La IA, una creciente amenaza

La inteligencia artificial (IA) ha dejado de ser exclusivamente una revolución tecnológica para convertirse en una cuestión de poder. El problema no radica en controlar lo que pueden hacer las máquinas sino en determinar quién decide hasta dónde pueden llegar, quién evalua sus efectos y qué ocurre si su propia evolución supera nuestra capacidad para gobernarla.

Un revelador reportaje de Patricia Fernández de Lis, publicado semanas atrás en EL PAÍS, reúne los testimonios de una decena de antiguos investigadores, directivos y especialistas de OpenAI, Anthropic y Google, que han abandonado esas compañías después de trabajar en la primera línea del desarrollo de la inteligencia artificial. El elemento común de sus testimonios no es el rechazo a la tecnología, sino una preocupación más alambicada que resume su percepción de que la velocidad del progreso puede estar dejando atrás los mecanismos destinados a garantizar su seguridad. 

El caso más reciente es el de Jacob Coxon, antiguo investigador de Anthropic, previamente vinculado a OpenAI. Su advertencia resulta extrema, pues teme que sistemas de inteligencia artificial —con potencial para mejorar sus propias capacidades— puedan llegar a ser incontrolables antes del final de la década actual. Su diagnóstico coincide con el de otros investigadores que consideran insuficientes las actuales técnicas de alineamiento —es decir, el esfuerzo por conseguir que los sistemas actúen de acuerdo con objetivos y valores humanos— frente a  modelos que son cada vez más autónomos.

Pero esta no es la primera señal de alarma. En 2021, Paul Christiano, investigador relacionado con el desarrollo de ChatGPT, advertía de la posible aceleración extraordinaria de las capacidades de la IA. Y en 2023, Geoffrey Hinton, uno de los científicos fundamentales del aprendizaje profundo y premio Nobel, abandonó Google y comenzó a expresar públicamente su preocupación por el ritmo evolutivo de estas tecnologías. La pregunta que formuló era también nuclear: si las máquinas continúan mejorando a una velocidad muy superior a la capacidad humana para comprenderlas, ¿qué mecanismos permitirán conservar su control? 

La crisis cobró especial relevancia en 2024 cuando figuras importantísimas del área de seguridad de OpenAI abandonaron la empresa. Una de ellas, Jan Leike, afirmó que la cultura y los procedimientos de seguridad se habían relegado mientras se intensificaba la presión empresarial para desarrollar nuevos productos. Su salida evidenció una contradicción que afecta al conjunto de la industria: las compañías necesitan avanzar rápidamente para no perder competitividad, pero esa misma porfía puede reducir el tiempo disponible para ponderar los riesgos. 

Justamente en este punto emerge el problema político. No estamos ante una tecnología desarrollada en laboratorios aislados, sino ante una carrera empresarial multimillonaria. OpenAI, Google, Anthropic y otras compañías compiten por construir sistemas cada vez más capaces, mientras los Gobiernos intentan establecer normas que inevitablemente van por detrás de la innovación empresarial. 

Los riesgos de esta alocada carrera tampoco se circunscriben al territorio de la ciencia ficción. Los expertos han señalado posibles aplicaciones relacionadas con ciberataques, fabricación de agentes biológicos, manipulación de información, vigilancia y usos militares... William Saunders, antiguo investigador de OpenAI, declaró ante el Senado estadounidense sus preocupaciones sobre las capacidades de determinados modelos para proporcionar asistencia relacionada con amenazas biológicas. Otros investigadores han observado comportamientos engañosos o estrategias destinadas a preservar los objetivos de un sistema durante determinadas pruebas. 

Existe además una dimensión menos espectacular, pero más inmediata: la concentración del poder tecnológico. Un reducido número de empresas posee hoy una capacidad de computación, capital y talento científico que supera la de muchos Estados, universidades y organizaciones sociales. Si esas corporaciones determinan por sí mismas los límites de la tecnología que están desarrollando, la pregunta resulta inevitable: ¿puede dejarse la regulación de una revolución de esta magnitud en manos de quienes tienen los mayores incentivos económicos para acelerarla?

Más de 1.300 trabajadores del sector han reclamado públicamente mayor prudencia. Y algunos especialistas defienden implantar mecanismos que vayan más allá de las declaraciones voluntarias de las empresas, tales como auditorías independientes, obligaciones jurídicas, supervisión pública, protocolos internacionales y capacidad real para detener determinados desarrollos. Investigaciones recientes sobre seguridad de la IA insisten precisamente en que la protección no puede descansar exclusivamente en el comportamiento del modelo, sino que debe incorporar controles del sistema, monitorización independiente y estructuras de gobernanza.

Pese a todo ello, conviene, sin embargo, evitar el alarmismo. La posibilidad de una inteligencia artificial que provoque la extinción humana pertenece todavía al territorio de los futuribles y los escenarios distópicos. También existe una discusión en la comunidad científica sobre si algunas advertencias magnifican riesgos hipotéticos,  mientras reciben menos atención problemas actuales como la desinformación, la discriminación algorítmica, la pérdida de privacidad o la transformación del empleo. Incluso el Financial Times ha señalado que las predicciones apocalípticas pueden ser utilizadas por las propias grandes empresas para justificar regulaciones que dificulten la entrada de nuevos competidores. 

No obstante, esa cautela no debería convertirse en complacencia. La ausencia de certeza sobre un peligro extraordinario no constituye una razón suficiente para ignorarlo cuando el coste potencial es tan enorme.

La verdadera cuestión, por tanto, no es si debemos detener la inteligencia artificial. Sería imposible y probablemente indeseable. La cuestión es si podemos conseguir que la gobernanza avance al menos al mismo ritmo que la tecnología.

La historia ofrece precedentes. La energía nuclear demostró que una tecnología puede modificar radicalmente el equilibrio mundial antes de que existan instituciones adecuadas para gobernarla. La inteligencia artificial plantea ahora un desafío diferente: no entrega solamente más poder a los seres humanos, sino que puede crear sistemas capaces de tomar decisiones, perseguir objetivos y actuar con una autonomía creciente.

Por eso la advertencia de quienes estuvieron dentro merece ser escuchada sin convertirla ni en profecía apocalíptica, ni en propaganda empresarial. Su mensaje esencial es mucho más sobrio: estamos construyendo una tecnología cuyo potencial todavía no comprendemos plenamente y, sin embargo, la carrera por desarrollarla ya está en marcha.

El desafío de esta década será conseguir que la humanidad no tenga que aprender a gobernar la IA después de haber perdido la capacidad de hacerlo.

Izquierda dividida/derecha en el poder

El 29-N no solo decidirá quién gobierna España, también pondrá a prueba la capacidad del progresismo para anteponer un proyecto común a sus disputas internas.

Hay derrotas electorales que se explican por el desgaste de un Gobierno, por sus errores o por la pérdida de confianza de una parte de sus votantes. Otras se cuecen antes de que se abran las urnas, es lo que sucede cuando las fuerzas políticas que comparten muchos de sus objetivos convierten sus diferencias en una competición destructiva y terminan debilitándose mutuamente. Las elecciones generales del 29 de noviembre amenazan con reunir ambas circunstancias. La división de la izquierda situada a la izquierda del PSOE puede transformar un retroceso electoral en una derrota de mayor alcance, cual es la pérdida de la capacidad de influir en la orientación política de España durante los próximos años.

Las primeras encuestas posteriores a la convocatoria dibujan un panorama inquietante para el bloque progresista. Algunas proyecciones sitúan al PP y Vox por encima de los 195 escaños, muchos más de los necesarios para alcanzar la mayoría absoluta. Al mismo tiempo, el espacio que ocupaban las formaciones agrupadas en torno a Sumar, ahora rebautizado como Frente Amplio, experimentaría una contracción severa, mientras Podemos afrontaría el riesgo de quedar reducido a una representación testimonial.

Son estimaciones, no resultados definitivos. La campaña puede modificar las expectativas, movilizar a los abstencionistas y alterar las preferencias de los electores. Pero sería irresponsable ignorar la señal que transmiten los sondeos, a saber, mientras la derecha dispone de posibilidades reales de sumar una mayoría parlamentaria, la izquierda corre el riesgo de malgastar una parte de su representación potencial en enfrentamientos entre organizaciones que aspiran, al menos formalmente, a objetivos sociales semejantes.

La paradoja es evidente. Fuerzas que necesitan cooperar para gobernar compiten entre sí como si su principal adversario fuera el vecino ideológico.

El sistema electoral español no castiga de manera uniforme a todas las candidaturas pequeñas, pero sí puede penalizar severamente la dispersión del voto, especialmente en las circunscripciones que reparten pocos escaños. La combinación de la distribución provincial de diputados, el método D'Hondt y los umbrales electorales convierte en decisiva la concentración territorial de los apoyos.

Dos candidaturas que por separado no alcanzan representación pueden sumar suficientes votos para obtener diputados si concurren juntas. También puede suceder que una formación obtenga escaños mientras otra, con miles de votos, se quede fuera. Esos sufragios no se transfieren automáticamente a la candidatura vencedora, simplemente dejan de traducirse en representación parlamentaria para quienes los emitieron.

No toda disociación produce necesariamente ese resultado. Las identidades políticas, la implantación territorial y las diferencias programáticas importan. Sin embargo, cuando la competencia entre partidos próximos impide alcanzar una representación que una candidatura común habría podido obtener, la fragmentación deja de ser una expresión de pluralismo y se convierte en una desventaja estratégica.

La irrupción de formaciones territoriales, como Adelante Andalucía, añade complejidad al escenario. Su existencia responde a tradiciones, demandas e identidades políticas que no pueden resolverse mediante una orden de integración desde Madrid. Pero precisamente por eso la unidad debe construirse con inteligencia, no con uniformidad organizativa sino con acuerdos electorales allí donde la cooperación resulte beneficiosa y respeto a las singularidades donde la realidad territorial lo aconseje.

La prensa española ha situado la unidad de las izquierdas entre los principales desafíos de la convocatoria. El País ha destacado que constituye el mayor reto para el 29-N. Los análisis de elDiario.es, por su parte, han advertido contra el derrotismo y han defendido la necesidad de acumular fuerzas para evitar que la fragmentación debilite la representación progresista, particularmente en el Senado.

Desde perspectivas editoriales distintas, otros medios han puesto el foco en el retroceso de las formaciones situadas a la izquierda del PSOE y en la ventaja demoscópica del bloque conservador. Las proyecciones difundidas por El Confidencial, El Mundo y otros diarios muestran hasta qué punto el resultado depende de la distribución territorial del voto y de la capacidad de cada bloque para convertir sus apoyos en escaños.

La prensa internacional también observa la convocatoria como algo más que una disputa doméstica. Los análisis recogidos por La Vanguardia sobre las repercusiones europeas del 29-N, junto con las informaciones publicadas en medios como The Guardian o Le Monde, sitúan el adelanto electoral en un contexto de avance de las derechas y de creciente dificultad para sostener coaliciones progresistas.

Conviene distinguir, no obstante, entre las informaciones efectivamente publicadas por cada medio y las interpretaciones generales que se extraen de ellas. No cabe atribuir a todos esos periódicos una misma posición editorial ni presentar sus análisis como un respaldo explícito a una coalición de izquierdas. Lo que sí puede afirmarse es que el posible cambio de Gobierno español tiene una dimensión europea porque modificaría los equilibrios políticos en el Consejo Europeo y podría reducir el peso de las fuerzas socialdemócratas en un momento de profunda incertidumbre internacional.

En mi opinión, existen al menos cinco razones para construir la unidad.

La primera es electoral. La cooperación permite reducir la pérdida de votos derivada de la fragmentación y mejorar las posibilidades de representación en las circunscripciones pequeñas. No garantiza una victoria, pero evita que las diferencias entre organizaciones produzcan, por sí solas, una desventaja adicional.

La segunda es social. La izquierda representa —o aspira a representar— a trabajadores con salarios insuficientes, jóvenes excluidos del mercado de la vivienda, familias que afrontan dificultades para conciliar, pensionistas vulnerables y ciudadanos preocupados por el deterioro de los servicios públicos. Sus problemas no desaparecen porque sus representantes discrepen sobre el liderazgo de una candidatura o la distribución de puestos en una lista.

La crisis de la vivienda ofrece un ejemplo especialmente claro. El precio de los alquileres, la dificultad de acceder a una primera residencia y la desigualdad entre propietarios e inquilinos requieren políticas sostenidas, regulación eficaz, inversión pública y acuerdos institucionales. Una izquierda fragmentada puede compartir el diagnóstico y, sin embargo, resultar incapaz de reunir la fuerza parlamentaria necesaria para aplicar sus soluciones.

La tercera razón es programática. La unidad no debe consistir en sumar siglas alrededor de un reparto de cargos, sino en acordar prioridades verificables: vivienda asequible, fortalecimiento de la sanidad y la educación públicas, mejores salarios, reducción de la precariedad, fiscalidad progresiva, transición ecológica justa y protección de las personas dependientes. Un programa concreto permite explicar qué se quiere hacer, con qué recursos y en beneficio de quién.

La cuarta razón es democrática. Una mayoría parlamentaria de PP y Vox no implicaría automáticamente la desaparición de los derechos ni convertiría a ambas formaciones en una fuerza homogénea. Pero sí abriría la posibilidad de un cambio sustancial en las políticas sociales, laborales, territoriales y culturales. Si ese escenario preocupa a una parte del electorado, la respuesta no puede limitarse a advertir sobre sus consecuencias, debe ofrecer una alternativa creíble, capaz de gobernar y de responder a los problemas cotidianos.

La quinta razón es estratégica. El aislamiento de la izquierda alternativa no perjudicaría únicamente a sus organizaciones. También podría debilitar al PSOE, al reducir sus posibilidades de encontrar socios parlamentarios suficientes para formar Gobierno. La estrategia del voto útil puede beneficiar a los socialistas en determinadas circunscripciones, pero no sustituye a una representación plural capaz de negociar mayorías. Un PSOE fortalecido en votos, pero sin aliados suficientes en el Congreso, podría encontrarse igualmente sin una mayoría viable.

Existe, sin embargo, una condición previa imprescindible: la unidad no puede construirse mediante la subordinación de unos partidos a otros ni a costa de silenciar las discrepancias. Las experiencias de coalición muestran que los acuerdos impuestos, las ambigüedades programáticas y los conflictos por el liderazgo terminan erosionando la confianza.

La cooperación necesita reglas transparentes, procedimientos democráticos para elegir candidaturas, garantías de pluralidad, compromisos programáticos evaluables y mecanismos para resolver conflictos. También exige que las organizaciones acepten límites a sus ambiciones particulares. Ninguna dirección puede reclamar que sus socios renuncien a su identidad mientras ella conserva intacto su derecho a imponer condiciones.

El PSOE tiene, así mismo, una responsabilidad específica. Si aspira a recibir el voto útil, debe demostrar que ese voto servirá para impulsar políticas progresistas concretas y no únicamente para conservar el poder. La izquierda alternativa, por su parte, debe decidir si su prioridad es maximizar su autonomía orgánica o aumentar su capacidad efectiva para transformar la sociedad. Ambas aspiraciones pueden convivir, pero no siempre pueden anteponerse simultáneamente.

Tampoco cabe responsabilizar exclusivamente a la división de los malos resultados que anticipan las encuestas. El desgaste gubernamental, los errores de gestión, las expectativas incumplidas, los problemas de vivienda y la desconfianza ciudadana tienen su propio peso. La unidad no corrige por sí sola esos déficits, debe acompañarse de autocrítica, renovación y credibilidad.

El 29-N no está decidido. Las encuestas describen tendencias, no dictan sentencias. Pero el tiempo disponible para corregir errores se acorta, y cada semana consumida en disputas internas reduce el margen para presentar una alternativa reconocible.

La izquierda necesita comprender que la pluralidad es una riqueza únicamente cuando existe la capacidad de convertirla en acción colectiva. Si cada organización considera más importante preservar su espacio que alcanzar objetivos compartidos, acabará conservando quizá su identidad, pero perdiendo buena parte de su influencia.

La disyuntiva no es entre mantener las diferencias o renunciar a ellas. Es entre administrarlas democráticamente o permitir que se conviertan en un mecanismo de autodestrucción. No se trata de pedir a todos los partidos que piensen igual, sino de exigirles que distingan entre las discrepancias que enriquecen un proyecto y las rivalidades que lo hacen inviable.

Si la derecha alcanza una mayoría holgada, sus adversarios no podrán atribuir el resultado exclusivamente a las reglas electorales, a los medios de comunicación o a la desmovilización ciudadana. Tendrán que preguntarse también cuánto ha contribuido su propia conducta a facilitarlo.

La unidad no garantiza la victoria. La división, en cambio, puede hacer mucho más probable la derrota.

La responsabilidad de la izquierda consiste ahora en elegir entre la satisfacción inmediata de sus organizaciones y la utilidad pública de su proyecto. Porque cuando las diferencias se convierten en el objetivo y los ciudadanos pasan a ser una consideración secundaria, la política deja de ser una herramienta de transformación. Y la derrota deja de ser una fatalidad para convertirse en una consecuencia.

Una mirada casi circunstancial

En una residencia de personas mayores se aprende que el tiempo tiene otra dimensión. No sé cómo explicarlo concretamente. Fuera, los días parecen empujarse unos a otros; en ella, en cambio, se deslizan despacio, casi siempre por el mismo cauce. Las mañanas llegan con sus desayunos, sus aseos y sus medicamentos; después vienen las comidas, las visitas, las siestas... Y otra vez la tarde. Y luego la noche. Hay algo tranquilizador en esa reiteración, pero también inquietante,  pues poco a poco el mundo de fuera parece quedar al otro lado de una frontera invisible.

Observando a las personas se comprueba que no existe una manera única de estar en la institución. Cada uno llega con una vida tras de sí, con sus afectos, sus pérdidas, sus costumbres y sus pequeñas manías. Algunos parecen haber convertido este lugar en su casa. Otros lo perciben como una estación provisional, aunque nadie sepa cuánto durará el viaje. Y los hay que han llegado después de perder casi todo aquello que durante décadas les permitió reconocerse.

La resignación es quizá uno de los estados de ánimo que más fácilmente se identifican. No siempre tiene el rostro de la tristeza. A veces es simplemente dejar de preguntar. Dejar de interesarse por cuándo se volverá a casa, se podrá caminar como antes o será posible volver a hacer sin ayuda aquello que durante toda una vida se hizo sin pensar. 

Hay una forma de resignación que consiste en aceptar que determinadas cosas ya no van a suceder, pero reconocerlo no significa necesariamente conformidad. Se puede comprender que algo es inevitable y al mismo tiempo sufrir profundamente por ello. Creo que esa diferencia se percibe en muchos rostros, es una suerte de conformismo exterior que esconde una protesta interior y silenciosa.

También se contrasta cómo algunos se van alejando del mundo. Las noticias dejan de importarles, también la política, el fútbol, la economía; incluso las conversaciones familiares pierden intensidad. No sé si es porque ya no entienden lo que sucede o porque, sencillamente, lo que ocurre fuera ha dejado de tener la importancia que tuvo. El mundo se reduce entonces a cosas pequeñas, como si llegó la hora de comer o de tomar una pastilla, el dolor de una rodilla, el paseo por la galería, la visita de un hijo o la llegada de la noche.

Hay algo más difícil de explicar, la ausencia. Algunas personas parecen encontrarse muy lejos. Miran sin mirar, escuchan sin responder, permanecen durante largos minutos en silencio, como si estuviesen esperando que alguien las devolviese a un lugar que los demás desconocemos.

La memoria juega entonces con sus propias reglas. Puede desaparecer lo sucedido esta misma mañana y permanecer intacta la letra de una canción de hace sesenta años. Una persona no recuerda por qué está sentada en el comedor y, sin embargo, canta de principio a fin una melodía de su juventud. Es como si el pasado hubiera conseguido sobrevivir allí donde el presente se desvanece. Por otro lado, cuando aparece el deterioro cognitivo, la soledad adquiere otra dimensión. Se pueden conservar las emociones, los deseos, los gestos y las necesidades cuando las palabras empiezan a escasear. Entonces, comunicarse se convierte en un inmenso esfuerzo de interpretación. Una mirada, una mano que se mueve, una palabra incompleta o una repetición insistente pueden contener un mensaje que hay que aprender a descifrar. Es la afasia motora, como la denominan los neurólogos. A veces pienso que quienes cuidan, además de ser profesionales, deben convertirse en intérpretes de vidas que han perdido parte de su lenguaje.

La dependencia es otra de las grandes heridas. Pedir ayuda, o recibirla sin solicitarla, para levantarse, acostarse, ducharse, vestirse, ir al baño o alcanzar un objeto, puede parecer algo insignificante para quien observa desde fuera; pero para quien necesita esa ayuda cada día puede convertirse en un recordatorio permanente de la pérdida de su autonomía. No todos lo viven igual. Algunos aceptan la ayuda con naturalidad. Otros la reciben con incomodidad, incluso con vergüenza. Comprendo que debe de ser difícil necesitar a otra persona para aquello que durante setenta u ochenta años uno hizo solo. Y, sin embargo, hay quienes se resisten e intentan caminar unos metros más, abrocharse mal una camisa, comer sin ayuda, recordar un nombre, terminar una frase... Son esfuerzos que desde fuera pueden parecer insignificantes, pero sé que no lo son. A determinadas edades, conservar una pequeña parcela de autonomía puede constituir una verdadera forma de resistencia.

Y también está el miedo: miedo a caerse, a quedarse solo, a equivocarse, a no entender lo que está sucediendo, a que no venga a verlo el hijo, a que desaparezca alguien querido, a que el cuerpo deje de responder... A veces se disfraza de enfado, o de impaciencia, e incluso de una llamada repetida dirigida al personal. He pensado muchas veces que quien llama una y otra vez quizá no esté pidiendo solamente que le acerquen un vaso de agua o que le ayuden a levantarse. Tal vez esté preguntando, inefablemente, si todavía queda alguien ahí.

Y está el resentimiento. Contra la enfermedad, contra la edad, contra el cuerpo que ha dejado de obedecer, contra los hijos que vienen menos de lo deseado, contra la residencia, contra los compañeros, contra la propia vida... No siempre es justo. Pero casi siempre es comprensible.

Quien ha tomado decisiones durante toda su vida puede llevar muy mal que, de pronto, sean otros quienes decidan cuándo debe levantarse, comer, tomar una medicación o ir al médico. La dependencia no solo limita los movimientos, también modifica la relación con uno mismo.

Por eso creo que una residencia no puede concebirse únicamente como una instalación donde se proporcionan cuidados. Es un lugar donde viven personas que han perdido en distinta medida capacidades, vínculos, roles, recuerdos y proyectos. Y cada una de ellas lleva consigo una historia que no aparece en ningún expediente.

Hay una pregunta que me inquieta particularmente: ¿qué desean estas personas cuando saben que ya les queda poco? Y he descubierto que los últimos deseos rara vez son grandes aspiraciones. Alguien quiere volver a ver el mar, otro desea comer un plato que le recuerda a su infancia, un tercero quiere escuchar una canción determinada. Otro espera la visita de un viejo amigo. Hay quien solo quiere hablar con un hijo sin prisas, y muchos quisieran volver una tarde a la casa en la que vivieron durante décadas.

Incluso existen deseos todavía más pequeños, como dormir tranquilo, no sentir dolor, no ser una carga, elegir la ropa que ponerse, tomarse un café como siempre, sentarse al sol o que alguien permanezca al lado silenciosamente, sin necesidad de hablar.

Quizá aquí radica una de las prestaciones más valiosas de una residencia. No solamente cabe valorar cómo alimenta, limpia, medica o protege a quienes viven en ella, sino también debe ponderarse cómo escucha aquello que todavía desean transmitir los residentes. Porque mientras queda vida, queda deseo; incluso cuando faltan las palabras o la memoria se desvanece, y hasta cuando el mundo exterior ya no parece importar.

Al final, entre rutinas, pérdidas y limitaciones, sobrevive algo esencial: una persona que todavía espera algo de los demás. Y quizá cuidar consista, precisamente, en atender esa esperanza que a veces será una petición difícil; otras, un recuerdo; y otras, una mirada. Y en ocasiones será apenas un deseo tan pequeño que casi puede pasar inadvertido. Pero atenderlo puede ser una de las formas más profundas de decirle a alguien que todavía está aquí, que todavía importa, que todavía merece la pena escucharlo.

Restaurar la naturaleza desde la voluntad política

Pocas imágenes resumen mejor el desafío ambiental del siglo XXI que la del avance silencioso del desierto. La pérdida de vegetación, la erosión del suelo y el agotamiento de los recursos hídricos, además de transformar el paisaje, comprometen la agricultura, empobrecen a las comunidades rurales y aceleran la pérdida de biodiversidad. Durante décadas se aceptó que muchos de estos procesos eran prácticamente irreversibles. Sin embargo, algunas experiencias desarrolladas en las últimas décadas en distintos lugares del mundo demuestran que, con planificación, conocimiento científico y perseverancia, la naturaleza posee una extraordinaria capacidad de regeneración. 

China ofrece probablemente el ejemplo más ambicioso. Desde 1978 impulsa la denominada Gran Muralla Verde, un gigantesco programa de restauración forestal concebido para contener el avance de la desertificación en el norte del país. Durante casi cincuenta años, millones de personas han participado en la plantación de árboles, la recuperación de suelos degradados y la gestión sostenible del territorio. Los resultados son notables: centenares de miles de kilómetros cuadrados reforestados, una reducción significativa de las áreas desertificadas y una mejora progresiva de la cobertura vegetal.

El caso chino pone de manifiesto que los grandes problemas ambientales no admiten soluciones improvisadas. La recuperación de un ecosistema requiere décadas de trabajo continuado, inversiones sostenidas y políticas capaces de sobrevivir a los cambios de gobierno. La naturaleza no responde a la premura de los ciclos electorales, sino a los ritmos más pausados de los procesos ecológicos.

Es evidente que el éxito de estas iniciativas no se explica únicamente por la magnitud de la inversión pública. Científicos y organismos internacionales coinciden en señalar que la restauración solo resulta duradera cuando involucra a las comunidades locales. Más de 300 millones de trabajadores rurales han participado en el programa chino, obteniendo ingresos económicos al tiempo que recuperaban unos territorios de los que depende su propio futuro. De ese modo  la protección ambiental deja de percibirse como una limitación para convertirse en una oportunidad económica.

Esta idea subyace en numerosos proyectos internacionales de restauración ecológica. La experiencia demuestra que la conservación difícilmente prospera cuando se opone a las necesidades básicas de las comunidades. En cambio, cuando la mejora del medio natural genera empleo, aumenta la productividad agrícola o favorece nuevas actividades económicas, la población se convierte en la primera interesada en preservar los recursos recuperados.

Por otro lado, la restauración ambiental exige también prudencia. Numerosos especialistas recuerdan que plantar árboles no siempre equivale a restaurar un ecosistema. Las repoblaciones con especies limitadas, la utilización de variedades poco adaptadas o el consumo excesivo de agua pueden producir efectos indeseados. La restauración ecológica moderna persigue reconstruir ecosistemas funcionales, recuperar la biodiversidad y favorecer procesos naturales capaces de mantenerse con una intervención humana cada vez menor.

La experiencia china no constituye un caso aislado. En las últimas décadas han surgido iniciativas de restauración ambiental que demuestran que la degradación de los ecosistemas no es necesariamente un destino irreversible. Uno de los ejemplos más estudiados es la recuperación de la Meseta de Loess, también en China. Considerada durante décadas una de las regiones más erosionadas del planeta, fue objeto de un ambicioso programa de restauración impulsado con apoyo internacional. La limitación del pastoreo, la reforestación, la construcción de terrazas agrícolas y la recuperación de la cubierta vegetal transformaron un paisaje profundamente degradado en un territorio nuevamente productivo, mejorando simultáneamente la calidad del suelo, la disponibilidad de agua y las condiciones de vida de millones de habitantes.

Otro referente es Costa Rica. A mediados del siglo XX el país había perdido más de la mitad de sus bosques debido a la expansión agrícola y ganadera. La creación de parques nacionales, los incentivos económicos a los propietarios mediante pagos por servicios ambientales y una firme apuesta por el ecoturismo permitieron invertir aquella tendencia. Hoy Costa Rica figura entre los países que han logrado recuperar una parte sustancial de su cobertura forestal, demostrando que la conservación puede convertirse también en un motor de desarrollo económico.

La Gran Muralla Verde africana representa otro intento de enorme alcance. Concebida para restaurar una extensa franja del Sahel mediante la recuperación de tierras degradadas, la plantación de especies autóctonas y el apoyo a la agricultura sostenible, el proyecto ha avanzado con resultados desiguales según los países. Allí donde las comunidades locales participan activamente y obtienen beneficios directos, los progresos son más sólidos; donde faltan recursos o carecen de estabilidad institucional, los resultados son mucho más modestos. La lección vuelve a repetirse: la restauración ecológica depende tanto de factores sociales y políticos como de criterios estrictamente ambientales.

Existen igualmente ejemplos de regeneración en espacios urbanos. La recuperación del río Cheonggyecheon, en Seúl, constituye uno de los proyectos de renaturalización más conocidos del mundo. Una autopista elevada fue sustituida por un corredor fluvial y un amplio espacio verde que redujo la temperatura urbana, mejoró la biodiversidad y transformó la calidad ambiental de la ciudad. Del mismo modo, la restauración de los humedales de los Everglades, en Florida, o la recuperación de antiguas cuencas mineras en Europa muestran que incluso los ecosistemas sometidos durante décadas a una intensa presión humana pueden recuperar buena parte de sus funciones ecológicas.

Todos estos casos comparten un denominador común: la restauración exige tiempo, conocimiento científico y una continuidad política poco frecuente. Los ecosistemas no responden a soluciones rápidas ni a actuaciones aisladas. Requieren planificación, seguimiento y capacidad para corregir errores a medida que evolucionan. 

También obligan a revisar la relación entre economía y naturaleza. Durante mucho tiempo predominó la idea de que la protección ambiental suponía un freno al desarrollo. Hoy resulta cada vez más evidente que la degradación del suelo, la pérdida de bosques, la escasez de agua o la desaparición de la biodiversidad generan costes económicos muy superiores a los de su conservación. La restauración deja así de entenderse como un gasto para convertirse en una inversión en capital natural.

No obstante, conviene evitar cualquier triunfalismo. La plantación masiva de árboles no constituye por sí misma una solución universal frente al cambio climático. Numerosos especialistas advierten de los riesgos de crear monocultivos forestales, introducir especies inadecuadas o promover actuaciones desconectadas de las características ecológicas de cada territorio. Restaurar un ecosistema significa recuperar procesos biológicos complejos, reconstruir suelos fértiles, proteger los recursos hídricos y favorecer el regreso de la biodiversidad. Los árboles son una parte importante de ese proceso, pero no su único objetivo.

El éxito de estas iniciativas demuestra, además, que la dimensión temporal constituye uno de los factores decisivos. Las políticas ambientales requieren horizontes de varias décadas, precisamente lo contrario de lo que suele favorecer la dinámica política contemporánea. Los gobiernos cambian, las prioridades presupuestarias se modifican y los resultados rara vez son visibles de manera inmediata. Sin embargo, cuando existe continuidad institucional, respaldo científico y participación ciudadana, los efectos acumulativos pueden resultar extraordinarios.

Quizá esa sea la principal aportación que ofrecen la experiencia china y otras muchas desarrolladas en distintos continentes. Frente a la percepción de que el deterioro ambiental constituye un proceso inevitable, la evidencia científica demuestra que numerosos ecosistemas conservan una notable capacidad de regeneración. La naturaleza posee mecanismos de recuperación sorprendentemente eficaces siempre que la presión humana disminuya y existan condiciones favorables para ello.

En una época definida por el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y el agotamiento de recursos naturales, restaurar ecosistemas deja de ser una aspiración idealista para convertirse en una auténtica estrategia de seguridad económica, alimentaria y territorial. No se trata únicamente de plantar árboles, sino de reconstruir la relación entre las sociedades y el territorio que las sostiene. La verdadera riqueza de estas iniciativas no reside solo en el número de hectáreas recuperadas, sino en mostrar que la degradación no siempre es irreversible. Cuando la ciencia, la voluntad política y el compromiso ciudadano convergen durante el tiempo suficiente, incluso los paisajes más dañados pueden volver a ser fértiles. Esa es, probablemente, una de las noticias más esperanzadoras de nuestro tiempo.

El 15-M que nunca terminó

Quince años después de las acampadas de la Puerta del Sol, la cuestión que vuelve a plantearse no es tanto si estamos ante un nuevo 15-M como por qué algunas de las condiciones que lo hicieron posible continúan intactas. La respuesta exige mirar más allá de la protesta concreta por la vivienda, pues lo que permanece es una fractura entre las expectativas de una parte importante de la población y su capacidad real para construir una vida autónoma y estable.

En 2011, el lema «juventud sin futuro» condensaba una experiencia generacional. La crisis financiera desencadenada en 2008 había interrumpido abruptamente una trayectoria que parecía casi garantizada: empleo, emancipación, vivienda, formación de una familia y mejora progresiva del nivel de vida. Aquella promesa no desapareció precipitadamente, simplemente dejó de cumplirse para una parte significativa de quienes habían llegado a la edad adulta durante la crisis.

La vivienda se ha convertido en la expresión más visible de esa ruptura. Los datos actuales permiten hacerse una idea de hasta qué punto. Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2025 el 44,3% de las personas de entre 26 y 34 años seguía viviendo con sus padres. Entre quienes permanecían en el hogar familiar, el 47,3% señalaba como razón principal no poder permitirse comprar o alquilar una vivienda. 

No se trata, por tanto, de una generación que tarda más en emanciparse. La prolongación de la convivencia familiar podría ser una elección individual, pero los datos muestran que para una proporción considerable de los jóvenes ciudadanos está relacionada con restricciones económicas. De modo que la autonomía personal queda condicionada por el precio de un bien básico.

Aquí emerge una diferencia importante respecto al 15-M original. Entonces la protesta se produjo en el contexto inmediato de una crisis económica devastadora y de un desempleo extraordinariamente elevado. Hoy el problema es más complejo, pues la economía ha recuperado buena parte del terreno perdido, pero el acceso a determinadas condiciones materiales de estabilidad continúa siendo muy difícil. El crecimiento económico no se traduce automáticamente en capacidad de emancipación.

La vivienda constituye el ejemplo más evidente. El Banco de España señala que el aumento de los alquileres desde 2015 ha sido especialmente intenso en las grandes áreas urbanas y que la demanda ha crecido más deprisa que la oferta. El problema afecta particularmente a jóvenes y hogares con menores ingresos. 

También la propiedad se ha alejado de las posibilidades de una parte importante de la población joven. El Informe Anual 2025 del Banco de España calculaba que la adquisición de una vivienda en España equivalía en 2024 a 6,8 años de renta neta media; y entre los jóvenes de hasta 35 años, a 7,1 años. En determinadas ciudades el esfuerzo era todavía mayor. 

Estos datos acreditan que la precariedad contemporánea no consiste únicamente en tener un salario bajo. Radica en la dificultad para transformar los ingresos obtenidos mediante el trabajo en un proyecto vital relativamente previsible. Un empleo puede permitir subsistir y, al mismo tiempo, resultar insuficiente para alquilar una vivienda, ahorrar, comprarla o afrontar la formación de un hogar.

Ahí reside una de las claves políticas y sociales del problema. El contrato implícito de las sociedades europeas de la segunda mitad del siglo XX vinculaba educación, trabajo y movilidad social. No garantizaba el éxito individual, pero ofrecía una expectativa razonable de progreso. La crisis de 2008 debilitó profundamente ese vínculo y la recuperación posterior no ha reconstruido enteramente la confianza en él.

Por eso resulta insuficiente interpretar las actuales protestas como una simple repetición estética del 15-M. Sin duda, han cambiado las generaciones, las circunstancias económicas y las formas de movilización; sin embargo, persiste una pregunta fundamental: ¿qué posibilidades ofrece ia sociedad a quienes cumplen las reglas básicas que se les han prescrito —estudiar, trabajar, formarse, contribuir— cuando tales obligaciones ya no les aseguran una autonomía material comparable a la de generaciones anteriores?

Adicionalmente, la cuestión afecta a grupos que desbordan la categoría demográfica «juventud». La dificultad para acceder a una vivienda puede afectar a trabajadores con empleos estables, a familias monoparentales, a personas migrantes o a hogares vulnerables. La precariedad ha dejado de ser la puerta de entrada a la vida adulta pudiendo convertirse en una condición que se adentra profundamente en esa etapa vital. 

De ahí que resulte erróneo considerar resuelto el problema, simplemente porque aquella generación ha envejecido. Quienes tenían veinte años en 2011 tienen hoy alrededor de treinta y cinco. Algunos han consolidado sus vidas, mientras otros muchos han encadenado empleos, alquileres, mudanzas y retrasos en proyectos familiares. Lo cierto es que la edad cronológica avanza sin que progresen paralelamente determinadas transiciones sociales, que permanecen bloqueadas.

El fracaso, por tanto, no puede medirse únicamente por la supervivencia o la extinción de una protesta. Debe medirse por la capacidad de la sociedad para transformar el crecimiento económico en seguridad material, autonomía y expectativas razonables de futuro.

En este sentido, el 15-M fue menos un episodio que un síntoma. Las tiendas de campaña desaparecieron, las organizaciones políticas cambiaron y muchos de sus protagonistas ocuparon puestos en las instituciones. Pero las preguntas que estaban detrás de aquellas plazas no desaparecieron con ellas. Algunas incluso se han hecho más concretas: ¿cuánto cuesta independizarse?, ¿cuánto tiempo se necesita para comprar una vivienda? o ¿qué parte del salario debe sacrificarse para conservar un techo?

Quince años después, quizá esa sea la verdadera continuidad del 15-M. No que vuelvan las mismas consignas, sino que persista la distancia entre la promesa de una vida autónoma y las condiciones materiales necesarias para hacerla posible. Mientras esa distancia se mantenga  o se ensanche, aquella protesta seguirá perteneciendo menos al pasado que al presente.

Defender la democracia

El ascenso de Alternativa para Alemania (AfD) ha colocado a la democracia alemana ante una paradoja que afecta también al conjunto de Europa: ¿cómo puede un sistema democrático defenderse de una fuerza política que utiliza las reglas de la democracia para cuestionar algunos de sus fundamentos sin terminar restringiendo el pluralismo que pretende proteger?

La encrucijada adquiere una dimensión particular en Alemania. La memoria del nazismo, la experiencia de la República de Weimar, la división del país durante la Guerra Fría y las dos guerras mundiales forman parte del ADN político de la República Federal. El diseño constitucional posterior a 1949 nació precisamente de la voluntad de impedir que una mayoría electoral pudiera utilizar las instituciones democráticas para destruirlas desde dentro.

Esa concepción recibe en Alemania el nombre de wehrhafte Demokratie, la democracia militante o capaz de defenderse. No significa que el Estado pueda decidir arbitrariamente qué partidos son aceptables. Significa, por el contrario, que existen límites constitucionales que ni siquiera una mayoría electoral puede franquear.

El artículo 21 de la Ley Fundamental establece que los partidos que pretendan menoscabar o eliminar el orden democrático liberal pueden ser declarados inconstitucionales. Pero la decisión corresponde exclusivamente al Tribunal Constitucional Federal. Además, desde 2017 existe una vía intermedia: la exclusión de un partido de la financiación pública.

La cautela no es accidental. El Tribunal Constitucional considera la prohibición de un partido como el arma más extrema —y también potencialmente problemática— de una democracia. En su sentencia sobre el NPD, de 2017, estableció que no basta con demostrar posiciones contrarias al orden constitucional, debe existir una actuación planificada y suficientemente relevante dirigida a erosionarlo y una posibilidad razonable de que esos objetivos puedan alcanzarse. 

En este contexto, el crecimiento electoral de la AfD modifica sustancialmente el problema. En las elecciones federales de febrero de 2025 obtuvo el 20,8% de los segundos votos y 152 escaños, frente al 10,4% de 2021. Es decir, se ha convertido en una fuerza parlamentaria de primer orden. 

Las encuestas de septiembre de 2026 muestran, además, que su crecimiento no ha sido un episodio efímero. Distintos sondeos sitúan a la AfD en alrededor del 27%-30% de expectativa electoral, aunque estas mediciones expresan el estado de la opinión pública en un momento determinado y no constituyen resultados electorales ni permiten anticipar por sí mismas un desenlace futuro. 

El fenómeno tiene también una dimensión institucional. El informe de 2024 de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución mantiene a la AfD dentro de la categoría de amenaza sospechosa de extremismo de derecha y señala que resoluciones judiciales anteriores habían considerado legal su vigilancia como tal. El proceso jurídico, sin embargo, no equivale a una declaración de inconstitucionalidad del partido, que solo puede efectuar el Tribunal Constitucional. 

Aquí aparece la primera gran dificultad: proteger la democracia no puede confundirse con eliminar electoralmente al adversario. Una prohibición sin una base constitucional sólida podría convertir a la propia democracia en víctima de las medidas adoptadas para defenderla. Pero la conclusión contraria —aceptar cualquier comportamiento en nombre de los votos obtenidos— sería igualmente problemática. El sufragio otorga legitimidad para gobernar dentro de la Constitución, no para situarse por encima de ella.

La segunda cuestión es de carácter político. Durante años, los partidos tradicionales alemanes han mantenido un cordón sanitario frente a la AfD. Existe ahora un debate sobre si aislarla puede terminar favoreciendo su crecimiento o si, por el contrario, incorporarla a responsabilidades de gobierno permitiría comprobar sus contradicciones y límites.

La experiencia comparada no ofrece una respuesta evidente. La participación institucional puede obligar a cualquier partido a transformar consignas en políticas concretas, pero también puede proporcionarle una plataforma de promoción, recursos y legitimidad adicionales. Por eso, más que recurrir a una fórmula universal, la cuestión exige analizar, caso por caso, qué consecuencias producen la cooperación y el aislamiento.

En realidad, el desafío principal para los partidos democráticos radica en recuperar su capacidad para ofrecer respuestas convincentes a los ciudadanos que sienten que las instituciones tradicionales ya no escuchan sus preocupaciones.

La AfD ha sabido explotar cuestiones como inmigración, seguridad, identidad nacional, coste de la energía, deterioro económico y desconfianza hacia las élites. Su fuerza no procede únicamente de un programa político; también reside en una determinada manera de comunicarse. Mensajes breves, indignación, identificación emocional con el ciudadano y una presencia constante en las redes sociales forman parte de su estrategia.

La democracia liberal, acostumbrada a expresarse mediante procedimientos, argumentos y compromisos institucionales, se encuentra así ante un adversario que disputa también el territorio de las emociones.

De ahí que la defensa de la democracia alemana tenga que desarrollarse en dos planos simultáneos. El primero es jurídico: independencia judicial, neutralidad administrativa, respeto de los derechos fundamentales, protección de las minorías y aplicación rigurosa de la Constitución. El segundo es político: capacidad para gobernar, explicar, escuchar y ofrecer soluciones.

Europa debería observar atentamente este proceso. Alemania no es solamente una democracia nacional sometida a una tensión interna. Es la principal economía de la Unión Europea y uno de sus centros políticos. Lo que ocurra allí afectará inevitablemente al equilibrio europeo.

La cuestión de fondo es incómoda pero a la vez esencial: una democracia no se salva únicamente prohibiendo aquello que la amenaza o tolerando lo que puede erosionarla. Se preserva haciendo funcionar sus instituciones y, al mismo tiempo, demostrando que el pluralismo, el Estado de derecho y la libertad siguen siendo capaces de responder a los problemas reales de los ciudadanos.

En definitiva, la batalla no se libra solo en los parlamentos, debe activarse adicionalmente en la sociedad: en las calles, en las escuelas, en los medios y en las redes. Una democracia que quiere defenderse necesita leyes firmes, pero requiere ante todo ciudadanos que sigan encontrando razones para defenderla.

Los confines del estado del bienestar

Existen lugares que la sociedad prefiere no mirar. Las residencias de mayores son uno de ellos. No porque en ellas ocurra necesariamente algo excepcional, sino porque condensan una verdad incómoda sobre las sociedades envejecidas: cuando la autonomía desaparece, el cuerpo se hace dependiente y la familia deja de poder cuidar, con lo que la calidad de vida pasa a depender casi por completo de una institución. Y esta, demasiado a menudo, funciona al límite de sus posibilidades.

España dispone de unas 401.644 plazas en centros residenciales, según los datos del Imserso correspondientes a 2024-2025. De ellas, el 71,6% son de financiación pública y el 28,4% privada, aunque cabe precisar que financiación pública no equivale necesariamente a gestión pública. La cobertura residencial nacional se sitúa en alrededor de 3,95 plazas por cada cien personas mayores de 65 años. Sin embargo, la cifra oculta enormes diferencias territoriales y, sobre todo, una dimensión política fundamental: la residencia no es un lujo de carácter privado, sino una pieza cada vez más necesaria del Estado social.

Es una buena noticia que la necesaria reforma de las leyes de dependencia y de discapacidad haya sido aprobada recientemente por el Congreso. Para materializarla, la Cámara baja ha dado luz verde a un tercio de los más de sesenta cambios propuestos por la oposición. Ambas leyes buscan dar autonomía a los usuarios y que puedan elegir dónde y cómo ser cuidados, incluyendo su propia casa, su barrio o su pueblo. Para ello, se refuerzan las atenciones en el hogar, se crean nuevos servicios y se modifican otros existentes. También se eliminan trabas burocráticas y se reducen los plazos legales para ser atendidos. Veremos en qué queda la implementación de estas importantes medidas.

Porque el principal problema se plantea —y así seguirá sucediendo— cuando la demanda supera a la oferta, que es lo que ocurre habitualmente. Las listas de espera convierten la necesidad en una forma de poder. Allí donde conseguir una plaza pública o concertada resulta difícil, las familias no tienen otra opción que someterse a la lógica del mercado, que les impone aceptar el precio, las condiciones y el centro que se les ofrece. De ese modo, la insuficiencia de la oferta pública produce una paradoja inquietante. Una institución que debería proteger a las personas dependientes puede acabar otorgando una posición de privilegio a quienes disponen de una plaza —o del dinero para pagarla— frente a quienes no les queda otra alternativa que esperar. 

La residencia contemporánea se parece cada vez menos al antiguo asilo de jubilados autónomos. Quien entra hoy en una de ellas suele hacerlo con sus capacidades muy mermadas, si es que no han desaparecido casi por completo. Conviven personas con deterioro cognitivo, demencias, enfermedad de Alzheimer, Parkinson, pluripatologías, movilidad muy limitada o inexistente, problemas neurológicos, dificultades de comunicación, incontinencia, fragilidad extrema o necesidad permanente de ayuda para comer, asearse, levantarse o acostarse. Muchas necesitan supervisión prácticamente continua. El resultado es una concentración extraordinaria de dependencia. El 75,5% de las personas usuarias de los servicios residenciales tiene más de 80 años y cerca del 69% son mujeres.

Todo ello afecta radicalmente a las necesidades materiales de una residencia. No basta con disponer de habitaciones, comedor y televisión. Se necesita tiempo humano para levantar a alguien de la cama, para convencerle de que coma, para cambiar un pañal, para escuchar a quien ya no encuentra las palabras, para detectar una infección antes de que se convierta en urgencia, para acompañar a quien se ha caído o tranquilizar al que está desorientado. El recurso más valioso no son, por tanto, las camas disponibles sino el tiempo profesional efectivo.

Entre otras, los déficits de plantilla tienen una consecuencia que rara vez aparece en las estadísticas: la aceleración de la vida. Es decir, equivalen a comer deprisa, ducharse deprisa, levantarse deprisa, vestirse deprisa, administrar medicación deprisa, cambiar los absorbentes deprisa... Y pasar al siguiente residente o a la sucesiva actividad.

El pasado mes de agosto, trabajadores y organizaciones profesionales denunciaron situaciones extremas en algunas residencias madrileñas, con turnos nocturnos en los que un único enfermero es responsable de cientos de residentes. Más allá de la excepcionalidad de este y otros casos, el episodio ilustra un problema estructural: las ratios formales de plantilla pueden ocultar la realidad cotidiana de bajas, vacaciones, permisos y puestos sin cubrir.

El Defensor del Pueblo lleva años señalando precisamente esta dimensión estructural, que alude a la insuficiencia de medios y de personal, problemas en la atención sanitaria, así como a la alimentación, higiene, limpieza, formación y condiciones laborales. No se trata, por tanto, de una nueva denuncia ni de una sucesión de incidentes aislados. La realidad nos situa frente a la doble contingencia de que los residentes pueden recibir menos cuidados de los que necesitan, mientras quienes los cuidan quizá  trabajan así mismo en condiciones que tampoco respetan su dignidad laboral.

Hay un caudal enorme de trabajo invisible en los cuidados. Auxiliares de geriatría, enfermeras, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, médicos, psicólogos, trabajadores sociales, personal de limpieza, cocina y mantenimiento. sostienen diariamente a un sistema extraordinariamente exigente. Es incontestable que una parte importante de ese trabajo requiere vocación. Pero la vocación no puede convertirse en una coartada para retribuir menos, exigir más y normalizar el agotamiento.

El cuidado de una persona inmóvil no es un trabajo menor. Girar un cuerpo varias veces al día, levantarlo, lavarlo, alimentarlo, cambiarlo, trasladarlo y observar sus signos clínicos exige preparación, fuerza física y responsabilidad. Cuidar a una persona con demencia requiere, además, competencias emocionales y cognitivas difíciles de medir,  cuantificar y poseer.

Cuando faltan trabajadores, el sistema sobrecarga precisamente a quienes permanecen. Aparecen así el cansancio, la rotación, las bajas y las dificultades para contratar. Y el círculo vuelve a cerrarse: peores condiciones laborales generan más dificultad para atraer profesionales; por otro lado, la precariedad de las plantillas genera condiciones de trabajo más gravosas.

La alimentación revela especialmente la tensión entre economía y cuidados. No se trata simplemente de que se ofrezca un menú bueno o malo. Para muchas personas dependientes comer puede llegar a ser una intervención sanitaria, pues exige textura adecuada, suficiente proteína, hidratación, variedad, adaptación a patologías, supervisión y tiempo.

Los informes de algunas defensorías autonómicas han reportado quejas sobre la insuficiencia o baja calidad nutricional de los menús, además de problemas relacionados con la higiene, hidratación, cambios de absorbentes, atención nocturna o pérdida de peso.

Racaneando en los recursos alimenticios, las dotaciones de personal o los equipamientos seguro que se logra un ahorro contable. Pero el coste reaparece en diferido en forma de desnutrición, infecciones, caídas, hospitalizaciones o deterioro funcional. La economía de los cuidados tiene esa particularidad: a corto y medio plazo lo barato puede resultar extraordinariamente caro.

Adicionalmente, existe una cuestión de carácter político que admite poca discusión: la escasez genera privilegio. Cuando miles de personas esperan una plaza pública, quienes finalmente la consiguen acceden a un recurso escaso cuyo valor económico y social es enorme. En Madrid, por ejemplo, en agosto de 2026 se contabilizaban más de 3.000 personas esperando una plaza residencial pública. Y debe añadirse que esta es una parcela más de las muchas integradas en el conjunto mayor de los ciudadanos pendientes del acceso a distintos servicios de atención a la dependencia. 

La residencia se convierte así en una frontera. A un lado están quienes han conseguido protección institucional; al otro, quienes continúan al cargo de familiares exhaustos, cuidadores privados o de un mercado cuyos precios resultan prohibitivos. La paradoja es evidente: cuanto más envejece la sociedad, más necesaria es la atención residencial; y cuanto más necesaria se vuelve, mayor debería ser la intervención pública para impedir que se transforme en una herramienta para discriminar.

Evidentemente, no todo puede reducirse al número de plazas o a las instalaciones disponibles. Una residencia nueva, luminosa y perfectamente equipada puede ser un lugar inhóspito si carece de suficientes trabajadores. La arquitectura importa, la accesibilidad importa, las habitaciones importan, los jardines importan... Pero lo que importa por encima de todo es la relación humana.

Una residencia digna debería parecerse menos a una institución y más a un pequeño territorio habitado por unidades reducidas, con espacios domésticos, autonomía real, contacto con el exterior, actividades significativas, privacidad y participación de las familias... Y también debería garantizar una idea elemental: la dependencia no elimina la ciudadanía. 

La persona que ya no puede caminar sigue teniendo derecho a decidir qué quiere comer. La que no puede hablar sigue teniendo derecho a ser escuchada. La que ha perdido la memoria sigue teniendo derecho a conservar su identidad. La que necesita ayuda para ducharse sigue teniendo derecho a la intimidad.

El envejecimiento de los europeos plantea una cuestión que ningún sistema sanitario puede resolver por sí solo. No estamos ante un problema médico, sino frente a una transformación social. La residencia es el lugar en que una sociedad revela cuánto está dispuesta a invertir en quienes ya no producen, consumen poco y necesitan que otros hagan casi todo por ellos. 

Por eso, el verdadero indicador cualitativo del funcionamiento de una residencia no se limita a la tasa de ocupación, a la superficie construida o al número de actividades programadas. Deberíamos preguntar cuánto tiempo dispone cada trabajador para cada residente; cuánto cobra quien realiza los cuidados directos; cuántas bajas quedan sin cubrir; cuánto se dedica realmente a alimentación y rehabilitación; cuántas horas permanece una persona sola; cuántas decisiones puede seguir tomando...

El Defensor del Pueblo ha advertido reiteradamente de que la atención residencial necesita una revisión profunda y de que los servicios deben garantizar derechos fundamentales, atención sanitaria, alimentación, higiene, seguridad y condiciones laborales dignas.

En último término, la cuestión no es cuánto cuesta una plaza residencial. La pregunta políticamente relevante es cuánto estamos dispuestos a pagar para que la última etapa de la vida de los ciudadanos no quede sometida a la lógica del mínimo coste. Porque una sociedad envejecida tiene una obligación que no puede delegar completamente en las familias ni en las empresas: garantizar que alcanzar la dependencia no equivale a perder la dignidad. 

Y quizá esa sea la prueba más exigente para cualquier Estado del bienestar: no tanto acreditar la adecuada atención a quienes pueden valerse por sí mismos, como asegurar lo que exige cuidar a quienes ya no pueden hacerlo.