Contra la banalización del odio

Hace apenas una década, en España resultaba inimaginable escuchar en un mitin político apelaciones directas a expulsar a inmigrantes legales, prohibir expresiones culturales como el velo islámico o cuestionar el derecho a la nacionalidad de hijos nacidos en el país. Hoy, en cambio, no solo lo escuchamos, lo aplauden miles de personas en plazas abarrotadas. Vox ha pulverizado el último dique de contención que existía en la política española: el rechazo explícito a la xenofobia. Y lo más alarmante es que no lo hace a escondidas ni con eufemismos, lo exhibe con orgullo como si fuera un legítimo programa de gobierno.

Lo hace como reclamando que también en esta materia prime la carpetovetónica excepción ibérica, reivindicando la vigencia de aquel añejo reclamo: Spain is different. Vox ha traspasado límites que ni siquiera partidos de la extrema derecha europea, como la AfD alemana o el RN francés, se han atrevido a franquear tan resueltamente. Connor Mulhern, experto norteamericano en movimientos radicales, subrayaba tiempo atrás lo que estamos comprobando en las últimas semanas: que el partido ultra plantea sin tapujos la deportación de inmigrantes legales y sus hijos, aunque no hayan cometido delitos, algo que supera con creces el marco del populismo antiinmigración habitual. El también politólogo Werner Krause, investigador en la Universidad Humboldt, de Berlín, destaca que la retórica de Vox ha mutado, de hablar de «inseguridad y delincuencia» ha pasado a exhibir una amenaza existencial: un supuesto «reemplazo poblacional» que justificaría medidas extraordinarias. Este giro no es casual, está calculado para sembrar miedo y normalizar supuestas soluciones autoritarias.

Muchos ciudadanos entienden que todo esto no es más que «ruido», que no pasa nada porque es mera retórica electoral, y que la democracia sabrá protegerse de ello. Pero la historia demuestra que la banalización del odio nunca es inocua. Las palabras repetidas, jaleadas y convertidas en memes virales —como la canción «Billete de vuelta», en la que se hace mofa y toma a guasa la expulsión de extranjeros— terminan moldeando percepciones. El ritmo es machacón y la letra elemental y fácil de recordar. Todo en la canción persigue la viralidad: «El avión está esperando. Billete de vuelta, billete de vuelta. No olvides tu maleta...». En el videoclip se suceden imágenes de un equipaje compuesto por machete, pistola y riñonera, con otras de elegantes azafatas de piel blanca esperando a los criminales extranjeros que llenarán el vuelo con destino a «Jovenlandia», es decir, África, el continente al que serán enviados cuando llegue al poder Santiago Abascal, que aparece fumando con aire de tipo duro. Así se legitima la idea de que hay ciudadanos de segunda clase, personas indignas de derechos por su origen, religión o color de piel. Y cuando esto cala, el salto del insulto al ataque físico se produce imperceptiblemente, casi de manera naturalizada.

Lo estamos viendo estos días en Torre Pacheco, donde se han vivido noches de violencia tras manifestaciones ultras que clamaban contra los migrantes. Hubo cargas policiales, heridos y detenidos. ¿Cómo hemos llegado a este punto? La respuesta es tan incómoda como contundente: porque durante años se ha permitido que discursos racistas se filtren en tertulias, en redes y en la política institucional, blanqueados como «preocupación legítima por la inmigración». Ese terreno abonado facilita que hoy se hable sin pudor de «remigraciones masivas» o se cuestione la españolidad de hijos de inmigrantes, por mucho que hayan nacido y crecido aquí.

No podemos engañarnos. Esto no va solo de Vox. Es toda una atmósfera social que tolera, o incluso celebra, la humillación del otro. Algunos medios amplifican titulares alarmistas sobre delitos cometidos por extranjeros, falsos y descontextualizados, carentes del más elemental respaldo probatorio. En las redes sociales, los algoritmos hambrientos de clics premian el contenido más extremo, el que enciende la indignación. Y, mientras tanto, la respuesta institucional —salvo honrosas excepciones— es alicorta y, en el mejor de los casos, se reduce a tibios comunicados de condena.

¿Quién protege a la España real y cotidiana que convive en barrios mixtos, en aulas con niños de decenas de apellidos distintos, en centros de salud donde atienden médicos de Marruecos, Ecuador o Senegal? ¿Quién defiende el principio básico de que la nacionalidad y la ciudadanía son derechos políticos y no un carné étnico? Si permitimos que cale la lógica de que ser español equivale a tener ciertos rasgos físicos, culturales o religiosos, habremos dinamitado el pacto democrático.

Es innegable que existen problemas reales asociados a la inmigración que deben abordarse: concentración excesiva en barrios con pocos recursos, explotación laboral, falta de políticas de integración eficaces, algunos grupos de delincuentes organizados... Pero la solución nunca puede ser convertir a las personas migrantes en chivos expiatorios, ni mucho menos sugerir su expulsión en masa. Eso solo perpetúa el conflicto y la exclusión y, finalmente, acaba desatando la violencia.

El discurso ultra se alimenta del miedo, y lo retroalimenta. Por eso resulta tan rentable políticamente: identifica un enemigo claro y un relato simple. Frente a esa tentación autoritaria, los demócratas —seamos del signo que seamos— tenemos el deber de plantarnos sin ambigüedades. No basta con indignarse en X o dar sermones morales; hay que defender la igualdad y la convivencia con la misma fuerza emocional con que los ultras atacan. Hay que garantizar recursos para que la diversidad funcione, sancionar sin titubeos los delitos de odio y, sobre todo, no ceder terreno cultural ni simbólico: que la españolidad siga siendo un proyecto común abierto y no un feudo identitario para unos pocos.

A lo largo de más de cuarenta años, España ha construido una democracia plural que, con todas sus imperfecciones, nos ha permitido progresar y convivir. Hoy ese legado está en juego. Cada vez que alguien aplaude en un mitin donde se promete expulsar a los «que no comen jamón», como hizo recientemente una diputada ultra, avanzamos un paso hacia un país más sombrío y violento. No podemos permitirlo. La democracia no es solo votar cada cuatro años; es garantizar que todos, sin importar nuestro origen, podamos caminar por la calle con la cabeza alta y el mismo orgullo de pertenecer a este país.

Una última reflexión: cuidado con las palabras, porque nunca son inocuas. Al contrario, tienen poder y consecuencias porque ni son neutrales ni inofensivas. Cada palabra que decimos es susceptible de impactar en las emociones, pensamientos y acciones de quienes la escuchan. Y muchas de las tragedias sufridas por la humanidad a lo largo de los siglos tuvieron su origen en ellas. Las palabras pueden manipular emociones, causar malentendidos y desencadenar conflictos que producen consecuencias desastrosas. El poder de la palabra para influir en las acciones humanas es innegable, y su uso, tanto para el bien como para el mal, puede impactar profundamente en la vida cotidiana y, por extensión, en la historia. Cuidado, pues, con las palabras, especialmente con algunas, como «cacería», «remigración» o «plaga», referidas a determinados seres humanos, que están poniendo de moda algunos políticos, malintencionados y mentirosos compulsivos, expertos en pintar un país que, afortunadamente, no existe más allá de sus calenturientas ensoñaciones.