Contra la desidia educativa

La semana pasada leí con asombro una columna titulada «Vienen a por nuestros hijos», en el diario El País, firmada por Najat El Hachmi, una colaboradora habitual del periódico. En ella afirmaba con rotundidad que estamos dejando que los niños sean educados por desconocidos que se cuelan en sus móviles. Aseguraba, con razón, que los chiquillos europeos no son «dickensianos» porque no tienen que apañárselas para sobrevivir autónomamente en la realidad material, pero contrariamente sí están desamparados y solos ante el peligrosísimo espejo que es el móvil. Y es que, según parece, el acceso a la pornografía se inicia a los ocho años porque el omnipotente aparato suele ser un regalo típico que se hace con motivo de la primera comunión. Frente a ello, Najat se preguntaba con angustia: «¿De verdad a alguien le puede parecer sensato que le demos a un ser humano que necesita de sus padres para alimentarse y vestirse un artilugio que lo aboca a una realidad abisal en la que incluso a los adultos nos cuesta identificar a los lobos?».

Según he podido averiguar, el 50% de los niños y niñas entre 11 y 13 años han visto pornografía en internet, pues las plataformas de contenidos pornográficos no exigen verificación de edad. El vídeo porno on line más visto suma 225 millones de visitas y recrea una brutal violación en grupo, que se puede visualizar con un par de clics aun teniendo solo nueve años… Mientras tanto, la mayoría de madres y padres siguen pensando que los menores que ven porno son siempre los hijos de los demás. Y despreocupadamente olvidan, como lo hacemos casi todos, algo fundamental: la responsabilidad hacia la infancia incluye a todas las niñas y niños, y nos atañe a todos, tanto si somos padres o madres, abuelas o abuelos, como si no tenemos esa condición.

Por otro lado, y para completar el panorama, la última revolución del tecno-porno infantil ya está aquí. No es otra cosa que el uso de inteligencia artificial para generar de manera ágil e impune contenido pornográfico protagonizado por menores. Como nos cuentan últimamente en los telediarios, los creadores de este novedoso porno son niños (inimputables cuando son menores de 14 años) que crean los contenidos a través de apps al alcance de cualquiera. Se inspiran en el porno duro que consumen en plataformas en las que no existe la verificación de edad y los difunden en aplicaciones como WhatsApp, donde los mensajes están cifrados de extremo a extremo. Es decir, donde nadie (ni siquiera WhatsApp) puede leer o escuchar lo que se envía. Obviamente, las plataformas no se responsabilizan del contenido que generan ni del que difunden. Paradójicamente, los agresores (y a la vez víctimas) son niños y niñas, hijas del último tsunami feminista, víctimas de violencia sexual en un contexto de absoluta desprotección.

No debe extrañar, por tanto, la crudeza de los datos que se contrastan en la estadística de condenados menores, que difunde el Instituto Nacional de Estadística (INE). En concreto, el Registro Central de Delincuentes Sexuales, que contiene la información relativa de los condenados en sentencia firme por cualquier delito tipificado por la ley como sexual, refleja 3.201 condenados adultos por estos delitos para el año 2022, lo que supone un 0,2% más que el año anterior. El 97,0% fueron varones y el 3,0% mujeres. En el caso de los menores, hubo 501 condenados por delitos sexuales, un 14,1% más que el año anterior. El 97,0% fueron varones y el 3,0% mujeres. Los adultos cometieron 3.835 delitos, un 3,2% menos que en 2021. De este total, 762 fueron considerados abuso y agresión sexual a menores de 16 años, 1.458 abuso sexual, y 462 agresión sexual, de las que 46 fueron consideradas violación. Por su parte, los menores cometieron 636 delitos, un 4,4% más que en 2021. De este total, 389 fueron considerados abuso y agresión sexual a menores de 16 años, 134 abuso sexual, y 27 agresión sexual, de las que cuatro fueron consideradas violación.

De manera que es hora de gritar que los derechos de la infancia se incumplen en Europa de manera generalizada. Es hora de exigir que Europa se ponga las pilas y lidere una regulación capaz de adaptarse al ritmo que la tecnología exige. Es hora de reclamar a los ciudadanos europeos (padres y madres, abuelas y abuelos; y a quienes no son una cosa ni otra) que se tomen en serio la educación de las nuevas generaciones. Porque mientras tanto, seamos claros, ningún menor está a salvo.