Durante décadas, el progreso ha sido una promesa convincente; cabía aceptar los sacrificios de hoy para lograr un mañana mejor. Ese fue el fundamento del Estado social europeo y de buena parte de la cultura democrática. Hoy, esa promesa se ha desvanecido en gran medida. Por primera vez en muchos años, amplios sectores sociales dudan de que sus vidas mejoren en el futuro y, con ese recelo, se aferran al presente pese a que casi sea indefendible.
Las consecuencias están a la vista: rechazo masivo a las políticas climáticas, resistencia a las reformas estructurales, auge de los discursos reivindicativos de una supuesta vuelta a la «normalidad»... En cierto modo, la política se ha convertido en una especie de confrontación entre quienes apoyan las transformaciones profundas que exige el mundo global y una ciudadanía exhausta a la que se ha pedido que resista más de lo que es razonable.
Cuando la política exige abandonar prácticas arraigadas sin ofrecer alternativas claras y seguras, la resistencia al cambio resulta inevitable. Lo que se percibe como amenaza a un determinado modo de vida produce mucha más movilización que cualquier magazine o campaña de concienciación sobre el control de las emisiones o la preservación de la biodiversidad. Hechos bastante recientes apoyan esta constatación. Ahí están, por ejemplo, el movimiento de los chalecos amarillos en Francia poniendo cara a la sublevación contra la subida del diésel; el MAGA en Estados Unidos convirtiendo la defensa del carbón o del automóvil en una batalla cultural; o las protestas de los agricultores europeos señalando a Bruselas como la amenaza para su modo de vida. Lo que hay detrás de estos comportamientos no es solo la estricta razón económica, sino también factores identitarios. El coche no es exclusivamente transporte, significa autonomía. La carne, además de consumo, representa tradición y pertenencia. La explotación agrícola, más allá de ser un proceso productivo, asegura la continuidad familiar y territorial.
Por otra parte, los discursos institucionales reiteran machaconamente que las transformaciones —climática, digital, fiscal— son inevitables. Eso sí, eluden la pregunta esencial, ¿quiénes las pagarán? Olvidan que, desde 2008, cada vez más ciudadanos perciben que la lógica de la gestión de las crisis ha sido análoga, consistiendo en salvar al sistema a base de repercutir los sacrificios requeridos en los ciudadanos. Los resultados de esas políticas son archiconocidos: recortes, precarización laboral, restricciones de la movilidad, privatizaciones camufladas como exigencias de la eficiencia… Y, entretanto, las grandes corporaciones batiendo récords de beneficios. Todo ello traslada a la ciudadanía un patrón claro de actuación: «Cuando hay costes, se socializan, y cuando hay beneficios, se privatizan».
La interiorización de esa formidable injusticia explica en buena medida la seducción que producen los discursos de quienes prometen «libertad sin obligaciones». La extrema derecha ha entendido mejor que nadie esta fractura emocional y ofrece conservarlo todo sin cambiar nada. Obviamente, ello es radicalmente falso por imposible, pero tiene una apariencia muy confortable.
En el pasado, la política tradicional ha funcionado sustentándose en la expectativa intergeneracional que resume la frase «tus hijos vivirán mejor que tú». Hace años que esa sentencia perdió su sentido. De hecho, el acceso a la vivienda ha pasado de ser derecho a significar un privilegio, la movilidad laboral no asegura estabilidad alguna y las pensiones suponen un interrogante creciente en lugar de horizonte tranquilizador. Ante ello, se impone una reflexión inevitable: «Si el futuro no compensa, ¿por qué sacrificarle el presente?».
Reconstruir un futuro creíble no es una estricta cuestión técnica ni económica; es, además, un asunto emocional y político con alternativas que deben considerarse.
En primer lugar, las transiciones deberían hacerse con justicia, distribuyendo el esfuerzo equitativamente entre los actores concernidos. Ninguna agenda climática o digital prosperará si su coste recae fundamentalmente en quienes tienen menor capacidad de asumirlo. Por tanto, cualquiera de estos procesos debe ir acompañado de medidas compensatorias, como por ejemplo los cheques climáticos para hogares vulnerables financiados con impuestos verdes progresivos, los planes de reconversión laboral para los sectores en crisis, la eliminación de los subsidios encubiertos a los combustibles fósiles... La regla fundamental debería ser que la transición energética no puede pagarse esencialmente con los salarios de los trabajadores, sino alternativamente con el beneficio que obtienen quienes contaminan.
En segundo lugar, si se pretende que tengan apoyo social, las transformaciones ecológicas deben mejorar la vida actual de los ciudadanos, no solo la que les espera dentro de veinte años. La política climática será popular cuando deje de sonar a renuncia.
En tercer lugar, es imprescindible favorecer la participación para que se acepte la transición. Actualmente, el debate lo controlan tecnócratas y lobbies. La ciudadanía únicamente aparece al final del proceso, siempre como sujeto de obligaciones. Si se pretende implicar a la sociedad en las transformaciones, deben activarse medidas como las asambleas ciudadanas vinculantes sobre energía, vivienda y movilidad, generar presupuestos municipales participativos centrados en la resiliencia climática o favorecer cooperativas energéticas vecinales que trasladen a los ciudadanos beneficios directos de las renovables.
Así pues, no estamos frente a un asunto de naturaleza pedagógica, sino de poder. El desafío de devolver al futuro su calidad de promesa es una cuestión esencialmente política. Este país debe seguir defendiendo, como lo hizo en el pasado, la modernización y el europeísmo. Aunque hoy, tanto el proyecto europeo como el español necesitan recuperar algo más básico, como lo es la capacidad de ofrecer esperanza. No basta con advertir del desastre que vendrá; hay que imaginar y explicar el bienestar que se puede lograr. Porque, dejémoslo claro, la gente no se moviliza para evitar pérdidas, sino para conquistar oportunidades. Si la política no devuelve su atractivo al futuro, el presente —por insostenible que sea— seguirá ganando. Y, al final, perderemos todos.
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