La Iglesia insolente.

El pasado domingo, trece de octubre, en un acto organizado por la Conferencia Episcopal Española y el arzobispado de Tarragona, presidido por el cardenal Amato (enviado del Papa), la Iglesia oficial beatificó en Tarragona a 522 personas, que recibieron el  honor de los altares, en tanto que mártires de la Guerra Civil española. Setenta y tantos años después, la jerarquía de la Iglesia Católica ha optado sin ambages por mantener abiertas las heridas de entonces, honrando masivamente a las víctimas de un único bando, el suyo. Si alguien albergaba alguna duda, queda claro una vez más que estuvieron dónde y con quién estuvieron, que están dónde y con quién están, y que seguirán estando en el mismo sitio y con los mismos hasta el final de los tiempos. Aquella guerra fue y sigue siendo para ellos una “cruzada”, y así es y será su sentir y su conducta.

Para disipar cualquier duda o recelo sobre el sesgo que las autoridades eclesiásticas nacionales pudieron haber infundido al acto, apresurémonos a decir que la ceremonia comenzó, nada más y nada menos, con un mensaje grabado del recién estrenado Papa, Francisco, que llamó a sus fieles a ser “cristianos con obras y no de palabras” y elogió la vida de los mártires [los de su bando] “por ser discípulos que aprendieron el sentido de amar hasta el extremo que llevó a Jesús a la cruz”. Naturalmente, eludió pedir perdón a las víctimas del franquismo por el apoyo que inequívocamente le procuró la Iglesia, pese a que así se lo había solicitado, entre otras instancias, la Plataforma por la Comisión de la Verdad, que reúne a más de cien asociaciones para la recuperación de la memoria histórica.

Entre los aproximadamente 25.000 asistentes al acto (una cuarta parte de ellos parientes de los beatificados, jerarquía eclesiástica y voluntarios), en primera fila, estaban el President de la Generalitat, Artur Mas; el Presidente del Congreso, Jesús Posada; el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, el Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz y el general del ejército, Ricardo Álvarez-Espejo, representante institucional de las Fuerzas Armadas en Cataluña. Como colofón del acto, el presidente de la Conferencia Episcopal, Rouco Varela, concluyó que: “las autoridades civiles, militares y académicas han puesto de manifiesto con su presencia la armonía que existe y ha de existir en todos los ámbitos de nuestra sociedad”. Sin comentarios.

Podría hacer múltiples observaciones al contenido del acto y a las intervenciones que en él se sucedieron. Pero, como no hay mejor cuña que la de la misma madera, me limitaré a reproducir en los párrafos siguientes un extracto del manifiesto suscrito por los Colectivos Eclesiales de Base, publicado en el diario El País (Edición de Cataluña) el día 9 de los corrientes, con un título que habla por sí mismo: “Aún hay vencedores y vencidos”. Así reza el texto:

“El próximo 13 de octubre, en Tarragona, 522 personas recibirán el honor de los altares como mártires de la Guerra Civil. […] la Iglesia católica parece querer mantener abiertas las heridas de entonces honrando masivamente a las víctimas de un solo bando. Ello pone de manifiesto su incapacidad para superar las posiciones de entonces, y también que sigue considerando aquella guerra como una cruzada.

[…] Todo colectivo tiene el derecho, y probablemente la obligación, de honrar a sus muertos. Pero para cerrar heridas, y hacerlo en un clima de reconciliación, ambos bandos deben aceptar que cometieron errores, pedir perdón y reconocer en igualdad de condiciones la heroicidad de todos los muertos inocentes, y de ambos lados. A los católicos nos toca pedir perdón por la posición beligerante de la mayor parte de la jerarquía, de instituciones eclesiásticas y de un buen número de laicos, y tener la humildad necesaria que requiere la petición de perdón. Pero hasta ahora la jerarquía se ha negado a reconocer la ilegitimidad del golpe de Estado contra el Gobierno legítimo de la República y el grave error que supuso la Pastoral Colectiva. Sin este reconocimiento difícilmente puede haber reconciliación.

[…] Los ahora beatificados nunca habrían podido imaginar que, 75 años después, el sector más recalcitrante de la sociedad española pretendería sacar provecho político de su sacrificio. Ciertamente, la jerarquía aduce que nadie puede ser llevado a los altares si en la causa de su asesinato se mezclan motivaciones no estrictamente de fe. Pero olvidar los miles de obreros, maestros y sacerdotes asesinados por el franquismo por motivos de fidelidad al pueblo —y a menudo también de fe— no solo es una injusticia, sino que hace imposible una verdadera reconciliación.

[…] Para poder construir la reconciliación que este país sigue necesitando, es preciso el resarcimiento moral de todas las víctimas. Y eso todavía no se ha hecho con las víctimas republicanas. Si la Iglesia tuviera la libertad y la generosidad suficiente para hacer este gesto, podría honrar a sus mártires sin que ello supusiera ofender a nadie, porque todos, vencedores y vencidos, fueron igualmente víctimas. Y evitaría esa frase maligna: “Los de un lado, a los altares, los del otro en la cuneta como perros”. Mientras no se produzca este reconocimiento, la jerarquía de la Iglesia debe saber que sigue humillando a las víctimas inocentes del otro lado y a sus familiares, que sigue manifestando su incapacidad para ser factor de paz y reconciliación, y, objetivamente, queriendo o no, que sigue apareciendo como jerarquía del rencor.

[...] Quisiéramos que esta nueva beatificación masiva, que sigue manteniendo las heridas abiertas, sirva para que la Iglesia católica, con sincero remordimiento, pida de una vez perdón a la ciudadanía actual por su participación como impulsora del conflicto y, consecuentemente, como agresora; que se arrepienta por su colaboración en la muerte o el asesinato de miles de inocentes, acusando, denunciando, ofreciendo incluso listas de feligreses bajo sospecha a los pelotones de la muerte; que pida perdón por su responsabilidad en la ocultación del sacrificio de tantos que entregaron su vida por causa de la justicia y la verdad, y, finalmente, que pida perdón por los beneficios de todo tipo que obtuvo a lo largo de tantos años del ilegítimo régimen de la dictadura”.

Sinceramente, me parece que sobran los comentarios. Sólo haré una apostilla para dejar constancia de la dura crítica que la Asociación Jueces para la Democracia ha dirigido al Gobierno por incumplir la Ley de Memoria Histórica al no consignar fondos para su aplicación. Como es sabido, el Gobierno ha derogado de facto la Ley al dejarla sin fondos por segundo año consecutivo. Por eso, una de las peticiones que ha hecho la Asociación a los enviados de la ONU que han visitado España recientemente ha sido que su organización inste al Gobierno para que asuma como política de Estado la localización de los desaparecidos del franquismo y para que proporcione los recursos necesarios para que la Ley de Memoria pueda aplicarse eficazmente. Jueces para la Democracia asegura que el Gobierno "está llevando no solo a la impunidad de los delitos cometidos durante la dictadura, sino a que se queden materialmente sepultados en el olvido" y afirma que las autoridades están haciendo "dejación de sus funciones", permitiendo que sigan existiendo "decenas de miles de personas enterradas en fosas comunes". A tal respecto recuerdan que España, con más de 114.000 desaparecidos, es "el segundo país del mundo, tras Camboya, con mayor número de personas víctimas de desapariciones forzadas cuyos restos no han sido recuperados ni identificados". Concluyen con rotundidad que: "No podemos compartir de ningún el modo el discurso de que la recuperación de la memoria democrática suponga reabrir heridas. Resulta inadmisible que un Estado democrático siga negando a toda la sociedad el derecho a conocer el pasado y la necesidad de establecer un plan de administración programado, sistemático y financiado públicamente, que permita con agilidad la localización y la sepultura digna de todas aquellas personas que fueron asesinadas con ocasión del golpe militar de 1936 y la posterior represión franquista".  No tengo más que añadir que no sea suscribir en su integridad tanto la apostilla como su preámbulo.