El lado oscuro de Silicon Valley

«La libertad y la democracia son incompatibles» 

(Peter Thiel)

Hace meses que leo y reflexiono sobre el llamado libertarismo, una ideología muy de moda y poco novedosa, pues surgió a mediados del siglo XX. Básicamente, demanda un aparato público reducido, una política económica de laissez faire y un Estado que sea, como dijo una de sus celebridades, «la mejor situación anárquica que cupiera razonablemente esperar». Lo que se pretende es reducir el gobierno a «un tamaño en el que podamos ahogarlo en una bañera», como dijo otra de sus lumbreras. Por un lado, este movimiento nació como reacción al fortalecimiento del Estado tras la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Por otro, fue sucesor de movimientos conservadores precedentes, obligados a reinventarse tras la Guerra, frente a los que proponía un acusado cambio de imagen. En suma, sus impulsores eran un reducido grupo de capitalistas del laissez faire, decepcionados con el Estado intervencionista creado por el New Deal de Roosevelt.

Por otra parte, también me inquieta y me induce reflexiones el denominado «tecnolibertarismo», es decir, la concreción de la conocida y exitosa «ideología californiana» que combina dos cosas: la contracultura y la ideología libertaria. De hecho, se ha descrito «como la ortodoxia híbrida de la época de la información», es decir, una suerte de propuesta contradictoria entre el determinismo tecnológico y el individualismo libertario.

No obstante, pese a lo que pudiera parecer, Silicon Valley es mucho más que un puñado de oficinas con futbolines y cafeteras de nitro cold brew. Desde hace tres décadas, es el principal exportador de un nuevo modelo social que mezcla la innovación tecnológica con un individualismo atroz. Como decía, a este fenómeno lo conocemos como «tecnolibertarismo», algo semejante a la creencia de que los problemas del mundo no se solucionan mediante políticas públicas ni consensos democráticos, sino gracias a un puñado de visionarios que se consideran por encima del resto. En este mundo de algoritmos y cohetes, multimillonarios como Elon Musk y Peter Thiel se han erigido en profetas de un credo que a primera vista parece simple: el Estado es un estorbo, los mercados lo pueden todo, y la mayoría de las personas son demasiado torpes como para opinar sobre el futuro. El resultado: un modelo que pone a la democracia en la cuerda floja.

Lo paradójico del «tecnolibertarismo» es que floreció en la misma California que décadas antes había sido epicentro del movimiento hippie, del «amor libre» y del cuestionamiento al capitalismo. En los años noventa, esa rebeldía mutó. La contracultura se enamoró de Internet y de la promesa de redes distribuidas que superarían a los viejos Estados. El ethos del «hazlo tú mismo» se transformó en el «crea tu start-up y haz un exit millonario». Así nació una extraña síntesis: la mentalidad libertaria clásica se fusionó con el entusiasmo por la tecnología. El resultado fue una especie de fe religiosa en el poder redentor del software, los datos y los dispositivos, acompañada de un profundo desprecio por los gobiernos y las instituciones colectivas.

Lo que pocas veces se cuenta es que todo este castillo se construyó sobre cimientos públicos. Durante la Guerra Fría, Silicon Valley se desarrolló gracias a miles de millones en contratos del Departamento de Defensa, a través de programas como DARPA. Internet misma nació de un proyecto estatal (ARPANET), igual que buena parte de la microelectrónica. De modo que, aunque el Valle fue incubado con dinero público, terminó predicando el evangelio del emprendedor solitario. Este mito borra deliberadamente a universidades públicas, institutos de investigación y laboratorios federales que sembraron el terreno. Alternativamente, impone un relato dominante: la innovación brota de la nada, impulsada por un joven en un garaje con un ordenador prestado y mucha cafeína.

Musk y Thiel representan la cara más cruda del «tecnolibertarismo». El primero se proyecta como el visionario mesiánico que nos llevará a Marte, resolverá el cambio climático con coches eléctricos… y nos salvará de la «inteligencia artificial maligna». Obviamente, piensa hacerlo combatiendo las organizaciones sociales, trasgrediendo las normas ambientales y amenazando con cerrar las empresas productivas que no aceptan sus condiciones, entre otras expeditivas recetas.

Por su parte, Thiel lleva la tesis todavía más lejos. El cofundador de PayPal sostiene sin ambages que «la libertad y la democracia son incompatibles». Para él, las mayorías suelen sabotear los sueños de los pocos que realmente cuentan: esos innovadores heroicos que —según cree— impulsan el progreso. No sorprende que Thiel invierta en políticos «ultraindividualistas» y en proyectos como Seasteading, que buscan fundar ciudades flotantes fuera del alcance de cualquier legislación democrática.

Este insoportable elitismo llega al desprecio expreso por la ciudadanía común. Y es que para muchos tecnolibertarios «la mayoría de los ciudadanos somos idiotas», incapaces de entender la magnitud de sus proyectos y, por tanto, no deberíamos tener voz sobre su desarrollo. El culto al fundador visionario ha impregnado la cultura corporativa de Silicon Valley. Empresas como Tesla, SpaceX o Meta concentran el poder en sus líderes carismáticos, relegando a empleados, a consejos de administración e incluso a inversores minoritarios. Algunos analistas comparan este modelo con el Führerprinzip (Principio del líder), aquella vieja idea de que el líder posee una visión superior que debe ejecutarse sin demasiadas preguntas.

Sorprendentemente, contrasta la pretendida concomitancia de este enfoque con la retórica libertaria, que apunta a «organizaciones planas» y a la meritocracia. En la práctica, los tecnolibertarios exigen libertad ilimitada para ellos, pero mantienen estructuras jerárquicas rígidas dentro de sus compañías. En ellas no hay democracia, solo campa a sus anchas la voluntad del CEO (Chief Executive Officer), llámese director general, director ejecutivo o consejero delegado.

Pero no acaban aquí las incoherencias.  Estos abanderados del «mercado libre» no subsistirían sin los subsidios públicos. Elon Musk ha recibido miles de millones en incentivos fiscales y ayudas directas para sus fábricas de baterías y proyectos espaciales. Lo mismo sucede con empresas de inteligencia artificial o biotecnología que dependen de contratos gubernamentales. Sin embargo, en su narrativa, el Estado solo estorba. Así, el «tecnolibertarismo» se ofrece como una especie de traje a medida: exige libertad para crecer, pero no duda en aceptar (o reclamar) dinero público para asumir riesgos. Y si surge una crisis, son los contribuyentes quienes deben pagar el rescate.

Este fenómeno no es solo cultural o anecdótico, tiene consecuencias muy reales para la democracia. Cuando el poder económico y tecnológico se concentra en tan pocas manos —y esas manos desprecian la deliberación colectiva— el riesgo es acabar con instituciones políticas débiles e incapaces de regular y defender el interés general.

Obviamente, deben idearse y materializarse alternativas a tan disparatada situación. Por un lado, necesitamos marcos legales que trasciendan fronteras para impedir abusos de los monopolios, proteger los datos personales y exigir responsabilidades fiscales. La UE ha dado algunos pasos con la Ley de Servicios Digitales, pero se requiere mucho más, especialmente en coordinación con EE. UU. y Asia.

Por otro lado, los ciudadanos debemos tener capacidad de decisión a la hora de establecer la manera de utilizar las tecnologías que modelan nuestras vidas. Y ello conlleva desde tener presencia efectiva en los consejos de administración que regulan la actividad económica hasta organizaciones y asambleas ciudadanas que supervisen algoritmos públicos o infraestructuras críticas.

Debemos, en fin, recuperar la idea de que el conocimiento y la tecnología pueden desarrollarse desde lo común: universidades bien financiadas, laboratorios públicos y consorcios abiertos que prioricen las necesidades sociales por encima del lucro.

Al final, el verdadero reto es derribar el mito del «elegido». El «tecnolibertarismo» prospera porque alimenta una narrativa seductora: que un puñado de genios cambiarán el mundo si los dejamos actuar sin trabas. Pero esta historia es incompleta y peligrosa. El progreso real necesita contrapesos, participación y reglas claras. Si no queremos vivir en un mundo diseñado por —y para— unos pocos multimillonarios que nos consideran «idiotas», toca reclamar que la tecnología vuelva a estar al servicio de la sociedad, y no al revés.