Durante siglos, el fuego ha formado parte del paisaje de la Península Ibérica. Sin embargo, los incendios forestales que cada verano ocupan titulares en España y Portugal ya no responden exactamente a la misma lógica que los incendios del pasado. Aunque las llamas han acompañado históricamente a los ecosistemas mediterráneos, la combinación de despoblación rural, acumulación de combustible vegetal, expansión urbanística y cambio climático está generando una nueva generación de incendios más extensos, más intensos y más difíciles de controlar.
La Península Ibérica constituye uno de los territorios europeos con mayor riesgo estructural de incendio. Su clima mediterráneo, caracterizado por veranos secos y calurosos, favorece de manera natural la combustión de la vegetación. Los registros paleoecológicos muestran que el fuego formaba parte de la dinámica ecológica de estos territorios mucho antes de la aparición de la agricultura o de las sociedades industriales.
Sin embargo, durante gran parte de la historia los incendios se desarrollaban en un contexto territorial radicalmente distinto al actual. Hasta mediados del siglo XX, millones de personas habitaban el medio rural. La agricultura tradicional, la extracción de leña, el carboneo y la ganadería extensiva mantenían los montes relativamente abiertos y fragmentados. El ganado consumía matorrales, los agricultores limpiaban parcelas y la biomasa disponible para arder era mucho menor.
Los incendios existían, pero normalmente encontraban obstáculos naturales y humanos que limitaban su expansión. El paisaje estaba compartimentado por cultivos, caminos, pastizales y pequeñas explotaciones agrarias. La continuidad forestal era mucho más reducida que en la actualidad.
El gran punto de inflexión llegó a partir de los años cincuenta y sesenta del siglo pasado. España y Portugal experimentaron uno de los mayores procesos de éxodo rural de Europa occidental. Millones de personas abandonaron pueblos y explotaciones agrarias para trasladarse a las ciudades industriales.
Las consecuencias ambientales de este fenómeno fueron profundas. Decenas de miles de hectáreas agrícolas dejaron de cultivarse y fueron colonizadas progresivamente por matorrales y masas forestales. Paradójicamente, ambos países aumentaron significativamente su superficie arbolada durante las últimas décadas. España cuenta hoy con más superficie forestal que hace medio siglo, pero gran parte de ella presenta una elevada densidad de vegetación y una escasa gestión silvícola.
Este fenómeno ayuda a explicar una aparente contradicción estadística. En España, el número total de incendios muestra una tendencia descendente respecto a las décadas de 1980 y 1990 gracias a la mejora de la vigilancia y de los dispositivos de extinción. Sin embargo, cuando se producen incendios importantes, estos alcanzan dimensiones mucho mayores que en el pasado.
La evolución reciente resulta especialmente reveladora. Los grandes incendios forestales —aquellos que superan las 500 hectáreas— representan una pequeña fracción del número total de siniestros, pero concentran la mayor parte de la superficie quemada. En 2026 España acumula ya alrededor de 152.000 hectáreas calcinadas y más de treinta grandes incendios forestales antes de finalizar julio.
La situación portuguesa presenta características similares, aunque con una intensidad incluso mayor. Entre 2000 y 2024, los grandes incendios forestales afectaron aproximadamente a 2,19 millones de hectáreas en Portugal, frente a 1,51 millones en España, una diferencia llamativa si se considera que el territorio español es más de cinco veces superior en extensión.
El año 2017 marcó un antes y un después en la percepción del problema. Los incendios de Pedrógão Grande y de la región centro portuguesa provocaron más de un centenar de víctimas mortales y mostraron hasta qué punto el comportamiento extremo del fuego podía convertirse en una amenaza directa para la población. A partir de entonces, numerosos especialistas comenzaron a hablar de una nueva era de los incendios.
La principal diferencia entre los incendios históricos y los actuales no es únicamente su tamaño. Es también su comportamiento. Los expertos emplean el concepto de «incendios de sexta generación» para describir fuegos capaces de alterar las condiciones atmosféricas de su entorno. La enorme energía liberada genera columnas convectivas, modifica los vientos locales y puede producir fenómenos similares a tormentas de fuego.
En estos casos, la capacidad de extinción disminuye drásticamente. El fuego deja de ser un fenómeno que puede combatirse directamente y pasa a convertirse en un proceso físico extremadamente difícil de controlar. Los incendios registrados en Sierra Bermeja, Zamora, Tenerife, Ávila o Guadalajara durante los últimos años han mostrado algunas de estas características.
El cambio climático desempeña un papel determinante en esta transformación. La cuenca mediterránea se calienta a una velocidad superior a la media mundial. Las olas de calor son más frecuentes, las sequías más prolongadas y los episodios meteorológicos extremos más habituales. Estas condiciones reducen la humedad de la vegetación y aumentan la probabilidad de incendios de gran intensidad.
No obstante, atribuir el problema exclusivamente al cambio climático sería un error analítico. La comparación histórica demuestra que la estructura del territorio sigue siendo un factor decisivo. Un bosque abandonado, con elevada continuidad vegetal y sin gestión, es mucho más vulnerable al fuego que un paisaje diverso donde conviven explotaciones agrarias, pastos, masas forestales y zonas abiertas.
Precisamente ahí reside una de las grandes paradojas contemporáneas. Durante décadas, las políticas públicas se centraron principalmente en reforzar los medios de extinción. España dispone actualmente de uno de los sistemas de lucha contra incendios más avanzados de Europa, con brigadas especializadas, flotas aéreas y sofisticados sistemas de vigilancia. Sin embargo, cuanto más eficaz ha sido la extinción de pequeños incendios, más combustible se ha acumulado en muchos montes.
Algunos especialistas hablan incluso de la «paradoja de la extinción»: apagar sistemáticamente todos los fuegos pequeños puede favorecer la acumulación de biomasa y aumentar el riesgo de incendios catastróficos en el futuro.
A ello se suma un fenómeno relativamente reciente: la expansión de las interfaces urbano-forestales. Miles de viviendas han sido construidas en entornos boscosos o en contacto directo con masas forestales. Esta situación incrementa enormemente el riesgo para las personas y obliga a destinar recursos crecientes a la protección de urbanizaciones, dificultando las labores de control del incendio.
La experiencia acumulada durante las últimas décadas apunta hacia una conclusión cada vez más compartida por científicos y gestores forestales: la solución no pasa únicamente por disponer de más aviones o más brigadas. Resulta imprescindible actuar sobre las causas estructurales que hacen posible los grandes incendios.
La recuperación de la ganadería extensiva, la gestión activa de los montes, las quemas prescritas, la creación de mosaicos agroforestales y el mantenimiento de actividades económicas en el medio rural aparecen cada vez más como herramientas estratégicas. El objetivo no es eliminar el fuego —algo imposible en ecosistemas mediterráneos— sino evitar que encuentre las condiciones necesarias para transformarse en una catástrofe.
La historia demuestra que la Península Ibérica siempre convivirá con los incendios. Lo que está cambiando es la escala del problema. Si durante siglos el fuego fue un elemento recurrente del paisaje, en el siglo XXI amenaza con convertirse en un factor de transformación territorial de primer orden. La cuestión ya no consiste únicamente en apagar incendios cuando se producen, sino en redefinir la relación entre sociedad, territorio y naturaleza para reducir una vulnerabilidad que crece año tras año.
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