Una catástrofe, miles de dramas

En mi humilde opinión, doce días después de la catástrofe, todavía con el barro y los trastos haciendo inhabitables miles de casas e intransitables centenares de calles, parques y avenidas, inutilizando polígonos industriales y comercios, llenando solares y bancales de más de setenta municipios valencianos, no me parece que sea el momento oportuno para analizar las causas que desataron el colosal aguacero del 29 de octubre y tampoco para elucidar los errores que pudieron cometerse en la gestión de la catástrofe, identificar razonadamente a sus responsables y ajustar cuentas con ellos.

Son demasiados los dramas personales que exigen atención inmediata y muchísimo el trabajo que resta para ayudar a miles de personas a rehacerse y recuperar una mínima parte de sus pertenencias, que en algunos casos alcanzan hasta sus propias identidades. Es mucho el dolor existente y son incuantificables la incertidumbre y la desesperanza. Malas compañías para reflexionar y actuar con sabiduría y sensatez. Tiempo habrá para el sosiego y la reflexión, para el conocimiento y la exigencia fundamentada y justa. Desconozco si esta vez, contrariamente a lo sucedido en ocasiones anteriores, lograremos aprender algo de los estragos causados por la enésima catástrofe. Personalmente me conformaría con que ese aprendizaje asegurase un prontuario básico y compartido de medidas preventivas, asistenciales y educativas que coadyuven a que las personas podamos vivir y sobrevivir en un medio natural desequilibrado, que se resiste a doblegarse frente a las desaforadas conductas humanas y se rebela desbocándose cada vez más estrepitosamente.

Lo que ha arrasado las comarcas valencianas aguas abajo del río Magro y del barranco del Poyo es una monumental catástrofe, un desastre que ha desbordado la capacidad local de respuesta, generando un número inasumible de víctimas y dañando de manera brutal las infraestructuras e instalaciones existentes. Además de las 215 víctimas, las 78 personas desaparecidas y los 48 cuerpos que siguen sin identificarse a día de hoy, algunas estimaciones de los daños producidos por la riada señalan que son 190000 las personas y 4000 los edificios afectados, así como 1500 los kilómetros de carreteras y 100 los de ferrocarril dañados. En suma, estamos frente a un área de 530 kilómetros cuadrados anegada por las aguas con impactos diferenciados.

No solo los expertos, cualquier persona con una cultura elemental y/o mediana sensatez sabe que dar la respuesta adecuada a una catástrofe requiere la coordinación entre el personal y los medios de diferentes instituciones (bomberos, servicios de emergencia, sanitarios, fuerzas de seguridad, suministros, etc.), que deben actuar armonizadamente siguiendo planes preestablecidos y consensuados para intervenir de forma rápida y eficaz. Hoy me quedo con una aproximación sencilla al problema que, escalarmente, lo resume, explica y resuelve al menos sus consecuencias más dramáticas. Es la que ofreció y materializó una institución centenaria: la Universitat de València (UV).

La Universitat envió el lunes 28 de octubre, por la tarde, un comunicado a todos sus estudiantes anunciando la suspensión de las clases por la previsión de fuertes lluvias. Durante la mañana del martes, se acordó suspender toda la actividad docente, administrativa, investigadora y cultural en todos los campus e instalaciones universitarias. El aviso, que decretaba el nivel 3 de emergencia, llegó a las 12.00 del mediodía a toda la red del campus: 50.000 estudiantes, 3.000 trabajadores de personal técnico, administración y servicios de apoyo y más de 5.000 profesores.

Esto sucedió así porque la UV cuenta con su propio comité de emergencias, coordinado con los servicios autonómicos y un sistema de alerta propio que tiene cinco niveles: desde el cero, que corresponde a la normalidad, hasta el último, que comprende la evacuación inmediata de las instalaciones. La adopción de los niveles está vinculada al sistema de emergencias de la Generalitat, a los avisos de AEMET y a las alertas municipales en cada municipio donde hay campus. De ese modo puede haber un nivel diferente para cada uno de ellos en función de las circunstancias del territorio en que se encuentre. Este comité se creó hace cinco años y está integrado por un equipo multidisciplinar (servicios esenciales para el funcionamiento y seguridad de la universidad y de prevención de riesgos, responsables de docencia, profesorado y personal directivo). Se constituyó pensando en las emergencias por lluvias y las decisiones se adoptan en función de la meteorología, del estado de la red viaria y de los sistemas de transporte, además de la infraestructura de la UV. El equipo de dirección explica que el principio de actuación es el análisis de la situación y la valoración del riesgo en concordancia con criterios de prudencia y de seguridad de las personas. Siempre se actúa con un día de antelación. Y en este caso, los avisos a los alumnos y a todo el sistema universitario fueron fundamentales para evitar males mayores.

De modo que, insisto, creo que ahora lo que toca es atender lo urgente y mañana se acometerá lo necesario. Sin prisa y sin pausa. Eso sí, sin ninguna cortapisa para llegar hasta el fondo del asunto que no es otro que terminar de enterrar a las víctimas, salvar cuantas vidas sea posible, asegurar la supervivencia y el razonable bienestar de las personas afectadas, ayudarles a rehacer sus viviendas, sus negocios y economías, contribuir a reparar cuanto antes los daños en las infraestructuras y los bienes, normalizar la situación al máximo y prever con planes de contingencia las actuaciones y mecanismos para afrontar futuros episodios catastróficos, que no me cabe la menor duda que volverán, pues así lo demuestra la historia.

Obviamente, esta secuencia de actuaciones debe acompañarse de otras intervenciones decididas, tanto a través de las movilizaciones ciudadanas como por iniciativa de los particulares y los poderes públicos, para que los responsables de los errores, irresponsabilidades y dejaciones que se hayan cometido en la gestión de la catástrofe no eludan ni el escrutinio público, ni la acción de la justicia. A todos ellos debe exigírseles las responsabilidades políticas, penales, administrativas y civiles que corresponda, con oportunidad, determinación y rotundidad. Y ello debería hacerse con la mayor inmediatez para alcanzar los dos fines principales de la justicia: restituir a las víctimas y a los perjudicados sus legítimos derechos y reprobar las conductas inadecuadas, castigándolas y afeándolas públicamente para que los ciudadanos aprendamos la lección en cabeza ajena.