Pimpampum, la escuela pública en el foco

Con el inicio del año se estrena en el país una nueva aventura política que tiene su origen inmediato en cuatro procesos electorales desplegados en menos de dos años y que, finalmente, han cristalizado en un gobierno de coalición progresista. Como la mayoría sabemos, es la primera vez que se constituye en el Estado un gobierno de coalición desde la reinstauración de la democracia que, además, debuta a la par que el año con sus primeras medidas sociales: la subida de las pensiones en línea con el incremento del IPC y los primeros debates sobre el alza salarial de los funcionarios.

Por lo que vamos comprobando en estas últimas semanas parece que se avecina una legislatura movidita, que puede llegar a ser convulsa, porque son muchos los indicios que apuntan a que en los próximos meses eclosionarán numerosas problemáticas, reales o ficticias, que es casi lo mismo en esta era de las fake news. Hay general coincidencia en destacar que, aunque es una situación que se viene arrastrando desde hace meses, existen dos grandes frentes abiertos, descarnadamente, que condicionan el día a día de la actividad política. Se trata de la vertebración territorial del Estado, que ejemplifica como ningún otro el problema catalán, y la pugna por la patrimonialización de las altas esferas del Poder Judicial. Ambos monopolizan, institucional, política y mediáticamente, la atención y las preocupaciones de políticos,  ciudadanos y periodistas, de gobiernos e instituciones, de grupos sociales y lobbies.

En otro orden de cosas, la relevancia numérica de los diputados de Vox en el Congreso de los Diputados, en algunas Cámaras Autonómicas y en muchos gobiernos municipales –por cierto, un fenómeno al que no es ajena la errática política que han desplegado el PP y Ciudadanos en los últimos meses (por la que habría que pedirles algo más que responsabilidades políticas)– me parece que está produciendo ya ciertos efectos, y que acarreará en los próximos meses otras consecuencias, que no son menos importantes que los asuntos destacados, y para las que no estaría de más que estuviésemos preparados. Porque se puede decir más suavemente, o de otra manera, pero la máxima que guía las actuaciones de esa gente es tan sencilla como concluyente: “cuanto peor, mejor”, es decir, cuanto más se embarre la vida política y social, cuanto más revuelto baje el río de la convivencia, mayor será su ganancia.

Es innegable que la cuestión territorial y la judicialización de la política oscurecen otros asuntos que, en mi opinión, cobrarán mayor protagonismo en los próximos meses. Me refiero a la lucha ideológica o a las batallas culturales, como se les prefiere denominar ahora. Una de ellas es la incentivación de la conflictividad en el espacio que corresponde a la escuela pública. Pondré un ejemplo, que no es sino otro más de los que se suscitarán conforme pasen las semanas. Vox introdujo el pasado verano lo que ellos mismos denominan “pin parental” en las negociaciones que mantuvo con el PP y Ciudadanos, a cambio de apoyar las investiduras de los candidatos populares en las autonomías de Murcia, Andalucía y Madrid. En Murcia ya lo consiguieron en cierta medida, mientras que en las otras dos autonomías lo reclaman exigentemente con motivo de la aprobación de los nuevos presupuestos.

Como digo, la Región de Murcia se convirtió el pasado septiembre en la primera autonomía en poner en marcha el veto educativo, eufemísticamente denominado pin parental. La Consejería de Educación del Gobierno murciano incluyó en las instrucciones que remitió a los centros educativos para organizar el curso escolar la exigencia de que las familias diesen su consentimiento expreso para que sus hijos participasen en las actividades complementarias. Para quienes desconocen el asunto diré que estas actividades refuerzan y completan las clases y actividades que desarrollan los maestros y profesores en las aulas, están integradas en la programación que cada año elaboran los centros y deben ser coherentes su Proyecto Educativo que, en todo caso, aprueba su Consejo Escolar, institución en la que están representados todos los integrantes de la comunidad educativa (padres y madres, alumnos y alumnas, profesores y profesoras, personal de administración y servicios y administración local). Las mencionadas actividades, entre las que se incluyen las visitas a museos, espacios culturales, tecnológicos o productivos, conferencias, charlas, acciones humanitarias o de cooperación, etc., se incluyen en la Programación General Anual (PGA) que cada año confeccionan escuelas e institutos, siendo prescriptivo que su Consejo Escolar las apruebe previamente a su realización. Para que el alumnado pueda participar en ellas, cuando tienen lugar fuera del centro, es necesaria la autorización firmada por los padres o tutores. Por resumir, son actividades que complementan y enriquecen los programas escolares y, precisamente por ello, son de obligada asistencia y evaluables.

Pues bien, esta misma semana la situación volvió a estar en el candelero, después de que Vox condicionara su apoyo a los presupuestos de la Región de Murcia  a cambio de reforzar el rango normativo del infausto pin parental. El Presidente murciano anunciaba que modificarían los decretos autonómicos que regulan los currículos de la Educación Primaria y Secundaria para encajar en ellos esas autorizaciones de las familias. Con ello se trataba, nada más y nada menos, de que las madres y padres determinasen qué actividades complementarias son las idóneas para sus hijos y cuales no.

En este caso, el falaz pretexto de los ultramontanos son ciertos aspectos de la educación sexual que se imparte en las escuelas, que ellos consideran que debe tener determinadas connotaciones y que, en términos generales, no cabe en ellas. Pues bien, con la medida que se propone los padres podrían negarse a que sus hijos reciban charlas o acudan a talleres sobre educación sexual o diversidad LGTBI. Este es el pretexto actual pero, tras él, vendrán otros diferentes. Mañana, a otros padres les puede parecer que la educación para la paz o para el fomento de la convivencia tampoco deben trabajarse en las escuelas porque lo que corresponde es que niños y jóvenes aprendan allí mucho español, inglés y matemáticas, y no esas zarandajas. Los currículos escolares podrían convertirse así en un campo de batalla ideológico, donde casi no habría manera de que los centros concretasen una determinada oferta educativa. Me refiero a los de carácter público porque, obviamente, el “ideario” o carácter propio que tienen los centros de iniciativa privada les inmuniza frente a estas problemáticas. En última instancia, la pretensión de quienes promueven estas algarabías no es otra que problematizar la escuela pública en el peor sentido del término, que es lo mismo que decir introducir el conflicto en su espacio privativo para desprestigiarla y hacerla poco atractiva para conjunto de la población, beneficiando indirectamente a los centros de iniciativa privada, que ni escolarizan alumnos con discapacidad, ni minorías étnicas y religiosas, ni discuten su ideario con sus usuarios.

Como viene siendo tradición, cuando gobierna la derecha en España reaparece el bullying contra la escuela pública. Tras sobrevivir durante la última década a los recortes indiscriminados, a la pérdida de más de cien mil profesionales, a la precarización de los nuevos docentes, al no reemplazo de muchos jubilados, a una estrategia sostenida de deterioro, descapitalización y desmantelamiento del sistema público y a ministros incompetentes, la escuela pública soporta una nueva oleada de acoso por parte de la vieja y la nueva derecha, que se indignan en cuando vislumbran la mínima amenaza sobre sus intereses y mangoneos y que redoblan su cabreo cada vez que constatan, y lo hacen cada año que, pese a su denuedo, los niños y jóvenes de la escuela pública acreditan mejor formación y mejores posicionamientos en los rankings escolares que los que escolarizan sus “prestigiosos” colegios privados.

El selecto grupo de señorías, hipotéticamente letradas y/o bienestantes, que se mofaron jocosa y maleducadamente del maestro y diputado Balldoví en el último debate de investidura, conocen perfectamente el contenido del artículo 27 de la Constitución, que garantiza a todos los españoles el derecho a la educación y obliga a los poderes públicos a hacerlo mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados. Saben igualmente que las leyes orgánicas que desarrollan ese derecho imposibilitan que otras normas de rango inferior, como las resoluciones de inicio de curso o cualesquiera otras, interfieran o impidan el ejercicio de un derecho fundamental, amparado por normas de la más alta jerarquía. Por tanto, conocen perfectamente que esas zafias triquiñuelas contravienen disposiciones de rango superior y que, por tanto, son nulas de pleno derecho.

Pero, claro, lo que sucede es que ni siquiera se trata de abordar una determinada materia para discrepar o discutir un enfoque que se considera erróneo. De lo que se trata es de convertir el terreno de juego en un lodazal, contribuir a que se convierta en lo más parecido posible a una batalla campal. Esa estrategia presenta muchos problemas. Quizá el principal de ellos es que se les puede ir la mano con la manguera y en lugar de lograrse un barrizal se puede conformar una piscina, donde no cabrá otra alternativa que nadar, los que sepan, y guardar la ropa, los que puedan. Señoras y señores del PP: espabilen porque a lo mejor cuando quieran hacerlo ya no tienen oportunidad para ello. La historia está preñada de ejemplos que ilustran sobre los escenarios hacia los que conducen los populismos.

Y desde luego, a los ciudadanos de buena fe les aseguro que los nuevos predicadores no abogan, como dicen, por su libertad y sus derechos, sino por problematizar una esfera que no les incumbe porque llevan sus hijos a la escuela privada. De manera que, además de hacer oídos sordos a esos cantos de sirena, me parece que la mayoría social de este país, usuaria principal de la escuela pública, está llamada de nuevo a defenderla, a protegerla, a apoyarla y a promocionarla. Diga lo que diga la reacción, está más que acreditado que la red pública de centros es la única garante de una escolarización equilibrada, es la que asegura una oferta educativa democrática, plural, tolerante y solidaria y, sobre todo, es la que garantiza el único servicio que atiende a todos los ciudadanos, y especialmente a los más desfavorecidos. La historia lo avala, consulten bibliografía y hemeroteca y refrescarán la memoria.