¿El final de una era?

Hace años que la vida pública española viene atravesando una fase caracterizada por la quiebra progresiva de la tradicional alternancia en el poder entre izquierdas y derechas. Como en otros países, han alumbrado otras fuerzas políticas, impulsadas por la demografía, la geopolítica y las nuevas tendencias socioeconómicas, que han ido reconfigurando el tablero ideológico. La historia evidencia que hay épocas que terminan sin que nadie proclame oficialmente su final. Finiquitan sin fecha determinada, sin que se promuevan u oficien ceremonias reverenciales y sin que ni siquiera alguien se atreva a pronunciar una solemne alocución de despedida. Sucede, simplemente, que las instituciones, los consensos y las formaciones que vertebraron la vida colectiva durante décadas, tras un imparable proceso de agotamiento, terminan por colapsar. Tengo la impresión de que la España actual se adentra en uno de esos ciclos.

Desde la Transición, el sistema político español ha descansado sobre algunos pilares relativamente estables, como lo son la integración europea, la expansión progresiva del Estado del bienestar, un gasto militar contenido en comparación con otras potencias occidentales y la existencia de dos grandes partidos capaces de articular mayorías amplias. En ese periodo, es innegable que el PSOE desempeñó un papel singular, pues fue una de las piezas fundamentales de la consolidación democrática, de la modernización económica y de la incorporación de España al proyecto europeo. Sin embargo, inmersos en la vorágine que viene sacudiendo el mapa político, la cuestión que cabe plantearse no es si el PSOE ganará o perderá las próximas elecciones. La pregunta es más profunda y tiene mayor recorrido porque apunta a esclarecer si siguen existiendo las condiciones históricas que hicieron posible su centralidad.

Durante décadas, la política española se desarrolló en un contexto internacional excepcionalmente favorable. La Guerra Fría había terminado, Europa reducía progresivamente la importancia de la defensa militar y el envejecimiento demográfico avanzaba lentamente. Adicionalmente, el crecimiento económico permitía ampliar prestaciones sociales sin cuestionar seriamente su sostenibilidad. Pues bien, ese bonancible escenario se está derruyendo con creciente velocidad. Específicamente, la invasión rusa de Ucrania en 2022 marcó un punto de inflexión estratégico para todo el continente. Alemania, país que durante generaciones ha construido su identidad internacional alrededor de la prudencia militar, ha iniciado un giro histórico. Berlín ha comenzado a asumir que la seguridad europea exigirá mayores inversiones en defensa, una industria militar más potente y un esfuerzo presupuestario sostenido durante años.

La importancia de este cambio es incontestable. Desde la creación de la Unión Europea, Alemania ha sido el país que ha marcado los límites de lo políticamente posible en materia económica. Cuando modifica sus prioridades, el resto de Europa suele acabar adaptándose a ellas. Y no cabe duda de que en Alemania algunas cosas están cambiando muy deprisa.

Por otro lado, Europa afronta una transformación demográfica sin precedentes. La combinación de baja natalidad, aumento de la esperanza de vida y desaceleración de la población activa genera una presión creciente sobre los sistemas de pensiones. España se encuentra entre los países más afectados por esta tendencia. Las proyecciones demográficas muestran que el número de jubilados crecerá significativamente durante las próximas décadas, mientras la proporción de trabajadores en activo aumentará a un ritmo mucho menor. Ningún gobierno europeo ignora ya esta realidad. La discusión no gira en torno a si habrá reformas, sino sobre su alcance y velocidad. Eso no significa necesariamente recortes automáticos de las prestaciones. Existen múltiples alternativas, tales como retrasar la edad efectiva de jubilación, aumentar cotizaciones, recurrir a la inmigración laboral, modificar los mecanismos de cálculo o combinar varias de estas medidas. Pero la tendencia general parece incuestionable y exige que el sistema se adapte a una estructura poblacional radicalmente distinta de aquella para la que fue diseñado.

La misma lógica afecta al conjunto del gasto público. Durante años, los gobiernos europeos pudieron ampliar simultáneamente inversión social, infraestructuras y servicios públicos sin desatar conflictos presupuestarios inasumibles. Ahora los recursos empiezan a estar sometidos a nuevas tensiones. La defensa reclama más fondos, la transición energética exige inversiones masivas, la digitalización requiere capital público y privado, y las pensiones absorben una parte creciente de los presupuestos. En ese contexto, algunas voces sostienen que determinadas partidas del Estado del bienestar podrían perder peso relativo, entre ellas el gasto sanitario, aunque cualquier intento de reducción suele encontrar una fuerte resistencia social y política. Lo relevante quizá no sea tanto qué partida concreta acabará ajustándose como el hecho de que la época de expansión simultánea de todos los capítulos presupuestarios parece estar llegando a su fin.

Y justamente aquí es donde emerge la dimensión política del problema. Los grandes partidos de la Transición fueron diseñados para gestionar una sociedad en crecimiento, relativamente homogénea y orientada hacia una mejora gradual de las condiciones materiales. La nueva realidad es diferente, pues se parece más a una política de distribución de costes que de reparto de beneficios. Y cuando los gobiernos deben decidir entre más defensa o más gasto social, entre sostenibilidad financiera o ampliación de prestaciones, los consensos tradicionales empiezan a erosionarse.

El PSOE puede ser uno de los actores más afectados por este cambio. Su identidad histórica ha estado estrechamente vinculada a la expansión de derechos sociales, la protección del Estado del bienestar y la integración europea. Pero si Europa comienza a exigir prioridades distintas y las restricciones demográficas se intensifican, el espacio político que ocupó durante décadas podría transformarse profundamente. Obviamente, eso no implica su desaparición, pues los grandes partidos rara vez desaparecen de un día para otro. Sin embargo, sí podría dejar de desempeñar el papel central que tuvo durante casi medio siglo.

La sensación que empieza a calar en amplios sectores sociales nace precisamente de esta acumulación de cambios. No se trata únicamente de la inflación, de la vivienda o de la polarización política. Existe una percepción más profunda, difícil de formular con precisión, que apunta a considerar obsoletas las reglas del periodo anterior. Es una evidencia que las sociedades suelen intuir los cambios históricos antes de comprenderlos plenamente, pues los perciben en forma de incertidumbre, ansiedad o desconfianza hacia las instituciones existentes. Algo parecido ocurrió en Europa durante los años setenta, cuando el ciclo de prosperidad de la posguerra comenzó a agotarse, y quizá España se encuentre ahora ante uno de esos umbrales.

Todavía desconocemos los contornos de la nueva época. Lo que parece cada vez más evidente es que la discusión ya no gira únicamente alrededor de quién gobernará después de las próximas elecciones. La cuestión de fondo es otra y apunta a qué modelo de país será capaz de sostenerse en un continente que envejece, se rearma y afronta restricciones económicas que durante décadas parecían haber desaparecido.

Y esa pregunta, a diferencia de lo que se promete en las proclamas electorales, no admite respuestas simplistas.