Sobre las conductas y actitudes de los políticos

Desde un enfoque ético de la política, los militantes y gobernantes progresistas están sujetos no solo a las restricciones legales, sino también a los deberes morales que derivan de los principios universales de la ética pública y de los compromisos específicos del progresismo, en concreto: la defensa de la igualdad, la justicia social, la solidaridad y la promoción activa de los derechos humanos. De modo que ciertas conductas y actitudes resultan moralmente inadmisibles para quienes militan en una organización inspirada en un ideario de progreso. Y todos lo saben.

Los principios fundamentales que deben inspirar los quehaceres de estos políticos son básicamente la promoción de la equidad distributiva y el compromiso con la justicia y con la igualdad. John Rawls, en su Teoría de la justicia, argumenta que «las desigualdades sociales y económicas han de ser estructuradas de manera que beneficien a los menos aventajados» (Rawls, 1979, p. 88). Esto implica que los políticos progresistas incurren en una transgresión moral cuando sus conductas contribuyen a perpetuar o agravar las desigualdades, pues tienen moralmente vedado hacer políticas que favorezcan a los grupos privilegiados a expensas de los más vulnerables.

Así pues, la indiferencia ante la pobreza o la marginación es, por tanto, una actitud moralmente reprochable. Como señala Amartya Sen en Desarrollo y libertad, «la expansión de las libertades humanas es tanto el fin principal como el medio primordial del desarrollo» (Sen, 2000, p. 36). De modo que un político progresista que ignora la ampliación efectiva de las capacidades básicas para quienes integran los sectores postergados incurre en una contradicción ética con su ideario.

Son también conductas moralmente prohibidas el desprecio y el trato injusto hacia quienes tienen opiniones diferentes, es decir, no son admisibles la práctica de la intolerancia y el menosprecio del pluralismo. Los progresistas deben adherirse inequívocamente a la idea del respeto activo por la diversidad, no solo étnica o cultural, sino también ideológica. Al respecto, Rawls subraya el valor del «pluralismo razonable», indicando que en una sociedad libre es natural que existan distintas concepciones del bien (Rawls, Liberalismo político, 1995, p. 64). Por tanto, un político reformista no puede permitirse actitudes sectarias que persigan, silencien o marginen las voces disidentes mediante la estigmatización o el uso del poder para ejercer la censura.

De igual forma, Norberto Bobbio advierte en El futuro de la democracia (1984) que la democracia —y, por ende, el progresismo comprometido con ella— exige «el reconocimiento del derecho del adversario a existir» (Bobbio, 1984, p. 35). Así, la descalificación moral sistemática del oponente, sin apertura al diálogo ni disposición para la deliberación, es incompatible con la ética progresista.

Una conducta especialmente reprobable desde el punto de vista moral para cualquier político, pero especialmente para los políticos reformistas, es tratar a las personas como simples medios para conseguir fines de poder. Kant, en su imperativo categórico, señala que debemos actuar de modo que «la humanidad, tanto en lo que atañe a nuestra persona como a la de cualquier otro, siempre debe ser tratada al mismo tiempo como un fin y nunca simplemente como un medio» (Kant, Fundamentación de la metafísica de las costumbres, 1785; edición española 2007, p. 42).

Desde esta perspectiva, las prácticas clientelares, la manipulación de necesidades básicas o la utilización de los ciudadanos como meros instrumentos electorales constituyen evidentes violaciones éticas. Además, la corrupción —con la que se desvían para el interés particular recursos públicos que deberían aplicarse a atender las necesidades colectivas— supone para un político progresista una grave traición moral, inadmisible en quien aspira por definición a mejorar la condición de los más desfavorecidos. Como asegura Bobbio (Estado, gobierno y sociedad, 1986), la corrupción destruye los fundamentos morales de la política democrática al sustituir «la búsqueda del bien común por el interés particular» (Bobbio, p. 191).

Aunque el progresismo suele invocar un rol activo del Estado para corregir las desigualdades, ello no justifica la adopción de actitudes paternalistas que mediaticen o anulen la autonomía de los ciudadanos. En Women and Human Development: The Capabilities Approach, Martha Nussbaum destaca que la justicia debe orientarse a «crear condiciones para que los ciudadanos (especialmente las ciudadanas) puedan elegir y sacar adelante un plan de vida valioso según su propio juicio» (Nussbaum, 2000, p. 85).

De manera que el político progresista que impulsa políticas diseñadas sin la participación ni la consulta a las comunidades afectadas, o el que impone visiones del bien sin dejar espacio para su deliberación y autodeterminación por parte de los afectados, incurre en un grave vicio moral, pues carece de legitimidad para sustituir la agenda ciudadana por una tutela vertical, incluso cuando sus fines sean virtualmente humanitarios.

Por otro lado, las actitudes hipócritas son especialmente dañinas cuando las adoptan los políticos reformistas. Como señala Michael Walzer en Interpretation and Social Criticism (1987), la autoridad moral del político que aspira a liderar un cambio de progreso depende en gran medida de su congruencia personal con los valores que predica. Si exige sacrificios o disciplina fiscal a los ciudadanos mientras él mismo vive en el lujo o se beneficia de privilegios inadecuados, incurre en una falta moral severa, que aquellos le reprocharán duramente. Lo que decimos conecta con la idea clásica de la virtud cívica. Aristóteles ya sostenía en Ética a Nicómaco que la excelencia moral implica actuar de acuerdo con principios justos y no solo proclamarlos. Para un político progresista, la incoherencia entre su vida privada y su conducta pública erosiona su legitimidad ética.

Finalmente, la falta de rendición de cuentas y la opacidad constituyen conductas moralmente inaceptables para cualquier demócrata, y muy especialmente para un progresista, cuyo proyecto se formula habitualmente en nombre del interés general. Hannah Arendt recuerda en La política tiene que ver con la libertad (1958) que el espacio público es el ámbito de la palabra y la acción transparente ante los demás. Ocultar información relevante o engañar deliberadamente a la ciudadanía para proteger intereses propios supone una violación de un deber moral básico. Para ella, la verdadera libertad solo puede existir y manifestarse en el ámbito público a través de la acción y la deliberación conjunta de los ciudadanos.

De modo que podemos concluir en que para los políticos progresistas existen conductas y actitudes radicalmente prohibidas en virtud de su compromiso moral con la igualdad, la justicia, el pluralismo y la dignidad humana. Entre ellas, perpetuar o agravar injusticias estructurales; incurrir en el sectarismo y el rechazo del pluralismo; instrumentalizar a las personas mediante el clientelismo o la corrupción; adoptar o defender paternalismos que anulen o limiten la autonomía de las personas; practicar un doble rasero en la vida privada y en los comportamientos públicos; y eludir la responsabilidad mediante la opacidad y el engaño.

Si bien estos límites son imperativos morales generales a los que no debieran quitar ojo cuantos integran la clase política, quienes suscriben los idearios progresistas deben observarlos con especial rigor y respetarlos con la más tenaz exigencia. El desafío ético que tienen todos los políticos, y especialmente quienes defienden opciones de progreso, rebasa el postureo que representa la proclamación retórica de los valores emancipadores. Bien al contrario, el reto que tienen es adoptarlos y practicarlos responsablemente en su vida cotidiana y en sus desempeños públicos. Me parece que es el camino más recomendable para recuperar poco a poco la confianza de los ciudadanos.