En estos atribulados tiempos, algunos grandes mandamases entienden la política internacional como una competición que se resuelve a base de fuerza bruta. Según ellos, quien dispone de más poder militar, económico o tecnológico impone sin más el formato de las relaciones internacionales. Sin embargo, la historia contemporánea demuestra que las grandes potencias siempre han operado en el marco de límites bien definidos. Algunos de ellos son jurídicos o diplomáticos; y otros, más eficaces si cabe que los anteriores, son económicos y financieros. En las últimas semanas, Donald Trump ha tenido oportunidad de comprobarlo.
De hecho, el anuncio de una nueva ofensiva arancelaria global, primero, y la insinuación del uso de la fuerza para hacerse con Groenlandia, después, provocaron reacciones inmediatas en los mercados. Y no fueron correcciones menores. En abril, Wall Street sufrió su mayor caída desde la pandemia y tardó semanas en recuperarse. Bastaron apenas 24 horas para que Trump rectificase públicamente. El mensaje que recibió fue inequívoco: hay líneas que no se pueden cruzar sin pagar un precio elevado.
Ese coste no lo fijan solamente la opinión pública y la diplomacia clásica, sino especialmente el sistema financiero internacional. Estados Unidos mantiene una deuda que supera el 120% de su PIB y depende, en gran medida, de la confianza de sus acreedores. Los inversores europeos —países de la UE y aliados de la OTAN— poseen en torno a 3,3 billones de dólares en bonos del Tesoro estadounidense, una cifra muy superior a la de China. Un deterioro grave de las relaciones transatlánticas no es, por tanto, un problema político abstracto; es un riesgo directo para la capacidad de financiación del Estado norteamericano.
Este equilibrio explica por qué la llamada «vieja Europa», que a menudo se presenta como débil o irrelevante, conserva una capacidad de influencia decisiva. No necesita recurrir a amenazas explícitas; basta con que los mercados anticipen un conflicto estructural para que el coste se vuelva insoportable. Y es que, en las democracias liberales, la estabilidad financiera es todavía un pilar fundamental de la paz social. Ningún gobierno puede permitirse romper el vínculo del ciudadano con su salario, sus ahorros o sus inversiones sin poner en peligro su propia continuidad.
La tentación del exceso es, precisamente, uno de los grandes riesgos del poder concentrado. El historiador británico Paul Kennedy describió este fenómeno en los años 80 (Auge y caída de las grandes potencias, 1987). El estudio de las fluctuaciones de las grandes potencias políticas, económicas y militares a lo largo de los últimos cinco siglos le permitió formular su tesis de la «sobreextensión imperial», concepto que define como el momento en que un Estado cree que su fuerza es ilimitada y deja de calibrar los costes de sus decisiones. En ese punto, el poder deja de ser sostenible porque aumentan el gasto militar, la vigilancia interior y la represión; se estrecha el círculo del líder; se prioriza la lealtad sobre la competencia; y la información crítica deja de fluir. El resultado es un gobierno cada vez menos eficaz y más paranoico.
Ni siquiera las democracias son inmunes a esta dinámica cuando el liderazgo adopta rasgos autoritarios. La diferencia respecto a los regímenes totalitarios es que en ellas actúan frenos adicionales como el mercado, las instituciones o las elecciones. El uso sistemático de la fuerza —económica o militar— puede ser eficaz a corto plazo, pero genera resistencias que acaban minando la posición del que la ejerce. En el mundo contemporáneo, las sociedades pueden aceptar la desigualdad del poder, pero no la humillación ni la imposición permanente. Se puede consentir el arbitraje, pero no la sumisión.
La experiencia internacional lo confirma. El coste de dominar por la fuerza es tan elevado que solo resulta asumible en regímenes autoritarios cerrados, aunque con enormes tensiones internas. Incluso en esos casos, la factura económica, social y moral es desorbitada y persistente. En las democracias, esos costes se traducen rápidamente en desgaste político, pérdida de apoyo y vuelcos electorales.
Una vez más, Trump ha mostrado su estilo impulsivo y poco reflexivo, guiado más por el instinto que por el cálculo estratégico. Su tendencia a la improvisación y a la confrontación permanente genera incertidumbre, que es el peor enemigo de los mercados. Cuando estos reaccionan, el margen de maniobra se reduce drásticamente. Recientemente, Groenlandia se ha convertido en un auténtico símbolo. Más que una ambición territorial concreta, señala el punto de inflexión en el que el sistema internacional se defiende del avasallamiento.
La lección que se deriva me parece evidente: el poder sin límites no existe. Ni la superioridad militar ni la centralidad económica permiten actuar indefinidamente al margen de las reglas, los aliados y los mercados. En un mundo interdependiente, la fuerza bruta resulta cada vez menos rentable y más onerosa. Europa y Canadá han demostrado que su influencia no se proyecta solamente en el ámbito de las declaraciones políticas, sino también sobre su peso estructural dentro del sistema financiero global. Y Trump ha aprendido —aunque sea de manera instintiva— que cruzar ciertas líneas provoca un rechazo inmediato y tangible.
Probablemente volverá a tensar la cuerda. Realmente lo esta haciendo ya en Oriente Próximo. Su retórica y su personalidad apuntan en esa dirección. Pero el episodio de Groenlandia ha dejado entrever una evidencia implacable: cuando el exceso amenaza con desestabilizar el sistema, aparecen límites invisibles que ni siquiera el líder más poderoso puede ignorar. Y de ese modo el mito del poder absoluto se desvanece una vez más frente a la ineludible realidad de la interdependencia.
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