La culpa del inocente

Hay culpas que nacen de una falta real y culpas que nacen del afecto. Las primeras cumplen una función moral porque nos recuerdan que hemos incumplido un deber, que hemos causado un daño o que hemos actuado obviando nuestras propias convicciones. Las segundas, en cambio, son mucho más complejas. No proceden de una transgresión, sino de la dolorosa conciencia de nuestros límites. Entre estas últimas se encuentra la culpa que con frecuencia experimentan quienes, tras años de dedicación, deciden ingresar a un familiar dependiente en una residencia o en un centro especializado.

Se trata de una de las paradojas más conmovedoras de la condición humana. Quienes más han cuidado suelen ser quienes más se reprochan por no haber podido cuidar todavía más. La escena se repite con innumerables variantes: un marido que acompaña durante años a una esposa atrapada por el Alzheimer; una hija que renuncia a su carrera laboral para atender a su madre; un hijo que convierte su existencia cotidiana en una sucesión de visitas médicas, medicaciones, vigilias nocturnas y renuncias personales... Durante mucho tiempo logran sostener una situación extraordinariamente exigente, pero llega un momento en que la enfermedad avanza, la dependencia se agrava y las necesidades asistenciales desbordan las capacidades de la familia. Entonces surge la decisión. Y con ella, la culpa. No porque se haya dejado de amar, sino precisamente porque se ama.

Nuestra cultura ha construido durante siglos una imagen heroica del cuidado familiar. Es una representación noble y comprensible. Asociamos la entrega incondicional a la fidelidad, al afecto y a la gratitud. Sin embargo, ha generado también una idea implícita y profundamente injusta: la de que el buen familiar es aquel que nunca se cansa ni desfallece, el que jamás reconoce sus límites. Nada más lejos de la realidad.

La dependencia severa constituye una de las tareas más complejas que puede afrontar cualquier persona. Las enfermedades neurodegenerativas avanzadas, las grandes discapacidades físicas o determinadas patologías crónicas exigen conocimientos especializados, vigilancia permanente y una disponibilidad que, sencillamente, excede las posibilidades de la mayoría de los hogares.

La medicina moderna ha prolongado la esperanza de vida, pero a la vez ha multiplicado la duración de muchas situaciones de dependencia. Nuestros abuelos raramente tuvieron que cuidar durante diez o quince años a una persona con deterioro cognitivo severo. Hoy esa circunstancia es cada vez más frecuente. Y sin embargo, las exigencias asistenciales del siglo XXI siguen descansando a menudo sobre estructuras familiares concebidas para otro tiempo.

La consecuencia es conocida por geriatras, neurólogos y psicólogos. El llamado síndrome de sobrecarga del cuidador afecta a millones de personas. Ansiedad, depresión, agotamiento físico, aislamiento social, trastornos del sueño y deterioro de la propia salud aparecen con una frecuencia alarmante entre quienes sostienen durante años el peso de una dependencia severa.

Estamos frente a una verdad ciertamente incómoda. Porque el amor no elimina el cansancio, la entrega no sustituye al descanso, la voluntad no reemplaza a los recursos profesionales y la generosidad, por admirable que sea, no hace a nadie inmune al desgaste. Quizá la primera tarea moral consista precisamente en aceptar estas evidencias.

Existe una tendencia sentimental a considerar que el domicilio familiar constituye siempre el mejor lugar posible para una persona dependiente. La realidad es bastante más compleja. Hay circunstancias en las que una institución especializada puede ofrecer una atención superior a la que cualquier familia, por entregada que esté, puede proporcionar. Atención sanitaria continuada, supervisión las veinticuatro horas, equipos multidisciplinares, programas de estimulación cognitiva, rehabilitación funcional, protocolos de seguridad, recursos técnicos adaptados... Nada de ello disminuye el valor del cuidado familiar. Simplemente reconoce que determinadas necesidades requieren medios que el entorno doméstico difícilmente puede garantizar.

Paradójicamente, muchas familias descubren después del ingreso algo que jamás habían imaginado. Al liberarse de las tareas más extenuantes, recuperan una parte esencial de la relación afectiva. El marido vuelve a ser marido. La hija vuelve a ser hija. El tiempo compartido deja de estar monopolizado por la administración de medicamentos, la higiene personal o la vigilancia constante. A veces el ingreso no rompe el vínculo sino que lo rescata. Lo que se transforma no es el afecto, sino la forma de expresarlo.

Por desgracia, nuestras sociedades aún no han aprendido a reconocer esta realidad con naturalidad. Persisten miradas de sospecha, juicios simplistas y una retórica del sacrificio que convierte cualquier delegación de cuidados en una aparente derrota moral. Es una visión profundamente injusta.

Nadie reprocha a una familia que recurra a un hospital cuando una enfermedad requiere tratamiento especializado, nadie interpreta una intervención quirúrgica y la posterior convalecencia como un abandono. Sin embargo, cuando la dependencia es crónica y prolongada, siguen apareciendo categorías morales que rara vez se aplican a otros ámbitos de la asistencia sanitaria. Se impone abandonar definitivamente esa lógica.

Porque las sociedades más humanas no son las que exigen sacrificios ilimitados a las familias, sino aquellas que crean instituciones capaces de compartir y aligerar la carga del cuidado. La dependencia no constituye un problema privado. Es una realidad social derivada del envejecimiento, del progreso médico y de la propia fragilidad humana. Por eso la responsabilidad no recae exclusivamente sobre los ciudadanos, corresponde también a los poderes públicos garantizar plazas suficientes, personal cualificado, supervisión rigurosa y una calidad asistencial compatible con la dignidad de las personas.

Pero existe, además, una responsabilidad cultural. Debemos aprender a hablar del ingreso residencial sin vergüenza, sin estigmas y sin insinuaciones culpabilizadoras. Debemos reconocer públicamente el esfuerzo inmenso realizado por quienes han cuidado durante años. Y debemos comprender que pedir ayuda no es una muestra de debilidad moral, sino una expresión de lucidez. Porque hay una diferencia esencial entre abandonar y confiar. Abandona quien se desentiende. Confía quien delega en otro profesional una tarea que ya no puede realizar adecuadamente por sí mismo.

La culpa de muchos cuidadores nace de una ilusión profundamente humana: la creencia de que el amor debería bastar para vencer cualquier límite. Pero el amor nunca ha consistido en eso. Amar no significa ser omnipotente, sino procurar el bien del otro incluso cuando ello exige reconocer nuestras propias incapacidades.

Quizá la verdadera lección moral sea precisamente esta. El cuidado auténtico no se mide por la cantidad de sufrimiento que una persona es capaz de soportar, sino por la capacidad de tomar decisiones difíciles pensando en el bienestar de quien depende de nosotros. Y algunas veces, aunque resulte doloroso admitirlo, la decisión más amorosa consiste precisamente en aceptar que ya no podemos prestarlo solos.

Fomentar la autonomía de los escolares en la era del WhatsApp

Con el comienzo del curso escolar regresan los libros, los horarios, las mochilas y, casi con la misma puntualidad, los grupos de WhatsApp de madres y padres. Nacieron para facilitar la comunicación y resolver cuestiones prácticas, pero en muchos casos han terminado convirtiéndose en una suerte de extensión digital de la escuela. En ellos se preguntan los deberes, se recuerdan los exámenes, se reconstruyen las explicaciones de los profesores, se comentan los conflictos y, a veces, se moviliza a media comunidad educativa por un problema que cualquier alumno podría haber resuelto en unos minutos.

El fenómeno merece que se le dedique atención porque detrás de una práctica aparentemente inocua existe una problema educativo de fondo: ¿hasta dónde debemos ayudar a nuestros hijos y en qué momento nuestra ayuda empieza a impedir que aprendan a desenvolverse por sí mismos?

La autonomía no aparece espontáneamente asociada a una determinada edad. Se construye progresivamente mediante  la asunción de pequeñas responsabilidades, decisiones, errores y consecuencias. La psicología del desarrollo y la pedagogía contemporáneas coinciden en señalar la importancia que tiene ofrecer a niños y adolescentes apoyos ajustados a su nivel de competencia, retirándolos gradualmente a medida que pueden asumir por sí mismos determinadas responsabilidades. La finalidad de su educación no es evitarles todas las dificultades, sino proporcionarles herramientas para afrontarlas.

En ese sentido, entiendo que los grupos de madres y padres deberían servir para informar y no para asumir responsabilidades propias de los centros educativos y de la crianza familiar. Resulta perfectamente razonable utilizarlos para comunicar un cambio de horario, recordar una excursión, resolver una cuestión logística o transmitir una información que afecta a todos. El problema  se suscita cuando el grupo comienza a asumir y sustituir la responsabilidad individual del alumno: «¿Qué deberes había?», «¿Cuándo era el examen?», «¿Qué ha dicho exactamente el profesor?», «¿Alguien sabe qué tienen que llevar mañana?».

Si un niño puede preguntárselo a un compañero, consultar su agenda o dirigirse al profesor, quizá no necesite que sus padres lo hagan por él. Resolver inmediatamente desde el teléfono aquello que el hijo puede solventar en el colegio es una forma de ayuda que, paradójicamente, puede debilitar lo que justamente debemos fomentar: su autonomía. 

También conviene preservar el principio elemental de que los menores no deben convertirse en objeto de deliberación colectiva. Los grupos de padres no pueden ser tribunales escolares. Juzgar, identificar o descalificar a un niño —aunque sea indirectamente— puede tener consecuencias desproporcionadas y vulnerar su intimidad. Una dificultad en la convivencia entre alumnos, una conducta problemática o un malentendido, deben abordarse por los cauces establecidos, nunca mediante una exposición pública ante decenas de familias.

Y lo mismo ocurre con los conflictos. Una discrepancia con un profesor, con otro padre o con un alumno no debería trasladarse automáticamente al grupo general. Las conversaciones colectivas tienden a simplificar los problemas, favorecen los malentendidos y pueden generar dinámicas de presión difíciles de detener una vez iniciadas. Los asuntos relevantes requieren interlocutores concretos y espacios privados, como los que representan tutores, profesores, equipos directivos o las familias afectadas, según el caso.

Además, existe una regla de prudencia básica especialmente importante: la versión de nuestro hijo merece ser escuchada, pero no necesariamente convertida en sentencia. Escuchar es proteger; creer sin contrastar puede ser otra cosa. Los niños y adolescentes cuentan los acontecimientos desde su propia percepción, condicionada por emociones, expectativas, relaciones con sus compañeros y comprensión todavía limitada de determinadas situaciones. Tomar en serio su relato significa precisamente ayudarles a reconstruirlo, comprender otras perspectivas y buscar soluciones.

Tampoco resulta pedagógico ejercer permanentemente de abogado defensor. Habrá ocasiones en que nuestros hijos necesiten que intervengamos ante una injusticia real o una situación que no pueden gestionar. Pero otras veces necesitarán algo diferente. Deberán aprender a asumir una consecuencia, reconocer un error, pedir disculpas, organizarse mejor o afrontar una conversación incómoda. La sobreprotección puede aliviar provisionalmente el problema pero, al mismo tiempo, priva al menor de una experiencia necesaria para su maduración.

En ocasiones, los chats también se convierten en amplificadores de la ansiedad. Un mensaje ambiguo, una información incompleta o un comentario alarmista pueden desencadenar una cadena de respuestas que transforma una incidencia menor en un supuesto problema colectivo. La comunicación digital tiene, además, una característica que no conviene olvidar: favorece la reacción inmediata y reduce el tiempo de reflexión. Por eso, no todo lo que puede escribirse debe escribirse.

Finalmente, existe una dimensión social del fenómeno. Las familias pueden verse arrastradas a una competición silenciosa por demostrar implicación: participar en todas las actividades, conocer cada detalle, anticiparse a cada dificultad o exhibir permanentemente la propia dedicación. Sin embargo, la buena parentalidad no se mide por el número de mensajes enviados ni por la rapidez con que respondemos a cada incidencia escolar. Ser buenos padres no significa hacer más cosas por nuestros hijos, sino ayudarles a ser más autónomos.

Por cuanto antecede, con el inicio del curso convendría establecer algunas reglas sencillas para orientar el adecuado funcionamiento de los grupos de WhatsApp. Se resumen en:

- Utilizar el chat para información colectiva, no para sustituir la comunicación entre alumnos, profesores y familias.

- Antes de intervenir, preguntar al hijo: «¿Puedes resolverlo tú? ¿Qué has intentado?».

- No identificar ni juzgar a menores en conversaciones grupales.

- Trasladar los conflictos importantes al ámbito privado y a los profesionales correspondientes.

- Escuchar al hijo sin reaccionar inmediatamente y contrastar los hechos antes de intervenir.

- Aceptar que equivocarse forma parte del aprendizaje. Olvidar un material, organizar mal el tiempo o asumir una consecuencia también educa.

- No alimentar rumores ni alarmas y evitar responder en caliente.

- Y, sobre todo, adoptar una regla antes de pulsar «enviar»: ¿es cierto?, ¿es necesario?, ¿es realmente este el lugar adecuado para decirlo?

El mejor chat de padres quizá sea aquel que funciona cuando es necesario y guarda silencio cuando no existen asuntos relevantes que compartir. Porque con cada problema que un adulto resuelve a través del chat, tal vez se está perdiendo la espléndida oportunidad de que un niño aprenda a hacerlo por sí mismo.

Europa: cuando el cordón sanitario ya no basta

Durante décadas Europa creyó haber aprendido una lección esencial: la extrema derecha podía ser contenida mediante una combinación de memoria histórica, aislamiento político y defensa de las instituciones democráticas. Hoy esa fórmula muestra síntomas inequívocos de agotamiento. No porque hayan desaparecido las razones para defenderla, sino porque el paisaje social y político que la hacía eficaz ha cambiado.

El dato alemán resulta revelador. En las elecciones federales de 2025, Alternativa para Alemania (AfD) obtuvo el 20,8% de los votos, duplicando prácticamente su resultado de 2021. La  participación alcanzó, además, un elevado 82,5%. No estamos, por tanto, ante una anomalía marginal ni ante una protesta de ciudadanos políticamente desmovilizados. 

Algo semejante ocurre en el Parlamento Europeo. Tras las elecciones de 2024, Patriotas por Europa se convirtió en la tercera fuerza parlamentaria, con 84 escaños; Conservadores y Reformistas Europeos obtuvo 78 y Europa de las Naciones Soberanas, 25. Las tres familias suman una presencia que imposibilita describir a la derecha radical como un fenómeno periférico. 

Hoy resulta evidente que la tradicional estrategia de combatir a la extrema derecha copiando parte de su discurso es insuficiente. Cuando los partidos conservadores endurecen su posición sobre inmigración, seguridad o identidad nacional, legitiman las categorías políticas del adversario sin lograr recuperar a sus antiguos votantes. En todo caso, el original suele conservar una ventaja: puede prometer siempre ir un paso más allá.

Pero tampoco basta con lo contrario, es decir, con ignorar los temores que alimentan ese voto. Hay miedos reales —inseguridad económica, vivienda inaccesible, presión migratoria en determinados territorios, deterioro de servicios públicos, pérdida de empleos industriales, incertidumbre cultural— y otros construidos o exagerados políticamente. Frente a ello, la tarea democrática no consiste en aceptar automáticamente unos o en ridiculizar los otros, sino en distinguirlos, explicarlos y ofrecer respuestas verificables.

Justamente aquí aparece una de las debilidades fundamentales de la política europea contemporánea: la palmaria distancia existente entre las decisiones institucionales y la experiencia cotidiana de los ciudadanos. Una determinada política puede ser técnicamente correcta y políticamente incomprensible. Y cuando las personas no entienden por qué se adoptan determinadas decisiones, ni saben quién las adopta, ni tampoco qué beneficio concreto obtendrán de ellas, el espacio politico se transforma en una ventana de oportunidad para quienes ofrecen explicaciones sencillas, aunque sean falsas.

Por otro lado, la memoria histórica tampoco puede convertirse en una liturgia. Recordar el fascismo, el nazismo o las dictaduras europeas sigue siendo indispensable. Pero convertir la memoria en una sucesión de ceremonias oficiales puede producir un efecto paradójico, cual es transformar una advertencia viva en patrimonio monumental. Para un ciudadano joven preocupado por el alquiler, la precariedad laboral o la inmigración, la evocación permanente de 1933, o 1936 en el caso español, puede parecer una respuesta a una pregunta que él no ha formulado. Ello no significa relativizar el pasado sino comprender y aceptar que los electores votan desde el presente.

La democracia tampoco puede funcionar mediante la exclusión indefinida de una parte sustancial del electorado. El cordón sanitario tiene sentido cuando protege normas fundamentales —la dignidad humana, el Estado de derecho, la igualdad ante la ley, la independencia judicial—, pero pierde eficacia cuando se transforma en una frontera automática frente a cualquier fuerza situada a la derecha del consenso tradicional. La pregunta es inevitable: ¿cuánto electorado puede quedar fuera de cualquier posibilidad de representación o influencia sin que el propio sistema pierda legitimidad?

La respuesta no puede consistir en normalizar aquello que atenta contra los derechos fundamentales. Democracia no significa neutralidad ante la destrucción de la democracia. Pero tampoco significa considerar antidemocrático todo voto que expresa frustración, miedo o rechazo a las élites gobernantes.

Europa se encuentra ante una transformación de enorme alcance. No se trata únicamente de impedir que AfD, Marine Le Pen, Vox u otras fuerzas similares lleguen al poder. Más allá  de esa aspiración, debemos preguntarnos qué sucedería si lo consiguieran. La Unión Europea ha construido mecanismos importantes para proteger el Estado de derecho, y la Comisión mantiene procedimientos de vigilancia sobre justicia, corrupción, libertad de prensa y controles institucionales. Pero reconoce también que persisten problemas serios en algunos Estados. 

Por ello, en mi opinión, la estrategia europea de los próximos años debería descansar al menos sobre cinco pilares.

El primero son los resultados materiales. Vivienda, empleo, salarios, servicios públicos, seguridad y transición energética deben dejar de ser cuestiones disociadas de la defensa democrática.

El segundo, una política migratoria europea común, eficaz en las fronteras, respetuosa con el derecho de asilo y capaz de integrar a quienes permanecen legalmente. El vacío político siempre termina siendo ocupado por otros.

El tercero, una nueva pedagogía democrática. No basta con defender Europa: hay que explicar para qué sirve, cuánto protege y qué problemas resuelve. De hecho, la Comisión ya plantea reforzar la participación ciudadana y la resiliencia democrática.

En cuarto lugar, una defensa firme de las líneas rojas constitucionales. Libertad de prensa, independencia judicial, pluralismo, derechos fundamentales y alternancia democrática no son materias negociables.

Y el quinto y último,  recuperar la política como capacidad de escucha. Las democracias no sobreviven únicamente porque tengan buenas instituciones; sino especialmente porque una mayoría suficiente de ciudadanos cree que esas instituciones les pertenecen.

Europa no debe elegir entre ingenuidad o miedo. Necesita construir un proyecto mucho más  ambicioso y complejo: una democracia capaz de escuchar sin rendirse, gobernar sin imitar y defender sus principios sin convertirlos en reliquias.

Quizá el verdadero peligro no sea que la extrema derecha llegue al poder. El mayor riesgo es que las democracias europeas descubran demasiado tarde que han dejado de convencer a quienes deben defenderlas.

La frontera que Europa no puede ignorar

Hay fronteras que separan territorios y fronteras que separan épocas. La que existe entre España y Marruecos pertenece a las dos categorías. Ceuta y Melilla no son únicamente dos ciudades españolas situadas en el norte de África. Son puntos de contacto entre Europa y África, entre el Mediterráneo y el Atlántico, entre una Unión Europea rica y envejecida y un continente joven, desigual y en profunda transformación. Pretender comprenderlas únicamente desde la lógica del conflicto territorial es quedarse mirando el mapa mientras cambia el mundo.

La primera evidencia que debería imponerse a cualquier fantasía bélica es económica. El PIB por habitante de Marruecos se encuentra muy por debajo del español, es aproximadamente ocho veces menor en términos nominales. Pero esa distancia no es una mera fotografía estática. Marruecos ha experimentado en los últimos años un proceso sostenido de modernización y diversificación económica, con inversiones en infraestructuras, industria automovilística y aeronáutica, energías renovables, agroindustria y logística.

El puerto de Tánger Med simboliza esa transformación. Nuestro vecino aspira a convertirse en una plataforma entre Europa, el Atlántico y África occidental. Su llamada Iniciativa Atlántica para África pretende facilitar a los países del Sahel sin litoral el acceso a las rutas marítimas mediante corredores e infraestructuras. Ello no significa que Rabat vaya a convertirse en el «vigilante» del Sahel, una formulación seguramente excesiva, pero sí que pretende ser uno de los interlocutores imprescindibles en la seguridad, el comercio y las comunicaciones entre el Magreb y el África subsahariana.

Esta transformación sí que debería preocupar a la Unión Europea, pues lo que Europa tiene delante no es simplemente un país vecino. Tiene a un Estado cuya posición geográfica le permite influir simultáneamente sobre migraciones, comercio, energía, seguridad y estabilidad regional.

La actual relación económica confirma esa realidad. La Unión Europea es el principal socio comercial de Marruecos y concentra aproximadamente un tercio de su comercio de bienes. El intercambio bilateral supera los 60.000 millones de euros. Europa necesita a Marruecos y viceversa, aunque la relación sea profundamente asimétrica.

Por eso resulta insuficiente describir a Marruecos como un país pobre que simplemente depende de España o de Europa. Es un socio imprescindible, pero también un actor con intereses propios y creciente capacidad de maniobra.

Rabat ha sabido diversificar sus alianzas. Estados Unidos mantiene con Marruecos una importante cooperación militar y considera al país un socio estratégico en África. La relación con Israel adquirió una nueva dimensión tras los Acuerdos de Abraham de 2020, acompañados por el reconocimiento estadounidense de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. Pero sería erróneo interpretar todo ello como una alianza dirigida contra España.

Marruecos practica, más bien, una política de diversificación estratégica: Estados Unidos para la seguridad, Europa para el comercio y la inversión, Israel para determinadas capacidades tecnológicas y militares, Francia como socio histórico y África como espacio creciente de influencia. Rabat quiere relacionarse con varias potencias sin convertirse en satélite de ninguna.

Naturalmente, ese Marruecos dinámico convive con profundas contradicciones. Persisten desigualdades territoriales, desempleo juvenil, déficits educativos y una importante brecha social. La modernización económica no ha eliminado las restricciones políticas ni las tensiones sociales. El país es, simultáneamente, dinámico y desigual, abierto económicamente y restrictivo en determinados ámbitos políticos, moderno y tradicional.

Precisamente por eso resulta tan sorprendente la retórica de quienes fantasean periódicamente con una guerra entre España y Marruecos a propósito de Ceuta y Melilla. No saben lo que dicen. O, quizá, no saben en qué mundo viven.

La reivindicación marroquí sobre ambas ciudades existe y España debe defender inequívocamente su soberanía. Pero una cosa es reconocer una disputa territorial y otra muy diferente convertirla en la antesala inevitable de una guerra. Una confrontación militar entre ambos países provocaría una crisis europea de enormes proporciones, comprometería las relaciones económicas y de seguridad de Marruecos con Occidente, desestabilizaría el Mediterráneo occidental y perjudicaría gravemente a las dos sociedades.

El riesgo más plausible no es necesariamente una guerra convencional, sino la presión diplomática, migratoria, económica, informativa o fronteriza; es decir, las distintas formas de coerción y competencia híbrida que caracterizan el mundo contemporáneo.

España necesita, por tanto, defensa, pero no militarismo retórico. Ceuta y Melilla necesitan seguridad, inteligencia, capacidad de respuesta y protección frente a amenazas híbridas. Pero necesitan también población, vivienda, infraestructuras, actividad económica y una presencia europea mucho más visible. No deberían ser percibidas exclusivamente como puestos avanzados de una frontera hostil.

La fórmula debería ser sencilla: la soberanía no se negocia; la cooperación sí. Eso implica reclamar una mayor implicación de la Unión Europea en la defensa y protección de sus fronteras exteriores, reforzar Frontex, desarrollar mecanismos europeos de inteligencia y vigilancia, combatir las redes criminales que explotan la inmigración y, simultáneamente, ampliar las vías legales y ordenadas de movilidad laboral.

También significa invertir en la estabilidad de Marruecos y de los países vecinos. No por ingenuidad ni por altruismo, sino por interés europeo. El desarrollo económico, el empleo y las oportunidades reducen el espacio disponible para el crimen organizado, el extremismo y las migraciones desesperadas.

Y, sobre todo, España debería contribuir a que Europa deje de contemplar su frontera sur como una simple línea defensiva.

La verdadera frontera estratégica europea es mucho más amplia: Península Ibérica, Magreb, fachada atlántica africana y Sahel. En ese espacio se decidirán cuestiones esenciales para nuestro futuro: migraciones, energía, agua, seguridad alimentaria, terrorismo, narcotráfico, infraestructuras digitales, comercio y materias primas estratégicas.

La Unión Europea necesita una política integrada para su flanco suroccidental: cooperación estructurada con Marruecos y Mauritania; inversión en corredores energéticos y logísticos; política migratoria común; inteligencia compartida; protección fronteriza; y una combinación inteligente de disuasión, diplomacia y desarrollo. España debería aspirar a liderar esa estrategia, no limitarse a padecer sus consecuencias.

Porque la pregunta verdaderamente importante no es si Marruecos atacará algún día Ceuta o Melilla. Es si Europa será capaz de construir con Marruecos y con África occidental una relación suficientemente inteligente para transformar una frontera potencialmente conflictiva en un espacio de cooperación, seguridad y prosperidad. No es fácil saber en qué mundo vivimos y, precisamente por eso, conviene evitar las guerras imaginarias y concentrarse en gobernar las fronteras reales.

Antipolítica

La democracia liberal moderna se construye sobre una premisa sencilla y exigente a la vez: el poder debe estar sometido a control. La existencia de una oposición política activa, vigilante y crítica constituye una condición indispensable para garantizar la calidad de las instituciones y evitar los abusos del gobierno. Sin oposición no hay democracia plena. Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre ejercer una oposición responsable y caer en la antipolítica.

La oposición democrática tiene la obligación de fiscalizar al gobierno, denunciar sus errores, señalar sus contradicciones y ofrecer alternativas. La antipolítica, por el contrario, renuncia a esa tarea constructiva y adopta una lógica de negación permanente. No se opone a determinadas políticas; se opone a la propia posibilidad de que el adversario pueda hacer algo correcto. Su objetivo deja de ser mejorar la acción pública y pasa a ser la erosión constante de la legitimidad del contrario.

Este fenómeno no es exclusivo de ningún país ni de ninguna ideología. Se ha manifestado en numerosas democracias occidentales durante las últimas décadas, alimentado por la polarización, la fragmentación informativa y la aceleración de los ciclos mediáticos. En ese contexto, la discusión pública deja de girar en torno a los hechos y a las propuestas para transformarse en una competición de agravios donde el rendimiento electoral inmediato prevalece sobre el interés general.

Una de las características más visibles de la antipolítica es el negacionismo sistemático de cualquier iniciativa gubernamental. Medidas que en otro contexto podrían ser objeto de debate técnico o de negociación parlamentaria son rechazadas de manera automática por el mero hecho de proceder del adversario. La lógica de la confrontación sustituye a la lógica de la argumentación.

Cuando esa dinámica se consolida, el debate público se empobrece. Los argumentos son reemplazados por consignas; los datos, por sospechas; y el análisis, por la caricatura. La complejidad de los problemas desaparece bajo una simplificación extrema que divide la realidad entre amigos y enemigos. El ciudadano deja de ser considerado un sujeto capaz de formarse una opinión razonada y pasa a convertirse en un consumidor de emociones políticas.

A ello se añade otro fenómeno especialmente preocupante: la creciente banalización de la mentira. La difusión consciente de informaciones falsas o engañosas no constituye una novedad histórica, pero las nuevas tecnologías han multiplicado su alcance y velocidad. En un entorno dominado por las redes sociales y la comunicación instantánea, la rectificación rara vez alcanza la misma difusión que la falsedad inicial. El resultado es una degradación progresiva de la confianza pública, un recurso esencial para el funcionamiento de cualquier democracia.

La infamia personal ocupa también un lugar creciente en esta dinámica. En lugar de confrontar ideas, se cuestionan intenciones; en vez de debatir proyectos, se desacreditan trayectorias vitales. La crítica política legítima cede espacio a la sospecha permanente y a la deshumanización del adversario. El rival deja de ser un competidor democrático para convertirse en un enemigo moral cuya mera existencia resulta intolerable.

No menos preocupante es la degradación de las formas. Las democracias no se sostienen únicamente sobre leyes y procedimientos. También dependen de hábitos de comportamiento, de convenciones no escritas y de una cultura cívica compartida. El respeto institucional, la cortesía parlamentaria, la contención verbal y el reconocimiento de la legitimidad del adversario constituyen elementos fundamentales de esa arquitectura invisible. Cuando desaparecen, las instituciones permanecen, pero su espíritu se debilita.

La historia demuestra que ninguna democracia está completamente a salvo de estas tendencias. El deterioro raramente se produce de manera abrupta. Comienza con pequeñas transgresiones que se normalizan progresivamente: un insulto que sustituye a un argumento, una falsedad que queda impune, una descalificación que recibe aplausos partidistas. Con el tiempo, lo excepcional se convierte en cotidiano y la degradación pasa a formar parte del paisaje político.

La antipolítica resulta especialmente dañina porque genera una ilusión de combate permanente mientras reduce la capacidad efectiva del sistema para resolver problemas reales. Las sociedades necesitan discutir cómo financiar las pensiones, mejorar la educación, garantizar la sostenibilidad sanitaria, afrontar las transformaciones tecnológicas o responder a los desafíos geopolíticos. Ninguna de estas cuestiones puede abordarse seriamente en un clima dominado por el ruido, la sospecha y el enfrentamiento constante.

La democracia exige conflicto, pero un conflicto regulado por normas compartidas. Exige discrepancia, pero también respeto. Exige confrontación de proyectos, pero igualmente aceptación de la legitimidad del adversario. Cuando estas condiciones desaparecen, la política deja de ser un instrumento de gobierno de la sociedad y se transforma en un espectáculo de hostilidad permanente.

Las reglas elementales del juego democrático son conocidas desde hace décadas. La primera consiste en respetar los hechos y reconocer la verdad verificable como punto de partida del debate. La segunda exige argumentar las posiciones propias y someterlas al escrutinio público. La tercera obliga a distinguir entre la crítica legítima y la descalificación personal. La cuarta requiere aceptar que ningún actor político posee el monopolio de la razón ni de la virtud. Y la quinta demanda que gobierno y oposición comprendan que las instituciones pertenecen a los ciudadanos, no a los partidos.

Si estos requisitos se cumplen, la política puede ser áspera, intensa e incluso apasionada, pero sigue siendo una herramienta al servicio de la sociedad. Cuando se abandonan, emerge la antipolítica: un lodazal donde la verdad pierde valor, el insulto sustituye al razonamiento y el interés general queda sepultado bajo la lucha partidista. Y si alguien termina perjudicado por esa deriva no son únicamente los gobiernos o las oposiciones de turno, sino la ciudadanía que sostiene con sus impuestos las instituciones y deposita en ellas la esperanza de que aseguren una convivencia ordenada y democrática.

Lo sé, aunque no me lo digas

Despierto sin la ayuda de un recuerdo. Abro los ojos y el día ya está ahí, instalado en la habitación, pero no sabría decir desde cuándo. La luz entra por la ventana con una obstinación tranquila. No es una luz conocida, es simplemente luz. Durante unos segundos —quizá más—, observo el techo y trato de establecer algún vínculo con él. Nada. No hay historia entre ese techo y yo. He aprendido a no alarmarme por esta ausencia.

Me incorporo con cierta cautela. El cuerpo conserva rutinas que la mente ya no sabe explicar. Los pies encuentran el suelo con la seguridad de quien ha repetido ese gesto miles de veces, aunque ahora no exista memoria que lo justifique. El suelo está frío. Ese dato basta.

Hay un reloj en la pared. Lo miro. Las agujas están quietas o quizá avanzan con una lentitud que ya no soy capaz de interpretar. Sé que los relojes indican algo que antes organizaba la vida de las personas: horas, momentos, compromisos. Pero esa arquitectura se ha desmoronado. El reloj se parece ahora más a un objeto decorativo que a un instrumento. No sabría decir si es mañana o tarde. Tampoco si ese matiz tiene alguna utilidad real.

En la mesa hay una fotografía. La observo cada día con la disciplina de un investigador que no quiere rendirse. Aparecen varias personas. Están cerca unas de otras, con esa proximidad que suele indicar parentesco o afecto. Sonríen. Intuyo que debería reconocerlas. Sin embargo, sus nombres no existen en mi cabeza. Sé —porque alguien me lo ha dicho muchas veces— que algunas de esas personas son mis hijos. O quizá mis nietos. La palabra hijo tiene todavía un significado conceptual, pero ha perdido su anclaje en la realidad. Es como leer una definición en un diccionario de un idioma que uno ya no habla.

Cuando vienen a verme, traen una mezcla de paciencia y vigilancia en la mirada. Me hablan con naturalidad, como si pudiera completar las frases con recuerdos propios. Yo asiento. He desarrollado una cierta capacidad para seguir el hilo de una conversación sin participar realmente en ella. A veces dicen un nombre esperando que se encienda en mí alguna luz. No ocurre. No es un fracaso. Es simplemente un dato.

Salgo a la calle en compañía. Sé que antes caminaba autónomamente, pero esa posibilidad ha sido relegada con una prudencia que considero sensata. El aire huele a humedad o a polvo, según el día. Los árboles alineados en la acera me resultan familiares en un sentido puramente visual: reconozco su forma, pero no su historia. He oído palabras como playa, montaña, plaza o catedral. Supongo que estos lugares existen también aquí, cerca de donde vivo. Sin embargo, cuando los observo, no aparecen asociados a ninguna narración interior. Son volúmenes, superficies, alturas. Una torre no es un monumento, es una construcción vertical de piedra. No siento tristeza por ello.

La emoción que domina este territorio es más bien la neutralidad. Una especie de silencio mental que al principio debió de ser inquietante —me lo imagino—, pero que ahora funciona como un estado habitual. Las cosas están presentes sin la carga que les otorgaba el pasado.

En casa hay una cocina. Reconozco algunos utensilios: un cuchillo, una olla, un fogón. Sé que esos objetos se utilizaban para preparar comida. El procedimiento, sin embargo, se ha vuelto opaco. Podría observar una sartén durante varios minutos sin que aparezca la secuencia lógica que antes convertía ciertos ingredientes en un plato. Alguien cocina por mí. No lo vivo como una pérdida dramática. La palabra pérdida supone la comparación con algo anterior, y ese algo anterior se ha disuelto. Es difícil lamentar aquello que no se puede representar.

Lo que sí permanece es una conciencia bastante precisa de la situación. Sé que padezco un deterioro de la memoria y de las asociaciones que permiten organizar la realidad. Me lo han explicado médicos y familiares, y la explicación coincide con la evidencia cotidiana. La mente funciona ahora como un archivo al que le han retirado la mayoría de las etiquetas.

Los documentos siguen ahí —o al menos algunos—, pero es improbable encontrar uno concreto. Y, sobre todo, ya no existe la certeza de que ese documento sea verdaderamente mío.

De vez en cuando aparece una imagen aislada. Un fragmento de paisaje, el eco de una voz, la sensación de haber sostenido la mano de alguien. Son apariciones breves, sin contexto. No se encadenan. Llegan y se van con la misma discreción con la que se forman y se desfiguran las nubes. He dejado de perseguirlas.

Quienes me rodean actúan como custodios de una biografía que ya no puedo verificar. Me cuentan episodios de mi vida: trabajos, viajes, celebraciones familiares. Escucho con atención porque entiendo que esos relatos tienen importancia para ellos. Para mí son historias plausibles. No las discuto. Tampoco puedo apropiármelas.

Hay una cuestión que a veces me planteo mientras observo la luz desplazarse por la pared —un movimiento que intuyo relacionado con el paso de las horas, aunque las horas hayan dejado de ser una medida útil—. Me pregunto en qué consiste exactamente una persona. Antes habría respondido sin dudar: una persona es su memoria, su carácter, sus relaciones, su historia. Hoy esa definición parece excesiva. Yo sigo aquí, en una silla, respirando, percibiendo el peso de las manos sobre las rodillas. Si la memoria fuera el único fundamento, yo ya no debería existir. Sin embargo, existo. Tal vez una persona sea también esto, una conciencia mínima que observa el mundo sin poder integrarlo del todo. Un punto de atención que persiste incluso cuando el relato que lo sostenía se ha borrado. No lo considero trágico. Tampoco ejemplar. Es, simplemente, la forma que ha adoptado ahora mi vida.

Cuando llega la noche —o lo que los demás llaman noche— me acuesto sin revisar el día. No hay nada que ordenar ni archivar. El sueño aparece con la misma naturalidad con la que afloró la aurora, sin antecedentes claros. Cierro los ojos. Y durante unas horas, supongo, desaparece incluso esta conciencia tenue que todavía me acompaña.

Cuando el poder deja de ser armadura

Hay una paradoja en el ejercicio contemporáneo del poder: cuanto mayor es la autoridad institucional de un dirigente, mayor puede ser su vulnerabilidad. La política ofrece poder, pero no seguridad; proporciona capacidad de decisión, pero multiplica los riesgos. Cada decisión deja un rastro, cada gesto es susceptible de ser interpretado, cada relación personal puede adquirir dimensión pública y cualquier error, incluso si es de carácter menor, puede convertirse en una crisis de confianza.

El caso de Isabel Díaz Ayuso, siete años después de su llegada a la presidencia de la Comunidad de Madrid, permite visualizar con particular claridad esta paradoja. La dirigente conserva una mayoría absoluta y no existe, por ahora, una amenaza seria para su continuidad al frente del Gobierno autonómico. Sin embargo, algo parece haberse modificado en torno a ella. Me refiero a la percepción de invulnerabilidad que durante años le acompañó. En un reciente artículo, A. Martiarena (La Vanguardia) aludía a ese cambio como la pérdida de una «armadura».

Realmente, lo que planteo no afecta exclusivamente a Díaz Ayuso. Su experiencia permite visualizar una condición general de la política democrática: el poder no elimina la inseguridad sino que, por el contrario, la hace más visible.

Durante años, Ayuso explotó una fórmula extraordinariamente eficaz para protegerse de las dificultades de la gestión. La confrontación con Pedro Sánchez convertía buena parte de las controversias madrileñas en episodios de una batalla nacional. Las residencias, las polémicas familiares, los problemas administrativos o las decisiones discutibles quedaban subsumidos en un conflicto mayor: Madrid frente a La Moncloa, libertad frente a intervencionismo, impuestos bajos frente a presión fiscal, derecha frente a izquierda...

Era una estrategia de enorme rendimiento político. Permitía desplazar el centro de gravedad de la discusión. No importaba acreditar el acierto de una determinada decisión en la Comunidad, sino quién lograba aparecer mejor situado en la confrontación ideológica. La política dejaba de ser exclusivamente administración para convertirse en identidad.

Pero ninguna armadura protege indefinidamente. El episodio del ático de Chamberí resulta significativo, precisamente porque introduce una dificultad diferente. La Comunidad de Madrid adquirió por 6,3 millones de euros un inmueble de lujo mediante Planifica Madrid, una sociedad pública. Las explicaciones sobre su finalidad —despacho temporal, espacio institucional, alternativa mientras se reformaba la sede de la Puerta del Sol— han generado sucesivas preguntas. La operación ha llegado, además, a los tribunales después de que la Fiscalía remitiera denuncias relacionadas con la compra para su investigación.

La cuestión políticamente relevante no consiste en anticipar responsabilidades que corresponde atribuir a los tribunales. Consiste en acordar algo más elemental, como lo es que la confianza pública necesita explicaciones comprensibles. Cuando una decisión aparentemente sencilla genera demasiadas versiones, el problema deja de ser exclusivamente jurídico y pasa a ser político.

Por otro lado, la política moderna obedece a una paradoja adicional. El dirigente necesita comunicar constantemente para conservar la autoridad, pero cada palabra puede abrir un nuevo frente. El silencio protege durante un instante y perjudica después; hablar demasiado puede generar contradicciones; responder a una acusación puede amplificarla e ignorarla puede convertirla en sospecha.

Por eso los políticos viven sometidos a una especie de inseguridad permanente. No basta con gobernar, hay que explicar cómo se gobierna. No basta con tener competencias, hay que demostrar que se utilizan correctamente. No basta con obtener una mayoría, hay que conservar una legitimidad que no se renueva únicamente en las urnas.

El caso Ayuso ejemplifica, además otro fenómeno: el poder absoluto dentro de una institución puede aumentar la exposición individual. Con 70 diputados y mayoría absoluta, la presidenta madrileña no necesita negociar cada decisión parlamentaria. Pero esa misma concentración de autoridad hace que los aciertos y los errores se personalicen, pues cuando todo depende políticamente de un líder, también todo termina atribuyéndosele.

La polémica del ático ha tenido, además, un efecto particularmente incómodo, pues ha introducido dudas dentro de su propio espacio político. El cuestionamiento ya no procede únicamente de la oposición, han aparecido voces críticas en sectores del PP y se ha descrito un clima interno menos confortable para la presidenta. Esta es una significativa novedad respecto a etapas anteriores.

Y justamente ahí es quizá donde radica el verdadero riesgo para cualquier político que alcanza una posición dominante. La oposición puede ser combatida, pero la erosión interna resulta mucho más difícil de gestionar. Un adversario exterior refuerza la cohesión, una duda dentro del propio partido introduce incertidumbre sobre el futuro.

La gestión de los incendios madrileños añade otra dimensión. Una crisis extraordinaria obliga al gobernante a abandonar el terreno confortable del discurso político y enfrentarse a la realidad material, gestionando recursos, prevención, coordinación, evacuaciones, ayudas, reconstrucción... Ya no basta con construir un relato, hay que responder ofreciendo resultados.

Es aquí donde aparece una de las grandes vulnerabilidades de la política contemporánea: la distancia entre la imagen y la gestión. Un dirigente puede ser extraordinariamente eficaz en la comunicación y, sin embargo, fracasar gestionando determinadas crisis, que no admiten simplificaciones. El fuego, una epidemia, una catástrofe natural o un colapso administrativo no entienden de estrategias de comunicación.

En última instancia, la política es una profesión de exposición. El político vive bajo la mirada permanente de los ciudadanos, periodistas, adversarios, jueces, funcionarios, compañeros de partido y redes sociales. Su vida pública se encuentra sometida a una vigilancia que, en ocasiones, se extiende inevitablemente hacia su esfera privada.

Por eso, el verdadero peligro para un gobernante no siempre es perder una elección, sino eludir el control de la interpretación de sus propios actos. Cuando deja de explicar lo que sucede y se limitar a combatir a quien pregunta, la política entra en una zona extremadamente delicada.

Ayuso probablemente seguirá gobernando Madrid. Su mayoría absoluta no está en cuestión. Pero su problema puede ser otro, cual es demostrar que la fórmula que la convirtió en fenómeno nacional conserva capacidad para afrontar situaciones que no pueden resolverse mediante la confrontación con Sánchez.

La política exige una mezcla difícil de autoridad y vulnerabilidad. Quien gobierna necesita fortaleza, pero también conciencia de sus límites. Necesita defenderse, pero no vivir a la defensiva. Necesita controlar el relato, pero también aceptar que nunca podrá abarcarlo completamente.

La verdadera armadura del poder, por tanto, no son ni la mayoría parlamentaria, ni la capacidad de comunicación, ni la confrontación permanente. Es algo mucho más frágil: la credibilidad. Y esa armadura ni se hereda, ni se compra, ni se obtiene de una vez para siempre. Se reconstruye cada día, decisión tras decisión, explicación tras explicación.

Quizá ese sea el aprendizaje más significativo que ofrece el momento político de Ayuso: el poder puede hacer invulnerable a un gobernante frente a sus adversarios institucionales y, al mismo tiempo, extraordinariamente vulnerable frente a sus propias decisiones. Llega un momento en que ninguna mayoría absoluta puede sustituir aquello que sostiene realmente a cualquier liderazgo democrático: la confianza de quienes lo sostienen.

¿Pueden las emociones sustituir a los argumentos?

Hay épocas que no se definen únicamente por sus avances tecnológicos o sus transformaciones económicas, sino por la manera en que interpretan la realidad. La nuestra parece haber elevado la experiencia subjetiva a criterio último de verdad. Lo que uno siente ya no constituye únicamente una dimensión legítima de la existencia humana; con demasiada frecuencia se convierte en el fundamento mismo del juicio moral, político e incluso epistemológico. La emoción deja de ser un dato relevante para convertirse en un argumento suficiente.

Este desplazamiento cultural merece cierta atención. No porque las emociones carezcan de valor —sería absurdo defenderlo—, sino porque ninguna sociedad compleja puede organizar su vida colectiva únicamente sobre estados afectivos individuales. Las democracias liberales nacieron precisamente para resolver un problema contrario: cómo convivir entre ciudadanos con intereses, creencias y sensibilidades distintas mediante reglas comunes, instituciones imparciales y argumentos susceptibles de ser compartidos.

La modernidad ilustrada no negó nunca la existencia de las pasiones. Al contrario, autores como David Hume o Adam Smith comprendieron bien su importancia en la conducta humana. Pero también entendieron que la esfera pública exige algo más que emociones, pues requiere razones, evidencia, procedimientos y la disposición a aceptar que nuestras intuiciones pueden estar equivocadas.

Sin embargo, buena parte del debate contemporáneo parece recorrer el camino inverso. La discusión pública se desplaza desde la búsqueda de la verdad hacia la validación emocional. Ya no importa únicamente si una afirmación es correcta o falsa, sino si resulta ofensiva, incómoda o reafirma determinadas identidades. El desacuerdo deja de percibirse como un componente normal del pluralismo democrático para convertirse, con frecuencia, en una agresión personal.

Las redes sociales han acelerado esta dinámica. Diseñadas para captar rápidamente la atención, privilegian los mensajes que provocan indignación, miedo o entusiasmo antes que aquellos que exigen reflexión. La recompensa inmediata de la viralidad favorece respuestas intuitivas frente a razonamientos complejos. El resultado no es simplemente una conversación más crispada, sino una cultura donde la intensidad emocional sustituye progresivamente a la calidad de la argumentación.

Este fenómeno alcanza también a la educación. La preocupación por el bienestar psicológico de niños y adolescentes constituye un avance indiscutible respecto a épocas anteriores, cuando las emociones eran ignoradas o reprimidas. Sin embargo, existe el riesgo de confundir la alfabetización emocional con la centralidad absoluta de las emociones. Educar no consiste únicamente en reconocer lo que uno siente, sino también en aprender a interpretar esos sentimientos, ponerlos en contexto y, cuando sea necesario, contrariarlos.

La tradición ilustrada entendía precisamente la educación como un proceso de emancipación respecto a las pulsiones inmediatas. Aprender significaba adquirir herramientas intelectuales para distinguir entre apariencia y realidad, entre preferencia y justicia, entre convicción personal y conocimiento fundamentado. La autonomía no consiste en hacer siempre lo que uno desea, sino en desarrollar la capacidad de gobernarse mediante la razón.

Algo semejante ocurre en la política. Los discursos públicos apelan cada vez menos a proyectos racionalmente defendibles y cada vez más a emociones colectivas: miedo, resentimiento, orgullo o indignación. Y no es un fenómeno exclusivo de una ideología, pues populismos de distinto signo han descubierto que movilizar sentimientos resulta más eficaz electoralmente que sostener programas coherentes. Cuando la política se convierte en una competición por administrar emociones, las soluciones complejas pierden atractivo frente a los relatos simplificadores.

También el lenguaje refleja esta transformación. Conceptos procedentes del ámbito terapéutico, útiles en su contexto clínico, se incorporan al vocabulario cotidiano para describir cualquier conflicto interpersonal o desacuerdo político. El riesgo no reside en hablar de salud mental —algo imprescindible—, sino en psicologizar cuestiones que pertenecen al terreno ético, jurídico o político. No todo malestar constituye un daño objetivo; no toda incomodidad implica una injusticia.

La consecuencia más preocupante es el debilitamiento de la idea de verdad compartida. Las sociedades abiertas necesitan aceptar que existen criterios, independientes de nuestras preferencias, para evaluar afirmaciones sobre los hechos. La ciencia funciona porque los experimentos pueden refutar hipótesis. Los tribunales existen porque las pruebas pesan más que las impresiones. El periodismo mantiene su función democrática cuando distingue información de opinión. Si todo queda reducido a experiencias subjetivas igualmente válidas, desaparece el terreno común donde es posible deliberar.

Esto no significa defender un racionalismo frío o deshumanizado. La Ilustración nunca aspiró a eliminar las emociones, sino a integrarlas dentro de un horizonte más amplio de responsabilidad, conocimiento y convivencia. La empatía constituye una virtud cívica imprescindible, pero necesita complementarse con el pensamiento crítico. La compasión inspira muchas decisiones justas; la razón permite evaluar sus consecuencias.

Quizá el verdadero desafío de nuestro tiempo no sea elegir entre emoción y razón, sino recuperar el equilibrio entre ambas. Una democracia madura necesita ciudadanos capaces de sentir intensamente sin renunciar a argumentar rigurosamente; personas dispuestas a revisar sus propias convicciones cuando los hechos las contradicen y conscientes de que la libertad implica también aceptar el desacuerdo. Las emociones nos dicen algo importante sobre nosotros mismos. Pero no pueden decirnos, por sí solas, cómo es el mundo ni cómo debemos organizar una sociedad plural. Esa tarea continúa exigiendo deliberación, evidencia, instituciones sólidas y una confianza renovada en los principios que hicieron posible la modernidad democrática: la razón crítica, el universalismo de los derechos y la convicción de que los mejores argumentos deben pesar más que los sentimientos más intensos.

Menoscabar el servicio público

La función de una sanción no debería ser silenciar el conflicto, sino proteger los derechos, las responsabilidades y la convivencia. Cuando se utiliza contra trabajadores que reclaman mejoras laborales mediante procedimientos legales y pacíficos, la Administración corre el riesgo de convertir una herramienta disciplinaria en un instrumento de intimidación. El reciente conflicto educativo valenciano vuelve a plantear una pregunta de fondo: ¿qué sentido tiene castigar a quienes defienden unas condiciones de trabajo que también repercuten sobre la calidad del servicio que reciben los ciudadanos?

La cuestión no es meramente laboral. Afecta a la calidad democrática de las instituciones. Estos días se han conocido trece sanciones administrativas, impuestas a once docentes y dos a sindicatos, por un importe global de unos 8.000 euros, según la Coordinadora d'Assemblees Docents del País Valencià. Las organizaciones denunciantes sostienen que se relacionan con concentraciones y piquetes informativos desarrollados durante las recientes movilizaciones por la educación pública.

Como punto de partida conviene establecer una distinción esencial: el derecho de huelga no es un derecho ilimitado y una sanción puede ser legítima cuando existe una infracción acreditada. Una democracia no puede convertir la condición de trabajador público en una licencia para incumplir la ley. Pero precisamente porque están en juego derechos fundamentales, el poder sancionador debe actuar con especial prudencia, proporcionalidad y garantías.

La Constitución reconoce expresamente el derecho de huelga y establece que las limitaciones destinadas a asegurar los servicios esenciales deben garantizar su mantenimiento.  El Tribunal Constitucional ha sido particularmente claro: considerar esencial un servicio no permite vaciar de contenido el derecho de huelga. Los servicios mínimos deben limitarse a lo estrictamente necesario y no pueden equivaler al funcionamiento ordinario del servicio. Además, las restricciones han de estar motivadas y acreditar un juicio de proporcionalidad.

Esta doctrina contiene una idea de enorme importancia política: cuando el Estado limita un derecho fundamental, no basta con que pueda hacerlo, debe demostrar por qué necesita hacerlo de esa manera y en esa proporción.

La educación pública presenta, además, una peculiaridad. El profesor no defiende solamente su salario, su horario o las condiciones materiales de su aula. Cuando reclama plantillas suficientes, reducción de ratios, recursos para atender la diversidad, estabilidad profesional o condiciones que permitan enseñar adecuadamente, existe una conexión evidente entre la reivindicación laboral y el interés general. Ello no significa que toda reivindicación profesional sea automáticamente justa ni que cualquier protesta quede legitimada por invocar a los alumnos. Significa algo más sencillo, como es que las condiciones en las que trabajan los docentes forman parte de las condiciones en las que funciona la escuela pública.

Por eso resulta discutible una concepción puramente disciplinaria del conflicto. Si el profesor reclama que una clase masificada dificulta la atención individual, que faltan especialistas para atender determinadas necesidades educativas o que la burocracia resta tiempo a la educación, la respuesta institucional más inteligente no debería comenzar preguntando qué castigo corresponde al trabajador que protesta, sino qué problema está señalando.

La sanción tiene una finalidad legítima cuando corrige una conducta ilícita, protege a terceros o garantiza el funcionamiento de una institución. Pero pierde buena parte de su legitimidad democrática cuando se transforma en un mecanismo para elevar el coste de la protesta hasta hacerla insoportable. La Organización Internacional del Trabajo considera la huelga un medio fundamental para promover y defender legítimamente los intereses económicos y sociales de los trabajadores, aunque reconoce que puede estar sometida a determinadas condiciones y restricciones.

En este punto, se suscita una cuestión de efectividad. ¿Qué consigue una multa contra un profesor que participa pacíficamente en una movilización? Puede conseguir que tenga miedo, puede disuadir a otros compañeros, puede reducir temporalmente la conflictividad visible... Pero nada de ello resuelve necesariamente el problema que originó la protesta., porque una Administración puede conseguir silencio sin haber conseguido acuerdo, como puede conseguir obediencia sin haber alcanzado legitimidad.

Existe un riesgo añadido: que la sanción individualice un conflicto que es esencialmente colectivo. El trabajador deja de percibir que está negociando con una Administración y empieza a sentirse enfrentado a ella. La respuesta puede ser más movilización, recursos judiciales, cajas de resistencia y una creciente desconfianza institucional. La experiencia demuestra que el conflicto laboral no desaparece necesariamente cuando se sanciona a sus protagonistas, en ocasiones simplemente cambia de escenario.

La alternativa no es la impunidad, sino una Administración capaz de distinguir entre infracción y discrepancia, entre violencia y protesta pacífica, entre incumplimiento deliberado de una obligación y ejercicio legítimo de un derecho fundamental.

También existe una alternativa institucional: negociar antes de sancionar, mediar antes de judicializar y evaluar antes de castigar. Mesas de negociación con capacidad real, mediadores independientes, evaluación pública de las condiciones de los centros, compromisos verificables y calendarios de cumplimiento serían instrumentos probablemente más eficaces que la acumulación de expedientes.

El propio marco europeo insiste en que las restricciones de los derechos sociales deben perseguir un objetivo legítimo, ser necesarias y proporcionales, y valorar alternativas menos restrictivas.  La Unión Europea reconoce asimismo el derecho de trabajadores y empresarios a la negociación colectiva y a la acción colectiva, incluida la huelga, dentro de los marcos nacionales correspondientes.

La pregunta, por tanto, no debería reducirse a sí son legales las sanciones. Hay que formular alternativamente otra, más amplia y exigente: ¿son necesarias, proporcionadas y útiles? Porque una buena Administración no es la que consigue que sus trabajadores protesten menos. Es la que consigue que tengan menos motivos para hacerlo.

En la escuela pública, además, hay algo paradójico en castigar sistemáticamente al profesor que denuncia deficiencias estructurales. El docente no es un usuario externo del sistema educativo, sino uno de sus principales responsables. Escuchar sus reclamaciones puede constituir una forma de auditoría interna de enorme valor. La protesta responsable, cuando se ejerce dentro de los cauces democráticos, puede incluso funcionar como una señal de alarma institucional. Por eso la sanción debería ser siempre el último recurso, no el primero. Y cuando afecte al ejercicio de derechos fundamentales, la Administración debería aplicar una regla elemental: cuanto mayor sea el derecho comprometido, mayor debe ser la justificación de la sanción.

La autoridad democrática no se mide por su capacidad para castigar a quien discrepa. Se mide por su capacidad para resolver el conflicto sin convertir al discrepante en enemigo. En educación esta diferencia es especialmente importante. Los profesores enseñan ciudadanía mientras trabajan dentro de una institución que también debe practicarla. Una escuela pública que aspira a formar personas libres, críticas y responsables difícilmente puede transmitir esos valores si ante el conflicto laboral responde prioritariamente mediante la intimidación.

Defender derechos laborales no convierte automáticamente al trabajador en un héroe. Sancionarlo tampoco convierte automáticamente a la Administración en represora. Pero cuando la protesta es pacífica, colectiva, legal y vinculada a problemas reales del servicio público, la respuesta más eficaz y más democrática rara vez será la multa. Será escuchar, negociar, corregir. Y, cuando sea necesario, demostrar públicamente por qué no puede hacerse lo que se reclama.

La verdadera fortaleza de una Administración no consiste en conseguir que sus trabajadores callen, radica en lograr que, cuando hablan, tengan motivos para confiar en que alguien les escucha.

¿El final de una era?

Hace años que la vida pública española viene atravesando una fase caracterizada por la quiebra progresiva de la tradicional alternancia en el poder entre izquierdas y derechas. Como en otros países, han alumbrado otras fuerzas políticas, impulsadas por la demografía, la geopolítica y las nuevas tendencias socioeconómicas, que han ido reconfigurando el tablero ideológico. La historia evidencia que hay épocas que terminan sin que nadie proclame oficialmente su final. Finiquitan sin fecha determinada, sin que se promuevan u oficien ceremonias reverenciales y sin que ni siquiera alguien se atreva a pronunciar una solemne alocución de despedida. Sucede, simplemente, que las instituciones, los consensos y las formaciones que vertebraron la vida colectiva durante décadas, tras un imparable proceso de agotamiento, terminan por colapsar. Tengo la impresión de que la España actual se adentra en uno de esos ciclos.

Desde la Transición, el sistema político español ha descansado sobre algunos pilares relativamente estables, como lo son la integración europea, la expansión progresiva del Estado del bienestar, un gasto militar contenido en comparación con otras potencias occidentales y la existencia de dos grandes partidos capaces de articular mayorías amplias. En ese periodo, es innegable que el PSOE desempeñó un papel singular, pues fue una de las piezas fundamentales de la consolidación democrática, de la modernización económica y de la incorporación de España al proyecto europeo. Sin embargo, inmersos en la vorágine que viene sacudiendo el mapa político, la cuestión que cabe plantearse no es si el PSOE ganará o perderá las próximas elecciones. La pregunta es más profunda y tiene mayor recorrido porque apunta a esclarecer si siguen existiendo las condiciones históricas que hicieron posible su centralidad.

Durante décadas, la política española se desarrolló en un contexto internacional excepcionalmente favorable. La Guerra Fría había terminado, Europa reducía progresivamente la importancia de la defensa militar y el envejecimiento demográfico avanzaba lentamente. Adicionalmente, el crecimiento económico permitía ampliar prestaciones sociales sin cuestionar seriamente su sostenibilidad. Pues bien, ese bonancible escenario se está derruyendo con creciente velocidad. Específicamente, la invasión rusa de Ucrania en 2022 marcó un punto de inflexión estratégico para todo el continente. Alemania, país que durante generaciones ha construido su identidad internacional alrededor de la prudencia militar, ha iniciado un giro histórico. Berlín ha comenzado a asumir que la seguridad europea exigirá mayores inversiones en defensa, una industria militar más potente y un esfuerzo presupuestario sostenido durante años.

La importancia de este cambio es incontestable. Desde la creación de la Unión Europea, Alemania ha sido el país que ha marcado los límites de lo políticamente posible en materia económica. Cuando modifica sus prioridades, el resto de Europa suele acabar adaptándose a ellas. Y no cabe duda de que en Alemania algunas cosas están cambiando muy deprisa.

Por otro lado, Europa afronta una transformación demográfica sin precedentes. La combinación de baja natalidad, aumento de la esperanza de vida y desaceleración de la población activa genera una presión creciente sobre los sistemas de pensiones. España se encuentra entre los países más afectados por esta tendencia. Las proyecciones demográficas muestran que el número de jubilados crecerá significativamente durante las próximas décadas, mientras la proporción de trabajadores en activo aumentará a un ritmo mucho menor. Ningún gobierno europeo ignora ya esta realidad. La discusión no gira en torno a si habrá reformas, sino sobre su alcance y velocidad. Eso no significa necesariamente recortes automáticos de las prestaciones. Existen múltiples alternativas, tales como retrasar la edad efectiva de jubilación, aumentar cotizaciones, recurrir a la inmigración laboral, modificar los mecanismos de cálculo o combinar varias de estas medidas. Pero la tendencia general parece incuestionable y exige que el sistema se adapte a una estructura poblacional radicalmente distinta de aquella para la que fue diseñado.

La misma lógica afecta al conjunto del gasto público. Durante años, los gobiernos europeos pudieron ampliar simultáneamente inversión social, infraestructuras y servicios públicos sin desatar conflictos presupuestarios inasumibles. Ahora los recursos empiezan a estar sometidos a nuevas tensiones. La defensa reclama más fondos, la transición energética exige inversiones masivas, la digitalización requiere capital público y privado, y las pensiones absorben una parte creciente de los presupuestos. En ese contexto, algunas voces sostienen que determinadas partidas del Estado del bienestar podrían perder peso relativo, entre ellas el gasto sanitario, aunque cualquier intento de reducción suele encontrar una fuerte resistencia social y política. Lo relevante quizá no sea tanto qué partida concreta acabará ajustándose como el hecho de que la época de expansión simultánea de todos los capítulos presupuestarios parece estar llegando a su fin.

Y justamente aquí es donde emerge la dimensión política del problema. Los grandes partidos de la Transición fueron diseñados para gestionar una sociedad en crecimiento, relativamente homogénea y orientada hacia una mejora gradual de las condiciones materiales. La nueva realidad es diferente, pues se parece más a una política de distribución de costes que de reparto de beneficios. Y cuando los gobiernos deben decidir entre más defensa o más gasto social, entre sostenibilidad financiera o ampliación de prestaciones, los consensos tradicionales empiezan a erosionarse.

El PSOE puede ser uno de los actores más afectados por este cambio. Su identidad histórica ha estado estrechamente vinculada a la expansión de derechos sociales, la protección del Estado del bienestar y la integración europea. Pero si Europa comienza a exigir prioridades distintas y las restricciones demográficas se intensifican, el espacio político que ocupó durante décadas podría transformarse profundamente. Obviamente, eso no implica su desaparición, pues los grandes partidos rara vez desaparecen de un día para otro. Sin embargo, sí podría dejar de desempeñar el papel central que tuvo durante casi medio siglo.

La sensación que empieza a calar en amplios sectores sociales nace precisamente de esta acumulación de cambios. No se trata únicamente de la inflación, de la vivienda o de la polarización política. Existe una percepción más profunda, difícil de formular con precisión, que apunta a considerar obsoletas las reglas del periodo anterior. Es una evidencia que las sociedades suelen intuir los cambios históricos antes de comprenderlos plenamente, pues los perciben en forma de incertidumbre, ansiedad o desconfianza hacia las instituciones existentes. Algo parecido ocurrió en Europa durante los años setenta, cuando el ciclo de prosperidad de la posguerra comenzó a agotarse, y quizá España se encuentre ahora ante uno de esos umbrales.

Todavía desconocemos los contornos de la nueva época. Lo que parece cada vez más evidente es que la discusión ya no gira únicamente alrededor de quién gobernará después de las próximas elecciones. La cuestión de fondo es otra y apunta a qué modelo de país será capaz de sostenerse en un continente que envejece, se rearma y afronta restricciones económicas que durante décadas parecían haber desaparecido.

Y esa pregunta, a diferencia de lo que se promete en las proclamas electorales, no admite respuestas simplistas.

 

Pedro Sánchez: la política de la mirada larga y los pasos cortos

Hay dirigentes que gobiernan desde la convicción y otros desde la doctrina. Pedro Sánchez pertenece a una tercera categoría, menos frecuente y más difícil de interpretar: la del político adaptativo. Su rasgo esencial no es tanto la fidelidad a una ideología inmutable como la capacidad para modificar posiciones, alianzas y discursos sin perder de vista un objetivo estratégico. En él hay algo de pragmatismo, algo de oportunismo —la frontera entre ambos depende en buena medida del juicio del observador— y, sobre todo, una extraordinaria capacidad de supervivencia.

Su trayectoria política contiene una paradoja que explica buena parte de su personalidad. El hombre al que en 2016 su propio partido expulsó de la Secretaría General regresó menos de un año después mediante unas primarias que derrotaron al aparato socialista. El episodio construyó el núcleo mítico de su liderazgo: resistencia frente a las élites, voluntad de poder y capacidad para convertir una derrota aparentemente definitiva en una plataforma de reconstrucción. El análisis de CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs) subraya precisamente aquella combinación de resistencia, enfrentamiento con el establishment socialista y posterior transformación de sus posiciones territoriales y estratégicas.

Desde entonces, Sánchez ha gobernado como quien atraviesa un río sobre piedras movedizas. La moción de censura de 2018, la coalición con Unidas Podemos, la gestión de la pandemia, la negociación europea de los fondos de recuperación, los acuerdos con fuerzas nacionalistas, la amnistía, la guerra de Ucrania, Gaza, las tensiones con Estados Unidos y, ahora, las sucesivas crisis migratorias y geopolíticas han exigido una política de adaptación permanente.

Su método podría resumirse en una sencilla frase: mirada larga, pasos cortos. Es decir, no necesita ganar cada batalla si conserva la posibilidad de disputar la siguiente. O dicho de otro modo, un superviviente que ha convertido la adaptación en método.

La oposición interpreta esta plasticidad como oportunismo. Una parte de su propio partido la percibe, en cambio, como una concentración excesiva del poder y una subordinación de la organización socialista a las necesidades del presidente. Ambas críticas contienen elementos de verdad, pero ninguna explica por completo el fenómeno Sánchez.

Su fortaleza reside precisamente en haber comprendido antes que sus adversarios que la política contemporánea se desarrolla en condiciones de incertidumbre permanente. Las mayorías estables han sido sustituidas por geometrías variables: los electorados son menos fieles; las crisis se suceden a velocidad creciente y la frontera entre política nacional e internacional se ha hecho enormemente porosa.

De ahí que su aparente mutabilidad pueda interpretarse también como una forma de racionalidad adaptativa. El dirigente que en Cataluña pasó de posiciones más rígidas a apostar por la negociación y la desjudicialización no necesariamente abandonó una estrategia, más  bien modificó los instrumentos para preservar un objetivo mayor: la estabilidad territorial y política. Del mismo modo, su europeísmo ha evolucionado desde una adhesión fundamentalmente normativa hacia una defensa de la autonomía estratégica europea.

La propia estrategia exterior española 2025-2028 identifica y perfila un mundo caracterizado por el desplazamiento desde un orden basado en reglas hacia otro más determinado por las relaciones de poder, por la búsqueda de resiliencia económica y por una creciente incertidumbre.  Sánchez parece haber entendido que, en ese escenario, España solo puede incrementar su influencia mediante alianzas, capacidad de negociación y presencia internacional. Es la que se ha denominado «paradoja española»: débil dentro, fuerte fuera.

Aquí aparece una de las singularidades más interesantes de su liderazgo. La imagen internacional de Sánchez es considerablemente mejor que la percepción que buena parte de la sociedad española tiene de él. Le Monde señalaba recientemente que, en una España profundamente polarizada, su política internacional obtiene niveles de reconocimiento superiores a su posición doméstica.

En Bruselas, Madrid y las capitales latinoamericanas, Sánchez ha conseguido proyectarse como uno de los principales dirigentes de la izquierda europea. Su defensa del multilateralismo, su posición respecto de Gaza y Palestina, su insistencia en una mayor autonomía europea y su voluntad de construir vínculos con América Latina le han otorgado una visibilidad que excede el peso demográfico y económico de España.

No es casual que Sánchez haya defendido una Europa más integrada y soberana y que haya reivindicado la incorporación progresiva de los Balcanes occidentales al proyecto comunitario.  Su política exterior responde a una idea relativamente coherente: en un mundo de grandes potencias, España puede ganar influencia no compitiendo individualmente con ellas, sino convirtiéndose en uno de los países capaces de orientar e influenciar a Europa.

Pero esa proyección internacional tiene un coste doméstico. Para una parte de los españoles, la política exterior parece pertenecer a otro país mientras los problemas cotidianos —vivienda, empleo juvenil, inmigración, servicios públicos o corrupción— siguen sin resolverse satisfactoriamente. EUobserver resumía recientemente esa contradicción: admiración internacional por su trayectoria y agotamiento dentro de España.

Como todas las cosas, también la resiliencia tiene un límite. El mayor riesgo para Sánchez no procede necesariamente de la oposición parlamentaria. Su verdadero problema es la acumulación. Las investigaciones judiciales que afectan a personas de su entorno político y familiar han erosionado el capital moral con el que llegó al poder en 2018. Reuters señalaba en mayo de 2026 que las investigaciones sobre su esposa, su hermano, antiguos colaboradores y dirigentes socialistas estaban aumentando la presión sobre el Gobierno.  Al mismo tiempo, la dificultad para aprobar presupuestos y mantener cohesionada una mayoría parlamentaria extremadamente heterogénea limita su capacidad de transformación interna.

La resiliencia, además, puede convertirse en una trampa. Un dirigente que sobrevive a todo corre el riesgo de interpretar cada supervivencia como confirmación de que puede sobrevivir indefinidamente. Pero la política no es un ejercicio de resistencia física. Llega un momento en que la sociedad deja de premiar la capacidad para resistir y empieza a exigir la competencia para resolver y concluir los proyectos.

El episodio de Almaraz es ilustrativo al respecto. La decisión del Gobierno de prolongar la actividad de la central hasta 2030 ha abierto una fractura con Sumar y demuestra que el pragmatismo energético puede entrar en conflicto con los compromisos ideológicos con sus socios.  Sánchez parece dispuesto a pagar ese precio si considera que la seguridad energética y la estabilidad económica lo justifican.

¿Qué puede aventurarse, pues, sobre el futuro que le espera?

La primera hipótesis es la continuidad. Sánchez tiene incentivos muy poderosos para intentar llegar a las elecciones generales previstas para 2027. No existe en España un límite constitucional de mandatos presidenciales y, mientras conserve posibilidades de articular una mayoría, su renuncia voluntaria parece poco probable.

La segunda posibilidad es una derrota electoral que, paradójicamente, no significaría necesariamente su desaparición internacional. Después de casi una década al frente del PSOE y del Gobierno, Sánchez ha acumulado una red de influencia europea e internacional considerable. En un escenario posterior a la Moncloa podría desempeñar responsabilidades relevantes en instituciones europeas, organizaciones multilaterales o espacios internacionales de la socialdemocracia. Su perfil —europeísta, internacionalista, negociador y experimentado en situaciones de crisis— tiene demanda fuera de España.

La tercera hipótesis es que Sánchez termine convirtiéndose en un político más europeo que estrictamente nacional. La España polarizada puede acabar agotando su figura, mientras que la Europa de la fragmentación, la guerra, la transición energética y la autonomía estratégica puede encontrar utilidad precisamente en un dirigente acostumbrado a negociar con actores incompatibles.

Su futuro mundial, sin embargo, dependerá de que consiga transformar visibilidad en influencia. España puede ser puente entre Europa y América Latina, interlocutor mediterráneo, actor atlántico y defensor de una autonomía europea sin romper con Estados Unidos. Esa posición intermedia es potencialmente poderosa. Un análisis reciente de la Fundación Konrad Adenauer identifica precisamente a España y Portugal como posibles puentes estratégicos entre Europa y América Latina.

Pedro Sánchez, por tanto, no debería ser juzgado únicamente por sus fotografías electorales. Su verdadero legado se decidirá en otro terreno, en si su extraordinaria capacidad de adaptación consigue producir una estrategia de Estado o termina reducida a una técnica sofisticada de supervivencia personal.

Ahí reside la contradicción esencial del personaje. Sus adversarios creen que cambia para permanecer. Sus partidarios creen que cambia para transformar. Probablemente ambas cosas sean ciertas. Sánchez ha demostrado que sabe sobrevivir al presente. La incógnita es si será capaz de convertir esa supervivencia en futuro.

Porque su mayor virtud —la adaptación— puede ser también su mayor debilidad. En tiempos líquidos (o gaseosos, como entienden algunos) cambiar cuando cambian las circunstancias es inteligencia. Pero, en definitiva, gobernar consiste en conseguir que después de tantos cambios quede algo que pueda llamarse proyecto. Y esa será, probablemente, la verdadera prueba histórica de Pedro Sánchez: no cuánto tiempo consiguió permanecer en el poder, sino qué España y qué Europa dejó detrás cuando ya no necesitó seguir sobreviviendo.

Contra el control ideológico de la escuela pública

La Generalitat Valenciana oficializó el pasado lunes, a través del DOGV,  una profunda modificación de las competencias de la Inspección Educativa de la Comunidad Valenciana. La ley de acompañamiento en los presupuestos autonómicos introduce cambios en el Decreto 80/2017 con el objetivo de velar por la «neutralidad ideológica» en el conjunto del sistema educativo y habilitar cauces de comunicación externa para denunciar posibles contravenciones. Con estas medidas se busca convertir la Inspección en una peculiar «policía educativa».

La educación pública democrática descansa sobre una premisa que rara vez aparece formulada con suficiente claridad: la confianza institucional en el profesorado. No se trata de una confianza ingenua ni incompatible con la inspección, la evaluación o la exigencia de responsabilidades. Significa reconocer que enseñar constituye una actividad profesional sometida a conocimientos especializados, normas curriculares y criterios pedagógicos, y no una simple función ejecutiva subordinada a la voluntad de las familias o del poder político.

Sin embargo, en los últimos años, ha adquirido relevancia en España una concepción diferente que visibiliza la escuela pública como espacio potencial de adoctrinamiento y el docente como agente cuya actuación debe ser sometida a mecanismos extraordinarios de vigilancia. El denominado pin parental constituye la expresión más conocida de esta tendencia, aunque en mi opinión resulta más relevante analizarlo como parte de un fenómeno más amplio, cual es la transformación de la sospecha ideológica en criterio de actuación  administrativa.

La confianza es inequívocamente un presupuesto de la profesionalidad docente. La Constitución establece simultáneamente el derecho a la educación, la libertad de enseñanza, la participación de profesores y familias en los centros sostenidos con fondos públicos y la función de los poderes públicos de inspeccionar el sistema educativo. No existe, por tanto, ausencia de control, al contrario, existe un modelo de control jurídico e institucional, no de vigilancia ideológica individualizada.

La legislación educativa desarrolla esta arquitectura. La LOE define como principios del sistema la equidad, la inclusión, la ciudadanía democrática, la libertad personal, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia. Tras la reforma de 2020, incorpora además, explícitamente, el interés superior del menor y la no discriminación por razón de sexo, religión, orientación sexual o identidad sexual, entre otras circunstancias. 

El sistema presupone, por consiguiente, que el profesorado desarrolla su actividad dentro de un marco normativo previamente establecido. La inspección debe comprobar el cumplimiento de ese marco; la Administración puede corregir incumplimientos; los tribunales pueden revisar las decisiones administrativas. Pero convertir la sospecha de adoctrinamiento en principio general de actuación altera la lógica institucional porque el profesor deja de ser considerado un profesional que debe responder de sus actos para convertirse, preventivamente, en un sujeto potencialmente sospechoso.

Esta diferencia es sustancial. En una Administración basada en la confianza, el control se dirige fundamentalmente a los resultados, los procedimientos y las responsabilidades. En una Administración basada en la desconfianza, el control tiende a anticiparse al comportamiento mediante autorizaciones, supervisiones extraordinarias y mecanismos de veto.

Por otro lado, el llamado pin parental constituye un caso paradigmático. Su formulación más conocida pretendía que las familias fueran informadas previamente de determinadas actividades complementarias y pudieran autorizar o rechazar la participación de sus hijos cuando considerasen que aquellas afectaban a cuestiones morales, ideológicas o relacionadas con la sexualidad. El problema jurídico no reside en reconocer a las familias capacidad de participación. Ese derecho está expresamente contemplado por la Constitución. La cuestión decisiva es dónde termina la participación familiar y en qué punto comienza la capacidad de interferencia en la programación educativa. La diferencia no es meramente semántica. 

Participar significa intervenir en los órganos, formular objeciones, conocer el proyecto educativo o reclamar frente a actuaciones concretas. Vetar significa convertir la decisión individual de una familia en condición para la ejecución de una actividad que forma parte de la programación escolar. Precisamente por ello, el Tribunal Superior de Justicia de Murcia suspendió cautelarmente en 2020 las instrucciones que establecían el denominado veto parental. La Sala señaló que las actividades cuestionadas formaban parte de la programación curricular y podían ser obligatorias y evaluables, de modo que la exclusión podía perjudicar el proceso educativo del alumno. También distinguió entre el derecho de los padres a expresar su disconformidad y una autorización previa para cada actividad. La distinción es fundamental: el derecho de los padres a participar en la educación de sus hijos no equivale a un derecho de veto sobre el currículo común.

Una de las paradojas de este debate consiste en que quienes justifican los mecanismos de control ideológico suelen invocar la neutralidad de la escuela. Sin embargo, la neutralidad democrática no equivale a una escuela sin valores. El artículo 27.2 de la Constitución establece que la educación debe orientarse al pleno desarrollo de la personalidad y al respeto de los principios democráticos y de los derechos fundamentales. La LOE desarrolla precisamente esos objetivos mediante la educación para la ciudadanía democrática, la igualdad, la tolerancia, la justicia y la no discriminación.

El Tribunal Constitucional ha establecido, además, que la enseñanza pública debe excluir el adoctrinamiento ideológico. Pero esa doctrina no convierte toda transmisión de valores constitucionales en adoctrinamiento. La propia jurisprudencia diferencia entre adoctrinar y enseñar dentro de los límites y finalidades constitucionalmente establecidos.

De aquí se deriva una cuestión esencial: una educación democrática no puede ser ideológicamente partidista, pero tampoco puede ser axiológicamente neutral ante la democracia, la dignidad humana, la igualdad jurídica o los derechos fundamentales.

El riesgo más profundo del pin parental y sus variantes no consiste únicamente en el veto de determinadas actividades. Su importancia reside en el modelo administrativo que puede contribuir a consolidar: un modelo en el que la intervención se activa no ante una infracción acreditada, sino ante la posibilidad de que determinada actividad sea ideológicamente sospechosa.

La extensión de esta lógica puede adoptar diversas formas: exigencia de autorizaciones familiares para actividades ordinarias, fiscalización extraordinaria de contenidos, protocolos destinados a identificar supuestos adoctrinamientos, presión política sobre equipos directivos, denuncias administrativas basadas en discrepancias ideológicas o utilización partidista de la inspección educativa.

No todas estas prácticas tienen necesariamente la misma entidad jurídica ni pueden equipararse entre sí. Pero comparten el mismo riesgo: desplazar el centro de gravedad desde la evaluación profesional de la actividad docente hacia la identificación preventiva de sus supuestas orientaciones ideológicas.

Cuando esto sucede, el profesor puede optar por practicar una autocensura preventiva. Ante la incertidumbre sobre qué contenidos suscitarán una denuncia, una queja o una inspección, la estrategia racional puede ser evitar determinados debates. El resultado no necesita ser una censura formal, basta con generar un clima de inseguridad profesional.

Se produce entonces una paradoja especialmente significativa. Una política que afirma querer impedir el adoctrinamiento puede terminar debilitando las condiciones que permiten una educación crítica. La libertad intelectual necesita profesores capaces de plantear preguntas controvertidas, confrontar argumentos y presentar diferentes perspectivas sin temor a que cualquier discrepancia sea interpretada como propaganda.

La escuela pública debe estar sometida a la ley, al currículo, a la inspección y a la rendición de cuentas. Pero también necesita autonomía profesional. La alternativa al adoctrinamiento no es el control ideológico de los docentes, sino una combinación de formación rigurosa, pluralismo metodológico, transparencia curricular, evaluación independiente y procedimientos efectivos de reclamación. El verdadero criterio democrático debería ser, por tanto, la confianza vigilada por el Derecho, no la sospecha administrada mediante controles ideológicos.

El debate sobre el pin parental trasciende una controversia concreta sobre talleres o actividades complementarias. En realidad plantea una cuestión estructural: ¿quién debe determinar qué se enseña en la escuela pública y con arreglo a qué criterios?

En un Estado democrático, la respuesta no puede ser ni el profesor individual ni cada familia por separado, pero tampoco una Administración que utilice la escuela como instrumento de homogeneización ideológica. El currículo debe establecerse mediante procedimientos democráticos y jurídicos; el profesorado debe aplicarlo con autonomía profesional; las familias deben participar y disponer de mecanismos de reclamación; y la inspección debe controlar el cumplimiento de la ley, no las convicciones políticas de quienes enseñan.

La desconfianza sistemática hacia los docentes contiene, en último término, una concepción empobrecida de la educación. Allí donde todo profesor es considerado potencial adoctrinador, la libertad de enseñanza se convierte en excepción y el control en norma. Y cuando la sospecha ideológica se institucionaliza, la escuela deja de ser solamente un lugar de transmisión de conocimientos para convertirse en un territorio de vigilancia sobre las ideas.

La defensa de una escuela pública democrática exige exactamente lo contrario: profesores responsables, familias participantes, Administraciones sometidas al Derecho y alumnos educados para pensar por sí mismos.