Reflexiones de un activista casi septuagenario.

          Hoy, 1 de abril, día de la victoria para algunos 

y onomástica del oprobio para la mayoría.

Dicen los entendidos que nada mejor para mantenerse en forma que entrenar la salud física, intelectual y emocional. Médicos de familia, psicólogos, endocrinólogos, cardiólogos, todo tipo de especialistas recomiendan la actividad como medio para gozar de una vejez plena, productiva y satisfactoria. Uno, aunque se ha hecho mayor, sigue razonablemente activo y, quizá por ello, todavía no ha logrado interiorizar la disciplina genuina ni tampoco ha alcanzado el deseable estado de la templanza. Sin embargo, intenta atender las recomendaciones de las gentes sensatas y se esfuerza razonablemente en practicarlas aunque no siempre lo consigue.

En tal sentido, una de las tareas que me autoimpuse hace ocho o nueve años, poco tiempo después de alcanzar la condición de jubilado, fue cooperar en el ámbito de la memoria histórica y democrática. Una causa casi absolutamente desatendida durante décadas y, tal vez por ello, bastante perdida. Y por lo que se vislumbra parece que continuará extraviada muchos lustros más. Cualquier persona que se haya aproximado tangencialmente a tan lacerante realidad sabe que en nuestro país, más allá del interés que ha despertado y concita entre algunos familiares de las víctimas de la Guerra Civil y la posterior dictadura, y entre ciertos colectivos, entidades y actores sociales, es asunto todavía «delicado», que en ocasiones sigue siendo tabú. De ahí que unos lo aborden con melindrosa anuencia, en tanto que otros lo repudian abruptamente, despachándolo con improperios y mentiras interesadas, despreciando y negando hechos y constataciones incontrovertibles que perjudican sus intereses.

En el mejor de los casos, el acercamiento positivo a la problemática a que aludo —porque el negativo no existe, pues lo encarnan el ninguneo, el desprecio y el silencio interesado— se circunscribe a las grandes declaraciones y proclamas (metamorfoseadas en leyes frecuentemente huérfanas de dotación presupuestaria, que es lo mismo que decir carentes de efectividad), a los discursos emocionales y bienintencionados (habitualmente circunstanciales y de exigüísima trascendencia) y a algunas resoluciones administrativas que acostumbran a coger el rábano por las hojas propiciando pequeños logros, como la eliminación de los vestigios de la Dictadura (algunos, no todos), la concesión de subvenciones cicateras e inicuas a asociaciones y entidades que promueven la memoria democrática con agotador e inextinguible esfuerzo, y poco más. En España queda casi todo por hacer para lograr la inasible finalidad que reivindican y exigen las resoluciones de las Naciones Unidas y resumen los términos verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición de los crímenes de lesa humanidad.

Los grandes propósitos de las Naciones Unidas y de otros foros internacionales relativos a la necesidad de asegurar en todos los países el conocimiento de la verdad, garantizar la justicia y la reparación a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos y de los delitos contra la humanidad, se quedan generalmente en declaraciones grandilocuentes, en los enfáticos propósitos que recogen los medios de comunicación o en los textos que incluyen los acuerdos de las grandes conferencias; y poco más. En la inmensa mayoría de los países, el día a día de la actividad política y administrativa, la tarea legislativa de sus parlamentos, refleja timidísimamente, en el mejor de los casos, las sensibilidades expresadas a nivel formal o teórico, que raramente se concretan en resoluciones legislativas o administrativas que hagan realidad esas ampulosas declaraciones.

Hoy por hoy, con el trabajo en el ámbito de la memoria histórica y democrática solo se puede aspirar a lograr pequeños avances a base de patear incansablemente un territorio complejo y difícil, tarea que en ocasiones resulta extenuante y descorazonadora. Más si cabe desde la perspectiva de quienes pertenecemos a organizaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, con escasos o ningún recurso, y por tanto inermes para promover y emprender iniciativas necesarias. Casi no nos queda otra alternativa que acudir a la vía de las subvenciones y de las ayudas públicas, que son siempre insuficientes y de acceso tedioso y cicatero, pues constituyen subterfugios mediante los que las administraciones delegan espuriamente en los particulares iniciativas y gestiones que deberían ejercitar de oficio. A ello se suma el calvario que padecemos los esforzados sexagenarios y septuagenarios peleándonos desde nuestro analfabetismo digital con las plataformas y los certificados que las administraciones han instaurado como únicas vías para relacionarse con los administrados.

Pese a todo, ni las dificultades de toda índole, ni la mezquindad de los administradores, ni la ineptitud de quienes eluden sus responsabilidades atribuyéndolas torticeramente a quienes no les corresponden, ni otras nuevas amenazas y añagazas detendrán nuestro empeño, que es justo y necesario. Es inequívocamente justo y necesario que se conozca la verdad, que se haga justicia a las víctimas que han sufrido crímenes y violaciones de sus derechos fundamentales y que se reparen su memoria y el sufrimiento de sus familias y de los ciudadanos en general. Y tan cierto es que somos mayoritariamente viejos como que todavía conservamos resuello suficiente para alimentar la esperanza de lograr sociedades más justas y respetuosas con su historia y su memoria. La agenda que nos espera es larga y la sintetizan ajustadamente las Conclusiones del V Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Histórica y de Víctimas del Franquismo celebrado el 10 y el 24 de octubre de 2020. Ese es el horizonte para los próximos años. Puede consultarse el texto completo en:

https://comisioncivicalicante.wordpress.com/2020/12/18/conclusiones-del-v-encuentro-estatal-de-conclusiones-de-los-colectivos-de-memoria-historica-y-de-victimas-del-franquismo-sobre-el-proyecyo-de-ley-de-memoria-democratica-octubre-de-2020/