Saber no es hacer

Semanas atrás, Manel Pérez, adjunto al director del diario La Vanguardia, escribía una columna que titulaba «De Rodalies a los males de la socialdemocracia». En ella hacía un diagnóstico amplio y ambicioso del malestar que en los últimos tiempos recorre España y Europa, articulado en torno a la acumulación de crisis económicas, sociales e institucionales que ponen a prueba la viabilidad del Estado del bienestar y, con él, el proyecto político de la socialdemocracia.

Quizá la principal virtud del referido texto radica en que ciertos problemas, que frecuentemente se presentan como coyunturales o locales (la vivienda, la sanidad, las pensiones, el gasto público o la adaptación al cambio climático), se muestran incardinados en un marco estructural y europeo. En ese sentido, creo que el autor acierta al señalar que muchas de las tensiones actuales no son anomalías ocasionales, sino el resultado de decisiones económicas y políticas sostenidas durante décadas.

El análisis del periodista me parece particularmente sólido cuando vincula el deterioro de los servicios públicos y el encarecimiento de la vida con la adopción progresiva de un marco neoliberal por parte de fuerzas políticas que históricamente se definieron como socialdemócratas. En su artículo recuerda, con razón, que el Estado del bienestar no fue un subproducto espontáneo del crecimiento económico, sino una construcción política y deliberada forjada en la Europa de la posguerra. Por tanto, su erosión no puede considerarse inevitable, pues responde a prioridades presupuestarias, a concretos marcos regulatorios y a un determinado equilibrio de poder entre capital y trabajo.

Valoro como un acierto incontestable la mirada comparada que ofrece el artículo. Al subrayar que fenómenos como la crisis de la vivienda o la fragilidad de las cuentas públicas afectan al conjunto de la Unión Europea, el autor desmonta la tentación de buscar culpables en el ámbito nacional exclusivamente. El euro, la liberalización financiera y la integración de los mercados de capitales son factores clave para entender determinadas dinámicas de revalorización patrimonial que desbordan la capacidad de actuación de los Estados individualmente considerados. En este punto, en mi opinión, el texto aporta una perspectiva estructural que enriquece el debate público.

Contrariamente, considero que adolece de dos debilidades. Por un lado, un cierto determinismo pesimista que lo impregna transversalmente. La acumulación de problemas se presenta como un deslizamiento casi inexorable hacia una crisis sistémica —el «cisne negro» que está siempre al acecho— sin explorar detalladamente los márgenes reales de la acción política. El riesgo subyacente a este enfoque es doble: puede reforzar la sensación de impotencia en la ciudadanía y, a su vez, deja el terreno abonado para que prosperen las fuerzas populistas y autoritarias que el texto identifica como amenaza. La segunda debilidad es la asimetría entre el diagnóstico y las propuestas. El artículo es incisivo y señala contradicciones y responsabilidades, pero resulta mucho más romo ofreciendo alternativas. Y esa carencia no es asunto menor porque, en un contexto de desafección política, la crítica sin horizonte es probable que sea intelectualmente estimulante, pero resulta políticamente estéril.

En mi opinión, desde una perspectiva constructiva, el debate debería avanzar en al menos cuatro direcciones. La primera conduce a la revisión profunda de las reglas fiscales europeas. Si se acepta que la vivienda, la transición ecológica, la sanidad o la educación son pilares del bienestar y de la estabilidad democrática, resulta incoherente tratarlos como gasto corriente sometido a una disciplina presupuestaria pensada para otro ciclo histórico. Una «regla de oro» de la inversión social y climática, excluida parcialmente del cómputo de déficit, permitiría recuperar capacidad de acción sin renunciar a la sostenibilidad financiera.

La segunda línea lleva a una política europea de vivienda que vaya más allá de la retórica. Esto implica, entre otras medidas, reforzar el papel del Banco Europeo de Inversiones en la financiación de parques públicos de alquiler, limitar fiscalmente los usos especulativos del suelo y coordinar instrumentos regulatorios frente a la concentración de vivienda en manos de grandes fondos. La evidencia comparada muestra que los países con mayor oferta pública y cooperativa amortiguan mejor las burbujas de precios.

En tercer lugar, el artículo apunta correctamente al problema de fondo: la «financiarización» de la economía europea. Aquí la respuesta no puede limitarse a políticas sociales compensatorias. Es necesario reequilibrar el modelo productivo mediante una estrategia industrial europea que combine transición energética, digitalización y empleo de calidad. Sin una base productiva sólida, el Estado del bienestar se convierte en una promesa vulnerable, dependiente de ingresos fiscales cada vez más volátiles.

Por último, la reconstrucción de la socialdemocracia exige algo más que liderazgo simbólico en el contexto internacional. Requiere coherencia interna, es decir, alinear discurso y práctica, priorizar políticas redistributivas visibles y asumir conflictos con intereses económicos consolidados. La historia demuestra que el Estado del bienestar avanzó cuando existió voluntad política de disputar el poder, y no cuando se confió exclusivamente en la autorregulación inducida por los mercados.

En suma, me parece que el artículo ofrece un retrato lúcido de las fragilidades y contradicciones de la Europa contemporánea. Considero que su pesimismo está fundamentado y justificado, pero disiento en que se erija en el punto final del análisis. Frente a la tentación de refugiarse en el repliegue o la de aventurarse en el autoritarismo, propongo una alternativa que pasa por recuperar la política como herramienta de transformación colectiva. No es una tarea sencilla, pero considero que continúa siendo un anhelo viable.

Prosperidad retroactiva

Parece que las grandes potencias económicas han compartido un patrón recurrente que ha condicionado sus respectivos declives a lo largo de la historia. Las causas de sus involuciones no procedían del exterior, sino de sí mismas. No son las invasiones, ni la escasez de recursos, ni una supuesta decadencia moral lo que precipitó el final de las sucesivas eras doradas, sino decisiones políticas y culturales que significaron la cerrazón de los grandes imperios sobre sí mismos. El historiador sueco Johan Norberg ha formulado esta tesis en su libro Peak Human (2025), donde sostiene que las civilizaciones alcanzan su cénit cuando se abren al comercio, al talento y a las ideas, y comienzan a decaer cuando, desde el éxito, optan por protegerse de aquello mismo que las hizo prosperar.

Obviamente, este enfoque está condicionado por el pensamiento sociopolítico del autor. Por tanto, debe advertirse que Norberg ha sido un promotor entusiasta del capitalismo global, de la inmigración y de las libertades individuales. Estudió en la Universidad de Estocolmo, donde se especializó en el estudio de la historia de las ideas. Tras una etapa militando en el anarquismo de izquierda, descubrió el libertarismo de John Locke, Frédéric Bastiat, Ludwig von Mises y Ayn Rand, entre otros. Fue miembro del think tank Timbro desde 1999 hasta 2006, desde el que abogó por la globalización y las reformas liberalizadoras, labor que ahora realiza desde el Centre for the New Europe.

Desde estas premisas, la pregunta que cabe hacerse con relación a la tesis de Norberg no es, por tanto, por qué caen los imperios, sino por qué, una vez alcanzada la prosperidad, deciden renunciar a las condiciones que la hicieron posible.

Ciertamente, la historia económica de los últimos 2.500 años puede leerse como una sucesión de centros de gravedad que se han ido desplazando hacia donde existía mayor apertura. La Grecia clásica floreció gracias al intercambio intelectual y comercial entre las polis; Roma consolidó su poder al integrar territorios, personas y normas jurídicas diversas; el Califato abasí convirtió Bagdad en un nodo de conocimiento global; el Renacimiento italiano emergió del cruce de ideas, capitales y técnicas; los Países Bajos lideraron el comercio marítimo mundial; y Estados Unidos se convirtió en la principal potencia del siglo XX gracias a su capacidad para atraer talento, innovar y comerciar sin complejos.

En ninguno de estos casos la prosperidad fue producto de la autosuficiencia. Al contrario, surgió en entornos abiertos, a menudo carentes de recursos naturales excepcionales, pero ricos en intercambio. De ahí que Norberg subraye que las edades de oro no responden a factores identitarios —ni raza, ni religión, ni geografía—, sino a instituciones que permiten la competencia, la movilidad y la circulación de ideas.

El problema aparece cuando el éxito genera miedo. En su fase madura, las sociedades prósperas desarrollan élites económicas y políticas que perciben la innovación como una amenaza. Nuevas tecnologías, nuevos competidores o nuevas corrientes de pensamiento cuestionan posiciones consolidadas. Es entonces cuando el discurso del riesgo, la seguridad y la protección comienza a imponerse. El pasado se idealiza como un tiempo de orden y estabilidad, y el futuro se presenta como un terreno peligroso que conviene controlar.

La historia ofrece ejemplos elocuentes. El Imperio romano, lejos de colapsar por las invasiones bárbaras, llevaba décadas asfixiado por la hiperregulación, los controles de precios y un aparato estatal insostenible. La China de la dinastía Song, tecnológicamente avanzada, decidió prohibir la navegación oceánica y limitar el comercio exterior para preservar el control interno, cediendo el liderazgo global a Europa. Venecia pasó de ser una potencia comercial abierta a un sistema oligárquico de monopolios familiares. Bagdad abandonó la ciencia y el pensamiento crítico en favor del dogma religioso.

En todos los casos, el patrón es similar; el aislamiento precede al declive. El proteccionismo no aparece como una política que genera fortaleza, sino como una reacción defensiva de sociedades que han perdido la confianza en su capacidad de adaptarse. Norberg advierte de que esta dinámica se repite con especial frecuencia tras crisis profundas —pandemias, guerras o colapsos financieros—, cuando el miedo empuja a la población a respaldar líderes que prometen seguridad mediante el control, los aranceles y la restricción de libertades económicas e intelectuales. Sin embargo, esas respuestas suelen erosionar precisamente la base de la prosperidad futura.

La principal lección histórica que puede extraerse de todo ello es clara; las grandes civilizaciones no mueren por falta de recursos, sino por exceso de complacencia. El éxito genera estructuras de poder que prefieren un mercado cautivo a uno competitivo, una sociedad homogénea a una diversa y un presente congelado a un futuro incierto. El resultado es una pérdida progresiva de dinamismo económico, innovación y liderazgo.

El proteccionismo, lejos de preservar las economías, actúa como un impuesto interno que encarece los bienes, reduce la competencia y limita el aprendizaje. Cerrar fronteras al talento y a las ideas no protege la identidad ni el bienestar, sino que reduce la capacidad de respuesta ante un mundo en transformación. La historia no garantiza que el liderazgo económico se mantenga indefinidamente. Lo que sí muestra es que las sociedades que renuncian a la apertura aceleran su propio declive.

Si la apertura ha sido la condición del progreso, su defensa debe convertirse en una prioridad política. Esto implica varias líneas de actuación. Primero, defender el comercio internacional como un instrumento de especialización y eficiencia, evitando la tentación de los aranceles como respuesta automática a la competencia. Segundo, facilitar la movilidad del talento, entendiendo la inmigración cualificada no como una amenaza, sino como una inversión en capital humano. Tercero, proteger la libertad académica, científica y cultural frente a la censura, la polarización y el pensamiento único. Cuarto, garantizar mercados competitivos que limiten monopolios y rentas de posición, incluso —o especialmente— cuando benefician a actores nacionales poderosos. Finalmente, asumir que la incertidumbre no es un fallo del sistema, sino su motor. Las sociedades que prosperan no son las que eliminan el riesgo, sino las que confían en su capacidad para gestionarlo.

La historia no castiga la apertura; penaliza temerla. Y, como recuerda Norberg, cuando una civilización decide cerrarse al mundo, rara vez necesita enemigos externos: ya ha empezado a involucionar por sí sola.

 

La IA, entre el alarmismo y la negación

Los grandes cambios históricos suelen anunciarse con notable antelación. Sin embargo, sorprenden a quienes se empecinan en ignorarlos o desoyen sus advertencias. Actualmente, intelectuales y académicos comparten un acuerdo bastante generalizado sobre la previsibilidad de las grandes transformaciones que, lejos de sobrevenir inopinadamente, se anuncian con indicios y advertencias. Un ejemplo reciente lo demuestra. En febrero de 2020, mientras casi todos estábamos abstraídos en las vicisitudes de la vida cotidiana, el Covid-19 perturbaba grave y silenciosamente la aparente «normalidad» general. Tal vez algo semejante —aunque de naturaleza muy distinta— podría estar ocurriendo actualmente con la inteligencia artificial (IA).

Hace unas semanas, el emprendedor tecnológico Matt Shumer publicó un texto que se hizo viral en cuestión de horas (https://shumer.dev/something-big-is-happening). Su tesis central es que la inteligencia artificial (IA) ha rebasado un umbral cualitativo muy relevante, sin que la mayoría de la sociedad haya tomado conciencia de ello. No se trata de una mejora importante de las herramientas digitales; significa un punto de inflexión porque afecta al núcleo del trabajo cognitivo. Algo que, de ser cierto, conviene tomar con mucha cautela y poca condescendencia. Aunque el mensaje tiene un innegable tono alarmista, también advierte de una importante constatación: los sistemas recientes de IA, desarrollados por laboratorios como OpenAI y Anthropic, no se limitan a producir y ofrecer a los usuarios respuestas o sugerencias para sus preguntas, sino que van más allá, pues planifican, ejecutan, corrigen y reiteran tareas complejas con una autonomía impensable apenas un año atrás.

En opinión de Shumer, no estamos ante un significativo avance del instrumental tecnológico, sino frente a una inquietante progresión de naturaleza conceptual. A lo largo de las últimas décadas hemos concebido el software como mera herramienta que, aunque ampliaba ciertas capacidades humanas, en esencia estaba supeditado a nuestra permanente supervisión. Ahora, la novedad es que determinados modelos cierran ciclos de trabajo completos, es decir, reciben una instrucción genérica y diseñan estrategias, ejecutan miles de líneas de código, evalúan los resultados y corrigen los errores sin que medie el control humano. Siguiendo esta deriva, parece claro que en poco tiempo la IA dejará de ser un asistente personal para convertirse en una especie de agente operativo. Y ello obligará a repensar categorías que hoy se dan por invariables, como la productividad, la cualificación o la carrera profesional. Lo grave del asunto es que no se trata de meras especulaciones. Organizaciones como METR (Model Evaluation and Threat Research, instituto de investigación enfocado en la seguridad de la IA) han documentado el avance exponencial que se ha producido en el trabajo autónomo de estos sistemas, que realizan tareas equivalentes a las de un experto humano.

De modo que podría decirse que la revolución industrial mecanizó el esfuerzo físico, mientras la digitalización automatizó los procesos administrativos. Y ahora, las versiones más avanzadas de inteligencia artificial aspiran a sustituir o replicar el trabajo cognitivo. El argumento de Shumer —y de otros expertos, como Dario Amodei (Anthropic)— es que la IA no reemplaza una tarea concreta, sino que mejora simultáneamente múltiples competencias en el sistema, como el análisis jurídico, la modelización financiera, la redacción técnica, la programación o el diagnóstico preliminar. En consecuencia, la reconversión laboral que demanda difiere extraordinariamente de los modelos conocidos. Ello no debe llevarnos a aceptar sin más, con resignación, los determinismos tecnológicos, pero tampoco cabe ignorar la magnitud potencial del fenómeno, pues supondría una grave irresponsabilidad.

Así pues,el debate no debería centrarse exclusivamente sobre si la IA está «sobrevalorada», o si realmente es más un modelo estadístico que una nueva «inteligencia». La cuestión estriba en cómo preparar el sistema productivo y las actuales instituciones, diseñados para realizar cambios graduales, para que sean capaces de metabolizar procesos mucho más rápidos, amplios y transversales. Así, en el ámbito laboral, los sistemas de formación continua, pensados para transiciones sectoriales relativamente pausadas, podrían resultar insuficientes. De hecho, si se confirma una sustitución amplia de los empleos, ello exigirá revisar desde las políticas activas de empleo hasta los mecanismos de protección social.

Desde la perspectiva educativa, la pregunta consiguiente no apunta a si debe o no enseñarse a programar, sino a cómo formar a los ciudadanos en adaptabilidad, pensamiento crítico y uso estratégico de herramientas que evolucionan en cortos intervalos de tiempo. Optimizar las titulaciones actuales para dar respuesta a un mercado laboral estable puede ser una apuesta equivocada.

El desafío es todavía mayor en la gobernanza. Si los propios desarrolladores reconocen que la IA empieza a participar en su propio proceso de mejora, el nuevo ritmo de la innovación podría sobrepasar los marcos regulatorios parsimoniosos. Y ello exige respuestas que incluyan coordinación internacional, transparencia y un debate público informado.

Sin embargo, tampoco conviene caer en el error de reducir esta discusión a un relato apocalíptico, pues la misma tecnología que amenaza con desestabilizar los sectores productivos puede acelerar descubrimientos científicos, optimizar sistemas sanitarios o democratizar el acceso al conocimiento. La cuestión no es detener el desarrollo —algo, por otro lado, problemático e improbable—, sino gestionarlo con inteligencia colectiva. La historia económica demuestra que las sociedades que afrontan los cambios con lucidez y positividad son las que mejor los metabolizan. De tal modo que, dentro de unos años, quizás miremos atrás y comprobemos que exagerábamos. O tal vez descubramos que el punto de inflexión ya se había producido, mientras discutíamos si la curva se aceleraba en un determinado sentido, cuando ya lo estaba haciendo en el contrario. En ambos casos, no cabe duda de que la peor estrategia es la complacencia.

El texto de Matt Shumer parte de la premisa de que la inteligencia artificial ha rebasado un umbral que amenaza el trabajo cognitivo convencional. Personalmente, considero que esta interpretación puede matizarse con algunas consideraciones. Así, por un lado, la historia demuestra que el progreso técnico no se traduce en transformación económica inmediata. Son frecuentes las brechas entre capacidad técnica y transformación estructural. De hecho, el ordenador personal, por ejemplo, existía en los años ochenta y, sin embargo, su impacto masivo tardó décadas en apreciarse. De modo que la cuestión no es qué puede hacer la IA, sino qué problemáticas induce en su despliegue real mediante la integración en procesos productivos, responsabilidad legal, confianza institucional, regulación sectorial, costes de transición, etc. Dicho más simplemente, el hecho de que un modelo de IA pueda redactar un informe jurídico riguroso no implica que el sistema judicial o los bufetes de abogados lo adopten automáticamente.

Por otro lado, la hipótesis de que la IA sustituirá al trabajo cognitivo presupone que las tareas profesionales son puramente informacionales. Sin embargo, sabemos que numerosas ocupaciones incluyen dimensiones relacionales, institucionales y normativas que trascienden la mera producción textual o el análisis semántico o estadístico. El derecho, por ejemplo, no es solo formalización textual rigurosa; incluye negociación, responsabilidad, reputación y comparecencia ante los tribunales. Tampoco la medicina se reduce únicamente al diagnóstico, pues conlleva decisiones e intervenciones clínicas en situaciones de incertidumbre y responsabilidad ética. Es decir, una profunda automatización no conlleva necesariamente la desaparición intensiva de las ocupaciones tradicionales.

Es innegable que los datos de organizaciones como METR muestran una extraordinaria progresión de la IA, pero extrapolar las tendencias exponenciales a sistemas complejos es metodológicamente arriesgado. La historia de la IA está trufada de ciclos de entusiasmo seguidos de fases de estancamiento. Que la curva haya sido ascendente hasta ahora no garantiza la continuidad indefinida, pues pueden sobrevenir límites económicos, energéticos, regulatorios o incluso cognitivos en los propios modelos.

Por otro lado, el discurso tecnoptimista solo ha abordado tangencialmente las problemáticas asociadas a la concentración del poder. Si la capacidad productiva se desliza hacia infraestructuras tecnológicas controladas por unas pocas empresas (OpenAI, Anthropic y otras), además de problemáticas laborales, emergerán otras de carácter político y económico. En consecuencia, la cuestión no se reduce a estudiar cómo la IA afecta a la reordenación del mercado laboral, sino que se amplía a elucidar quién se apropia del valor que genera el nuevo sistema productivo y a cómo se redistribuyen esos rendimientos. Un debate que eluda estas dimensiones, cuanto menos, resulta romo e incompleto.

La historia demuestra que las sociedades suelen ser reactivas a los avances tecnológicos. Para domeñar sus exigencias y mitigar sus impactos, han diseñado renovados marcos regulatorios, creado nuevas profesiones, han redefinido competencias, etc. La imprenta, la máquina de vapor o la automatización industrial generaron disrupciones profundas, pero también impulsaron nuevas configuraciones laborales. En consecuencia, es probable que la IA induzca una importante redefinición de la actividad laboral, pero no conlleve la eliminación, sin más, de amplios sectores productivos. Quizá la hipótesis a considerar podría apuntar a que, más que a una sustitución casi total, estaríamos frente a una reconfiguración intensiva.

En todo caso, entiendo que la advertencia de Shumer aporta una propuesta valiosa: es imprescindible abandonar la complacencia. El análisis riguroso exige distinguir entre capacidad técnica, adopción económica y transformación institucional. Indudablemente, la inteligencia artificial avanza con rapidez. Pero la incógnita que plantea no es si transformará el trabajo, que lo hará, sino cómo, cuánto y con qué consecuencias sociales. Entre el alarmismo y la negación existe un espacio intermedio, en el que debe desplegarse el debate informado, partiendo de la evidencia empírica y de la mano de una política deliberada y comprometida con el futuro de la humanidad.

La mirada del Extremo Oriente

Recientemente, la diplomacia china volvió a hablar con voz propia en Pekín. En el marco de las llamadas Dos Sesiones –momento político anual por excelencia, cuando se celebran en marzo las sesiones plenarias anuales de la Asamblea Popular Nacional y del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino–, el ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi, ofreció una larga rueda de prensa que, respuestas coyunturales al margen, dejó entrever la narrativa estratégica con la que China busca posicionarse en un mundo cada vez más fragmentado.

El contexto no es menor. Las guerras de Ucrania y Gaza, la recién inaugurada en Irán, el deterioro del orden internacional construido tras la Segunda Guerra Mundial y la creciente rivalidad entre potencias han abierto una etapa de incertidumbre global. En ese escenario, Pekín se presenta como un actor que reivindica la estabilidad, el multilateralismo y la resolución política de los conflictos. Un discurso que, por supuesto, no está exento de cálculo estratégico.

Wang Yi fue claro al referirse a la guerra que involucra a Irán, Estados Unidos e Israel. Sin ofrecerse explícitamente como mediador, el jefe de la diplomacia china pidió el «fin inmediato de las hostilidades» y defendió la necesidad de respetar la soberanía de todos los países de Oriente Medio. En su formulación, el conflicto es «una guerra que no debería haber ocurrido». La receta china, insistió, pasa por la no injerencia, la protección de los civiles y el rechazo a los cambios de régimen impulsados desde el exterior.

Ese planteamiento encaja con uno de los principios clásicos de la política exterior de Pekín, cual es la defensa de la soberanía nacional como pilar del sistema internacional. No obstante, en el discurso actual adquiere un significado todavía más amplio. China intenta proyectar la imagen de una potencia responsable, partidaria de la coexistencia pacífica y de un orden internacional regido por normas compartidas, frente a lo que considera la deriva unilateralista de algunos actores.

La crítica fue implícita pero reconocible. Sin mencionarlo expresamente, Wang cuestionó la creación de estructuras internacionales paralelas a las instituciones existentes, en alusión a algunas de las iniciativas impulsadas por Donald Trump. Para Pekín, el papel central de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) debe reforzarse y no debilitarse. «No es perfecta, pero sin ella el mundo sería peor», afirmó el ministro.

La defensa del multilateralismo no es solo una cuestión de principios. También responde a los intereses de una potencia que ha prosperado en el marco de la globalización. Como recordó Wang, en los últimos cinco años China ha aportado cerca del 30% del crecimiento mundial. Desde la perspectiva de Pekín, el auge del proteccionismo y los intentos de desacoplamiento económico promovidos por la actual presidencia norteamericana no solo son contraproducentes, sino también inviables en una economía internacional profundamente interdependiente.

En el fondo, su mensaje apunta a la nostalgia de un orden internacional anterior a la actual fase de rivalidad abierta. Un sistema ciertamente imperfecto, pero relativamente estable, en el que la expansión del comercio, la cooperación institucional y la interdependencia económica actuaban como mecanismos de contención de los conflictos. La irrupción de la era Trump, con su cuestionamiento de las reglas del comercio global y su apuesta por la competencia estratégica entre grandes potencias, ha alterado ese equilibrio. China intenta ahora presentarse como defensora de aquel statu quo. La paradoja es evidente, un país que durante décadas fue percibido como un actor revisionista reivindica hoy el mantenimiento de las reglas del sistema que facilitaron su ascenso.

La posición china también se extiende a otros escenarios tensionados. En Oriente Medio, Pekín recordó su papel en el restablecimiento de relaciones entre Arabia Saudí e Irán en 2023, un episodio que reforzó la imagen de China como mediador emergente. Sobre el conflicto palestino, Wang reiteró la tradicional defensa de la solución a través de la fórmula de los dos Estados.

Con relación al espacio europeo, el mensaje esencial fue de prudencia. China considera a la Unión Europea un socio relevante para su modernización económica, aunque pide a Bruselas que no interprete la interdependencia como un riesgo estratégico. En síntesis, se trata de un equilibrio delicado en un momento en el que Europa revisa su relación económica con el gigante asiático.

Más claras fueron las referencias a la relación con Rusia. Wang describió el vínculo con Moscú como una coordinación estratégica basada en la confianza mutua, aunque insistió en que no se trata de una alianza formal ni dirigida contra terceros. La fórmula permite a Pekín mantener su asociación con Rusia sin asumir abiertamente el coste político de la guerra en Ucrania.

Todo este sistema de equilibrios forma parte de una estrategia más amplia: la construcción de un mundo multipolar. Desde la visión china, el sistema internacional ya no puede estar dominado por una sola potencia. El objetivo es avanzar hacia un orden en el que varias –entre ellas China– compartan el protagonismo.

Sin embargo, este discurso conciliador también tiene límites. Cuando la mirada se desplazó hacia Asia oriental, el tono cambió. Pekín reiteró que Taiwán es una cuestión interna y advirtió de que la reunificación es un proceso histórico inevitable. Del mismo modo, Wang lanzó duras críticas al revisionismo histórico en Japón y cuestionó el papel de Tokio en la seguridad regional.

Ambas posiciones revelan la dualidad de la diplomacia china. Por un lado, sostiene un discurso global favorable a la paz, la cooperación y el multilateralismo. Por otro, una defensa inflexible de los intereses estratégicos nacionales en su entorno inmediato.

En cualquier caso, la intervención de Wang Yi confirmó que China ya no se limita a reaccionar ante los acontecimientos internacionales. Ahora intenta definir con evidente ahínco la narrativa de la política global. Lo hace desde la perspectiva de una potencia que, aunque todavía se define como país en desarrollo, aspira a desempeñar un papel central en el liderazgo del sistema internacional en las próximas décadas. La mirada del Extremo Oriente no es, por tanto, exclusivamente, una lectura alternativa de la actualidad internacional. Es, también, la expresión de una ambición histórica, la de una China que se prepara para ocupar un lugar en el centro del mundo.

 

Un cruasán en la mesa del adiós

Hoy, cuando todavía no he terminado de metabolizar la partida de Jürgen Habermas, leo la esperada columna dominical de Manuel Vicent, intitulada «Nos vemos en Capri», alusiva a su despedida de Raúl del Pozo. Una y otra circunstancia me impelen a compartir algunas reflexiones sobre los adioses.

En primer lugar, entiendo que las mejores despedidas no necesitan de grandes gestos ni de expresiones trascendentales. Son suficientes un ademán, una frase breve caída como hoja de otoño o un objeto humilde –un cruasán, por ejemplo– abandonado sobre la mesa como último testigo de una vida compartida. Me gustaría que en cuantas despedidas deba intervenir las cosas fuesen así: sin aspavientos, sin mentiras piadosas, sin el teatro torpe del consuelo obligatorio. Anhelo partidas plácidas, con la serenidad de quien sabe que la historia ya está escrita y no hay nada que añadir salvo algún pequeño acto de cercanía: un amigo que hace la visita del doctor, una bandeja de dulces, una sonrisa final que se enciende por un instante.

En segundo lugar, tengo la impresión de que, cuando llega al final del camino, la muerte suele presentarse con una mezcla extraña de gravedad y cotidianidad. Entra por la puerta de casa o de la habitación de un hospital mientras alguien deja el abrigo en el respaldo de una silla, o cualquier compañero abre una caja de pasteles, como si fuese una tarde cualquiera. La tragedia, entonces, pierde su voz solemne y adopta el tono doméstico de una conversación en voz baja.

Quizá por eso las despedidas verdaderas son siempre discretas. No pertenecen al estruendo del duelo público, sino a un juicioso silencio entre personas que han compartido una parcela del mundo. En ese momento nadie pretende engañar a nadie. No hay frases sobre la buena cara ni promesas de recuperación. La verdad se instala en la habitación con una naturalidad casi física, como una añadida presencia.

En tercer lugar me parece que, entonces, el gesto más humano es el más simple, como sentarse cerca. A veces basta con ofrecer algo dulce. En ese pequeño ritual de hospitalidad –abrir una caja, elegir un bocado, llevarlo despacio a la boca– se concentra una vida entera de costumbres. El moribundo acepta el regalo con la torpeza de una mano cansada, como si todavía quisiera cumplir las reglas de la cortesía. Tal vez mastique lentamente solo por gratitud, por no romper del todo la escena. En ese instante nadie habla de la muerte, pero ya está allí.

Sin embargo, lo verdaderamente importante ocurre en el extrarradio de las palabras. Una mirada que se sostiene unos segundos más de lo habitual. Un silencio que no incomoda. Un recuerdo compartido que pasa por la habitación como una ráfaga de humo antiguo. Las despedidas hermosas suelen tener algo de complicidad. Entre los familiares y entre los amigos que han consumido décadas juntos existe una confianza especial frente al final. No necesitan de solemnidades porque ya han vivido suficiente. Se permiten incluso pequeños gestos irónicos y hasta frases livianas que desafían al destino con la elegancia de quien no le debe nada. Tal vez por eso las mejores despedidas tienen siempre un tono de conversación inconclusa.

Uno recuerda entonces el tiempo vivido; los cafés humeantes, las interminables diatribas frente a ellos o las palabras que parecían importantes en determinados momentos, que ahora flotan en la memoria como barcos sin puerto. Todo ese mundo –con sus confidencias, sus picarescas y sus ensoñaciones– pertenece ya a otra época. El asfalto lo cubrió, la historia pasó por encima de todo, pero en la habitación del adiós vuelve por un instante con la intensidad de lo irrepetible.

Cuando llega ese momento, el amor y la amistad se resumen en un gesto mínimo. Una mano en la rodilla. Un leve golpe cariñoso que dice más que cualquier discurso. Es una forma antigua de despedirse, casi infantil, que recuerda al amante o compañero que el vínculo sigue ahí incluso cuando las palabras ya son inútiles. Entonces, aunque no siempre, suele llegar la sonrisa. A veces es apenas un destello, una mueca leve, un brillo fugaz en los ojos cansados. Pero esa sonrisa tiene algo de pacto secreto. No promete nada. No niega nada. Simplemente reconoce que el camino compartido ha valido la pena. Y eso basta.

Después, la vida continúa al otro lado de la puerta. La calle sigue donde estaba. Los coches pasan. El mundo no se detiene porque alguien haya proferido un adiós. Pero quienes han participado en una despedida así saben que hay momentos en que la muerte pierde su aspereza y se vuelve casi humana. Momentos en que el final se parece a una tarde tranquila entre amigos con una bandeja de pasteles abierta sobre la mesa. Un último bocado dulce. Una sonrisa que se queda flotando en el aire. Y la certeza íntima de que, de alguna manera, nos volveremos a ver en alguna isla imaginaria donde siempre es verano.

La muerte de Sócrates, por José Maria de Medeiros. 

Museu Dom João VI

Habermas y la democracia del argumento

Hace más de un cuarto de siglo que inicié la preparación de una tesis doctoral fallida sobre la gestión dialógica de los centros educativos. Digo fallida porque no la concluí, pues causas fortuitas llevaron mis inquietudes investigadoras para alcanzar el grado de doctor por otros derroteros. No obstante, fue durante los preparativos teóricos de aquella primera intentona cuando incursioné intensamente en la obra de Jürgen Habermas, uno de los pensadores más relevantes de los últimos cincuenta años, al que me he referido en otras ocasiones.

Su muerte, hace pocas horas, en Starnberg (Alemania), a los 96 años, marca el final de una de las trayectorias intelectuales más influyentes de la Europa contemporánea. Durante décadas fue considerado el filósofo vivo más importante del continente, heredero de una tradición crítica que intentó pensar la democracia más allá de sus formas institucionales. Su obra, extensa y rigurosa, no se limitó a describir el mundo moderno; trató de ofrecer las herramientas conceptuales para hacerlo más racional, más justo y, sobre todo, más discutible.

Formado en la Alemania de posguerra, Habermas pertenece a la segunda generación de la Escuela de Frankfurt, el influyente círculo intelectual vinculado al Instituto de Investigación Social. Discípulo de figuras como Theodor W. Adorno y Max Horkheimer, heredó de ellos una ambición poco frecuente: pensar la sociedad en su totalidad, sin separar la filosofía de la política, la sociología o la cultura. Pero, a diferencia del pesimismo radical de algunos de sus maestros, Habermas defendió una confianza moderada en la capacidad de la razón para organizar la vida común.

Esa confianza se expresó en uno de sus conceptos más influyentes: la acción comunicativa. Frente a las teorías que reducían la sociedad a relaciones de poder o de interés, Habermas propuso que el lenguaje y la argumentación constituyen el núcleo de la convivencia democrática. Los ciudadanos, sostenía, pueden llegar a acuerdos racionales mediante el diálogo, siempre que las condiciones de discusión sean libres e iguales. Esta idea, desarrollada en su monumental obra Teoría de la acción comunicativa, dio lugar a una de sus propuestas políticas más conocidas: la democracia deliberativa.

Según esta concepción, la legitimidad democrática no surge únicamente del voto o de la representación institucional, sino también de la calidad del debate público. Las decisiones colectivas deben apoyarse en procesos de deliberación donde los argumentos tengan más peso que la autoridad o el dinero. En otras palabras, la política democrática debería parecerse más a una conversación racional entre ciudadanos que a una simple competencia por el poder.

No es casual que otro de sus conceptos centrales sea el de esfera pública, desarrollado décadas antes en su célebre estudio Historia y crítica de la opinión pública (1962). Habermas describió la esfera pública como el espacio donde los ciudadanos discuten los asuntos comunes al margen del poder estatal y de los intereses económicos. Para él, la salud de una democracia depende de la vitalidad de ese espacio de discusión.

Sin embargo, el propio Habermas fue consciente de que esa esfera pública moderna se encontraba bajo presión creciente. A lo largo de su obra alertó de cómo los sistemas económicos y burocráticos tienden a colonizar ámbitos de la vida social que antes se regían por normas morales o deliberativas. En una entrevista concedida en 2006, resumió esta preocupación con una frase contundente: «El cálculo económico sustituye a la moral».

La advertencia no era abstracta. Habermas señalaba ejemplos concretos como la privatización de la guerra, la gestión empresarial de las prisiones o la mercantilización de servicios básicos como la sanidad o la energía. Cuando decisiones fundamentales se toman exclusivamente según criterios de beneficio, advertía, las bases normativas de la sociedad se erosionan. La política deja de ser un espacio de deliberación sobre el bien común y pasa a convertirse en una extensión de la lógica del mercado.

Esa crítica no implicaba nostalgia por un pasado idealizado ni rechazo del progreso económico. Habermas fue siempre un pensador de la modernidad. Pero insistía en que la modernización corre el riesgo de «descarrilar» si pierde su fundamento moral y jurídico. La democracia constitucional –basada en derechos humanos, soberanía popular y legalidad– necesita algo más que eficiencia económica, requiere legitimidad normativa.

Otro aspecto central de su pensamiento es la relación entre secularización y religión. En contra de las teorías que predecían la desaparición de lo religioso en las sociedades modernas, Habermas reconoció que las tradiciones religiosas siguen desempeñando un papel cultural y moral significativo. Su propuesta fue un delicado equilibrio: el Estado debe mantenerse neutral y fundamentar sus decisiones en razones seculares, pero la sociedad democrática no debería despreciar las experiencias éticas que las religiones han preservado.

Esta postura se inscribe en su defensa de una cultura política abierta al diálogo entre distintas cosmovisiones. Frente a visiones fatalistas como el Choque de civilizaciones, Habermas apostaba por la posibilidad de entendimiento entre culturas. La integración de inmigrantes, sostenía, no puede ser una calle de sentido único. Los recién llegados deben aprender las normas y la lengua del país de acogida, pero las sociedades receptoras también deben ampliar sus horizontes para comprender nuevas formas de vida.

En este punto aparece otra de sus nociones políticas más sugerentes: el patriotismo constitucional. En lugar de basar la identidad colectiva en la etnia, la cultura o la historia nacional, Habermas propuso fundamentarla en la adhesión a principios democráticos compartidos. La lealtad cívica debería dirigirse a la constitución y a los valores universales que encarna, no a una identidad nacional excluyente. La actualidad de esta propuesta resulta evidente en una Europa donde el populismo y el ultranacionalismo han vuelto a ocupar el centro del debate político.

Frente a estas corrientes, que con frecuencia convierten el desacuerdo permanente en estrategia política, Habermas defendía el consenso racional como horizonte normativo de la democracia. No se trata de eliminar el conflicto –algo imposible–, sino de canalizarlo mediante procedimientos argumentativos que permitan alcanzar acuerdos legítimos.

Tal vez por eso su obra conserva una relevancia singular en la era digital. Las redes sociales han ampliado la esfera pública de manera inédita, pero también han fragmentado el debate y multiplicado la desinformación. El ideal habermasiano de una discusión racional entre ciudadanos parece hoy más necesario que nunca, aunque también más difícil de realizar.

Con la muerte de Habermas desaparece uno de los últimos grandes filósofos públicos europeos, un intelectual que nunca renunció a intervenir en los debates de su tiempo, desde la integración europea hasta la biotecnología, desde el terrorismo hasta el futuro de la democracia liberal. Su legado no es una doctrina cerrada, sino una exigencia: recordar que la política democrática solo puede sostenerse si el mejor argumento pesa más que el interés, el poder o el ruido.

En tiempos de polarización y de cálculo inmediato, esa exigencia suena casi utópica. Pero precisamente por eso sigue siendo imprescindible. Porque, como defendió Habermas durante más de medio siglo, la democracia no es solo un sistema de gobierno, es, ante todo, una forma de conversación colectiva sobre cómo queremos vivir juntos.

 Jürgen Habermas

Bajar a los infiernos

Como se sabe, entre el 6 y el 15 de este mes, organizado por el Ayuntamiento de la ciudad, se celebra el XXIX Festival de Málaga (MaF), un macroevento desarrollado a través de una amplia programación, que busca celebrar la cultura con el cine como argumento.

En la sección de documentales, se presenta El mapa para tocarte, de Mercedes Afonso, guionista, directora y productora de cine, licenciada en Geografía e Historia en la especialidad de Historia del Arte por la Universidad de La Laguna (ULL) y diplomada en Dirección cinematográfica y Guion, en Septima Ars (Madrid). En 2004, creó su propia productora, «Lunática producciones audiovisuales», combinando su faceta creativa con la formativa. Hasta aquí, nada nuevo, ni especialmente sorprendente. Lo auténticamente extraordinario comienza con la lectura de la sinopsis del documental, que coincide en el tiempo con las noticias que alertan de que el pasado 16 de febrero se extravió en el municipio de El Paso (este de la isla de La Palma), Airam, un chaval de 20 años con espectro autista, que todavía hoy está desaparecido.

En la Isla Bonita, donde el relieve se levanta abrupto entre volcanes negros, montañas verdes y un océano que cambia de humor con facilidad, la referida cineasta ha pasado los últimos doce años filmando a su hijo. No con la intención de hacer una película, sino con la pretensión de entenderlo. Airam Concepción Afonso nació allí hace veinte años. Entre los nueve y los diez le atribuyeron un diagnóstico que trastocó por completo la vida familiar: trastorno del espectro autista con altas capacidades, asociado con un desorden neuropsiquiátrico autoinmune e infrecuente. Desde entonces, la casa familiar en el municipio de El Paso se convirtió en un lugar de observación paciente, resistencia cotidiana y adaptación permanente.

Con el tiempo, ese archivo doméstico —filmado en su mayor parte con un teléfono móvil— terminaría convirtiéndose en El mapa para tocarte, el documental que ahora compite en el Festival de Málaga. Fortuitamente, su estreno ha coincidido con el hecho inesperado y doloroso de la desaparición del protagonista desde el pasado 16 de febrero.

La última vez que su madre habló con él fue por teléfono, durante el carnaval de Los Indianos, una de las fiestas más multitudinarias de la isla. Ese día la población se cubre de blanco, el aire se llena de polvos de talco y la celebración cobra un aire ruidoso y caótico. En medio de ese ambiente, Airam sufrió lo que su madre identifica como un «colapso de autismo». Desde entonces, no se ha vuelto a saber de él.

La desaparición ha abierto un paréntesis de incertidumbre que la directora intenta sobrellevar con una mezcla de serenidad y conocimiento íntimo de su hijo. Cree que puede estar escondido y asustado, pues confía en su capacidad de supervivencia. Airam es alguien acostumbrado a la autosuficiencia. Durante años ha aprendido a soportar el frío, a caminar descalzo, a dormir en el suelo o alimentarse con lo esencial. De modo que en su convencimiento hay algo más que esperanza; pues descansa sobre una dilatada experiencia.

En realidad, el documental que se presenta en Málaga es el registro de una convivencia compleja. Durante doce años, Mercedes grabó las crisis de su hijo, sus momentos de aislamiento, los largos silencios de una casa que parecía adaptarse al ritmo interior del muchacho. La cámara funcionaba simultáneamente como herramienta clínica, mecanismo de defensa emocional y forma de comunicación. En ocasiones utilizaba un filtro azul para registrar los episodios más duros. No era un recurso estético, sino una manera de introducir distancia frente a la intensidad del momento. El dispositivo técnico permitía observar sin quedar completamente arrastrada por la experiencia.

La casa misma se convirtió en una especie de personaje involuntario. Durante mucho tiempo permaneció deteriorada, con algunos cristales rotos sustituidos por cartones, paredes desconchadas y habitaciones cerradas. Nadie podía entrar a repararla. Airam no toleraba la presencia de extraños. La madre apenas podía cruzar el umbral de su habitación. El joven pasaba allí la mayor parte del tiempo, encerrado en un mundo donde los ruidos, los tejidos o las bacterias podían convertirse en amenazas insoportables. Hubo etapas en que solo salía una vez al día para subir a la azotea y tomar el sol durante unos minutos.

El relato que emerge de la película no es sentimental ni heroico. Parece más bien la crónica de una adaptación lenta, extenuante a veces. Mercedes interrumpió su carrera cinematográfica para cuidar de su hijo y durante largos periodos dependió económicamente de su padre. La vida doméstica se subordinó a las necesidades del muchacho. Sin embargo, en medio de esa difícil rutina, también aparecían momentos inesperados de conexión y belleza. En uno de los pocos planos en que madre e hijo aparecen juntos, juegan a mirar la luz que atraviesa unas botellas de cristal. En otra escena, se inclinan sobre el pozo del huerto mientras una tormenta estalla alrededor. Son instantes breves, pero intensos, en los que el afecto encuentra una forma distinta de expresarse.

La relación entre ambos estuvo marcada durante años por una paradoja habitual en algunos casos de autismo: existe el amor, pero no puede expresarse a través de las formas convencionales. Airam no toleraba el contacto físico y durante mucho tiempo su madre no pudo abrazarlo ni besarlo. La primera excepción se dio cuando el joven tenía dieciocho años. Ese día llegó a casa Kobu, un perro que se convertiría en su compañero. Airam permitió que el animal se subiera a la cama y le lamiera la cara. Después, por primera vez en mucho tiempo, aceptó también un beso de su madre en la mejilla. Ínfimos acontecimientos como ese adquirían una importancia enorme.

Pese a sus dificultades sociales, Airam desarrolló una intensa vida intelectual autodidacta. Aprendió inglés por su cuenta, a tocar la guitarra y a practicar la meditación para controlar su ansiedad. Entre sus lecturas habituales se encuentran El Quijote, La divina comedia y El hombre en busca de sentido, del psiquiatra austríaco Viktor Frankl, una obra sobre la capacidad humana para encontrar significado incluso en situaciones extremas.

La actitud que describe ese libro –la idea de que el ser humano conserva siempre la libertad de elegir su respuesta frente al sufrimiento– impresionó profundamente al joven. Esa disposición quizá explique por qué algunas crisis colectivas lo afectaron menos que la vida cotidiana. Durante la erupción volcánica de 2021, que mantuvo a la isla en vilo durante ochenta y cinco días, Airam se mostró sorprendentemente sereno. Tampoco la pandemia alteró demasiado su rutina porque el uso generalizado de mascarillas y guantes coincidía con sus propias obsesiones sanitarias.

Su reciente desaparición añade una dimensión inquietante a la historia. La mochila del joven apareció en la playa de Los Cancajos, en el municipio de Breña Baja. También se encontraron en el mar los pantalones que llevaba aquel día. Indicios que no son definitivos para su madre, que sabe que su hijo salió de casa con más ropa y que su vínculo con la naturaleza es profundo. Mientras continúan las búsquedas en la isla, el documental sigue su recorrido en el festival de Málaga.

Para Mercedes Afonso, la película no era originalmente un proyecto artístico, sino una forma de comprensión. Con el tiempo se convirtió también en un intento de compartir la experiencia con otras familias que atraviesan situaciones parecidas. El resultado es un relato sobre la maternidad, la enfermedad y la resistencia cotidiana. Una historia que no se presenta como una tragedia aislada, sino como un largo proceso de aprendizaje. Ella lo resume con una frase que ahora, tras la desaparición de su hijo, adquiere un significado nuevo: «Hemos vivido muchos infiernos; este es, simplemente, uno más».

La educación, el cuidado y la protección de personas con enfermedades neurológicas o daño cerebral –congénito o adquirido– suele recaer de manera desproporcionada e injusta en las familias. Más allá de la atención sanitaria y educativa, su vida cotidiana exige una vigilancia constante, la adaptación del hogar, renuncias laborales y un desgaste emocional intenso y prolongado. Madres, padres y familiares se convierten –la mayoría de las veces sin preparación ni apoyo suficiente– en cuidadores, mediadores educativos, gestores administrativos y sostén psicológico. Los recursos que ofrece el sistema público resultan insuficientes o tardíos, por lo que el peso real de la atención se desplaza al ámbito doméstico. Esa responsabilidad prolongada a lo largo de los años genera aislamiento, precariedad económica y una fatiga silenciosa que rara vez se reconoce socialmente. Sin embargo, las familias soportan esas ingentes tareas con una mezcla de responsabilidad, aprendizaje y resistencia. La historia de la cineasta Mercedes Afonso y su hijo Airam ilustra precisamente esa realidad de vidas enteras reorganizadas alrededor del cuidado. 

Ojalá regresen pronto de su última bajada a los infiernos: se lo merecen.

Mercedes Afonso y su hijo Airam (fotograma del documental)

El repliegue de un liderazgo: la ENS-2025

La Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) 2025, de Estados Unidos, no es un documento más. Es, ante todo, un síntoma. A diferencia de las anteriores que aspiraban —al menos retóricamente— a ordenar el mundo, esta refleja un país que ha decidido ordenarse a sí mismo, incluso a costa de erosionar el entramado internacional que durante décadas sostuvo su primacía.

Desde el final de la Guerra Fría, las estrategias de seguridad han servido para traducir los cambios del sistema internacional al lenguaje del poder estadounidense. La última rompe con esa tradición. No propone adaptar el liderazgo de EE. UU. al mundo multipolar actual, sino reducirlo, concentrarlo y hacerlo más transaccional, subordinando la política exterior a prioridades económicas, culturales y electorales internas.

El primer rasgo distintivo del documento es la reordenación geográfica de las prioridades. Por primera vez en décadas, el hemisferio occidental ocupa el lugar central. América Latina deja de ser un «frente olvidado» para convertirse en un espacio de seguridad inmediata, vinculado a migraciones, narcotráfico, control de infraestructuras estratégicas y competencia con actores «extrahemisféricos». La resurrección explícita de la Doctrina Monroe (1823) —reinterpretada como afirmación de primacía más que como principio defensivo— legitima una política más coercitiva, orientada a excluir de sectores clave a China, Rusia o Irán.

Este giro hemisférico tiene consecuencias. La estrategia apuesta por relaciones bilaterales asimétricas, presión diplomática, sanciones y despliegues militares selectivos, en detrimento del multilateralismo regional. Aunque EE. UU. vuelve a mirar al sur, lo hace desde una lógica de control más que de asociación, lo que amenaza con generar resistencias políticas y reforzar, paradójicamente, la presencia de los mismos actores que Washington pretende contener.

El Indo-Pacífico sigue siendo el gran teatro estratégico del siglo XXI, pero la relación con China aparece redefinida. Pekín ya no se presenta como rival sistémico ideológico y se convierte en un competidor económico y tecnológico. La prioridad no es transformar el orden internacional ni exportar valores, sino preservar la superioridad estadounidense mediante la innovación, el control de las cadenas de suministro, la disuasión militar y las alianzas funcionales. Taiwán ocupa un lugar central, tanto por su peso en los semiconductores como por su valor geoestratégico, mientras otras amenazas —como Corea del Norte— sorprendentemente quedan diluidas.

Respecto a Europa, el tono crece en aspereza. La ESN 2025 reconoce que el continente sigue siendo relevante, pero exige que asuma a corto plazo la responsabilidad primaria de su defensa. Más allá del reparto de cargas, el documento introduce una dimensión ideológica inquietante, como lo es la crítica a las élites europeas, al modelo regulatorio de la UE y a lo que se denomina una «crisis civilizatoria occidental». Esta narrativa, próxima a la de sectores iliberales europeos, sugiere que Washington no solo acepta una Europa más débil, sino que considera que ese decaimiento la haría más funcional para sus intereses.

Por otra parte, la aproximación a Rusia confirma la desideologización del orden internacional. Moscú ya no se concibe como una amenaza existencial, sino como una potencia nuclear con la que conviene estabilizar la relación estratégica. Ucrania aparece subordinada a la búsqueda de un alto el fuego rápido y a la prevención de escaladas, desplazando el énfasis desde la defensa del orden basado en reglas a un equilibrio de poder clásico. Para Europa, este cambio supone un desafío mayúsculo porque una menor implicación estadounidense refuerza y legitima la visión rusa de las zonas de influencia.

En África, la estrategia es limitada pero reveladora. Se abandona explícitamente la promoción de la democracia y los derechos humanos para abrazar un enfoque transaccional centrado en el comercio, la inversión y el acceso a recursos estratégicos. «Trade, not aid» (comercio, no ayuda) es el corolario que resume una política que, aunque es atractiva para algunos gobiernos africanos, aproxima los EE. UU. a los métodos de China y Rusia, diluyendo su tradicional diferenciación normativa.

El mismo patrón se reproduce en otros ámbitos. Así, por ejemplo, en energía y clima, la ESN convierte el dominio energético en herramienta de poder, rechaza las políticas climáticas y excluye a las renovables como activo estratégico. En migraciones, el control fronterizo se concibe como pilar de la seguridad nacional y se presenta la movilidad humana como amenaza política y estratégica. Con relación al llamado poder blando (soft power), se redefine la atracción internacional como extensión de la guerra cultural interna, debilitando instrumentos clave como la cooperación al desarrollo, los intercambios educativos o la diplomacia pública.

Cuanto antecede conforma una estrategia coherente en su diagnóstico, pero profundamente contradictoria en sus efectos. Con ella EE. UU. aspira a mantener la primacía económica y tecnológica mientras restringe la inmigración cualificada, recorta la investigación y erosiona los mecanismos de atracción que históricamente han alimentado su liderazgo. Además, exige alineamiento a sus aliados, a los que simultáneamente presiona, deslegitima o margina.

En suma, entiendo que la ESN de 2025 no es tanto un plan para gestionar el mundo como una declaración de los propios límites. Expresa la convicción de que Estados Unidos ha hecho demasiado, durante demasiado tiempo, y que ahora puede —o debe— hacer menos. El interrogante es si este repliegue estratégico, envuelto en una retórica de fortaleza, acabará debilitando lo que pretende proteger, que no es sino la capacidad de Washington para influir, persuadir y liderar un orden internacional crecientemente competitivo y distribuido.

No a la guerra

En momentos de incertidumbre, como los actuales, los lemas políticos suelen ser sospechosos de oportunismo. La historia reciente nos enseña que a menudo los dirigentes recurren a impactantes consignas morales cuando buscan reforzar su posición en el tablero político. Sin embargo, hay ocasiones en las que una consigna resume algo más profundo que una mera estrategia coyuntural. El «no a la guerra» que en estos días defiende el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, frente a la ofensiva militar impulsada por Donald Trump y Benjamin Netanyahu contra Irán, entiendo que puede pertenecer a esa categoría más compleja a la que me refería, que en este caso es la de los posicionamientos que conectan con una sensibilidad social arraigada.

En efecto, el rechazo a la guerra no puede reducirse a un movimiento táctico dentro de la política doméstica española. Aunque el contexto interno influye –como siempre ocurre–, la posición expresada por el Ejecutivo responde también a una tradición política y cívica consolidada en Europa y, particularmente, en España. La experiencia histórica del continente, marcada por conflictos devastadores durante el siglo XX, convirtió la defensa de la paz, el multilateralismo y el respeto al derecho internacional en pilares de su cultura política.

Entiendo que es en ese marco desde donde debe interpretarse la ofensiva diplomática que el Gobierno español está desplegando en las últimas horas. Sánchez ha intensificado sus contactos con líderes europeos y comunitarios, como Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen o António Costa, con el objetivo de impulsar una posición europea más firme frente a la escalada militar. La estrategia busca evitar que la Unión Europea se alinee automáticamente con la decisión de Washington y Tel Aviv de ampliar el conflicto hacia Irán.

Como es perceptible, no es una posición sencilla ni exenta de riesgos. En política internacional, disentir de Estados Unidos siempre implica costes potenciales, especialmente cuando el desacuerdo se produce en un momento de tensión geopolítica como el actual. La reacción de Trump no se ha hecho esperar, criticando con dureza la posición española y cuestionando la actitud de otros aliados europeos, singularmente la del Reino Unido.

Pero más allá del ruido político inmediato, el debate de fondo es otro. La pregunta central es si las democracias europeas deben respaldar intervenciones militares preventivas sin el aval de las instituciones internacionales o si, por el contrario, deben insistir en que cualquier acción de ese tipo debe contar con legitimidad jurídica y respaldo multilateral.

Ese dilema no es nuevo. La memoria de la guerra de Irak sigue presente en la política europea. Aquella intervención, impulsada por Estados Unidos y apoyada por algunos gobiernos aliados –entre ellos el del entonces presidente español José María Aznar y el británico Tony Blair– provocó una profunda fractura política y social en muchos países occidentales. En España, las movilizaciones contra la guerra alcanzaron una dimensión histórica y reflejaron un consenso social extraordinariamente amplio en favor de la paz. Dos décadas después, esa memoria colectiva sigue influyendo en la opinión pública. El rechazo a las guerras preventivas o a las intervenciones militares sin respaldo internacional forma parte del imaginario político de una parte significativa de la ciudadanía europea. Por eso el mensaje del «no a la guerra» resuena hoy con una fuerza que va más allá de la confrontación partidista.

Es cierto que la posición del Gobierno también tiene implicaciones internas. En un momento de gran desgaste político y de polarización creciente, situar el debate en el terreno de la política internacional puede ofrecer al Ejecutivo una oportunidad para recuperar iniciativa. Además, la postura pacifista refuerza la cohesión de la coalición gubernamental y coloca a la oposición ante un dilema incómodo: respaldar la estrategia de Washington o sumarse a una posición más cautelosa.

Sin embargo, reducir la postura española a una maniobra de supervivencia política del gobierno me parece una simplificación excesiva. El rechazo a la guerra no es únicamente un instrumento táctico; es también una afirmación de principios. En el núcleo de esa posición se encuentran ideas que forman parte del consenso democrático europeo, tales como la defensa de la paz, la resolución diplomática de los conflictos, el respeto al derecho internacional y la legitimidad de las instituciones multilaterales.

En última instancia, el debate sobre la guerra en Irán plantea cuestiones fundamentales sobre el orden internacional. ¿Debe prevalecer la lógica de la fuerza o la del derecho? ¿Pueden las grandes potencias decidir unilateralmente sobre el destino de regiones enteras? ¿Qué papel corresponde a las instituciones internacionales en la gestión de los conflictos globales?

La respuesta que parece desprenderse de la postura española apunta hacia una defensa clara del multilateralismo. No se trata de negar la complejidad del régimen iraní ni de ignorar las amenazas que existen en Oriente Próximo. Se trata, más bien, de insistir en que la respuesta a esas amenazas no puede basarse exclusivamente en la acción militar ni en decisiones unilaterales.

La estabilidad internacional –y también la seguridad europea– depende en buena medida de que las reglas del derecho internacional sigan teniendo vigencia. Cuando esas reglas se erosionan, el sistema internacional se vuelve más imprevisible y más peligroso.

Por eso considero que el «no a la guerra» no es solo un eslogan político. Es, en esencia, la reivindicación de un modelo de relaciones internacionales basado en normas compartidas, en la cooperación entre Estados y en el respeto a la legalidad internacional. También es una defensa de un principio democrático fundamental: el derecho de los pueblos y de los ciudadanos a decidir su futuro sin verse arrastrados a conflictos que destruyen vidas, sociedades y generaciones enteras.

En tiempos de incertidumbre global, recordar esa idea puede parecer ingenuo. Pero quizá sea precisamente en esos momentos cuando resulta más necesario hacerlo. Porque la paz –como la democracia– nunca está garantizada; siempre debe ser defendida. Y hacerlo exige algo más que consignas: exige voluntad política, responsabilidad internacional y una ciudadanía consciente de lo que está en juego.

 

Los límites invisibles del poder

En estos atribulados tiempos, algunos grandes mandamases entienden la política internacional como una competición que se resuelve a base de fuerza bruta. Según ellos, quien dispone de más poder militar, económico o tecnológico impone sin más el formato de las relaciones internacionales. Sin embargo, la historia contemporánea demuestra que las grandes potencias siempre han operado en el marco de límites bien definidos. Algunos de ellos son jurídicos o diplomáticos; y otros, más eficaces si cabe que los anteriores, son económicos y financieros. En las últimas semanas, Donald Trump ha tenido oportunidad de comprobarlo.

De hecho, el anuncio de una nueva ofensiva arancelaria global, primero, y la insinuación del uso de la fuerza para hacerse con Groenlandia, después, provocaron reacciones inmediatas en los mercados. Y no fueron correcciones menores. En abril, Wall Street sufrió su mayor caída desde la pandemia y tardó semanas en recuperarse. Bastaron apenas 24 horas para que Trump rectificase públicamente. El mensaje que recibió fue inequívoco: hay líneas que no se pueden cruzar sin pagar un precio elevado.

Ese coste no lo fijan solamente la opinión pública y la diplomacia clásica, sino especialmente el sistema financiero internacional. Estados Unidos mantiene una deuda que supera el 120% de su PIB y depende, en gran medida, de la confianza de sus acreedores. Los inversores europeos —países de la UE y aliados de la OTAN— poseen en torno a 3,3 billones de dólares en bonos del Tesoro estadounidense, una cifra muy superior a la de China. Un deterioro grave de las relaciones transatlánticas no es, por tanto, un problema político abstracto; es un riesgo directo para la capacidad de financiación del Estado norteamericano.

Este equilibrio explica por qué la llamada «vieja Europa», que a menudo se presenta como débil o irrelevante, conserva una capacidad de influencia decisiva. No necesita recurrir a amenazas explícitas; basta con que los mercados anticipen un conflicto estructural para que el coste se vuelva insoportable. Y es que, en las democracias liberales, la estabilidad financiera es todavía un pilar fundamental de la paz social. Ningún gobierno puede permitirse romper el vínculo del ciudadano con su salario, sus ahorros o sus inversiones sin poner en peligro su propia continuidad.

La tentación del exceso es, precisamente, uno de los grandes riesgos del poder concentrado. El historiador británico Paul Kennedy describió este fenómeno en los años 80 (Auge y caída de las grandes potencias, 1987). El estudio de las fluctuaciones de las grandes potencias políticas, económicas y militares a lo largo de los últimos cinco siglos le permitió formular su tesis de la «sobreextensión imperial», concepto que define como el momento en que un Estado cree que su fuerza es ilimitada y deja de calibrar los costes de sus decisiones. En ese punto, el poder deja de ser sostenible porque aumentan el gasto militar, la vigilancia interior y la represión; se estrecha el círculo del líder; se prioriza la lealtad sobre la competencia; y la información crítica deja de fluir. El resultado es un gobierno cada vez menos eficaz y más paranoico.

Ni siquiera las democracias son inmunes a esta dinámica cuando el liderazgo adopta rasgos autoritarios. La diferencia respecto a los regímenes totalitarios es que en ellas actúan frenos adicionales como el mercado, las instituciones o las elecciones. El uso sistemático de la fuerza —económica o militar— puede ser eficaz a corto plazo, pero genera resistencias que acaban minando la posición del que la ejerce. En el mundo contemporáneo, las sociedades pueden aceptar la desigualdad del poder, pero no la humillación ni la imposición permanente. Se puede consentir el arbitraje, pero no la sumisión.

La experiencia internacional lo confirma. El coste de dominar por la fuerza es tan elevado que solo resulta asumible en regímenes autoritarios cerrados, aunque con enormes tensiones internas. Incluso en esos casos, la factura económica, social y moral es desorbitada y persistente. En las democracias, esos costes se traducen rápidamente en desgaste político, pérdida de apoyo y vuelcos electorales.

Una vez más, Trump ha mostrado su estilo impulsivo y poco reflexivo, guiado más por el instinto que por el cálculo estratégico. Su tendencia a la improvisación y a la confrontación permanente genera incertidumbre, que es el peor enemigo de los mercados. Cuando estos reaccionan, el margen de maniobra se reduce drásticamente. Recientemente, Groenlandia se ha convertido en un auténtico símbolo. Más que una ambición territorial concreta, señala el punto de inflexión en el que el sistema internacional se defiende del avasallamiento.

La lección que se deriva me parece evidente: el poder sin límites no existe. Ni la superioridad militar ni la centralidad económica permiten actuar indefinidamente al margen de las reglas, los aliados y los mercados. En un mundo interdependiente, la fuerza bruta resulta cada vez menos rentable y más onerosa. Europa y Canadá han demostrado que su influencia no se proyecta solamente en el ámbito de las declaraciones políticas, sino también sobre su peso estructural dentro del sistema financiero global. Y Trump ha aprendido —aunque sea de manera instintiva— que cruzar ciertas líneas provoca un rechazo inmediato y tangible.

Probablemente volverá a tensar la cuerda. Realmente lo esta haciendo ya en Oriente Próximo. Su retórica y su personalidad apuntan en esa dirección. Pero el episodio de Groenlandia ha dejado entrever una evidencia implacable: cuando el exceso amenaza con desestabilizar el sistema, aparecen límites invisibles que ni siquiera el líder más poderoso puede ignorar. Y de ese modo el mito del poder absoluto se desvanece una vez más frente a la ineludible realidad de la interdependencia.