To The Lancet readers

Ayer, algún periódico, no sé si interesadamente –doy por supuesto que sí, porque ¿acaso existe la prensa realmente independiente?– aseguraba que España es el país que acumula más contagios por Covid-19 en Europa occidental. En el artículo de referencia se decía que la estadística elaborada por la Universidad John Hopkins atribuye a nuestro país 314.362 infectados, siguiéndonos de cerca el Reino Unido con 310.667 casos. Por tanto somos el país europeo con mayor número de contagiados. Esas estadísticas y también las que proporcionan las autoridades españolas, que ofrecen cifras similares, han llevado a una veintena de expertos, supuestamente representativos de la élite científica del país, a remitir una carta a la veterana y prestigiosa revista de investigación médica The Lancet pidiendo que se examinen de forma independiente los sistemas epidemiológicos para identificar sus deficiencias y proponer las reformas que corresponda. Se preguntan en ella cómo es posible que España se encuentre inmersa en la situación que atraviesa teniendo una sanidad considerada entre las mejores del mundo, pese a que no olvidan mencionar ciertos indicadores que condicionan negativamente la realidad sanitaria como la escasa preparación de los sistemas de vigilancia epidémica, la baja capacidad para pruebas PCR, la escasez de equipos de protección personal, la reacción tardía por parte del sistema, la lentitud en los procesos de toma de decisiones, los altos niveles de movilidad de la población, la descoordinación entre las autoridades, la elusión del asesoramiento científico, el envejecimiento de la población o la insolvencia del personal que trabaja en las residencias de mayores.

De momento, el Ministerio de Sanidad calla ante la referida iniciativa, en tanto que las entidades corporativas claman por la oportunidad que a su juicio encarna. Los promotores de la carta han recibido la adhesión de la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME), que agrupa a 46 sociedades y representa a más de 100.000 profesionales médicos. Una de sus impulsoras, la reputada viróloga Margarita del Val, subraya la importancia de la revisión que se propone, insistiendo en que no se trata de identificar los responsables de lo que ha acontecido, sino de buscar y encontrar soluciones y estar mejor preparados en el futuro. Obviamente, la oposición política, fiel a su estrategia, no ha aportado al debate otra cosa que las recurrentes descalificaciones e insultos al Gobierno, acusándolo en este caso de negligente e irresponsable. Ello no hace sino sembrar dudas sobre la espontaneidad y los buenos propósitos de la mencionada iniciativa, que algunos consideran que está más estimulada por intereses corporativos y partidistas que por la preocupación por la eficiencia del sistema sanitario.

Me falta mucha información para enjuiciar ponderadamente la iniciativa aludida. No obstante, la realidad suele ser tozuda y acostumbra a imponerse sobre las intenciones de quienes pretenden conculcarla o negarla. El implacable juez que encarna el tiempo seguro que pondrá las cosas en su sitio. Más allá de lo que finalmente resulte, es evidente que la gestión de la pandemia en España tiene aspectos positivos y negativos. No lo es menos que conocer unos y otros, investigarlos adecuadamente y proponer las medidas correctoras para hacer más eficiente el sistema sanitario, basadas en lo que el conocimiento aconseje y los recursos permitan, son pretensiones loabilísimas. Ahora bien, la iniciativa que menciono se produce en un contexto con claroscuros que me parece que la empañan. Así, por ejemplo, los investigadores que la promueven indican que, aunque este tipo de evaluación es inhabitual en la mayoría de los países, España necesita una "evaluación exhaustiva de los sistemas de salud y asistencia social de cara a prepararse para nuevas oleadas de COVID-19 o futuras pandemias, identificando debilidades y fortalezas, y lecciones aprendidas". Naturalmente. Y el resto de los países, también. Estamos frente a un problema global frente al que no sirven las soluciones parciales. Por tanto, coincido en que disponer de esa información es importante y necesario, pero ¿es precisamente éste el momento adecuado para emprender esa tarea? ¿Por qué hacerlo en España y no en el resto de los países de la Unión Europea, por ejemplo?

Por otro lado, los científicos que lo promueven aseguran que el estudio propuesto debe centrarse "en las actividades del Gobierno central y de los gobiernos de las 17 comunidades autónomas" y debe incluir "tres áreas: gobernanza y toma de decisiones, asesoramiento científico y técnico, y capacidad operativa". Apostillan que deben considerarse las circunstancias sociales y económicas que han contribuido a que España sea más vulnerable, incluidas las crecientes desigualdades. Pese a que no parecen descabelladas sus conjeturas, no deja de sorprender que solo tres de los veinte que firman la carta referenciada han asesorado a los gobiernos central y/o regionales y participado en grupos de trabajo multidisciplinares sobre la Covid-19.

También sorprende que, más allá de las hipótesis que cualquier estudioso se formula en los estadios iniciales de una investigación, en este caso, sin siquiera haberla diseñado, los firmantes aventuran explicaciones en su carta que más parecen la consecuencia de un proceso indagatorio concluido que la enunciación de sus premisas. Apuntan a una falta de preparación para afrontar la pandemia, a sistemas de vigilancia débiles, a la baja capacidad para realizar las pruebas PCR o a la escasez de equipos de protección personal y de cuidados críticos. Aluden también a una reacción tardía de las autoridades centrales y regionales, a la lentitud de los procesos en la toma de decisiones, a los altos niveles de movilidad y migración de la población, a la escasa coordinación entre las autoridades centrales y regionales, a la baja dependencia del asesoramiento científico, al envejecimiento, a los grupos vulnerables afectados por desigualdades sociales y de salud, así como a la falta de preparación de quiene gestionan las residencias de ancianos. Todo ello no me parecen conjeturas preliminares sino más bien prejuicios pre-constituidos, que no son buenos compañeros del rigor y el cientificismo.

En fin, por no hacerme pesado aludiré a la respuesta que ha dado una de las epidemiólogas firmantes de la carta a la pregunta formulada por un medio sobre su creencia en la viabilidad de la auditoría que se propone: “Estoy convencida de que es muy posible y por eso he participado en la carta”, asegura, “hemos hecho una llamada de atención que me parece muy pertinente. Además, España ahora mismo tiene la oportunidad de liderar a otros países con una buena práctica que debería extenderse a otros lugares. Creo que sí se va a hacer la evaluación y no únicamente por la reacción de la gente, que está diciendo que lo que planteamos es algo muy sensato, sin intención de que se utilice como instrumento político. Cuando uno reclama una evaluación no se debe interpretar como una crítica, simplemente se hace para mejorar la gestión de la pandemia en lo venidero. Porque tenemos pandemia para rato”. Me parece que la respuesta se comenta por sí misma. Tal vez apunta a aquel viejo adagio que reza “quien se excusa, se acusa”. Con mi absoluto respeto y consideración a los trabajadores del sistema sanitario, ojalá que esta movida les ayude en algo a ellos y a la salud de los ciudadanos.