La actual crisis de Occidente ha vuelto a reabrir el viejo debate sobre si las democracias liberales se debilitan por presión externa o por la erosión interna de sus propios consensos políticos. En Europa —y particularmente en España—, ese debate adopta una forma específica que se resume en la convergencia parcial entre las derechas tradicionales y las nuevas derechas extremas en cuestiones como la identidad nacional, la inmigración, la seguridad, la soberanía o la relación con las instituciones supranacionales. Aunque existen diferencias importantes entre ambas familias políticas, las dos comparten zonas de intersección que están transformando profundamente el proyecto europeo nacido tras la Segunda Guerra Mundial.
Las derechas conservadoras tradicionales europeas —desde el Partido Popular Europeo hasta las formaciones nacionales como el PP español, Los Republicanos franceses o la CDU alemana— surgieron históricamente como fuerzas compatibles con el orden liberal-democrático asentado sobre cuatro pilares básicos: La integración europea, la economía de mercado regulada, las alianzas atlánticas y el Estado de derecho. Durante décadas representaron una derecha institucional favorable a la estabilidad y a una cierta cultura del consenso.
En cambio, las actuales derechas extremas, en gran medida, nacen como reacción contra ese consenso. Partidos como Vox, Rassemblement National o Alternative für Deutschland sostienen que las élites liberales europeas han vaciado de soberanía a los Estados nacionales, han debilitado las identidades culturales y han subordinado los intereses populares a burocracias supranacionales, mercados globales y agendas cosmopolitas.
Así pues, la primera gran diferencia entre las derechas aflora en su concepción de Europa. La derecha tradicional considera la integración europea como un instrumento imperfecto, pero necesario para la estabilidad económica y geopolítica del continente. En consecuencia, no cuestiona el marco general de la Unión Europea, ni siquiera cuando critica los excesos regulatorios de Bruselas. Por el contrario, las derechas extremas tienen una relación mucho más ambigua con el proyecto europeo. Tras el Brexit, algunas han abandonado el euroescepticismo radical, pero, en general, siguen defendiendo una «Europa de naciones» en la que los Estados recuperan competencias, fundamentalmente en inmigración, legislación y política económica.
Por otro lado, la presión electoral de las derechas radicales ha desplazado el discurso de las tradicionales hacia posiciones más intransigentes en asuntos identitarios. La inmigración es el ejemplo más evidente. Mientras el conservadurismo clásico defendía una gestión pragmática de los flujos migratorios —compatible con las necesidades económicas y los derechos humanos—, buena parte de la derecha europea ha ido adoptando marcos discursivos centrados en el control fronterizo, la seguridad cultural y el riesgo de fragmentación social.
En España, la irrupción de Vox ha hecho especialmente patente este desplazamiento. Asuntos que antes eran marginales —ocupación ilegal, «efecto llamada», islamismo, multiculturalismo o deportaciones— han pasado a ocupar el centro del debate político. Tan es así que, aunque el PP mantiene formalmente una posición constitucionalista y europeísta, la competencia electoral con Vox ha endurecido una parcela importante de su discurso y de sus prioridades políticas. Un fenómeno similar se constata en Francia con el acercamiento retórico de la derecha republicana a algunas tesis históricas del lepenismo.
El segundo ámbito de convergencia es la llamada «guerra cultural». Las derechas neofascistas han comprendido que la disputa política ya no se libra únicamente en el terreno de la redistribución económica, sino que se amplía a espacios como los valores, los símbolos o las identidades colectivas. Cuestiones como el feminismo, la memoria democrática, los derechos LGTBI+, la educación afectivo-sexual o las políticas climáticas se presentan como expresiones de una hegemonía cultural progresista desconectada de las mayorías sociales.
Habitualmente, las derechas tradicionales han sido cautelosas con esos asuntos, pero han claudicado y han terminado incorporando a su ideario algunos de los marcos discursivos referenciados. En España, por ejemplo, el cuestionamiento de determinadas leyes de igualdad o de memoria democrática ya no es patrimonio exclusivo de la extrema derecha. La consecuencia de ello es una creciente polarización cultural que transforma a los adversarios políticos en enemigos existenciales y obstaculiza los consensos básicos sobre los que se sustentaban las democracias parlamentarias europeas.
Existe, además, una diferencia decisiva respecto al Estado de derecho y las instituciones liberales. Al menos en términos generales, las derechas tradicionales aceptaban los denominados contrapesos institucionales, es decir, los tribunales independientes, la prensa crítica, los organismos reguladores y el pluralismo político. En cambio, la derecha radical suele mostrar una relación más instrumental con esos mecanismos. Así, cuando consideran que jueces, medios o instituciones europeas limitan la «voluntad popular», tienden a denunciarlos como estructuras ideológicas secuestradas por las élites progresistas. Los casos de la Hungría de Viktor Orbán o de la deriva institucional en Polonia durante los gobiernos del PiS muestran hasta qué punto ciertas ultraderechas europeas entienden la democracia más como legitimidad plebiscitaria que como equilibrio entre poderes.
La política internacional también evidencia diferencias relevantes. Las derechas tradicionales continúan alineadas con el atlantismo clásico y el apoyo a la OTAN. Sin embargo, las ultraderechas, aunque hoy, tras la invasión de Ucrania, matizan antiguos vínculos con Rusia, mantienen en general una visión más nacionalista y menos comprometida con el multilateralismo liberal.
De cuanto antecede, y en sintonía con numerosos analistas, deduzco que la principal amenaza que acecha a la UE no es necesariamente una toma revolucionaria del poder por parte de las ultraderechas, sino una transformación gradual del consenso democrático europeo. Cuando las derechas tradicionales adoptan parte de los marcos discursivos ultranacionalistas para competir electoralmente, lo que consiguen es desplazar el centro político hacia posiciones más iliberales, sin necesidad de rupturas formales.
Estoy convencido de que Europa no está hoy frente a una amenaza comparable a los totalitarismos del siglo XX. En cambio, creo que vive una erosión progresiva de las culturas políticas que hicieron posible el proyecto europeo, asentadas en la moderación institucional, la confianza en el pluralismo y la necesidad de poner límites al poder mayoritario. Así pues, me parece que el desafío esencial que deben encarar las democracias europeas es responder eficientemente al creciente malestar social, sin abandonar los principios liberales que tradicionalmente han sido su principal fuente de estabilidad y legitimidad.
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