Tecnoautoritarismo versus esperanza democrática

En 2025, la política mundial se encuentra en un punto de inflexión que desafía los marcos conceptuales heredados del siglo XX. Las democracias liberales, antaño garantes de la soberanía popular y de la representación ciudadana, se ven erosionadas por una concentración inédita de poder en manos de conglomerados tecnológicos que controlan la información, la infraestructura digital, la defensa e incluso la energía. Paralelamente, desde los márgenes urbanos y sociales, emergen figuras que intentan rearticular un proyecto democrático capaz de responder a la crisis de legitimidad del sistema. De tal manera que dos caras divergentes retratan una misma época: el golpe de Estado silencioso de los tecnoautoritarios, que se consolida en las cúpulas del poder, y la resistencia democrática que porfía por reinventarse desde abajo, como pretende Zohran Mamdani en Nueva York.

El contrato que firmaron el pasado mes de julio el Pentágono y Palantir Technologies, por un valor de 10 000 millones de dólares, marca un hito en esta transformación estructural. Lo que antaño fue un proveedor privado de software de análisis de datos hoy es el sistema operativo del ejército estadounidense. La línea entre el Estado y las corporaciones se ha difuminado. En un reciente artículo para el diario La Vanguardia –El golpe de Estado de los tecnoautoritarios–, la italiana Francesca Bria, experta y asesora en políticas de digitalización y tecnologías de la información, insistía en algo que antes apuntaron otras voces: estamos ante una mutación profunda del poder político. Se está sustituyendo el gobierno democrático por una gobernanza algorítmica, controlada por redes empresariales ligadas a individuos como Peter Thiel, Elon Musk o Marc Andreessen.

Esta todopoderosa red, que Bria denomina «La Pila Autoritaria», no es solo un entramado económico, sino un proyecto ideológico asentado sobre la convicción de que la gestión privada y tecnocrática es más eficiente que la deliberación política y la gestión pública. Lo que comenzó como un proceso de privatización de servicios públicos ha devenido en un trasvase de soberanía. Desde los datos sanitarios del sistema británico (NHS) hasta la seguridad nacional de la Unión Europea, pasando por la infraestructura energética de las tecnológicas nucleares emergentes, Europa, como escribe Bria, «está externalizando su soberanía al capital de Silicon Valley».

El fenómeno tiene un precedente histórico: el complejo militar-industrial descrito en 1961 por Eisenhower, en su discurso de despedida, alertando sobre el riesgo de que ese complejo usurpara y adquiriera una influencia indebida sobre las libertades y los procesos democráticos de su país. Aquella premonición de un general de cinco estrellas, dos veces presidente de EE.UU., se encarna hoy en una realidad tecno-militar opaca, más global y, singularmente, más íntima. Su materia prima no son los tanques ni los aviones, sino los datos de los ciudadanos. Cada interacción digital alimenta un modelo de predicción y control. Y, a diferencia del viejo imperialismo territorial, este nuevo poder no necesita fronteras porque gobierna desde los servidores.

En este contexto, Europa vive con una doble dependencia: por un lado, la energética y tecnológica respecto a Estados Unidos y China; por otro, la ideológica, es decir, la creencia de que el progreso tecnológico conlleva necesariamente la mejora política. Los gobiernos europeos, atrapados entre la presión competitiva y el miedo a la obsolescencia, han sucumbido y cedido a la lógica de la eficiencia privada. La digitalización de los servicios públicos, que se presentaba como un proyecto emancipador, parece que se ha convertido en un renovado caballo de Troya.

Italia, Alemania y Reino Unido han firmado contratos con empresas como Anduril o Starlink para gestionar sus sistemas de defensa y sus comunicaciones estratégicas. En España y Francia, la adopción de plataformas de inteligencia artificial para gestionar la administración pública se ha hecho sin un riguroso debate parlamentario sobre sus implicaciones democráticas. La consecuencia es un desplazamiento del centro de gravedad político; ahora las decisiones ya no se toman en los parlamentos, sino en los consejos de administración.

Paradójicamente, esta concentración de poder coincide con la pérdida de legitimidad de las instituciones tradicionales (partidos, sindicatos, parlamentos), que capitulan frente a una ciudadanía fragmentada y desilusionada. El populismo, de derechas y de izquierdas, ha sido incapaz de construir una narrativa inclusiva. Y en ese vacío, el algoritmo se postula como un árbitro neutral, que no es tal porque sirve a intereses privados y responde a una cosmovisión que prioriza la seguridad, la eficiencia y el control sobre la libertad y la justicia social.

La segunda administración de Donald Trump, incorporando a la gobernanza y sus aledaños «personajes» como J.D. Vance o Elon Musk, ha institucionalizado la fusión entre el Estado y las corporaciones. El «deep state» ha sido reemplazado por un «corporate state». El capital riesgo —a través de fondos como Founders Fund o 1789 Capital— actúa como brazo financiero de un proyecto político que no precisa ganar elecciones para gobernar. Este golpe sin tanques, como lo denomina Bria, redefine el concepto mismo de poder. No se trata de imponer leyes, sino de diseñar sistemas que modelen el comportamiento. La autoridad se ejerce a través del código. Y, como sucede en toda arquitectura invisible, su legitimidad no se debate, se asume sin más.

Frente a este panorama de claudicación y secuestro institucionales, emergen resistencias locales que intentan recuperar la idea de lo común. El caso de Zohran Mamdani es emblemático. Treintañero, hijo de inmigrantes indios, rapero y socialista democrático, se ha convertido en el rostro de una nueva izquierda urbana que combina pragmatismo de base con radicalidad moral. Su campaña por la alcaldía de Nueva York ha desafiado tanto al «trumpismo» como al establishment demócrata.

Mamdani representa un intento de repolitizar la vida cotidiana frente a la abstracción algorítmica del poder. Su programa —transporte gratuito, vivienda pública, control del alquiler, cuidado infantil universal— se centra en las necesidades materiales de una ciudadanía precarizada por la «financiarización» y la automatización. A diferencia del discurso tecnoliberal que promete soluciones desde la nube, Mamdani propone reconstruir las comunidades partiendo desde tierra firme.

Su ascenso recuerda al de Barack Obama, en 2008, pero con una diferencia esencial: se produce en un contexto de «postdemocracia», muy distinto del que acogió la exitosa carrera política del expresidente. Las instituciones siguen en pie, pero la democracia se ha vaciado de contenido. Frente a ello, Mamdani no ofrece un regreso nostálgico al viejo liberalismo, propone una refundación. El desafío que asume es monumental. Nada más y nada menos que reconstruir un poder político capaz de competir con las corporaciones tecnológicas y de reinventar la esperanza en una sociedad saturada de vigilancia y desinformación.

Pero lo cierto es que la tensión entre el poder tecnoautoritario y las resistencias democráticas define el campo de batalla político en este comienzo del siglo XXI. Lo que está en juego no es solo el control de los datos o de las infraestructuras, sino la posibilidad misma del autogobierno. En un mundo donde las decisiones se automatizan, el margen para la deliberación colectiva se estrecha.

En esa encrucijada, ciudades como Nueva York o Barcelona pueden erigirse en renovados laboratorios de soberanía democrática. Frente a unos Estados nacionales atrapados entre las presiones geopolíticas y los intereses corporativos, las grandes urbes —más ágiles y cercanas a los ciudadanos— pueden experimentar con modelos de gobernanza digital ética, datos públicos y transparencia algorítmica, haciendo realidad lo que algunos politólogos defienden desde hace años para el siglo XXI: una democracia digital, pero no privatizada.

En el mundo de hoy se vislumbran dos trayectorias opuestas y simultáneas. Desde arriba, la consolidación de un poder tecnocorporativo que redefine la soberanía en términos de infraestructuras y datos. Desde abajo, la emergencia de movimientos y liderazgos que intentan rearticular lo político en torno a la justicia, la comunidad y la participación real.

El futuro dependerá de cuál de ellos logre imponer su lógica. Si los Estados continúan cediendo funciones a las corporaciones tecnológicas, la democracia se convertirá en un trampantojo que oculta un edificio desocupado. Pero si proyectos como el de Zohran Mamdani logran demostrar que la gobernanza basada en la transparencia, el control ciudadano y la redistribución del poder tecnológico es posible, tal vez aún pueda evitarse que el siglo XXI sea recordado como el de la definitiva privatización de la democracia.