La dana interminable

Si no fuera porque es una tragedia inconmensurable, la catástrofe de la dana del 29O y las calamidades y desdichas que vienen soportando quienes sufrieron la desmesura de las aguas y el lodo en sus carnes y bienes, serían materia prima de grandísima calidad para nutrir las tribulaciones de los personajes de tebeos, historietas tragicómicas y películas de humor negro.

Semanas atrás, los presidentes de las principales asociaciones de víctimas y damnificados viajaron dos mil kilómetros para entrevistarse con las autoridades europeas y arrancarles algunos compromisos, puenteando el maltrato institucional y la censura que sufren desde hace meses por parte de las instituciones del Gobierno Valenciano. Como ha dicho una de ellas, Marisol Gradolí, que las instituciones europeas los hayan recibido y escuchado, anticipándose a las autoridades valencianas, dice mucho de la catadura del presidente y del gobierno de la Generalitat.

No quiero enfangarme repasando los sinsentidos de una bufonada impresentable, que afrenta al conjunto de la ciudadanía por la indolencia, el descrédito, la zafiedad, la impiedad y la insensibilidad de los responsables institucionales que la protagonizan. Prefiero reflexionar sobre algunas vertientes propositivas que convendría tomar en consideración con urgencia, porque apremiantes son las necesidades de víctimas y damnificados y porque deben habilitarse cuanto antes medidas de prevención que eviten o minimicen cuanto sea posible los efectos de futuros acontecimientos catastróficos.

El general retirado Gan Pampols consume estos días sus seis primeros meses al frente de la Vicepresidencia para la Recuperación Económica y Social de la Generalitat Valenciana. La tarea que se le encomendó fue trazar un plan para paliar los efectos de la dana y acelerar la reconstrucción de las infraestructuras y patrimonios devastados, tarea para la que, además del aparato administrativo de la Generalitat, se ha contratado a PwC, una empresa de servicios de auditoría, impuestos y consultoría de negocios que, solo en España, emplea a 4500 profesionales en veintiuna de sus provincias. El general tiene previsto presentarlo durante el actual mes de junio, y advierte que si no se adoptan medidas a largo plazo, la tragedia podría volver a ocurrir.

He oído decir al distinguido militar que, aunque no es un técnico en la materia, había leído los informes al respecto que se han redactado durante el siglo XXI y otros previos. Según él, todos coinciden en que para la minimización del riesgo hay que hacer obras que se denominan estructurales. Es decir, no basta con mantener los barrancos limpios y despejados, o los taludes y laterales bien afirmados, deben existir zonas que retengan las avenidas. «Laminar» parece ser el término que resume técnicamente esa estrategia.

Dicho con otras palabras, a lo largo y ancho de ríos, barrancos y torrenteras, donde no existan, deben habilitarse «zonas de sacrificio», de embalsamiento del agua, sean naturales o artificiales. De modo que, en las poblaciones afectadas por los cauces, hay que construir «tanques de tormenta» que impidan que el agua circule libremente por la superficie y deben «desimpermeabilizarse» los suelos, es decir, cambiar la preferencia sobre los tipos de asfalto y pavimentación adecuados, pues algunos tienen capacidad de absorción y otros no. No solo no absorben el agua, sino que aceleran su velocidad aumentando su capacidad para arrastrar los utensilios o enseres que se le opongan.

En el balance que hace Gan Pampols de los seis meses transcurridos desde la dana, que han recogido los medios de comunicación, se destaca en primer lugar la falta de comunicación y coordinación institucional en las labores de recuperación entre el Gobierno central y la Generalitat Valenciana. Expresa, además, su preocupación por las limitaciones de la empresa pública Tragsa para ejecutar los proyectos de reconstrucción, afirmando que está desbordada y que es incapaz de acometer todas las acciones que se le han encomendado, lo que ha generado retrasos en la llegada de ayudas y en la implementación de las obras necesarias. Aparte de los aspectos técnicos y administrativos, destaca el impacto social de la catástrofe y la necesidad de una reconstrucción emocional. Reconoce las críticas de la ciudadanía sobre el abandono percibido y subraya la importancia de que se atiendan, también, las dimensiones humanas y psicológicas en el proceso de recuperación.

El general, que dijo aceptar su actual responsabilidad condicionándola a que se le permitiese aplicar un enfoque técnico y no político a la gestión de la recuperación (algo difícil de entender cuando lo dice un vicepresidente del gobierno autonómico), ha expresado su frustración por la prevalencia de la ideología sobre la razón en las decisiones políticas, insistiendo en que las prioridades deben basarse en las necesidades y capacidades y estar guiadas por criterios técnicos y de eficiencia en la gestión pública, nunca por los intereses partidistas. Confiesa también su incomodidad con la batalla política que rodea el proceso de reconstrucción que, en su opinión, ha dificultado la implementación efectiva de las medidas necesarias para la recuperación.

Por otro lado, un artículo, aparecido en la edición de El País del pasado 18 de mayo, titulado «Predecible, devastadora y muy rápida: qué revela la simulación de la crecida de la Rambla del Poyo», relata un simulacro desarrollado por el investigador Francisco Vallés, de la Universitat Politècnica de València, sobre la riada del 29 de octubre. Inicialmente, el profesor Vallés Morán creó la simulación para ayudar en la búsqueda de personas desaparecidas tras la catástrofe, sin embargo, posteriormente, se ha desvelado como herramienta útil para otros desempeños. El modelo muestra la evolución del agua cada 10 minutos desde las 9:00 h del día del desastre hasta la mañana siguiente, abarcando municipios como Paiporta, Catarroja, Alfafar y Massanassa, que son los que sufrieron las mayores pérdidas humanas.

El modelo desvela que durante la riada el agua alcanzó velocidades de hasta 8 metros por segundo, algo que se califica como una «avenida relámpago». Entre la detección de una subida preocupante en el sensor del barranco del Poyo y la llegada del agua a Picanya y Paiporta, apenas habrían transcurrido 40 y 50 minutos, respectivamente. Con todo y con ello, esto no fue lo peor. Lo auténticamente inconcebible es que se ignorasen miles de alertas que se transmitían por diversos medios. A pesar de las múltiples señales de peligro sobre las que se alertó a lo largo del día (incluyendo más de 9.000 llamadas al número de emergencias antes de las 17:10 h), las autoridades actuaron con injustificable retraso. El Centro de Coordinación de Emergencias no mencionó el barranco del Poyo en sus primeros informes y retiró recursos clave, como los bomberos forestales, pese a que la situación seguía siendo crítica.  Además, el mensaje de alerta a los móviles fue emitido a las 20:11 h, cuando ya se habían anegado 76,9 km², incluidas las zonas residenciales.

La simulación fue validada mediante la comparación con testimonios de vecinos, marcas de agua en las calles y cartografías realizadas por otros científicos, como Carmen Zornoza, de la Universitat de València. Aunque el modelo es menos preciso dentro de las áreas pobladas, debido a la complejidad de la trama urbana, la evolución del agua recreada en la simulación coincide con las observaciones y datos recopilados tras el desastre.

El estudio concluye que la riada fue predecible, devastadora y muy rápida. La falta de respuesta oportuna por parte de las autoridades, a pesar de las señales de alerta disponibles, contribuyó a aumentar la magnitud de la tragedia. El modelo de Vallés destaca la importancia de una gestión de emergencias más eficaz y la necesidad de prestar atención a las advertencias meteorológicas y señales de peligro para prevenir futuras catástrofes.

Pronto conoceremos con exactitud qué ocurrió durante el episodio de la dana y dispondremos de un exhaustivo inventario de sus consecuencias desglosadas en daños humanos, materiales y emocionales. Pronto contaremos con una detallada relación de las actuaciones necesarias para ayudar a los familiares de las víctimas, reponer los servicios públicos y reconstruir las infraestructuras y bienes dañados. Pronto tendremos un repertorio de actuaciones presuntamente eficientes para afrontar las emergencias futuras. Y también conoceremos los recursos que deben ponerse a disposición de los responsables públicos para que dirijan adecuada y eficientemente los comportamientos ciudadanos cuando aquellas se produzcan. Incluso se diseñarán modelos de previsión más afinados, que lograrán replicar preventivamente cualquier futuro episodio catastrófico.

Si ello es o será así, ¿qué impide confiar en que las consecuencias de una futura gran dana u otra catástrofe desbocada, cualquiera que sea el territorio al que afecte, difieran radicalmente de las que ocasionó la del pasado 29 de octubre? En mi opinión, la respuesta es categórica: para materializar esa irrenunciable aspiración y evitar dejar a los ciudadanos al albur de su suerte, incluso cuando les va la vida en ello, se necesita lo de siempre: muchísimo dinero, firme e inquebrantable voluntad política y planes consensuados, con enfoques técnicos y no especulativos, diseñados para el medio y el largo plazo, que deben ser inmunes al cambio o la alternancia política en el gobierno de las distintas administraciones. Y que deben conocer ampliamente los ciudadanos y exigir que se materialicen.

Hay mucho que reconstruir y otro tanto que rehabilitar, serán centenares las actuaciones preventivas necesarias que exigirán, entre otras medidas, una renovada planificación territorial para reubicar las zonas residenciales, comerciales e industriales en terrenos no inundables, deberán habilitarse amplias superficies como zonas de embalsamiento o tanques de tormenta, cabrá llevar a cabo «desimpermeabilizaciones» y otras iniciativas para poner los espacios urbanísticos y las instalaciones  productivas y comerciales a resguardo de los futuros fenómenos inusualmente adversos.

Sé que estoy hablando de miles de millones y de medidas impopulares, pero ¿acaso tienen precio las vidas de las 228 personas que cercenó la dana? Cualquier ciudadano que merezca ese nombre aceptará y aprobará gustosamente la financiación de las actuaciones necesarias para evitar que vuelva a suceder tamaño drama. Sé que estoy refiriéndome a un acuerdo político que hoy por hoy es simplemente imposible. Pero ello no equivale a renunciar sin más a reclamar que lo sea en el futuro, y a exigir responsabilidades a cuantas instancias e individuos lo torpedeen.

Cuando reflexiono sobre lo que antecede me embarga una profunda indignación. Tengo la convicción de que más pronto que tarde lamentaremos las consecuencias de una nueva tragedia que podría evitarse, al menos en buena medida. Y ello sucederá por la ineptitud y la desidia (por no utilizar términos más gruesos) de gobiernos, instituciones, sociedad civil y de nosotros mismos, los ciudadanos. Si ni siquiera importa la vida de las personas, ¿qué sentido tiene plantearse el aseguramiento de sus derechos fundamentales o reglamentar las relaciones sociales? Si ni siquiera nos importan nuestras propias vidas: ¿cuáles son nuestras aspiraciones futuras?, ¿qué legado dejaremos a nuestros hijos y nietos?

No son preguntas retóricas. Si no hacemos nada, antes o después lo pagaremos. Las generaciones futuras nos lo recordarán y, con toda razón, reprocharán y reprobarán nuestra indolencia. Luchemos, pues, para evitar que ello suceda.