La ciencia bajo presión: publicar o perecer

Meses atrás reflexionaba en este blog en torno al fraude científico (El fraude científico y sus amenazas), un fenómeno poco novedoso que debe estudiarse y denunciarse para combatir las prácticas indignas que amenazan el futuro de los investigadores, de las universidades y centros de investigación y de la propia ciencia.

En las últimas décadas, el fraude sistematizado ha sacudido el contexto académico. Lo que antes eran incidentes aislados ha mutado en una industria organizada que carcome los cimientos de la investigación científica. En ese sentido, la comunidad científica ha detectado un fenómeno inquietante que amenaza con alterar la integridad de la indagación académica: la proliferación masiva de números especiales en revistas científicas, muchos de los cuales se utilizan para que sus propios editores publiquen sus trabajos y los de sus colaboradores próximos. Esta práctica, descrita con el acrónimo PISS (Published In Support of Self, publicado en apoyo de uno mismo), está siendo denunciada por algunos investigadores como una forma de «autopublicación» que infla currículos y desperdicia fondos públicos, pese a que no aporta avances científicos significativos.

Revistas científicas especializadas, que eran de periodicidad quincenal o semanal, han pasado a publicar números especiales en intervalos de apenas pocas horas. Antes, estos monográficos eran selectos y se encargaban a importantes figuras de una determinada disciplina científica. Ahora, algunos investigadores mediocres reciben una avalancha de invitaciones para ser editores de estos incontables números especiales, convertidos en un negocio millonario.

Un análisis sistemático de más de 110.000 números especiales publicados entre 2015 y 2025 detectó que 1 de cada 8 cumple criterios de PISS, es decir, son monográficos con más de un 33% de artículos firmados por el propio editor invitado. En la muestra estudiada, ello corresponde a más de 43.000 trabajos asociados a este tipo de prácticas. La mayor parte de las ediciones con esos altos niveles de autopublicación pertenecen a la editorial MDPI, que concentró el 87 % de los casos detectados, seguida en menor medida por Frontiers y otras pequeñas editoriales.

Este crecimiento ha sido posible gracias al modelo de acceso abierto (open access). Ello significa que los autores pagan para que sus artículos sean publicados y accesibles sin suscripción (normalmente abonan más de 2.000 euros, generalmente procedentes de fondos públicos). Si bien el acceso abierto posibilita la democratización del conocimiento —impulsado por iniciativas como Plan S, en Europa—, a la vez, indeseablemente, ha creado incentivos perversos. Por un lado, propicia que las revistas incrementen sus ingresos cuanto mayores sean sus publicaciones;  y por otro, facilita que los investigadores vean recompensadas sus profusas productividades para optar a ascensos profesionales y acceder a la financiación.

Como decía, este fenómeno no surge de la nada. Estudios previos han demostrado que la publicación académica global ha crecido de forma exponencial. Un trabajo realizado por Mark A. Hanson, Pablo Gómez Barreiro, Paolo Crosetto y Dan Brockington señala que entre 2016 y 2022 el número de artículos indexados aumentó alrededor de un 47 %, mientras que el número de investigadores activos no creció al mismo ritmo. De modo que se genera cultura de sobrecarga de trabajo y presión para publicar más y más rápido.  Esta presión, conocida en el argot académico como el sistema de «publica o perece» (Publish or Perish), está siendo ampliamente cuestionada. Líderes en ética científica señalan que cuando las métricas —como el número de publicaciones o los sistemas de citas— se convierten en objetivos, dejan de ser indicadores fiables de calidad, adoptando la forma de un fenómeno descrito por la llamada ley de Goodhart, que resume la frase: «Dime como me mides y te diré qué haré».

Este contexto ha favorecido no solo una proliferación escandalosa de números especiales, sino también prácticas éticamente cuestionables, como las revistas depredadoras, que cobran tarifas elevadas sin ofrecer una revisión rigurosa o un proceso editorial legítimo; y las llamadas «fábricas de artículos», que monetizan la autoría científica sin apenas controles de calidad.

El impacto económico de estas prácticas es considerable. Estimaciones conservadoras cifran en 2.000 € el «peaje» que se abona por cada artículo que se logra publicar, lo que sugiere que los gastos asociados a trabajos PISS podrían ascender a entre 33 y 87 millones de euros, solo en una pequeña fracción del sistema editorial.

Además, la expulsión de ciertas revistas de importantes bases de datos —fundamentalmente por irregularidades en sus procesos de revisión— y el escándalo de las publicaciones anómalas en «megarevistas» de gran volumen advierten de que el problema probablemente se extiende más allá de los números especiales y afecta a la credibilidad de cabeceras editoriales supuestamente prestigiosas.

Diversos organismos, entre los que se incluye la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), en España, han empezado a ponderar negativamente la repetición de publicaciones en números especiales en un determinado currículum académico, intentando con ello poner coto a la preeminencia de la cantidad sobre la calidad.

Expertos en integridad científica coinciden en que es urgente reformar los criterios de evaluación académica, priorizando la calidad y la relevancia de las publicaciones sobre las métricas cuantitativas simples. Ello incluye aplicar reglas más estrictas para evaluar los números especiales, reforzar la revisión imparcial por pares e impulsar modelos alternativos de comunicación científica que reduzcan la dependencia de las editoriales comerciales.

Las empresas implicadas, como MDPI y Frontiers, defienden sus protocolos y señalan que activan salvaguardas para gestionar posibles conflictos de interés y que las contribuciones cumplen con procesos de revisión equivalentes a los de cualquier otro artículo. Sin embargo, estas explicaciones no han disipado las dudas entre muchos investigadores, y la discusión continúa presente tanto en la literatura académica como en foros y reuniones internacionales.

La comunidad científica se encuentra frente a un serio dilema. Mientras los sistemas de evaluación y financiación sigan basados en métricas que favorecen la producción masiva de artículos, las prácticas como los números especiales autopublicados continuarán proliferando. Cambiar esta dinámica requiere una reforma estructural que aborde no solo la conducta editorial, sino también los incentivos que rigen la carrera académica y científica.

Los problemas descritos no representan un «error menor» del sistema; son un síntoma de cómo las estructuras actuales de la ciencia pueden producir resultados superficiales en detrimento de descubrimientos sólidos y significativos. Como dije en otro post, el combate contra el fraude no es un asunto opcional, sino una condición sine qua non para que la ciencia siga siendo una herramienta valiosa para comprender y transformar el mundo.

Cuando las palabras no definen límites

Como escribía recientemente Sasha Mudd, profesora de Filosofía de la Universidad Católica de Chile, en una columna del diario El País, la captura militar de Nicolás Maduro, seguida del anuncio de que Washington asumirá el control político y reorganizará la industria petrolera venezolana, no solo es un acontecimiento geopolítico extraordinario y una flagrante violación del derecho internacional; representa algo más grave y silencioso, como lo es el vaciamiento progresivo del lenguaje político que durante décadas sostuvo el orden democrático internacional, como dije semanas atrás en otra entrada de este blog (Hipocresía liberal y triunfo del cinismo).

Tras la Segunda Guerra Mundial, el sistema geopolítico internacional se sostuvo no solo sobre instituciones, tratados y equilibrios de poder, sino también sobre un acuerdo básico y compartido del significado de ciertos términos.  Así, por ejemplo, «democracia» implicaba un poder sometido a la ley y limitado por contrapesos; «justicia» aludía a procesos verificables, no únicamente a fines deseados; «seguridad» significaba protección sin dominación; y «soberanía» reconocía que las fronteras importan, incluso cuando los gobiernos nacionales son moralmente cuestionables. Estos conceptos nunca existieron en puridad, pero funcionaban como marcos de referencia compartidos. Permitían discutir, condenar, justificar o contener las acciones de los Estados en el marco de un lenguaje inteligible para todos.

Ese lenguaje se está desmoronando. La Administración Trump ha presentado la captura de Maduro y la administración directa de Venezuela con términos como «aplicación de la ley», «protección de la democracia» y «seguridad regional». Pero tales palabras, utilizadas de ese modo, no describen la realidad, sino que la disfrazan. Es más, no estamos ante la habitual hipocresía política —decir una cosa y hacer otra—, sino ante un fenómeno más corrosivo como lo es la erosión semántica. Las palabras siguen utilizándose como si nada hubiese cambiado, pero la realidad es que ya no obligan moralmente a quienes las usan.

En sentido estricto, aplicar la ley supone la jurisdicción clara, garantías procesales, límites institucionales y responsabilidades definidas. Una operación militar sobre un país soberano, ordenada sin autorización parlamentaria suficiente y acompañada de la exhibición pública del capturado, no puede describirse como estricto cumplimiento legal. Denominarla así no explica la acción, sino que destruye la noción misma de legalidad. Como recordaba George Orwell, «el lenguaje político está diseñado para hacer que las mentiras suenen veraces y el asesinato respetable, y para dar una apariencia de solidez al puro viento». El auténtico peligro sobreviene cuando esa deformación deja de ser excepcional y se convierte en norma.

Lo mismo ocurre con la palabra «democracia». Es difícil sostener que una intervención militar externa, que termina consolidando el poder de actores que carecen de legitimidad interna, esté «restableciendo» un orden democrático. Y resulta aún menos convincente cuando quienes invocan esa democracia muestran una incomodidad creciente con sus propias restricciones democráticas internas: ignorando contrapesos institucionales, desafiando sentencias judiciales, convirtiendo la ley en herramienta de poder y no en límite del mismo. Cuando la democracia deja de ser forma de gobierno para convertirse en ornamento retórico del poder, el concepto pierde su capacidad de frenar los abusos.

Este vaciamiento del lenguaje no es accidental. Es una estrategia política propia del dogmatismo contemporáneo. Los autoritarismos del siglo XXI, a diferencia de los del siglo XX, no suelen anunciarse rechazando abiertamente los valores liberales. Frecuentemente, los adoptan superficialmente, apropiándose de su vocabulario mientras eliminan su contenido. En lugar de proclamar «la fuerza sobre el derecho», proclaman «el derecho», pero redefinido hasta el punto de que pierde todo su significado. Como advirtió Hannah Arendt, cuando la mentira política deja de distinguirse de la verdad, lo que se destruye no es solo la información, sino la posibilidad misma del juicio político.

Por eso Venezuela importa mucho más allá de sí misma. Porque allí se ha revelado sin tapujos que el país que durante décadas defendió con mayor contundencia un orden basado en normas está renunciando no solo a ese orden, sino al lenguaje que permitía sostenerlo. Y sin ese lenguaje compartido ya no existe una distinción clara entre intervención y conquista, entre justicia y venganza, entre liderazgo internacional y dominación.

Las consecuencias no han tardado en manifestarse. En América Latina, la caída de Maduro provoca alivio en algunos gobiernos que prefieren no mirar los medios empleados. Otros denuncian con razón la intervención estadounidense, pero guardan silencio sobre la deriva autoritaria venezolana que la precedió. Ambas reacciones muestran el mismo problema: cuando el vocabulario que permitía condenar simultáneamente la tiranía interna y el imperialismo externo deja de funcionar, el juicio moral se vuelve inestable, pragmático y casi cínico.

Lo más inquietante no es solo la actuación de los Estados poderosos sin límite alguno. Es que lo hagan mientras siguen apelando al lenguaje del derecho, la democracia y la justicia, desvirtuando plenamente el significado de esos términos. Cuando ello sucede, las apelaciones al derecho internacional suenan ingenuas, la soberanía parece una excusa y la democracia una etiqueta reutilizable. El resultado es un peligroso nihilismo político resumido en el corolario: nada significa nada, y todo depende únicamente de la fuerza.

La historia nos enseña que cuando los vocabularios morales colapsan, no se reconstruyen fácilmente. Sin duda, acabarán emergiendo nuevas normas, pero a menudo con un coste humano terrible. El orden posterior a 1945 nació de una formidable catástrofe. La erosión del lenguaje que lo ha sostenido durante ocho décadas debería alarmar a cualquiera que aspire a que no se repitan aquellos dramas. Porque antes de que colapsen las instituciones, se arruinan las palabras que las posibilitaban. Y cuando las palabras dejan de acotar límites, el poder deja de reconocerlos.

 

Crónicas de la amistad: Elx (60)

Regresamos a Elx, ciudad que, además de ser el importante accidente cultural que reflejan los mapas y destacan los folletos turísticos, subsume una determinada manera de estar en el mundo. El destino impidió que Antonio Antón nos recibiese, como habíamos previsto, en este territorio entrañable, que hoy se ofrece esencialmente como lugar de recuerdo. Desgraciadamente, en el intervalo de poco más de un trienio y con idéntica premura, dos queridísimos amigos, Elías y Antonio, ilicitanos de adopción y de derecho, dejaron de caminar con nosotros, aunque están presentes en cuanto sembraron con sus formas de vivir y de comprometerse con los demás. Su ausencia nos duele muchísimo, a la vez que nos alumbra, recordándonos que el auténtico progreso se mide con las huellas, los vínculos y los valores que se dejan y perduran.

Elx ha prosperado a lo largo de la historia porque personas como ellos agrandaron su potencial. Su semilla, junto a la de otros ciudadanos de bien, contribuye a que esta ciudad siga creando, cuidando su cultura y apostando por la transformación con identidad.  Y por ello, además de en nuestro recuerdo, seguirán aquí, latiendo en cada gesto honesto, en cada sueño que se atreva a eclosionar. Porque hay lugares que no se abandonan nunca, y personas que, aunque se vayan, se quedan para siempre.

Lamentablemente, por más que la publicidad insista en invadir las pantallas de nuestros teléfonos con imágenes de grupos inseparables brindando por la vida, en general, la realidad es menos halagüeña. Nunca habíamos hablado tanto sobre la amistad y, sin embargo, cada vez cuesta más entablarla y prolongarla. Estudios recientes sobre la soledad advierten de que una parte significativa de los jóvenes se siente aislada, un fenómeno que no se circunscribe exclusivamente a ellos. A medida que pasan los años, numerosas personas adultas descubren que sus amigos ya no se parecen a quienes fueron, que las conversaciones con ellos son menos interesantes y que la complicidad, ese lenguaje tácito que parecía indestructible, empieza a agrietarse.

De ahí que algunos filósofos hayan señalado que la amistad, lejos de ser una relación simple y garantizada, es un vínculo delicado que exige comparecencia, reconocimiento mutuo y estabilidad compartida. Así, por ejemplo, Marina Garcés (La pasión de los extraños, 2025), retomando una metáfora de Nietzsche, nos recuerda que los amigos son como los barcos que coinciden durante un tiempo en el mismo puerto, desde el que se aventuran por rutas distintas. Ello no tendría mayor relevancia si no constatasen que, tras años navegando por mares diversos, cuando vuelven a coincidir, intentan reconocerse y descubren asombrados que ya no comparten los mismos horizontes.

Pese a todo, debe admitirse que en parte de la literatura contemporánea, especialmente en la creada por mujeres, la amistad se ha convertido en un amplio espacio de reflexión, de duelo y de crítica. Sin embargo, en el universo masculino queda mucho por decir al respecto. Filósofos, sociólogos y escritores coinciden en que la amistad entre hombres continúa atrapada en modelos rígidos, con notorio sesgo de género, asentados en vínculos construidos en torno a actividades habituales y comunes (deporte, estudios, trabajo...) más que articulados sobre el intercambio emocional. No se cuestiona que existen los afectos, pero suelen expresarse en clave irónica o como asuntos de camaradería, y rara vez con formatos de vulnerabilidad compartida. Cuando la vida nos exige hablar de miedos, pérdidas, fatigas o frustraciones, muchos descubrimos que nuestras redes de apoyo no están preparadas para ello.

Además, la amistad masculina tradicional tiende a requerir una cierta inmovilidad. Se espera que quienes han sido parte fundacional de un determinado grupo se desenvuelvan en términos parecidos a como lo hicieron consuetudinariamente: fieles a su barrio o a su pueblo, a determinada ideología y a concretos hábitos. Cuando alguien cambia —de ciudad, de ideas o de vida—, emerge una cierta sensación de abandono o de traición en quienes permanecen en el statu quo fundacional. En tales casos, el reencuentro, imaginado como el ansiado refugio, se transforma en un espejo incómodo que nos devuelve una antigua versión nuestra, una identidad diferente que algunos se empecinan en mantener congelada en el tiempo.

A ello se suma la aceleración, uno de los males característicos de nuestra época. Vivimos excesivamente ocupados, concentrados y fatigados resolviendo las urgencias cotidianas que surgen en el trabajo y en la familia. Como señalan algunos sociólogos, cuando no se reservan espacios para cuidar los vínculos, estos se diluyen sin apenas ruido. La mayoría de las amistades no mueren como consecuencia de enfrentamientos, sino por el abandono silencioso. No hay ruptura dramática, simplemente se va creando una distancia que crece hasta que el contacto deja de ser natural y la relación se convierte en recuerdo. Es una especie de desvanecimiento del camino que vincula a las personas que, si no se pisa de vez en cuando, termina invadido por la maleza.

La paradoja reside en que, cuando fallan las parejas, cuando la vida golpea con dureza o cuando se pierde el rumbo, la debilitación de esa red de apoyo resulta especialmente dolorosa. La amistad, que parecía prescindible, se revela —cuando ya es tarde— como una estructura esencial. Quizás por ello conviene reivindicar un cierto activismo en ese universo, restándole algo de centralidad a la vida sentimental y profesional para devolvérsela a los vínculos que sostienen, acompañan y nos recuerdan quiénes fuimos y quiénes deseamos seguir siendo.

Pese a las inevitables grietas, hay amistades que resisten, como la nuestra. Sobreviven a la distancia, al contacto infrecuente e incluso a los largos silencios. Los amigos, cuando volvemos a encontrarnos, sea a través de una llamada o mediante un escueto mensaje, retomamos la conversación como si la hubiésemos dejado ayer. Y ello no es magia, sino memoria afectiva; respeto mutuo y cariño desvinculado del implacable curso del calendario.

Quizá por eso, cuando un amigo se va definitivamente, la herida duele más que la nostalgia. No solo perdemos a un ser querido, se desgaja simultáneamente una parte de nuestra historia. Pocas semanas atrás volvimos a reaprenderlo. La muerte de Antonio Antón, como sucedió con la de Elías, nos recordó qué significa realmente la palabra «compañero»: el que camina con nosotros compartiendo risas, discusiones, silencios y tardes que siempre parecen cortas. No solo se fueron sus presencias, sino una determinada forma de entendernos y de mirar el mundo. Por ello, si a algo nos obliga especialmente su ausencia, es, precisamente, a atender con más cuidado las amistades que aún permanecen, a no darlas por hechas, a cultivarlas y a evitar que se desvanezcan.

Tal vez el aprendizaje que debamos hacer sea ese: aceptar que la amistad no es una fotografía fija, sino un territorio que se transforma a la vez que lo hacemos nosotros y que exige un cuidado primordial. Si logramos asegurarlo, sortearemos las crecientes dificultades que sobrevendrán y seguiremos encontrando en la amistad algo esencial: la certeza de que no estamos solos mientras alguien pueda decirnos, sin reproches ni nostalgia: «Yo te recuerdo, te aprecio y sigo aquí».

Algo así pareció decirnos hoy Paqui, la esposa de Antonio. Conocedora de que nuestro encuentro debía celebrarse en Elx, se brindó, espontánea y generosamente, a recibirnos y a buscar el lugar oportuno donde llevarlo a cabo, como hubiese hecho él. Así se lo trasladó a Pascual y a todos nos pareció bien. Eran poco más de las doce cuando estábamos concentrados en el punto de encuentro convenido, en la cafetería del Centro de Congresos Ciutat d’Elx. Tras los sentidos saludos, nada protocolarios, activamos el modo «actitud positiva» y despachamos un aperitivo, gentileza de la anfitriona, compuesto por entrantes variados (patatas chips, aceitunas, tortilla española, ensaladilla de marisco, boquerones fritos y croquetas de rabo de toro), bien regados con cerveza y un blanco de Rueda.

Terminado el refrigerio, Paqui nos acompañó al restaurante La Cueva, próximo al lugar donde nos encontrábamos, y desde allí se marchó a su domicilio. El establecimiento es un restaurante familiar, de cuidada decoración y excelentes especialidades. Nos gustó especialmente el lechazo al estilo segoviano, precedido por generosas bandejas de queso y embutidos ibéricos y un par de ensaladas. Merecen destacarse, también, las fuentes de huevos rotos con patatas panadera. Todo ello regado con cervezas, refrescos y un Matarromera crianza, y servido con exquisita atención y pericia por el titular del establecimiento.

Concluida la dilatada refacción, nos desplazamos de nuevo a las proximidades del Centro de Congresos, donde despachamos las obligadas copas, que aderezaron una amena tertulia que se prolongó por espacio de un par de horas, esta vez con el obligado silencio de las canciones. Nadie tiene reemplazo y mucho menos la voz y los buenos oficios musicales de Antonio Antón.

Regresamos de Elx con la convicción de que los lugares no son exclusivamente coordenadas en un mapa, sino depósitos de memoria y de apego. Donde hoy faltaban Antonio y Elías no reinó el vacío, sino una forma honda de reivindicar su presencia a través del gesto generoso de Paqui, del aperitivo compartido sin solemnidad, del calor de la acogedora mesa de La Cueva donde la conversación fluyó con naturalidad. Contrastamos de nuevo que la amistad verdadera no depende de la frecuencia ni de la escenografía, sino de la lealtad silenciosa que se mantiene obstinadamente, incluso cuando la vida cambia de rumbo.

En una época acelerada, que trivializa el vínculo y confunde conexión con cercanía, reencontrarnos fue casi un acto de resistencia que nos ayudó a recordar que las amistades no se sostienen por inercia, sino que requieren tiempo, escucha y la valentía de afrontar y aceptar que todos nos transformamos. El recuerdo de Antonio y Elías nos demostró que el progreso personal y colectivo se mide por la calidad de los lazos que cultivamos.

Concluimos el encuentro, convencidos de que algo se había restaurado porque, aunque resulte imposible sortear las ausencias, tenemos en nuestra mano evitar el abandono. Si cuidamos lo que late entre nosotros, seguiremos caminando acompañados, fieles a la memoria amistosa que convierte los recuerdos en compromisos y las pérdidas en renovadas dimensiones del afecto. Hago votos por que así sea.

La próxima, si el tiempo o las circunstancias no lo impiden y por unánime resolución, será en Santa Pola, el 14 de abril.

El gimnasio como ágora contemporánea

Durante décadas, el gimnasio fue un espacio funcional y relativamente acotado, un lugar al que se acudía a entrenar y del que se salía sin mayor implicación social. Hoy, sin embargo, ese marco ha saltado por los aires. El gimnasio se ha convertido en un escenario central de la vida cotidiana, un punto de encuentro donde se cruzan ocio, salud, trabajo, relaciones personales y construcción de identidad. En muchas ciudades, especialmente entre jóvenes y clases medias urbanas, el gimnasio ha pasado a ocupar un lugar simbólico comparable al que tuvieron el bar, el club social o incluso la oficina.

Este desplazamiento no es casual. Responde a transformaciones profundas en los estilos de vida que condicionan la precarización del tiempo, la digitalización del trabajo, la conciencia creciente sobre la salud y el cuerpo, y la pérdida de espacios comunitarios tradicionales. El gimnasio ofrece una respuesta eficaz a estas tensiones al concentrar múltiples funciones bajo un mismo techo. Se entrena, sí, pero también se socializa, se trabaja con el portátil, se consumen alimentos «saludables», se cuidan hijos, se hacen contactos profesionales y, en no pocos casos, se construyen vínculos afectivos.

Desde esta perspectiva, el auge del fitness tiene elementos claramente positivos. Facilita la incorporación del movimiento a la rutina diaria, reduce barreras de acceso a la actividad física y combate, al menos en parte, el sedentarismo. Para muchas personas, el gimnasio es también un antídoto contra la soledad urbana, un lugar donde verse reconocido, pertenecer a un grupo y estructurar el tiempo. No cabe duda de que, en un contexto pospandémico marcado por el aislamiento y la fragmentación social, estos espacios han llevado a cabo una función cohesionadora nada desdeñable.

Además, el sector ha sabido diversificarse. Conviven grandes cadenas de bajo coste, estudios especializados de formato reducido y clubes prémium que integran bienestar, restauración y trabajo. Esta pluralidad responde a demandas distintas y ha contribuido a democratizar, al menos parcialmente, el acceso al ejercicio físico. La musculación y el entrenamiento de fuerza, antes asociados a nichos muy concretos, se han normalizado entre jóvenes, mujeres y personas mayores, rompiendo estereotipos y ampliando horizontes deportivos.

Sin embargo, esta expansión no está exenta de problemas. El primero tiene que ver con la creciente confusión entre salud y rendimiento. El discurso dominante en torno al gimnasio tiende a presentar el cuerpo como un proyecto permanente de mejora, optimización y control. La frontera entre cuidarse y exigirse se vuelve difusa, y el bienestar corre el riesgo de transformarse en una nueva forma de productividad. No se trata solo de estar sano, sino de parecerlo, de exhibirlo y de convertirlo en capital social.

En ese sentido, las redes sociales desempeñan un papel clave. La sala de fitness se ha convertido en un escaparate donde se graban rutinas, se comparan cuerpos y se mide el progreso en «likes» y seguidores. Esta lógica intensifica la presión estética y refuerza la idea de que existe un modelo corporal deseable, que solo es alcanzable si se tiene suficiente disciplina. El resultado puede ser la frustración, la ansiedad o una relación instrumental con el propio cuerpo, especialmente entre adolescentes y jóvenes.

Por otro lado, las mujeres, pese a su creciente presencia en estos espacios, siguen soportando una carga específica. La «autovigilancia» corporal, la sexualización y la tensión entre empoderamiento y cosificación no han desaparecido; simplemente se han metamorfoseado. De hecho, mostrar fuerza y autonomía convive con la exigencia de encajar en cánones estéticos que se reproducen una y otra vez. La igualdad en el acceso no siempre se traduce en igualdad simbólica.

A todo lo anterior se suma una dimensión social menos visible, pero igualmente relevante, la del estatus. Algunos gimnasios funcionan como espacios de distinción, donde la pertenencia no solo implica cuidar la salud, sino también acceder a determinadas redes, estilos de vida y formas de consumo. En un contexto de desigualdad creciente, esta segmentación puede generar nuevas fuentes de estrés y exclusión, al proyectar una imagen de bienestar total que no está al alcance de todos.

El gimnasio, en definitiva, no es un espacio neutral. Está atravesado por valores, ideologías y expectativas sociales. Puede ser reconocido tanto como un lugar de emancipación —donde se construyen relaciones no mediadas por el trabajo y se recupera el control sobre el propio cuerpo— como como un engranaje más del capitalismo contemporáneo, que convierte incluso el ocio y el autocuidado en obligaciones morales.

El balance, por tanto, exige matices. Entre las ventajas destacan la promoción de la actividad física, la socialización, la diversificación de la oferta deportiva y la integración del cuidado corporal en la vida cotidiana. Entre los inconvenientes sobresalen la presión estética, la mercantilización del bienestar, la reproducción de las desigualdades y la tendencia a confundir salud con éxito visible.

Por consiguiente, las propuestas de mejora apuntan a varios frentes. En primer lugar, intentando reforzar una pedagogía del ejercicio centrada en la diversidad corporal, el disfrute y la sostenibilidad a largo plazo, no solo en el resultado estético. En segundo lugar, promoviendo entornos más inclusivos y menos orientados a la exhibición constante, con normas claras sobre el uso de cámaras y redes. También sería deseable una mayor conexión entre gimnasios y espacios públicos para la práctica del deporte, para evitar que la actividad física quede recluida en entornos lucrativos. Finalmente, conviene recuperar la idea del gimnasio como lugar de cuidado compartido y no de competición permanente.

Si el gimnasio ha llegado para quedarse, como una suerte de ágora contemporánea, el reto está en decidir qué tipo de vida social queremos que acoja: la basada en la comparación infinita, u otra que conciba el movimiento como una forma más —imperfecta, diversa y humana— de estar juntos.

El Estatuto de Roma, entre promesa universal y realpolitik

El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, suscrito por más de cien países, fue redactado inicialmente en 1998 y está en vigor desde 2002. Nació a raíz de los traumas sociales del siglo XX, singularmente los genocidios, las guerras totales y la constatación de que la soberanía de los estados había sido utilizada en muchas ocasiones como coartada para la impunidad.

Frente a los tribunales ad hoc, como los de Núremberg, Tokio o los creados para la extinta Yugoslavia y Ruanda, el Tribunal Penal Internacional (TPI) aspiró a ser algo más. En concreto, una jurisdicción penal permanente, complementaria de las de los estados, con capacidad para juzgar a los responsables de genocidios, crímenes de guerra y de lesa humanidad, y —desde la enmienda de Kampala (2020)— también los de agresión (invasiones, bloqueos..., que violen la Carta de la ONU).

Esa aspiración universalista ha colisionado siempre con la apatía geopolítica. Infortunadamente, el TPI no es un tribunal «mundial», sino una jurisdicción sustentada en un tratado suscrito por 124 Estados, pero carente del respaldo de las principales potencias, como los Estados Unidos, China, Rusia o Israel. Esa inhibición no es un detalle anecdótico, sino el núcleo del problema. Lo cierto es que los estados con mayor capacidad militar y diplomática son precisamente los que quedan fuera de su jurisdicción.

Las competencias del TPI están cuidadosamente delimitadas. Solo actúa cuando los Estados no pueden o no quieren investigar escrupulosamente (principio de complementariedad), y su jurisdicción se activa en función de la nacionalidad del acusado, el territorio donde se cometió el crimen o a instancia del Consejo de Seguridad de la ONU. En la práctica, esto ha generado una paradoja de difícil solución: el TPI es jurídicamente exigente, pero políticamente frágil. Ha procesado a líderes y milicianos —sobre todo africanos, aunque no exclusivamente—, ha emitido órdenes de arresto contra jefes de Estado en ejercicio y ha producido una jurisprudencia relevante. Sin embargo, depende de la cooperación de los diferentes estados a la hora de detener a los acusados y ejecutar sus resoluciones.

La situación actual del TPI refleja ese desequilibrio. Por un lado, se ha incrementado su legitimidad normativa, pues es incuestionable que las guerras en Ucrania, Gaza, Sudán o Myanmar han reactivado la presencia del lenguaje del derecho penal internacional en el debate público. Por otro, se han intensificado las presiones políticas sobre el funcionamiento del TPI, siendo las más llamativas y funestas las provenientes de la administración Trump. Durante su primera presidencia, Donald Trump impuso sanciones y restricciones de visados a fiscales y funcionarios del Tribunal por investigar posibles crímenes cometidos por fuerzas estadounidenses y aliadas. El mensaje fue inequívoco: el TPI podía existir, pero no «tocar» a los poderosos.

Aquel precedente pesa hoy como seria advertencia. La presión estadounidense, aunque no siempre formalizada a través de sanciones, actúa como un factor disuasorio estructural. No es un caso aislado. Rusia, por ejemplo, ha respondido a decisiones del TPI con órdenes de arresto simbólicas contra jueces, China ignora abiertamente la jurisdicción e Israel rechaza cualquier competencia del Tribunal sobre los territorios palestinos. La gobernanza efectiva del sistema internacional sigue estando en manos de quienes pueden vetar, sancionar o simplemente desobedecer.

¿Puede —o debe— seguir siendo el TPI la única instancia permanente para juzgar los crímenes más atroces? La respuesta es doble. Por un lado, es inequívocamente afirmativa porque no existe una alternativa mejor que combine continuidad, garantías procesales y vocación universal. Fragmentar la justicia penal internacional en tribunales ad hoc o regionales constituiría un retroceso que favorecería el oportunismo político. Pero, por otro lado, no puede aceptarse el statu quo actual del TPI, aislado del poder real.

En sentido estricto, la idea de «evitar» que Estados Unidos, China, Rusia o Israel ejerzan su gobernanza efectiva sobre el TPI es ilusoria. El derecho internacional jamás ha operado en el vacío porque siempre está condicionado por las relaciones de poder. Ahora bien, lo que sí puede hacerse es limitar ese poder mediante estrategias acumulativas, como ampliar la base de los estados adheridos, reforzar la cooperación judicial entre países afines, blindar financieramente al TPI frente a represalias y, sobre todo, asegurar un coste reputacional importante para quienes boicoteen la justicia internacional, invocando el orden jurídico solo cuando les conviene.

El TPI no es un tribunal de vencedores, pero tampoco puede ser el juzgado de los débiles. Su credibilidad depende de la firmeza con que lleve a cabo investigaciones incómodas, incluso cuando atañan a instancias poderosas, así como de resistirse a la tentación de la autocensura estratégica. Las interferencias de los países más poderosos —reales o latentes— no son solo un ataque a una institución concreta, sino a la idea misma de que el poder real debe tener límites jurídicos.

El Estatuto de Roma fue un acto de voluntad política contra el cinismo de la historia. Hoy, la presión de las grandes potencias erosiona esa voluntad. La pregunta no es si el TPI es imperfecto —que lo es—, sino si el mundo está dispuesto a aceptar que los crímenes más horrorosos vuelvan a quedar impunes, sin disimulo, a merced de la fuerza. En esa disyuntiva, defender al TPI no es una ingenuidad jurídica, sino una derivada fundamental del realismo moral.

ChatGPT cumple tres años

La irrupción de ChatGPT y la horda de tecnologías generativas que le han seguido no es un fenómeno anecdótico. En poco más de tres años, ha reconfigurado prácticas laborales, modelos de negocio y la propia experiencia de navegar por la red.

La adopción masiva de asistentes conversacionales ha acelerado tareas repetitivas y ha ampliado el acceso a herramientas avanzadas sin necesidad de poseer perfiles tecnológicos. Para empresas y profesionales, la ganancia en eficiencia es incontestable, creándose nuevas microeconomías alrededor de personas que saben «pedirle bien» a la IA. Sin embargo, esa mejora aparente oculta a la vez dependencia y asimetrías. La automatización de tareas repetitivas no equivale necesariamente a creación de empleo de calidad, pues convierte parte del trabajo intelectual en supervisión y mantenimiento de máquinas, roles que suelen concentrarse en poblaciones con los mejores recursos, dejando atrás a sectores menos capacitados para adaptarse.

La IA es un modelo que tiene sus sesgos. No se trata de fallos accidentales que pueden corregirse con parches, pues son reflejos de estructuras de poder y de datos históricos que alimentan los modelos. Cuando una IA replica estereotipos, no solo reproduce errores técnicos, sino que naturaliza determinadas desigualdades. Mitigar esta realidad requiere transparencia en datos y métricas, responsabilidad legal y procesos de auditoría independientes. No meros ajustes internos de compañías que se guían exclusivamente por incentivos comerciales.

Asimismo, la narrativa optimista sobre productividad inherente a la IA debe equilibrarse con una evaluación de su calidad y confianza. Las «respuestas directas» que reemplazan a los tradicionales listados de enlaces plantean un nuevo problema: ¿Quién verifica lo que la IA presenta como verdad? Las llamadas «alucinaciones» —contenido inventado con apariencia verosímil— no son meros defectos, son vectores que apuntan a la desinformación y al fraude intencionados. Por tanto, si la experiencia web cambia hacia respuestas sintetizadas, necesitamos sistemas de atribución de fuentes, garantías de trazabilidad y responsabilidades claras para los editores y plataformas que integren las IAs.

Otro aspecto clave de la IA es su dimensión geopolítica y ecológica. La concentración del poder digital en Estados Unidos y China —y la consiguiente demanda de energía asociada a los colosales centros de datos que requiere— convierte a la IA en un asunto de seguridad energética y soberanía digital. El debate público sobre recursos, financiación y regulación no puede limitarse a las cuestiones tecnológicas, porque implica decidir si queremos un ecosistema dominado por unas pocas corporaciones globales o uno distribuido, transparente y sujeto a criterios públicos. La discusión sobre las fuentes de energía que demanda la nueva arquitectura digital (incluidas opciones polémicas, como la nuclear) evidencia que la transición tecnológica tiene costes ambientales reales que deben contabilizarse en cualquier análisis de coste-beneficio.

El panorama competitivo entre los gigantes tecnológicos también tiene otros matices. Por un lado, la competencia entre proveedores (OpenAI, Google, Anthropic, empresas chinas) impulsa la innovación, pero complica la gobernanza. Los litigios sobre derechos de autor ya han empezado a fijar límites y futuras sentencias serán determinantes para el acceso a los datos de entrenamiento y para la remuneración de los creadores. Todo ello indica que son necesarios marcos normativos claros que equilibren innovación, protección de derechos y competencia leal.

Por otra parte, con relación a la salud mental y a la dependencia emocional, debe advertirse acerca de los chatbots empáticos, que pueden ser herramientas útiles, pero también son capaces de crear vínculos que confunden a los usuarios vulnerables. Por tanto, la protección de los menores, la educación digital para fomentar la alfabetización crítica y los límites éticos sobre simulaciones afectivas son asuntos que deben abordarse sin demora. No es aceptable la externalización del cuidado emocional, dejándolo en manos de sistemas diseñados para maximizar el uso y la fidelización.

Finalmente, existen tres líneas que conviene supervisar sin demora. La primera es la integración profunda de la IA en buscadores y plataformas. Ello hará que aumenten exponencialmente las interfaces conversacionales y decrezca la navegación por enlaces, lo que exigirá estándares de transparencia y atribución. La segunda apunta a la regulación. Crecerá la presión legislativa en Europa, Estados Unidos y otras jurisdicciones, con normas sobre seguridad de modelos, pruebas de impacto, etc. La tercera es la industrialización del modelo. Se multiplicarán versiones especializadas (GPTs personalizados, agentes autónomos) y servicios que empaqueten IA para sectores concretos, elevando la necesidad de certificaciones sectoriales (salud, finanzas, justicia).

Con todo, la pregunta decisiva podría ser qué tipo de sociedad queremos que emerja con la IA. Y ello nos llevaría a establecer la necesidad de mitigar los riesgos que supone, y que exigen transparencia en el entrenamiento, límites legales claros, inversión pública en infraestructuras diversas y programas de formación realistas. Sin esas cautelas, corremos el riesgo de que la «sacudida» productiva favorezca a quienes ya tienen capital cultural y tecnológico, profundizando brechas económicas y democráticas.

Por último, el periodismo y, en general, los medios de comunicación tienen un papel crucial en esta transformación. No solo deben facilitar la actualización de la información sobre los hitos tecnológicos, sino advertir de sus riesgos e implicaciones sociales y políticas para las grandes audiencias. Es responsabilidad de medios, auditores y reguladores exigir a las empresas pruebas públicas, someter al escrutinio público sus modelos de negocio y proteger el bien común. La tecnología puede contribuir a aumentar la prosperidad, pero no será neutral; su impacto dependerá de las reglas que acordemos ahora.