una política de tolerancia cero. Se desplegaron miles de agentes en puntos calientes de las islas británicas mientras Starmer transmitía un mensaje inequívoco: «Si participáis en estos ataques, os arrepentiréis. Sentiréis toda la fuerza de la ley».
No fue una amenaza vacua. El Ministerio de Justicia habilitó circuitos de juicios rápidos y designó a un centenar de fiscales adicionales para que los procedimientos no se dilataran. En cuestión de días, cientos de personas fueron detenidas y procesadas, muchas de ellas condenadas a prisión inmediata. La intervención se percibió no solo como un acto de autoridad, sino como una señal clara de que el monopolio legítimo de la violencia pertenece al Estado, jamás a bandas extremistas.
Esta decidida –y eficaz– actuación contrasta con lo acontecido en otros países europeos. En España, por ejemplo, recientes y similares disturbios, como los vividos en Torre Pacheco, no se están saldando con la misma celeridad y contundencia penal. La impunidad con que hasta ahora han actuado los instigadores y protagonistas de estos delitos xenófobos y racistas ha sido el principal caldo de cultivo para que los movimientos ultraderechistas se sientan legitimados. Y es que, como advierte el criminólogo británico Anthony Bottoms, «la ley no solo castiga: también comunica. Cuando el Estado es tibio ante el odio, se vuelve cómplice por omisión» (British Journal of Criminology, 2020).
La eficacia del Estado se vio reforzada muy significativamente por la movilización ciudadana. No solo participaron en ella las organizaciones antifascistas o los partidos progresistas; también lo hicieron los sindicatos, asociaciones religiosas, comunidades migrantes y colectivos vecinales, que actuaron como auténticas barreras humanas frente a los agresores. En Cardiff, por ejemplo, media docena de extremistas que intentaban acosar en una mezquita se vieron rodeados por 400 personas que respondieron pacíficamente. En Bristol, más de 25.000 ciudadanos se congregaron para proteger un hotel donde vivían decenas de refugiados, tras circular rumores de una «caza» organizada por grupos xenófobos. El periodista de The Guardian Owen Jones sintetizó en una frase la estrategia: «Los antifascistas no ganan porque griten más, sino porque demuestran que son muchos más y que tienen legitimidad moral para defender la convivencia».
Esta movilización me parece esencial para hacer frente a la narrativa ultra. Evidencia que el Estado no está solo frente a los intransigentes. Al contrario, cuenta con la sociedad civil organizada, lo que demuestra que la defensa democrática puede y debe ser compartida. Además, esta activación de la participación ciudadana constituye una auténtica vacuna ética: cuando los ciudadanos se ponen en pie frente a la injusticia, se activa una pedagogía pública que ninguna campaña institucional logra igualar.
Diversos analistas coinciden en señalar que, pese al éxito táctico y la ejemplaridad de su inmediatez, la respuesta que dio el Reino Unido a la violencia racista y xenófoba no atacó la raíz del problema. La islamofobia estructural, la criminalización de los migrantes, el racismo institucional y la exclusión socioeconómica siguen alimentando las bases sobre las que florecen los brotes violentos.
La Race Equality Foundation, en su informe Understanding the Racist Riots of 2024 and what should be done (mayo de 2025) ha advertido que «las intervenciones policiales, si no van acompañadas de cambios estructurales, corren el riesgo de ser solo cortafuegos temporales». Las políticas migratorias restrictivas, los discursos que equiparan migración con amenaza y la pobreza acumulada en barrios racializados han mantenido intactas las condiciones que provocaron los disturbios que, obviamente, podrían repetirse. Ello no resta valor a la actuación judicial desplegada, pero a la vez evidencia que la firmeza no puede sustituir a la justicia social. De lo contrario, se corre el riesgo de que la represión sea selectiva y termine afectando desproporcionadamente a los sectores más vulnerables.
El caso británico demuestra que la pasividad institucional no es una fatalidad inevitable. Europa puede —y debe— actuar con decisión para frenar el ascenso ultra mediante un modelo dual que combine la intervención rápida y proporcional del sistema judicial y policial, sin vacilaciones, ni excusas políticas, y el reforzamiento del tejido comunitario para que defienda valores democráticos desde abajo, promoviendo la diversidad y la reacción colectiva frente al odio. Ambas dimensiones se refuerzan mutuamente. Donde el Estado actúa pero la sociedad se encoge, la legitimidad del orden se erosiona. Donde la sociedad se moviliza pero el Estado es cómplice o indiferente, la frustración puede derivar en caos o autodefensa.
Como dice Hannah Arendt, «la libertad comienza allí donde los hombres se levantan juntos y dicen: esto no puede pasar» (La condición humana, 1958). En el verano de 2024, en algunas ciudades del Reino Unido, esa libertad cobró forma con policías en las calles, jueces en los tribunales y ciudadanos de a pie en los portales de las casas y las instituciones.
Obviamente, la experiencia británica no es perfecta ni exportable sin matices. Pero deja una enseñanza clara: el odio no se detiene solo con declaraciones simbólicas. Se detiene con voluntad política, con leyes justas y aplicadas, con estructuras sociales sólidas y con una ciudadanía que no acepta la barbarie como paisaje.
Europa, especialmente en tiempos de retrocesos democráticos y auge de movimientos extremistas, necesita recuperar el músculo cívico. Porque si no somos nosotros quienes trazamos la línea roja, otros lo harán. Y lo harán más cerca del abismo.
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