La Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) 2025, de Estados Unidos, no es un documento más. Es, ante todo, un síntoma. A diferencia de las anteriores que aspiraban —al menos retóricamente— a ordenar el mundo, esta refleja un país que ha decidido ordenarse a sí mismo, incluso a costa de erosionar el entramado internacional que durante décadas sostuvo su primacía.
Desde el final de la Guerra Fría, las estrategias de seguridad han servido para traducir los cambios del sistema internacional al lenguaje del poder estadounidense. La última rompe con esa tradición. No propone adaptar el liderazgo de EE. UU. al mundo multipolar actual, sino reducirlo, concentrarlo y hacerlo más transaccional, subordinando la política exterior a prioridades económicas, culturales y electorales internas.
El primer rasgo distintivo del documento es la reordenación geográfica de las prioridades. Por primera vez en décadas, el hemisferio occidental ocupa el lugar central. América Latina deja de ser un «frente olvidado» para convertirse en un espacio de seguridad inmediata, vinculado a migraciones, narcotráfico, control de infraestructuras estratégicas y competencia con actores «extrahemisféricos». La resurrección explícita de la Doctrina Monroe (1823) —reinterpretada como afirmación de primacía más que como principio defensivo— legitima una política más coercitiva, orientada a excluir de sectores clave a China, Rusia o Irán.
Este giro hemisférico tiene consecuencias. La estrategia apuesta por relaciones bilaterales asimétricas, presión diplomática, sanciones y despliegues militares selectivos, en detrimento del multilateralismo regional. Aunque EE. UU. vuelve a mirar al sur, lo hace desde una lógica de control más que de asociación, lo que amenaza con generar resistencias políticas y reforzar, paradójicamente, la presencia de los mismos actores que Washington pretende contener.
El Indo-Pacífico sigue siendo el gran teatro estratégico del siglo XXI, pero la relación con China aparece redefinida. Pekín ya no se presenta como rival sistémico ideológico y se convierte en un competidor económico y tecnológico. La prioridad no es transformar el orden internacional ni exportar valores, sino preservar la superioridad estadounidense mediante la innovación, el control de las cadenas de suministro, la disuasión militar y las alianzas funcionales. Taiwán ocupa un lugar central, tanto por su peso en los semiconductores como por su valor geoestratégico, mientras otras amenazas —como Corea del Norte— sorprendentemente quedan diluidas.
Respecto a Europa, el tono crece en aspereza. La ESN 2025 reconoce que el continente sigue siendo relevante, pero exige que asuma a corto plazo la responsabilidad primaria de su defensa. Más allá del reparto de cargas, el documento introduce una dimensión ideológica inquietante, como lo es la crítica a las élites europeas, al modelo regulatorio de la UE y a lo que se denomina una «crisis civilizatoria occidental». Esta narrativa, próxima a la de sectores iliberales europeos, sugiere que Washington no solo acepta una Europa más débil, sino que considera que ese decaimiento la haría más funcional para sus intereses.
Por otra parte, la aproximación a Rusia confirma la desideologización del orden internacional. Moscú ya no se concibe como una amenaza existencial, sino como una potencia nuclear con la que conviene estabilizar la relación estratégica. Ucrania aparece subordinada a la búsqueda de un alto el fuego rápido y a la prevención de escaladas, desplazando el énfasis desde la defensa del orden basado en reglas a un equilibrio de poder clásico. Para Europa, este cambio supone un desafío mayúsculo porque una menor implicación estadounidense refuerza y legitima la visión rusa de las zonas de influencia.
En África, la estrategia es limitada pero reveladora. Se abandona explícitamente la promoción de la democracia y los derechos humanos para abrazar un enfoque transaccional centrado en el comercio, la inversión y el acceso a recursos estratégicos. «Trade, not aid» (comercio, no ayuda) es el corolario que resume una política que, aunque es atractiva para algunos gobiernos africanos, aproxima los EE. UU. a los métodos de China y Rusia, diluyendo su tradicional diferenciación normativa.
El mismo patrón se reproduce en otros ámbitos. Así, por ejemplo, en energía y clima, la ESN convierte el dominio energético en herramienta de poder, rechaza las políticas climáticas y excluye a las renovables como activo estratégico. En migraciones, el control fronterizo se concibe como pilar de la seguridad nacional y se presenta la movilidad humana como amenaza política y estratégica. Con relación al llamado poder blando (soft power), se redefine la atracción internacional como extensión de la guerra cultural interna, debilitando instrumentos clave como la cooperación al desarrollo, los intercambios educativos o la diplomacia pública.
Cuanto antecede conforma una estrategia coherente en su diagnóstico, pero profundamente contradictoria en sus efectos. Con ella EE. UU. aspira a mantener la primacía económica y tecnológica mientras restringe la inmigración cualificada, recorta la investigación y erosiona los mecanismos de atracción que históricamente han alimentado su liderazgo. Además, exige alineamiento a sus aliados, a los que simultáneamente presiona, deslegitima o margina.
En suma, entiendo que la ESN de 2025 no es tanto un plan para gestionar el mundo como una declaración de los propios límites. Expresa la convicción de que Estados Unidos ha hecho demasiado, durante demasiado tiempo, y que ahora puede —o debe— hacer menos. El interrogante es si este repliegue estratégico, envuelto en una retórica de fortaleza, acabará debilitando lo que pretende proteger, que no es sino la capacidad de Washington para influir, persuadir y liderar un orden internacional crecientemente competitivo y distribuido.
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