La corrupción política es una enfermedad crónica de la democracia española. Ha contaminado gobiernos locales y autonómicos, grandes ministerios y pequeñas concejalías, sin distinguir en demasía el color político de quien ostenta el poder. Sin embargo, cuando afecta a la izquierda, el daño trasciende el ámbito penal o administrativo y alcanza un plano moral mucho más devastador, pues cuestiona la legitimidad de un proyecto que se fundamenta en la justicia social, la solidaridad y la defensa del bien común frente a los intereses particulares.
Hoy, el PSOE se ve sacudido por escándalos que involucran a figuras de alto rango. El caso que vincula al exministro José Luis Ábalos y al exsecretario de Organización Santos Cerdán con supuestas comisiones irregulares en contratos públicos ha abierto una grieta que no cesa de ensancharse. Varios exministros socialistas han roto el silencio para exigir una regeneración ética del partido e incluso un adelanto electoral, conscientes de que prolongar la agonía solo agrava el descrédito.
Podría interpretarse como un episodio más en la larga lista de casos de corrupción que ha conocido España, desde el GAL y Filesa hasta Gürtel y Kitchen. Pero no lo es. Porque cuando la izquierda se mancha, la herida es doble: no solo traiciona la confianza que le depositaron sus votantes, sino también el relato histórico que la ha justificado; el relato de que la izquierda gobierna para todos, no para unos pocos privilegiados y sus amigos.
La filósofa Victoria Camps lo expone con meridiana claridad en un reciente artículo publicado en El País, donde sostiene que «la corrupción no es solo del PP ni del sanchismo», sino un mal que atraviesa toda la cultura política española desde la Transición. Sin embargo, advierte que asumirlo con resignación es aceptar la quiebra moral de la democracia. Camps denuncia la normalización de la corrupción: esa peligrosa indiferencia ciudadana que considera que robar un poco es consustancial a la política, mientras no haya escándalos demasiado ostentosos. Una tolerancia que termina minando los cimientos mismos del pacto democrático.
El argumento central de Camps y de quienes llevan años alertando de esta deriva es que la izquierda necesita ser ejemplar no por un prurito moralista, sino por pura coherencia política. La socialdemocracia se sustenta en la premisa de un Estado fuerte, garante de derechos, «redistribuidor» de riqueza. Si ese Estado se percibe como instrumento para el saqueo, su legitimidad se desmorona. ¿Cómo pedir entonces a la ciudadanía que respalde impuestos progresivos o grandes planes de gasto público, si sospecha que parte de esos fondos terminarán engordando redes clientelares?
Por eso, los gestos de contrición no bastan. El «hemos aprendido la lección» se ha repetido tantas veces que suena a discurso vacuo. Se precisa más, algo como la creación de auténticos «círculos virtuosos» de integridad, que obliguen a la vigilancia mutua, a la transparencia radical y a sancionar sin contemplaciones a quienes traicionan el mandato que se les confía. Es un planteamiento incómodo, porque no solo demanda leyes más estrictas y órganos de control realmente independientes —como un Tribunal de Cuentas libre de cuotas partidistas—, sino también una verdadera pedagogía política que destierre la idea de considerar al dinero público como objeto de botín.
El problema, sin embargo, es estructural. Transparencia Internacional, el Tribunal de Cuentas y la Comisión Europea llevan años señalando las principales carencias españolas: licitaciones opacas, fiscalización débil, puertas giratorias que convierten cargos públicos en futuros consejeros de las empresas que antes regulaban. Y, aun así, las reformas llegan tarde, mal o nunca. Hay demasiados intereses cruzados que prefieren un sistema laxo, donde el control dependa más de la voluntad ética de los políticos que de un marco institucional blindado.
Mientras tanto, la sociedad oscila entre la indignación y el fatalismo. Cada nuevo caso reaviva el hartazgo y multiplica el descreimiento. Según el CIS, la corrupción y el fraude están entre las principales preocupaciones de los españoles, inmediatamente detrás de los problemas económicos. Este caldo de cultivo alimenta los populismos antipolíticos, que prometen soluciones autoritarias y mano dura, ignorando las garantías del Estado de derecho. Es el precio de haber permitido que la corrupción se haya convertido en un componente casi folclórico de la vida política.
Por eso la izquierda afronta un reto existencial. Puede refugiarse en el relato cómodo de que la derecha también roba —lo cual es históricamente cierto, pero éticamente irrelevante— o reconocer con crudeza que ha traicionado parte de su misión y que necesita una cirugía mayor. De lo contrario, corre el riesgo de perder no solo elecciones, sino el sentido profundo de su propia existencia. Porque una izquierda corrupta no es simplemente una izquierda ineficaz, es una contradicción en sus propios términos.
En el fondo, el dilema es sencillo aunque doloroso: ¿quiere la izquierda seguir siendo el proyecto que defiende a los más vulnerables, el que combate las desigualdades, el que dignifica lo público? Entonces debe empezar por dignificarse a sí misma. Y eso implica dejar de justificar, minimizar o postergar la regeneración. Implica asumir que sin una ética inflexible respecto a la gestión de los recursos comunes, ninguna bandera progresista tiene valor real.
Solo así podrá reconstruir el pacto de confianza con la ciudadanía y volver a demostrar que gobernar no es servirse del poder, sino servir con el poder. Todo lo demás son palabras huecas o desgastadas, incapaces de resistir el siguiente titular de corrupción que estalle en los informativos. Es más, quizá entonces ni siquiera quede nadie dispuesto a escuchar explicaciones.
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