Los confines del estado del bienestar

Existen lugares que la sociedad prefiere no mirar. Las residencias de mayores son uno de ellos. No porque en ellas ocurra necesariamente algo excepcional, sino porque condensan una verdad incómoda sobre las sociedades envejecidas: cuando la autonomía desaparece, el cuerpo se hace dependiente y la familia deja de poder cuidar, con lo que la calidad de vida pasa a depender casi por completo de una institución. Y esta, demasiado a menudo, funciona al límite de sus posibilidades.

España dispone de unas 401.644 plazas en centros residenciales, según los datos del Imserso correspondientes a 2024-2025. De ellas, el 71,6% son de financiación pública y el 28,4% privada, aunque cabe precisar que financiación pública no equivale necesariamente a gestión pública. La cobertura residencial nacional se sitúa en alrededor de 3,95 plazas por cada cien personas mayores de 65 años. Sin embargo, la cifra oculta enormes diferencias territoriales y, sobre todo, una dimensión política fundamental: la residencia no es un lujo de carácter privado, sino una pieza cada vez más necesaria del Estado social.

Es una buena noticia que la necesaria reforma de las leyes de dependencia y de discapacidad haya sido aprobada recientemente por el Congreso. Para materializarla, la Cámara baja ha dado luz verde a un tercio de los más de sesenta cambios propuestos por la oposición. Ambas leyes buscan dar autonomía a los usuarios y que puedan elegir dónde y cómo ser cuidados, incluyendo su propia casa, su barrio o su pueblo. Para ello, se refuerzan las atenciones en el hogar, se crean nuevos servicios y se modifican otros existentes. También se eliminan trabas burocráticas y se reducen los plazos legales para ser atendidos. Veremos en qué queda la implementación de estas importantes medidas.

Porque el principal problema se plantea —y así seguirá sucediendo— cuando la demanda supera a la oferta, que es lo que ocurre habitualmente. Las listas de espera convierten la necesidad en una forma de poder. Allí donde conseguir una plaza pública o concertada resulta difícil, las familias no tienen otra opción que someterse a la lógica del mercado, que les impone aceptar el precio, las condiciones y el centro que se les ofrece. De ese modo, la insuficiencia de la oferta pública produce una paradoja inquietante. Una institución que debería proteger a las personas dependientes puede acabar otorgando una posición de privilegio a quienes disponen de una plaza —o del dinero para pagarla— frente a quienes no les queda otra alternativa que esperar. 

La residencia contemporánea se parece cada vez menos al antiguo asilo de jubilados autónomos. Quien entra hoy en una de ellas suele hacerlo con sus capacidades muy mermadas, si es que no han desaparecido casi por completo. Conviven personas con deterioro cognitivo, demencias, enfermedad de Alzheimer, Parkinson, pluripatologías, movilidad muy limitada o inexistente, problemas neurológicos, dificultades de comunicación, incontinencia, fragilidad extrema o necesidad permanente de ayuda para comer, asearse, levantarse o acostarse. Muchas necesitan supervisión prácticamente continua. El resultado es una concentración extraordinaria de dependencia. El 75,5% de las personas usuarias de los servicios residenciales tiene más de 80 años y cerca del 69% son mujeres.

Todo ello afecta radicalmente a las necesidades materiales de una residencia. No basta con disponer de habitaciones, comedor y televisión. Se necesita tiempo humano para levantar a alguien de la cama, para convencerle de que coma, para cambiar un pañal, para escuchar a quien ya no encuentra las palabras, para detectar una infección antes de que se convierta en urgencia, para acompañar a quien se ha caído o tranquilizar al que está desorientado. El recurso más valioso no son, por tanto, las camas disponibles sino el tiempo profesional efectivo.

Entre otras, los déficits de plantilla tienen una consecuencia que rara vez aparece en las estadísticas: la aceleración de la vida. Es decir, equivalen a comer deprisa, ducharse deprisa, levantarse deprisa, vestirse deprisa, administrar medicación deprisa, cambiar los absorbentes deprisa... Y pasar al siguiente residente o a la sucesiva actividad.

El pasado mes de agosto, trabajadores y organizaciones profesionales denunciaron situaciones extremas en algunas residencias madrileñas, con turnos nocturnos en los que un único enfermero es responsable de cientos de residentes. Más allá de la excepcionalidad de este y otros casos, el episodio ilustra un problema estructural: las ratios formales de plantilla pueden ocultar la realidad cotidiana de bajas, vacaciones, permisos y puestos sin cubrir.

El Defensor del Pueblo lleva años señalando precisamente esta dimensión estructural, que alude a la insuficiencia de medios y de personal, problemas en la atención sanitaria, así como a la alimentación, higiene, limpieza, formación y condiciones laborales. No se trata, por tanto, de una nueva denuncia ni de una sucesión de incidentes aislados. La realidad nos situa frente a la doble contingencia de que los residentes pueden recibir menos cuidados de los que necesitan, mientras quienes los cuidan quizá  trabajan así mismo en condiciones que tampoco respetan su dignidad laboral.

Hay un caudal enorme de trabajo invisible en los cuidados. Auxiliares de geriatría, enfermeras, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, médicos, psicólogos, trabajadores sociales, personal de limpieza, cocina y mantenimiento. sostienen diariamente a un sistema extraordinariamente exigente. Es incontestable que una parte importante de ese trabajo requiere vocación. Pero la vocación no puede convertirse en una coartada para retribuir menos, exigir más y normalizar el agotamiento.

El cuidado de una persona inmóvil no es un trabajo menor. Girar un cuerpo varias veces al día, levantarlo, lavarlo, alimentarlo, cambiarlo, trasladarlo y observar sus signos clínicos exige preparación, fuerza física y responsabilidad. Cuidar a una persona con demencia requiere, además, competencias emocionales y cognitivas difíciles de medir,  cuantificar y poseer.

Cuando faltan trabajadores, el sistema sobrecarga precisamente a quienes permanecen. Aparecen así el cansancio, la rotación, las bajas y las dificultades para contratar. Y el círculo vuelve a cerrarse: peores condiciones laborales generan más dificultad para atraer profesionales; por otro lado, la precariedad de las plantillas genera condiciones de trabajo más gravosas.

La alimentación revela especialmente la tensión entre economía y cuidados. No se trata simplemente de que se ofrezca un menú bueno o malo. Para muchas personas dependientes comer puede llegar a ser una intervención sanitaria, pues exige textura adecuada, suficiente proteína, hidratación, variedad, adaptación a patologías, supervisión y tiempo.

Los informes de algunas defensorías autonómicas han reportado quejas sobre la insuficiencia o baja calidad nutricional de los menús, además de problemas relacionados con la higiene, hidratación, cambios de absorbentes, atención nocturna o pérdida de peso.

Racaneando en los recursos alimenticios, las dotaciones de personal o los equipamientos seguro que se logra un ahorro contable. Pero el coste reaparece en diferido en forma de desnutrición, infecciones, caídas, hospitalizaciones o deterioro funcional. La economía de los cuidados tiene esa particularidad: a corto y medio plazo lo barato puede resultar extraordinariamente caro.

Adicionalmente, existe una cuestión de carácter político que admite poca discusión: la escasez genera privilegio. Cuando miles de personas esperan una plaza pública, quienes finalmente la consiguen acceden a un recurso escaso cuyo valor económico y social es enorme. En Madrid, por ejemplo, en agosto de 2026 se contabilizaban más de 3.000 personas esperando una plaza residencial pública. Y debe añadirse que esta es una parcela más de las muchas integradas en el conjunto mayor de los ciudadanos pendientes del acceso a distintos servicios de atención a la dependencia. 

La residencia se convierte así en una frontera. A un lado están quienes han conseguido protección institucional; al otro, quienes continúan al cargo de familiares exhaustos, cuidadores privados o de un mercado cuyos precios resultan prohibitivos. La paradoja es evidente: cuanto más envejece la sociedad, más necesaria es la atención residencial; y cuanto más necesaria se vuelve, mayor debería ser la intervención pública para impedir que se transforme en una herramienta para discriminar.

Evidentemente, no todo puede reducirse al número de plazas o a las instalaciones disponibles. Una residencia nueva, luminosa y perfectamente equipada puede ser un lugar inhóspito si carece de suficientes trabajadores. La arquitectura importa, la accesibilidad importa, las habitaciones importan, los jardines importan... Pero lo que importa por encima de todo es la relación humana.

Una residencia digna debería parecerse menos a una institución y más a un pequeño territorio habitado por unidades reducidas, con espacios domésticos, autonomía real, contacto con el exterior, actividades significativas, privacidad y participación de las familias... Y también debería garantizar una idea elemental: la dependencia no elimina la ciudadanía. 

La persona que ya no puede caminar sigue teniendo derecho a decidir qué quiere comer. La que no puede hablar sigue teniendo derecho a ser escuchada. La que ha perdido la memoria sigue teniendo derecho a conservar su identidad. La que necesita ayuda para ducharse sigue teniendo derecho a la intimidad.

El envejecimiento de los europeos plantea una cuestión que ningún sistema sanitario puede resolver por sí solo. No estamos ante un problema médico, sino frente a una transformación social. La residencia es el lugar en que una sociedad revela cuánto está dispuesta a invertir en quienes ya no producen, consumen poco y necesitan que otros hagan casi todo por ellos. 

Por eso, el verdadero indicador cualitativo del funcionamiento de una residencia no se limita a la tasa de ocupación, a la superficie construida o al número de actividades programadas. Deberíamos preguntar cuánto tiempo dispone cada trabajador para cada residente; cuánto cobra quien realiza los cuidados directos; cuántas bajas quedan sin cubrir; cuánto se dedica realmente a alimentación y rehabilitación; cuántas horas permanece una persona sola; cuántas decisiones puede seguir tomando...

El Defensor del Pueblo ha advertido reiteradamente de que la atención residencial necesita una revisión profunda y de que los servicios deben garantizar derechos fundamentales, atención sanitaria, alimentación, higiene, seguridad y condiciones laborales dignas.

En último término, la cuestión no es cuánto cuesta una plaza residencial. La pregunta políticamente relevante es cuánto estamos dispuestos a pagar para que la última etapa de la vida de los ciudadanos no quede sometida a la lógica del mínimo coste. Porque una sociedad envejecida tiene una obligación que no puede delegar completamente en las familias ni en las empresas: garantizar que alcanzar la dependencia no equivale a perder la dignidad. 

Y quizá esa sea la prueba más exigente para cualquier Estado del bienestar: no tanto acreditar la adecuada atención a quienes pueden valerse por sí mismos, como asegurar lo que exige cuidar a quienes ya no pueden hacerlo.