La paradoja de la dependencia migrante

En las últimas décadas, en el tristemente célebre municipio de Torre Pacheco (Región de Murcia), se viene produciendo una de las paradojas más crudas del modelo económico español contemporáneo. Una sociedad que depende casi por completo del trabajo migrante, sorprendentemente, ve crecer en ella el racismo con una pujanza y celeridad inusitadas. Más allá de que a primera vista podría parecer una contradicción cultural o moral, lo que realmente significa, en mi opinión, es la manifestación sintomática de un fenómeno mucho más profundo: el racismo; que no es solamente un asunto social o ideológico, sino, además, una herramienta funcional de la economía.

La realidad socioeconómica de este singular municipio ilustra meridianamente la paradoja. En conjunto, exporta cada año más de 160.000 toneladas de melón —la cuarta parte de la cosecha producida en España— generando beneficios millonarios. Esta fortaleza económica es inconcebible sin la aportación del trabajo de los migrantes, pues más del 90% de los trabajadores agrícolas son extranjeros (marroquíes, ecuatorianos, rumanos, dominicanos, indios...). Sin ellos, la viabilidad de la economía local es, sencillamente, nula.

Paradójicamente, tan significativa dependencia de los trabajadores foráneos no está acompañada de reconocimiento alguno, ni de iniciativas para su inclusión. Al contrario, el reciente ascenso de fuerzas políticas radicales, como Vox, ha hecho crecer la retórica del odio y la exclusión. Paulino Ros, periodista en Onda Regional de Murcia y profesor de Sociología en la UNED, especialista en temas migratorios, lo resume con una frase lapidaria: «Estamos recogiendo los frutos del odio que otros han sembrado». A pesar de que la criminalidad en Torre Pacheco está por debajo de la media regional, la percepción del migrante como amenaza no deja de extenderse.

Obviamente, la pregunta que cabe formularse es: ¿Cómo es posible semejante divorcio entre la realidad económica y el discurso social? En mi opinión, la respuesta está en la función del racismo en el modelo productivo. La agricultura intensiva necesita mano de obra abundante, barata y sin derechos. El migrante responde paradigmáticamente a ese rol, pero para que esa desigualdad se sostenga y perpetúe, debe estar acompañada de una exclusión simbólica. Es decir, se permite la presencia física del migrante, pero se niega su participación social. O dicho de otro modo, se le necesita, pero no se le quiere.

Esto da lugar a lo que algunos vecinos describen como una «convivencia de conveniencia». No hay integración real, sino una tolerancia precaria basada en la utilidad económica. Además de injusta, esa relación es profundamente inestable. Cuando las condiciones cambian mínimamente, bien como consecuencia de una crisis, un discurso populista o una campaña electoral, el pacto se rompe y la figura del migrante emerge como chivo expiatorio. Es, entonces, cuando se evidencia que el racismo no es solo una expresión de prejuicios, sino una forma de organizar el trabajo y justificar la desigualdad.

El modelo económico agrario no solo reproduce esta segmentación, sino que la necesita. Torre Pacheco conjuga una de las tasas de desempleo más bajas de la región (7,2%) con uno de los índices de pobreza más altos: uno de cada dos habitantes vive con la mitad de ingresos que el resto de los murcianos. Dicho de otro modo: la desigualdad está naturalizada y el migrante ocupa el escalón más bajo, muchas veces en condiciones de semiesclavitud laboral.

El silencio de los grandes propietarios agrícolas respecto a los episodios de xenofobia es tan atronador como revelador. Ninguno se ha manifestado públicamente en contra del odio racial. Saben que sin esa mano de obra no podrían obtener sus cosechas, pero no están dispuestos a poner en cuestión un sistema que les beneficia. Un agricultor foráneo resume el problema descarnadamente: «Que vengan ellos, los tatuados de la banderita, a ver cuánto aguantan haciendo lo que hacemos nosotros». Una sentencia que, a su vez, resume la dignidad del migrante, basada en su capacidad para resistir el calor, la fatiga y la precariedad.

Quienes ya tenemos años, con poco que reflexionemos, recordaremos que esta situación no es novedosa. Desde los años 80, primero con jornaleros andaluces y manchegos; y después con migrantes del Magreb, Torre Pacheco y otros muchos lugares (Almería, Huelva, Lérida...) han sido enclaves de atracción laboral. Muchos se asentaron en ellos, compraron casas y escolarizaron a sus hijos. Pero incluso así, la inclusión ha sido mínima. A pesar de su dilatada y significativa aportación al desarrollo de los municipios, las comunidades migrantes siguen sin representación política, con escaso acceso a vivienda digna o a los servicios sociales, y enfrentan un racismo cotidiano que se invisibiliza bajo una supuesta «normalidad».

Frente a esta realidad, es urgente dejar de enfocar el racismo como un fenómeno únicamente cultural o moral. Hay que entenderlo además como factor que influye manifiestamente en la economía política, pues se trata de una tecnología de poder que permite explotar cuerpos sin derechos, mantener salarios bajos y evitar conflictos laborales. En suma, sirve a los intereses de quienes controlan la producción y divide a quienes la sostienen.

Por tanto, la lucha contra el racismo no puede limitarse a campañas de sensibilización o a determinadas actividades educativas. Requiere transformar las estructuras que lo hacen rentable, lo que significa regular el empleo agrícola, garantizar derechos laborales plenos para todos los trabajadores, redistribuir la riqueza que genera el campo y abrir espacios reales de participación para las comunidades migrantes.

Afortunadamente, Torre Pacheco no ha llegado a ser lo que fue El Ejido veinticinco años atrás, pero podría serlo en el futuro. Y no por el odio espontáneo de sus vecinos, sino por las condiciones materiales que lo hacen posible. Mientras el racismo siga siendo útil al sistema, seguirá floreciendo. Aunque las tierras sean fértiles para otras cosas.