No a la guerra

En momentos de incertidumbre, como los actuales, los lemas políticos suelen ser sospechosos de oportunismo. La historia reciente nos enseña que a menudo los dirigentes recurren a impactantes consignas morales cuando buscan reforzar su posición en el tablero político. Sin embargo, hay ocasiones en las que una consigna resume algo más profundo que una mera estrategia coyuntural. El «no a la guerra» que en estos días defiende el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, frente a la ofensiva militar impulsada por Donald Trump y Benjamin Netanyahu contra Irán, entiendo que puede pertenecer a esa categoría más compleja a la que me refería, que en este caso es la de los posicionamientos que conectan con una sensibilidad social arraigada.

En efecto, el rechazo a la guerra no puede reducirse a un movimiento táctico dentro de la política doméstica española. Aunque el contexto interno influye –como siempre ocurre–, la posición expresada por el Ejecutivo responde también a una tradición política y cívica consolidada en Europa y, particularmente, en España. La experiencia histórica del continente, marcada por conflictos devastadores durante el siglo XX, convirtió la defensa de la paz, el multilateralismo y el respeto al derecho internacional en pilares de su cultura política.

Entiendo que es en ese marco desde donde debe interpretarse la ofensiva diplomática que el Gobierno español está desplegando en las últimas horas. Sánchez ha intensificado sus contactos con líderes europeos y comunitarios, como Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen o António Costa, con el objetivo de impulsar una posición europea más firme frente a la escalada militar. La estrategia busca evitar que la Unión Europea se alinee automáticamente con la decisión de Washington y Tel Aviv de ampliar el conflicto hacia Irán.

Como es perceptible, no es una posición sencilla ni exenta de riesgos. En política internacional, disentir de Estados Unidos siempre implica costes potenciales, especialmente cuando el desacuerdo se produce en un momento de tensión geopolítica como el actual. La reacción de Trump no se ha hecho esperar, criticando con dureza la posición española y cuestionando la actitud de otros aliados europeos, singularmente la del Reino Unido.

Pero más allá del ruido político inmediato, el debate de fondo es otro. La pregunta central es si las democracias europeas deben respaldar intervenciones militares preventivas sin el aval de las instituciones internacionales o si, por el contrario, deben insistir en que cualquier acción de ese tipo debe contar con legitimidad jurídica y respaldo multilateral.

Ese dilema no es nuevo. La memoria de la guerra de Irak sigue presente en la política europea. Aquella intervención, impulsada por Estados Unidos y apoyada por algunos gobiernos aliados –entre ellos el del entonces presidente español José María Aznar y el británico Tony Blair– provocó una profunda fractura política y social en muchos países occidentales. En España, las movilizaciones contra la guerra alcanzaron una dimensión histórica y reflejaron un consenso social extraordinariamente amplio en favor de la paz. Dos décadas después, esa memoria colectiva sigue influyendo en la opinión pública. El rechazo a las guerras preventivas o a las intervenciones militares sin respaldo internacional forma parte del imaginario político de una parte significativa de la ciudadanía europea. Por eso el mensaje del «no a la guerra» resuena hoy con una fuerza que va más allá de la confrontación partidista.

Es cierto que la posición del Gobierno también tiene implicaciones internas. En un momento de gran desgaste político y de polarización creciente, situar el debate en el terreno de la política internacional puede ofrecer al Ejecutivo una oportunidad para recuperar iniciativa. Además, la postura pacifista refuerza la cohesión de la coalición gubernamental y coloca a la oposición ante un dilema incómodo: respaldar la estrategia de Washington o sumarse a una posición más cautelosa.

Sin embargo, reducir la postura española a una maniobra de supervivencia política del gobierno me parece una simplificación excesiva. El rechazo a la guerra no es únicamente un instrumento táctico; es también una afirmación de principios. En el núcleo de esa posición se encuentran ideas que forman parte del consenso democrático europeo, tales como la defensa de la paz, la resolución diplomática de los conflictos, el respeto al derecho internacional y la legitimidad de las instituciones multilaterales.

En última instancia, el debate sobre la guerra en Irán plantea cuestiones fundamentales sobre el orden internacional. ¿Debe prevalecer la lógica de la fuerza o la del derecho? ¿Pueden las grandes potencias decidir unilateralmente sobre el destino de regiones enteras? ¿Qué papel corresponde a las instituciones internacionales en la gestión de los conflictos globales?

La respuesta que parece desprenderse de la postura española apunta hacia una defensa clara del multilateralismo. No se trata de negar la complejidad del régimen iraní ni de ignorar las amenazas que existen en Oriente Próximo. Se trata, más bien, de insistir en que la respuesta a esas amenazas no puede basarse exclusivamente en la acción militar ni en decisiones unilaterales.

La estabilidad internacional –y también la seguridad europea– depende en buena medida de que las reglas del derecho internacional sigan teniendo vigencia. Cuando esas reglas se erosionan, el sistema internacional se vuelve más imprevisible y más peligroso.

Por eso considero que el «no a la guerra» no es solo un eslogan político. Es, en esencia, la reivindicación de un modelo de relaciones internacionales basado en normas compartidas, en la cooperación entre Estados y en el respeto a la legalidad internacional. También es una defensa de un principio democrático fundamental: el derecho de los pueblos y de los ciudadanos a decidir su futuro sin verse arrastrados a conflictos que destruyen vidas, sociedades y generaciones enteras.

En tiempos de incertidumbre global, recordar esa idea puede parecer ingenuo. Pero quizá sea precisamente en esos momentos cuando resulta más necesario hacerlo. Porque la paz –como la democracia– nunca está garantizada; siempre debe ser defendida. Y hacerlo exige algo más que consignas: exige voluntad política, responsabilidad internacional y una ciudadanía consciente de lo que está en juego.