La cortesía como deber cívico

Vivimos una época paradójica. Nunca han existido tantos canales para comunicarnos y, sin embargo, pocas veces el debate público ha estado tan contaminado por la descalificación, el insulto y la agresividad. Frecuentemente, la política, que debería ser un espacio para la confrontación razonada de ideas, se convierte en un escenario donde el agravio sustituye al argumento y donde la humillación del adversario parece ofrecer más réditos que la fuerza de las razones.

El reciente episodio protagonizado por Donald Trump durante una entrevista televisiva con la periodista Kristen Welker constituye un ejemplo especialmente revelador de esta degradación. Incapaz de aceptar una pregunta crítica o una discrepancia fundamentada, el presidente estadounidense respondió con insultos, cuestionó la honestidad profesional de la entrevistadora y abandonó la conversación cuando esta se negó a validar afirmaciones carentes de pruebas. No se trata de un hecho aislado, sino de un comportamiento reiterado que ha afectado especialmente a mujeres periodistas y a políticas, a quienes con frecuencia ha dirigido expresiones despectivas, paternalistas o abiertamente ofensivas.

Más allá de las simpatías o antipatías que pueda suscitar cualquier dirigente, lo verdaderamente preocupante es el mensaje que transmiten sus conductas. Cuando una figura pública de evidente influencia sustituye la argumentación por el insulto, está contribuyendo a erosionar las bases de la convivencia democrática. La libertad de expresión no consiste en imponer la propia voz mediante la intimidación, sino en aceptar que los otros puedan discrepar y exponer razonadamente sus divergencias.

La urbanidad y la cortesía suelen presentarse como meras convenciones sociales, como ornamentos de la convivencia, que son prescindibles cuando las circunstancias la tensionan. Sin embargo, representan algo mucho más profundo. Son mecanismos culturales que permiten resolver pacíficamente los inevitables conflictos inherentes a toda sociedad libre. La buena educación actúa como un puente que hace posible el diálogo donde existen opiniones distintas, intereses contrapuestos o visiones incompatibles del mundo, evitando que la discrepancia desemboque en hostilidad.

La historia demuestra que las sociedades más prósperas y estables no han sido las que han pretendido que desaparezcan los desacuerdos, sino las que se han esforzado en desarrollar normas compartidas para resolverlos pacíficamente. Escuchar antes de responder, respetar los turnos de palabra, evitar la descalificación personal, reconocer la legitimidad del interlocutor o admitir la posibilidad de estar equivocado son comportamientos que no debilitan una determinada posición, sino que, por el contrario, la fortalecen. Porque la cortesía no es una señal de sumisión, sino una manifestación de autocontrol y madurez cívica.

Por ello resulta especialmente preocupante que quienes ocupan cargos de responsabilidad pública actúen de manera contraria. Los líderes políticos no solo gestionan instituciones, también influyen en la modulación de los comportamientos de los ciudadanos. Sus palabras y actitudes proyectan una marcada influencia sobre millones de ellos. Cuando un dirigente insulta a los periodistas, ridiculiza a sus adversarios o desprecia a quienes le contradicen, indirectamente, está legitimando esas mismas conductas en el conjunto de la sociedad. Y las consecuencias son visibles: las redes sociales se convierten en espacios de agresión permanente, los debates públicos degeneran en intercambios de descalificaciones, la sospecha sustituye a la confianza y el adversario pasa a ser considerado un enemigo. En ese clima, la posibilidad de alcanzar acuerdos se reduce drásticamente porque toda negociación exige un mínimo reconocimiento mutuo.

Pero la buena educación no debe confundirse con la renuncia a las convicciones. Es perfectamente compatible defender las ideas, denunciar las injusticias o combatir posiciones que se consideran erróneas sin recurrir al insulto o al menosprecio. Algunas de las figuras más influyentes de la historia lo fueron precisamente por su capacidad para proyectar una enorme firmeza intelectual, haciéndola concurrente con un profundo respeto hacia quienes pensaban de forma diferente.

En este sentido, la ciudadanía tiene una responsabilidad ineludible. No basta con exigir ejemplaridad a los gobernantes, cada persona participa diariamente en la construcción del clima moral de su comunidad. En la familia, en el trabajo, en los medios de comunicación, en las asociaciones o en las plataformas digitales, todos contribuimos a definir qué comportamientos consideramos aceptables y cuáles no. Así pues, la urbanidad no puede quedar reducida a una vieja y olvidada asignatura o a la nostalgia de tiempos pasados. Debe entenderse como una competencia esencial para la vida democrática. Respetar las normas de cortesía, escuchar antes de juzgar, tratar con dignidad a quien discrepa y rechazar el insulto como herramienta de discusión no son simples recomendaciones éticas. Son obligaciones cívicas indispensables para preservar la convivencia basada en la libertad y el respeto mutuo. Una democracia no se sostiene únicamente mediante leyes e instituciones, necesita también ciudadanos capaces de relacionarse entre sí con consideración y decencia.

Quizá por eso los episodios de agresividad verbal protagonizados por algunos líderes resultan tan inquietantes. No porque revelen deterioros individuales, sino porque cuestionan valores colectivos que han necesitado varias generaciones para consolidarse. Frente a la tentación de la grosería convertida en espectáculo, la sociedad debe reivindicar la cortesía como virtud pública. En última instancia, no se trata de una cuestión de modales, sino de la calidad de la convivencia y la salud democráticas.