El
pasado domingo se celebraron elecciones municipales y autonómicas en trece de
las dieciséis Comunidades Autónomas. Sus resultados son muy importantes porque
tras muchos, tras demasiados años, lograron apartar a la derecha del poder en innumerables
pueblos y en bastantes ciudades y gobiernos autonómicos. Echar a la derecha era
una tarea imprescindible, dada la putrefacción a la que ha llevado la gestión y
el desgobierno de las instituciones que copan desde hace varios lustros o décadas,
según qué lugares. Y no solo la derecha. El contagio derivado de la presunción
de impunidad que se instaló en la cultura política del país desde la Transición
ha afectado a todas las organizaciones políticas y sindicales que han tenido
responsabilidades de gobierno, aunque de diferente modo y en distinta cuantía. No
todo ha sido igual: unos han robado a manos llenas lo que no se puede ni contar
y otros lo han hecho en algunos sitios y en menor cuantía. Tan censurable es lo
uno como lo otro, pero no es lo mismo; no nos confundamos. Desde el domingo, la
derecha ha sido apeada con estrépito de multitud de gobiernos e instituciones y,
desde mi punto de vista, para bien, pase lo que pase a continuación. Estoy
convencido de que a partir de ahora nada será igual.
Un
hecho tan normal en las sociedades democráticas como la alternancia en el poder
todavía no lo es en nuestro país. La derecha aún no ha entendido que no es su
patrimonio privativo. A fuer de detentarlo en exclusiva a lo largo de la
historia, han acabado convencidos de que les pertenece y no conciben la
alternancia porque, salvo el escaso paréntesis que significa menos de un lustro
durante la II República y la veintena de años de gobiernos socialistas en el reciente
periodo democrático, están toda la vida en el poder. Por eso piensan que es
algo propio y, por tanto, que les pertenece. Esa es la razón por la que ponen
cara de cuatro cuando lo pierden, especialmente los que no saben disimular,
como doña Esperanza o doña Rita. Era hora sobrada para desalojarlos, siquiera
para que aprendan de una vez por todas que el poder no es privativo de persona
u organización política alguna porque es patrimonio de la ciudadanía, no de
ningún grupúsculo de sus representantes por cualificados que sean. Esta es la
primera deducción que extraigo de lo que sucedió el pasado domingo.
La
segunda tiene que ver con que me parece que la ciudadanía ha dicho con
rotundidad que no quiere prescindir de las referencias políticas clásicas en la
reciente democracia: el PP y el PSOE. Ha castigado a ambos (al primero más que
al segundo, no el balde está gobernando), pero no los ha enviado al ostracismo,
como podía haber sucedido, que méritos han hecho para ello. Simplemente les ha
dado un toque de atención, enfático, que deben atender. En mi humilde opinión,
o lo hacen o lo pagarán bastante más caro en el futuro.
La tercera
es la aparición en el escenario político de nuevas caras, anónimos personajes
hasta hace poco y nuevos partidos políticos que vienen empujando fuerte y que
serán protagonistas en las próximas semanas y meses. De hecho ya lo están
siendo puesto que sus resultados electorales avalan que tienen espacio y tiempo
para exponer sus propuestas e intentar convencer a la ciudadanía de que lo que
ofrecen es más interesante que lo que había. Hace muchos años que estoy
convencido que unos de los grandes hándicaps de los partidos políticos es que
sus dirigentes se han aferrado a sus cargos orgánicos e institucionales,
convirtiéndose en auténticos tapones, en cuellos de botella que han impedido
que los jóvenes, las gentes con aspiraciones, hayan medrado en sus respectivas organizaciones,
abocándoles de facto a emprender otras alternativas políticas que, desde mi
punto de vista, les dan más cancha para desarrollar su afán participativo o su
modus vivendi.
Una cuarta
deducción importante que suscitan los resultados electorales del domingo es la
imperiosidad del pactismo. Se impone incuestionablemente la negociación y la
necesidad de llegar a acuerdos por parte de una izquierda fragmentada y polimorfa
que ha emergido del proceso electoral. Son muchos los ayuntamientos y
comunidades autónomas en las que los actores políticos, los nuevos y los viejos, van a tener que sentarse a la mesa a hablar y a pactar. Sin ‘tacticismos’,
ni inmovilismos, sin marrullerías ni otras triquiñuelas. Los pactos deben
producirse porque representarán la materialización de la voluntad del cuerpo
electoral que participó el domingo en las elecciones, que expresó sin ambages
su deseo de que se acometa un cambio claro y decantado hacia el centro
izquierda. Y los actores políticos deben respetar la voluntad popular y materializarla
mediante negociaciones y acuerdos que deben ser públicos, para que los
conozcamos los ciudadanos. Ni es aceptable la intransigencia, ni el secretismo,
como tampoco que se adopten actitudes inmovilistas o ‘tacticistas’ con la
mirada puesta en las elecciones generales. Todos debieran aprender a lo que se
arriesgan observando lo que les ha sucedido recientemente a algunos en Andalucía.
Si ello no es así, me atrevo a pronosticar que la izquierda pagará cara su
equivocación. O pacta, con acuerdos trasparentes y argumentados y en la línea
de las principales demandas ciudadanas, sin imposturas, egolatrías o ‘tacticismos’,
o que se prepare para las sucesivas convocatorias electorales, en las que
probablemente acabarán no votándoles ni sus propios militantes.
No hay comentarios:
Publicar un comentario