El economista neerlandés Hans Bleichrodt, profesor de la Universidad de Alicante, defiende una idea que, formulada sin matices, resulta provocadora: hay que poner precio a la vida humana. No lo dice con frivolidad, sino desde la fría lógica de la economía de la salud, un campo científico que intenta medir la eficacia del gasto sanitario y determinar dónde genera más bienestar cada euro público invertido. Su tesis es sencilla en apariencia, pero compleja en sus implicaciones: si los recursos son limitados, no todas las vidas ni todos los tratamientos pueden financiarse por igual. Y si no se define un valor, las decisiones se toman por igual, pero de manera implícita, arbitraria o política.
En un contexto en el que el gasto sanitario en España supera ya el 10 % del PIB —cuatro veces más que en los años setenta— y sigue creciendo por causa del envejecimiento poblacional y los avances médicos, Bleichrodt plantea una pregunta incómoda: ¿cuánto cuesta ganar un año de vida con buena salud? Su propuesta parte de un principio básico: asignar un presupuesto fijo y destinarlo a los tratamientos que generen más años de vida ajustados por calidad (QALYs) por cada euro invertido.
El concepto QALY es la piedra angular de la economía de la salud moderna. Mide simultáneamente la cantidad y la calidad de vida ganada con una intervención médica. Un año vivido con plena salud equivale a 1 QALY; un año con una enfermedad crónica que reduce la calidad de vida a la mitad vale 0,5. De modo que, si un tratamiento cuesta 50 000 euros y produce un QALY adicional, el coste por QALY sería de 50 000 €.
La lógica económica es diáfana: deben compararse los tratamientos y priorizar aquellos con mejor relación coste-beneficio. En el Reino Unido, el NICE (National Institute for Health and Care Excellence) utiliza desde hace décadas un umbral orientativo que oscila entre 20000 y 30000 libras por QALY. Los tratamientos por encima de ese coste no los financia la sanidad pública. En España, algunos prestigiosos investigadores —como José Luis Pinto, de la Universidad de Navarra— han estimado un valor equivalente de alrededor de 60000 € por QALY, aunque se trata de una apreciación sin carácter oficial.
Bleichrodt no propone una cifra concreta, sino una metodología transparente. Sostiene que fijar un valor explícito no deshumaniza, sino que humaniza la gestión pública al permitir debatir abiertamente qué estamos dispuestos a pagar y por qué. De hecho, suele apostillar que «no decidir es decidir igualmente».
No cabe duda de que el argumento económico tiene una enorme potencia. En un sistema sanitario con recursos finitos, cada euro gastado en un tratamiento muy costoso y poco eficaz es un recurso que no se destina a prevenir enfermedades, contratar personal o financiar terapias más efectivas. La ineficiencia mata en silencio; no porque alguien decida quién vive o muere, sino porque no se miden las consecuencias de gastar sin criterio.
Los defensores del enfoque coste-efectividad sostienen que maximiza el bienestar agregado, pues permite salvar más vidas o mejorar más años de salud con el mismo presupuesto. Además, introduce un componente de equidad horizontal, puesto que todos los pacientes son evaluados con idénticos criterios. Y, frente a las decisiones políticas o mediáticas, estos son técnicos y verificables.
Sin embargo, el propio Bleichrodt —catedrático también en la Erasmus University de Róterdam y uno de los economistas más citados en su campo— ha argumentado que esta racionalidad tiene límites teóricos importantes. En sus investigaciones sobre la relación entre el análisis de coste-efectividad (ACE) y el análisis de coste-beneficio (ACB), ha demostrado que ambos solo son equivalentes bajo condiciones muy restrictivas, tales como que las personas valoren de forma constante el consumo, que su preferencia por el presente coincida con las tasas de interés del mercado y que el bienestar pueda dividirse en unidades aditivas. En la realidad, nada de eso se cumple.
En sentido económico, las personas no somos racionales. Valoramos la salud, el tiempo o el riesgo de manera asimétrica, y estamos dispuestos a pagar mucho más por evitar una pérdida que por conseguir una mejora equivalente. Por eso, el propio Bleichrodt impulsa ahora, desde la Universidad de Alicante, un proyecto Prometeo que incorpora la economía del comportamiento, que representa un intento de ajustar esos modelos a la psicología real de las decisiones humanas.
El mayor desafío de «poner precio a la vida» no es técnico, sino moral. Si un tratamiento supera el umbral de coste por QALY, ¿significa que un paciente no merece recibirlo? ¿Debería el sistema negar una terapia a un niño con una enfermedad rara porque su eficacia estadística es baja? La lógica del QALY favorece, por diseño, a quienes tienen mayor esperanza de vida y menor carga de enfermedad. Un tratamiento que prolonga tres años la vida de un paciente joven produce más QALYs que uno que añade seis meses a la de un anciano. Desde un punto de vista utilitarista, la decisión es racional; desde una perspectiva ética, es profundamente perturbadora.
Los críticos denuncian que este enfoque puede discriminar a los mayores, a los discapacitados o a quienes sufren enfermedades raras, cuyas mejoras en calidad de vida son difíciles de medir y cuyos tratamientos suelen ser más caros. Además, los QALYs no incorporan valores sociales como la solidaridad, la equidad o la prioridad con los más vulnerables.
Algunos bioeticistas, como Norman Daniels o Amartya Sen, han propuesto alternativas que combinan eficiencia con justicia distributiva. En lugar de maximizar el número total de QALYs, abogan por modelos de priorización justa, donde ciertos grupos reciban más peso por razones morales o sociales.
El debate no es nuevo, pero sí urgente. El avance de los medicamentos personalizados, las terapias génicas y los tratamientos de última generación ha disparado los costes sanitarios a niveles desconocidos. Cada nuevo fármaco puede salvar vidas concretas, pero ningún sistema público puede financiarlo todo. La pregunta ya no es si hay que decidir, sino cómo decidir.
En este punto, el mensaje de Bleichrodt resulta incómodo pero lúcido: ignorar el problema no lo hace desaparecer. Poner precio a la vida no significa reducirla a un número, sino reconocer que cada decisión pública tiene un coste de oportunidad humano. Lo verdaderamente inaceptable —advierte— es tomar esas decisiones sin criterios, sin transparencia y sin responsabilidad.
La economía de la salud, bien entendida, no busca sustituir la ética por la contabilidad, sino hacer explícitas las tensiones que los gobiernos afrontan cada día al repartir recursos finitos entre necesidades infinitas. Quizá el desafío no sea tanto elegir entre economía o moral, sino lograr que ambas hablen el mismo idioma.
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