Más allá de las simpatías partidistas, en España se constata un fenómeno relativamente reciente. No es otro que la transformación de los expresidentes del Gobierno en actores permanentes con influencia política, económica y diplomática. Si durante décadas se consideró que un exjefe del Ejecutivo debía apartarse discretamente de la primera línea, las trayectorias de Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero muestran una evolución distinta. Los tres han permanecido activos tras abandonar la Moncloa utilizando estrategias dispares. Cualquier tentativa para compararlos exige poner la misma distancia respecto a su demonización que en lo concerniente a su absolución.
Probablemente, el caso de José María Aznar es el más transparente y paradigmático de las denominadas «puertas giratorias». Su actividad privada posterior a la presidencia ha sido extensa, sistemática y altamente profesionalizada. Consejero durante dos décadas del conglomerado mediático de Rupert Murdoch y asesor de multinacionales energéticas, mineras, fondos de inversión, bufetes internacionales y grupos empresariales, el presidente Aznar construyó una segunda carrera alrededor de su capital político, cuya evolución responde al modelo anglosajón, consistente en transformar la experiencia gubernamental en un activo económico.
Más allá de los flecos legales, el auténtico problema en este intrincado asunto radica en sus implicaciones éticas. La privatización de empresas estratégicas durante sus gobiernos y su posterior colaboración con algunas de ellas alimentaron las críticas sobre posibles conflictos de interés, aun cuando muchas de estas actividades se desarrollaron dentro del marco legal vigente. Aznar nunca ocultó esta dimensión empresarial. De hecho, la convirtió en parte de su identidad pública. Simplemente, su poder pasó de ser institucional a convertirse en una atribución privada de carácter relacional.
Felipe González, sin embargo, encarna una transición más híbrida. A diferencia de Aznar, construyó su figura de estadista global, con especial proyección en América Latina y en el Mediterráneo, donde explotó una extensa red de relaciones personales tejidas durante décadas. Su paso por algunos consejos de administración, singularmente el de Gas Natural, provocó críticas similares a las dirigidas contra Aznar. Sin embargo, la percepción pública fue distinta. González nunca desarrolló como aquél una estructura empresarial tan intensa ni diversificada. Primordialmente, ejerció su influencia mediante asesorías personales, mediaciones internacionales, conferencias y una capacidad de interlocución privilegiada con grandes empresarios y dirigentes extranjeros.
De modo que podría decirse que su principal contradicción fue ideológica. Parte de la izquierda interpretó que el líder histórico del socialismo español abrazaba prácticas asociadas a las élites económicas globales, que había cuestionado durante décadas desde la política. Su célebre metáfora del «jarrón chino» (el incómodo papel que juegan los exmandatarios en la política) terminó siendo parcialmente desmentida por su biografía. Lejos de convertirse en una figura decorativa, ha seguido ocupando espacios informales de poder auténtico.
Por otro lado, José Luis Rodríguez Zapatero desarrolló una trayectoria distinta. A diferencia de sus predecesores, ni ha completado una gran carrera empresarial ni ha tenido notoria presencia en los consejos de administración de las grandes empresas. Su ámbito de actuación se ha ceñido a lo que podría denominarse la diplomacia paralela, pues se especializó en mediaciones internacionales, particularmente en América Latina, con una dedicación muy intensa a Venezuela y posteriormente a otros ámbitos. Precisamente, ahí radica su principal vulnerabilidad, ya que la diplomacia informal se mueve en una zona mucho más difícil de fiscalizar socialmente que un consejo de administración de una empresa cotizada.
Cuando un expresidente actúa como consejero de una empresa, existen registros mercantiles, memorias anuales y obligaciones de transparencia. Pero cuando actúa como intermediario, facilitador o asesor internacional, los límites son mucho más difusos. Esa opacidad alimenta sospechas incluso cuando no existen pruebas concluyentes. La investigación judicial abierta sobre sus actividades relacionadas con Plus Ultra ha intensificado esa percepción pública, aunque la propia naturaleza de estos procedimientos exige distinguir entre imputación, indicios y condena. Y no debe olvidarse que en un Estado de derecho una imputación no equivale a una sentencia de culpabilidad.
De manera que nos encontramos frente a una misma constante, que es transversal a tres modelos distintos y que podría denominarse la monetización del capital político acumulado. Las diferencias en las variables de cada modelo son importantes, pero lo más relevante es que los tres comparten un elemento común: todos han monetizado, de una forma u otra, el prestigio, los contactos y la experiencia adquiridos durante el paso por el Gobierno. Lo que cambia es el mecanismo que cada actor ha utilizado para rentabilizarlo.
Podríamos preguntarnos por qué, siendo tan similares sus trayectorias, sus desenlaces públicos son tan distintos. Y en mi opinión, existen algunos factores que pueden explicarlo.
a) La naturaleza de la actividad.
Las empresas cotizadas generan trazabilidad. La diplomacia informal, no. Paradójicamente, Aznar ha desarrollado la actividad privada más intensa, pero también la más documentada. Zapatero ha desarrollado una actividad aparentemente menor en términos empresariales, pero más difícil de reconstruir documentalmente.
b) La polarización política.
Zapatero sigue siendo una figura extraordinariamente polarizadora. Las heridas políticas derivadas de decisiones como la negociación con ETA, el Estatuto catalán, la gestión inicial de la crisis de 2008 o su papel en Venezuela permanecen abiertas. Aznar y González, pese a las controversias, pertenecen a ciclos históricos más alejados.
c) La transformación mediática.
González operó en la era analógica, Aznar vivió la transición digital y Zapatero habita plenamente la era de la hipervigilancia y las redes sociales, donde cualquier movimiento adquiere repercusión inmediata.
d) La internacionalización del poder.
Los tres actuaron en un mundo globalizado, pero con distintos grados. González construyó redes personales, Aznar construyó redes corporativas y Zapatero construyó redes geopolíticas. Cuanto más se acerca un expresidente a escenarios internacionales opacos, más aumenta el riesgo reputacional.
e) La erosión de la confianza institucional.
España nunca ha definido claramente qué debe ser un expresidente. No existe una cultura política consolidada sobre qué actividades son aceptables una vez abandonado el cargo. Esa ausencia normativa ha permitido interpretaciones amplias del papel que pueden desempeñar.
La cuestión de fondo que se plantea es que quizá Zapatero no sea el único «malvado». Entiendo que tal formulación pertenece más a la lógica de la confrontación política que al territorio del análisis riguroso. Por ello, me parece más oportuno formularla de otro modo. Diría: ¿Qué límites debe tener un expresidente para utilizar legal y legítimamente su experiencia gubernamental como recurso privativo y discrecional?
Porque, contempladas desapasionadamente, las trayectorias de González, Aznar y Zapatero ofrecen los perfiles de tres individuos tan distintos como a la vez beneficiarios de idéntica anomalía institucional. En los tres casos, la presidencia del Gobierno ha dejado de ser un destino final para convertirse en una plataforma para seguir ejerciendo el poder. Y mientras no existan reglas más claras sobre la actividad posterior de quienes han ocupado la jefatura del Ejecutivo, cada nuevo caso seguirá siendo interpretado desde perspectivas heterogéneas, respaldadas por las afinidades políticas de los respectivos observadores.
De modo que concluiré diciendo que, en realidad, la mayor incongruencia no se circunscribe a la catadura personal de los expresidentes, sino a la peculiaridad de un sistema que exige ejemplaridad y que, a la vez, jamás ha establecido dónde deben terminar exactamente los privilegios, la influencia y las oportunidades que acompañan al ejercicio del poder.









